Este es el tercer artículo de una serie preparada para la revista Movimiento, cuyo objetivo es analizar comparativamente la trayectoria de los sistemas de salud de Argentina y Brasil durante las dos primeras décadas del siglo XXI.[1] El modelo analítico usado para esta discusión se denominará Modelo TH, en el que la ‘T’ expresa la ‘Trayectoria’ del Sistema de Salud –que incorpora al análisis, el proceso histórico, político e institucional de cada país estudiado– mientras que ‘H’ representa el grado de ‘Hibridismo’ del Sistema, es decir, su capacidad de ser más o menos poroso a las demandas de equidad o inequidad –“presiones equitativas” e “inequitativas”–, adaptándose en sus ‘márgenes’ –que normalmente involucran servicios prestados a usuarios– para mantener el ‘núcleo’ del tipo-ideal para el que se diseñó el sistema: titularidad, financiación, mix público-privado y centralización o descentralización).
Los artículos anteriores buscaron evidenciar que entre 2001 y 2015 los sistemas de salud argentino y brasileño atravesaron trayectorias de ‘fortalecimiento’, especialmente en los gobiernos peronistas y del PT. Sin embargo, si bien estos períodos produjeron mejoras con relación a años anteriores haciéndose porosos a las demandas de equidad de la sociedad, no lograron acercar sus resultados a los logrados por los países europeos ni al promedio de la OCDE, ampliando la brecha de protección social entre las regiones. Desde el punto de vista del ‘hibridismo’, este escenario expresa que en los dos países las presiones del sistema político se intensificarían en cantidad y diversidad, exigiendo una fuerte y sofisticada capacidad de los sistemas de salud en ser porosos a presiones que buscan aumentar su grado de equidad y resisten a los que intensifican su grado de iniquidad. El segundo artículo ya publicado trabaja con datos que van hasta 2015-2016, cuando Argentina y Brasil cambiaron el mando del Poder Ejecutivo nacional –el primero a través de elecciones democráticas, y el segundo por un golpe institucional– eligiendo corrientes políticas que defendían los valores del mercado y el neoliberalismo, que apuntaban a una intensificación de las presiones hacia la inequidad sobre los sistemas de salud.
En este contexto, el presente artículo se diseñó inicialmente para hacer un balance del período posterior a 2016, analizando el grado de adaptabilidad y la porosidad de ambos sistemas en los gobiernos neoliberales. La pandemia de COVID-19 ha provocado un cambio en la forma en que se discuten los sistemas de salud. Se hizo evidente que estos sistemas son también fundamentales para la economía de los países y para la seguridad nacional. La capacidad de producción de medicamentos y vacunas; de rapidez en la toma de decisiones efectivas y coordinadas en torno a acciones de vigilancia, prevención y promoción de la salud; y de articulación entre medidas de salud y económicas que apoyan el bienestar, son hoy discutidas hasta en el Foro Económico Mundial. Por lo tanto, es necesario discutir con más detalle la situación de los sistemas de salud en el período previo a la pandemia, para luego revisar sus actuaciones durante la pandemia. Para posibilitar esto, la propuesta es desmembrar el análisis comparativo, dejando este artículo para reflexionar sobre el sistema de salud argentino, y anticipando un próximo artículo que discuta el sistema brasileño.
El Sistema Nacional de Salud en Argentina, 2016-2019
Luego de finalizado su mandato, el exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein[2] declaró públicamente en una entrevista radial que “la salud pública no fue una prioridad del gobierno anterior”. Esto se verifica ampliamente cuando se analizan los objetivos de la política de salud del gobierno de Mauricio Macri, que pueden resumirse en los siguientes rasgos: a) reducción de la jerarquía del Ministerio de Salud nacional y abandono de su rol de rectoría del sistema de salud; b) nominalización de beneficiarios y beneficiarias de programas públicos y entrega de carnets; c) intento de establecer una “canasta básica” acotada de prestaciones para los sectores vulnerables, bajo el argumento de promover así una mejor división de responsabilidades entre los tres niveles del Estado; y d) desactivación de programas y reducción y subejecución de partidas de programas destinados a la población más vulnerable.
Para demostrar la escasa relevancia que se le asignó a la Salud en durante la presidencia de Macri se pueden analizar los datos de ejecución presupuestaria. Como los cambios de mandato presidencial ocurren 21 días antes de fin de cada año, no es mal método comparar los registros de cada año calendario. Si se toma en cuenta el gasto devengado del Ministerio de Salud de la Nación respecto al gasto total del Estado nacional, se puede observar que en 2015 representaba el 2,4%, en 2016 bajó a 2,0%, se mantuvo en 2017 en ese mismo valor, volvió a reducirse fuertemente en 2018 (1,5%)[3] y, por último, el gasto devengado de la Secretaría de Gobierno de Salud (SGS) pasó a ser el 0,8% del gasto público total nacional. Como dato adicional, al asumir el gobierno del Frente de Todos en diciembre de 2019, casi un tercio del presupuesto –que ya venía siendo reducido durante los cuatro años anteriores– no había sido pagado por el gobierno saliente: las nuevas autoridades debieron sufragar los pagos atrasados de compras y servicios por un monto equivalente a cuatro meses de gestión, que incluían desde medicamentos, leche o vacunas, hasta el alquiler de las oficinas o el pago de expensas.
Además, a partir de 2016 las prioridades del gasto en el área cambiaron, lo que se demuestra en una mayor subejecución en los programas orientados a la población más vulnerable: por ejemplo, si durante el año 2015 el gasto ejecutado en “Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria” fue el 2,6% del Ministerio de Salud, en 2019 ese porcentaje bajó al 1,1%: curioso dato, ya que “Salud Familiar y Comunitaria” fue el lema de la gestión de Rubinstein. Pero, debido a lo explicado en el párrafo anterior, esa reducción significó que el gasto en este rubro pasó del 6 por mil al 1 por mil del gasto público total. También es llamativo que la degradación del Ministerio a rango de Secretaría había sido justificada por un pretendido objetivo de reducción del gasto administrativo que no se vio reflejado en el presupuesto ejecutado: pasó del 1,9% en 2015 al 2,1% en 2019.
Como muestra de los efectos de esta política se pueden revisar los datos del programa Remediar: en los años 2014 y 2015 había entregado en los Centros de Atención Primaria un promedio de 20,9 millones de tratamientos por semestre. En el primer semestre de 2016 las entregas bajaron a 16,2 millones, y en el segundo semestre de ese año a 12,8 millones: una caída del 39%. Luego, los resultados siguieron siendo inferiores a los valores previos, y llegaron a 9,8 millones en el segundo semestre de 2019: una caída del 53% respecto a 2014-2015. Aprovechando la protección de los principales medios masivos de comunicación que apoyaban a ese gobierno sin una mínima reserva –esperable por tratarse de insumos fundamentales para la salud de la población más vulnerable– en enero de 2017, al renunciar a su cargo, uno de los viceministros de Salud del gobierno nacional de ese momento[4] afirmó que esos faltantes en la provisión de medicamentos esenciales fueron porque el gobierno anterior les había dejado “stock cero”: “No había medicamentos del SIDA, ni del ex programa Remediar, ni remedios contra la tuberculosis”. Para desmentir semejante descaro habría bastado con revisar los datos del propio Ministerio, que ya demostraban en ese momento que las entregas fueron disminuyendo progresivamente con el correr de los meses de gestión de Jorge Lemus, con lo cual, es difícil creer que no había stock cuando asumieron; que las licitaciones para el Remediar recién se hicieron en la segunda mitad del año 2016; y que las compras “de emergencia” de medicamentos e insumos fueron por montos y cantidades insignificantes en el primer semestre de ese año. Esto además es consistente con el hecho de que los reclamos públicos por faltantes en medicamentos para la Tuberculosis o el HIV recién arreciaron a fines de 2016, un año después de que asumiera el ministro Lemus.
Otro ejemplo de descalabro institucional de ese gobierno fue la posterior denuncia penal contra el extitular del área por las 27 redeterminaciones de precios de compras de medicamentos a seis laboratorios que “ganaban licitaciones ofertando un precio que apenas firmado el contrato incrementaban en promedio un 40% con el aval de la entonces Secretaría de Salud. Rubinstein aprobaba los aumentos sin cumplir los requisitos establecidos por el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. (…) Los pedidos de renegociación de los laboratorios se hacían entre el tercer día posterior a la firma del contrato y el día 15. En muchos casos se trataba de una entrega única de medicamentos”.
Como reflejo de estas políticas, el “gasto de bolsillo” en salud –como porcentaje del gasto total en salud–, que se había mantenido en porcentajes cercanos al 26% entre 2009 y 2015, subió drásticamente al 30% en 2016, y cerró en 28% en 2019.[5] Un ejemplo adicional es la evolución de los precios de los medicamentos: según un estudio privado, los diez medicamentos más dispensados en Argentina bajo receta médica aumentaron su precio en un 444% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, mientras el índice general de inflación (IPC) aumentó 281% y la remuneración promedio del sector privado un 202%. El mismo estudio afirmaba que se venía “observando una baja en las dispensas, estimada a la fecha en 80 millones menos de unidades dispensadas”.
También se puede analizar un indicador de resultados para demostrar los efectos de esta política. En el cuatrienio 2015-2019 la reducción de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) fue de 5%: el peor desempeño desde la recuperación de la democracia en 1983.[6] Inferior incluso al verificado en el período que incluyó la gravísima crisis de 2001. Si bien la mortalidad infantil tiene causas de diversa naturaleza, indudablemente refleja el nivel de inequidad del sistema de salud, y de la estructura social en general.
Cobertura Universal de Salud
Al inicio de la gestión del exministro Lemus, algunos documentos públicos mencionaron a la “Cobertura Universal de Salud” (CUS) como objetivo prioritario del gobierno nacional, pero no explicitaban con qué políticas concretas se haría efectivo.[7] La norma más citada como fuente era la resolución ministerial 475/2016 de abril de 2016 –cuatro meses después de asumir– que postulaba que “la Cobertura Universal de Salud es una meta tendiente a asegurar el acceso de la población a servicios de calidad, integrados y basados en la Atención Primaria de la Salud” y que afirmaba que “resolver y evitar toda forma de fragmentación y segmentación deviene indispensable para hacer nuestro sistema de salud más equitativo y eficiente”, invocando explícitamente a la OPS como fuente conceptual. La resolución instruía “a todos los programas nacionales dependientes de este Ministerio, cualquiera sea su fuente de financiamiento, a colaborar y coordinar su accionar con la implementación y el desarrollo de la estrategia de la Cobertura Universal de Salud, con el objeto de promover el acceso a la atención sanitaria integral, gratuita y con la adecuada calidad, jerarquizando el Primer Nivel de Atención”. En segundo lugar, la norma establecía que “mediante un sistema único de información se identificará y registrará la totalidad de la población que tenga como cobertura aquella provista y financiada por el Estado Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cuyos efectos se integrarán e interrelacionarán las bases de datos y documentos identificatorios correspondientes a los diversos programas y/o financiadores”. En síntesis, oficialmente CUS hasta ese momento era equivalente a una nominalización de la población con cobertura pública exclusiva, objetivo que en absoluto representaba una novedad para la trayectoria previa del Ministerio.
En agosto de ese año el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 908/2016 dispuso un financiamiento excepcional para la CUS mediante una distribución de los recursos acumulados en años anteriores en el Fondo Solidario de Redistribución del sistema de obras sociales y la afectación de 8.000 millones de pesos “por única vez”. Ese decreto tiene importancia para este análisis porque establece –ocho meses después de asumido el gobierno de Macri– las “finalidades” de la CUS: “identificación, nominalización y documentación de beneficiarios de la Cobertura Universal de Salud; mejoramiento de las determinantes sociales de salud; desarrollo, equipamiento y puesta en valor de efectores públicos de salud; fortalecimiento y modernización del sector público de salud; acciones de Atención Primaria de la Salud; desarrollo y optimización de las Redes Integradas de Servicios de Salud; mejoramiento de la calidad de los servicios de salud; fortalecimiento de los recursos humanos en salud; actividades de Promoción y Protección de la salud y medicina preventiva”. Si bien a primera vista parece un listado de objetivos al menos excesivamente ambicioso para ser financiado con un monto –“por única vez”– equivalente a una décima parte del presupuesto anual del área, lo cierto además es que las “finalidades” no representaban ninguna novedad respecto a las acciones que el mismo Ministerio ya venía realizando desde hacía varios años, y de hecho fueron expresadas con palabras casi idénticas a los títulos que ya tenían varios de los principales programas vigentes antes de asumir el gobierno de Macri.
Mientras, el Ministerio incorporó la CUS a su logo institucional, y algunos programas cambiaron su nombre: por ejemplo, el programa Remediar pasó a llamarse “CUS Medicamentos”, pero sin modificar significativamente su operatoria, excepto los faltantes de provisión ya mencionados.
A mediados de 2017 –un año y medio después de iniciado su mandato– el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto que contenía una mayor explicitación del significado de la CUS: nominalización, georreferenciación, consolidación de información, difusión y comunicación, formación de recursos humanos, equipamiento médico, calidad, provisión de medicamentos e insumos… que tampoco representaban una novedad en las actividades del Ministerio. Se agregaban: la creación de una agencia de evaluación de tecnologías –que nunca existió– y la “canasta básica de prestaciones”. Esta última parecía confirmar las dudas expresadas por diversos analistas acerca de la presumible intención del gobierno de Macri de estratificar derechos para la población con cobertura pública exclusiva.
El 30 de mayo de 2018, ya con Rubinstein como ministro[8] –y a casi dos años y medio de asumido el gobierno de Mauricio Macri– una nueva resolución del Ministerio de Salud (1013/2018) aprueba un “Modelo de Convenio” de las provincias a la CUS, donde se explicitan tres “ejes estratégicos: Ampliación de cobertura territorial con asignación de la población en las áreas programáticas de los centros de atención primaria de la salud (CAPS) a cargo de equipos de salud familiar y comunitaria. Desarrollo de sistemas de información interoperables, historia clínica digital y aplicaciones informáticas. Monitoreo y evaluación de indicadores de calidad y metas acordadas entre Nación y Provincia para líneas de cuidado priorizadas”. De todas formas, al menos esta resolución sí explicita los objetivos de la impronta que Rubinstein le otorgó a la CUS: la “Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria (ESFyC)”, que –según tal norma– consistía en identificar áreas de responsabilidad para cada establecimiento y delimitar segmentos de la población a cargo de equipos nucleares de salud con médico o médica, enfermera o enfermero y agente sanitario. También incluía “equipos ampliados de apoyo” con profesionales en odontología, nutrición, psicología, trabajo social, etcétera. La estrategia además se basaría en dos objetivos que no representaban una novedad en la gestión del Ministerio –“nominalización y georreferenciación”– con el agravante que en las pocas provincias donde se pudieron hacer avances significativos en la materia en esos cuatro años fue por iniciativa –y utilizando recursos– de los gobiernos provinciales. Respecto a la interoperabilidad y la historia clínica electrónica y al monitoreo y evaluación de indicadores de calidad, más allá de un loable debate acerca de su importancia, los logros concretos hasta diciembre de 2019 fueron escasos, excepto nuevamente los que se verificaron en algunas provincias por su propio esfuerzo y decisión.
Recién en enero de 2019 el ya secretario Rubinstein firmó una resolución (32/2019) que explicitó los lineamientos de la “Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria” de la CUS, que al fin representó un avance significativo en términos de una mínima definición operacional acerca de lo que ese gobierno entendía por CUS. Esta resolución contenía definiciones concretas sobre cómo se organizarían los equipos territoriales, pero faltaban apenas nueve meses para la contundente derrota de Macri en las elecciones primarias y para que el Ministerio dejara de pagar casi todas las cuentas…
Como resultado de esta saga, en septiembre de 2019 ministros y ministras de Salud de 14 provincias firmaron un documento reclamando al gobierno nacional: “frente a la falta de respuesta a reiterados reclamos realizados por distintas vías y ante la situación extraordinaria de emergencia sanitaria y prestacional, acuerdan exigir al Gobierno Nacional que asuma su responsabilidad frente a estas cuestiones: abandono de programas nacionales en las provincias y falta de provisión de leche, vacunas, medicamentos, insumos, drogas oncológicas, reactivos, antirretrovirales, entre otros; deterioro en la cobertura de personas con discapacidad; falta de regulación que lleva a un aumento explosivo de precios de medicamentos y de bienes y servicios indispensables para la salud de las personas; falta de previsibilidad y de decisiones políticas sanitarias para determinar qué cubre el Estado Nacional. Frente a esto exigimos medidas urgentes y que se recupere el rol de rectoría del Estado Nacional hasta el último día del mandato que la Constitución establece”.
En síntesis: más allá de sus efectos publicitarios, la CUS no representaba un cambio significativo en los objetivos ni en las actividades del Ministerio de Salud de la Nación, y en los hechos tampoco significó un cambio mínimamente perceptible, excepto por la reducción y la subejecución de partidas presupuestarias que se vieron reflejadas en un desmantelamiento de los programas orientados a la población más vulnerable.
Para confirmar la manera en que el expresidente Macri valoraba la gestión de Salud de su propio gobierno, se pueden revisar los sucesivos discursos de apertura de sesiones del Congreso Nacional: en el primero, en marzo de 2016, no menciona ningún objetivo concreto en Salud, y solamente denuncia genéricamente haber “encontrado despilfarro y corrupción” durante la gestión anterior. En 2017 dedicó al tema algunos párrafos: “15 millones de argentinos hoy no tienen ni obra social ni prepaga. Creamos la Cobertura Universal de Salud para que estén protegidos y si tienen un problema reciban atención. El año pasado fortalecimos a las obras sociales sindicales, reconociendo una deuda histórica que reclamaban[9] y haciendo reformas para servir mejor a sus afiliados. La columna vertebral de nuestro sistema de salud es la atención primaria”. Al año siguiente, las referencias a la salud se redujeron: solamente hizo una mención puntual a la “red de Telesalud pediátrica”; afirmó “estamos trabajando” (sic) en “una alimentación sana”; y también que estaba “trabajando” en que “haya profesionales que acompañen y asesoren a los chicos en Educación Sexual, salud reproductiva y métodos anticonceptivos”. Además, en ese discurso de 2018 afirmó que, si bien él estaba en contra, veía “con agrado que el Congreso” incluyera en su agenda el debate por la despenalización del aborto. En su último discurso ante el Congreso, en marzo de 2019, Macri enumeró muchos logros de su gobierno. En salud mencionó solamente dos: “logramos debatir en forma madura sobre temas como el aborto e impulsamos una mayor conciencia y un plan de acción para la prevención del embarazo adolescente”. Ninguno de los dos temas le correspondía a la “Secretaría de Salud”. No era prioridad.
Lo más notable de toda esta secuencia es que la gestión de Macri se había presentado a sí misma durante los cuatro años de gobierno como un “modelo gerencial eficiente” proveniente de la actividad privada que llegaba al Estado para modernizar y agilizar la función pública. Si se tiene en cuenta que pasaron más de tres años antes de que pudiera explicitar con razonable precisión cuál era su principal objetivo, no debería asombrar que los resultados no hayan reflejado esas pretensiones.
Análisis a partir del modelo Trayectoria-Hibridismo
El modelo de análisis trabajado en esta secuencia de artículos opta por discutir la ‘trayectoria’ de los sistemas de salud con relación al grado y tipo de cambio de su tipo-ideal, denominado ‘hibridismo’. El análisis inicial inspirado en ese modelo apunta a que para el sector salud la elección de Mauricio Macri en 2015 tuvo el primer efecto de estimular un cambio en las presiones que el ‘sistema político’ dirigía al ‘sistema de salud’, pasando de haber impulsado una mayor equidad en el período peronista anterior, a una tensión hacia la inequidad. Para eso contribuyó, en un primer nivel analítico, la degradación del rango del Ministerio, una acción política que –en el campo de los ‘cambios simbólicos’ discutido por Pierre Bourdieu– representó un claro mensaje al sistema político: la pérdida del poder simbólico significó que el sistema de salud sería dirigido a ser más poroso a las ‘presiones inequitativas’.
En una segunda camada analítica, articulada a la primera y de un tenor más estructural, las presiones inequitativas se consolidaron en la reducción del presupuesto de Salud que tenía impacto directo en la amplitud, la efectividad y la operatividad de programas y políticas orientados a la población más vulnerable. El efecto fue casi inmediato, sea respecto de los beneficiarios y las beneficiarias de las políticas afectadas por la reducción de recursos, sea en indicadores de resultados más sensibles, como el ‘gasto de bolsillo’, ya trabajado en el segundo artículo. Esta combinación tuvo impacto más intenso en los sectores más pobres. Así, tanto el ambiente político-económico como las políticas de enfrentamiento a la desigualdad –los dos ejes articulados que en ese artículo organizaban el análisis de la trayectoria de los sistemas de salud desde principios del siglo XXI hasta 2016– cambiaron de orientación: mientras el primer eje dejó de ser favorable, el segundo, al no lograr retroceder las políticas implementadas, puede ser clasificado como inerte.
Este escenario cambió la trayectoria del sistema de salud argentino en el período 2016-2019 del cuadrante fortalecimento hacia el cuadrante debilitamiento. Igualmente, este debilitamiento no consiguió afectar el ‘núcleo’ del sistema de salud argentino al punto de amenazar con romper su tipo-ideal original. Pero fue suficiente para llegar a sus ‘márgenes’, es decir, los programas y las políticas que atienden a la población más vulnerable y, por tanto, la que más necesita de estas políticas. Es fundamental entender que este cambio en las ‘márgenes’ cambia el sistema de salud, atendiendo a menos personas, siendo menos accesible y precarizando a los trabajadores y las trabajadoras de la salud… Estas ‘presiones inequitativas’ cambian los servicios de salud –se puede también entender que cambian la acción de los servicios de salud– en su orientación. Para la población, lo que se percibe es que no puede contar con los servicios de salud en determinadas situaciones. Así, aunque la legislación diga que el sistema debe prestar un determinado servicio, en la práctica de los usuarios ello no existe. Al menos en su aspecto legal, el sistema se reconfigura en sus márgenes, preservando su centro. ¿Hasta cuándo?
Este es el proceso de ‘hibridismo’ que hemos analizado en esta secuencia de artículos. Argumentamos, una vez más, que en las democracias modernas el Sistema de Salud siempre será un foco de las presiones del ‘sistema político’. Es normal y hasta deseable que lo sea. ‘Equitativas’ o ‘inequitativas’, estas presiones modifican poco a poco el tipo-ideal del sistema concebido en su legislación. Las equitativas tienden a cambiar para reforzar la universalidad, la integralidad y la publicidad del sistema. Las inequitativas tienden a cambiar para reforzar sistemas más abiertos al mercado y, por tanto, favorecen el capital.
Como se señaló anteriormente, ni la propuesta de la CUS ni el reordenamiento del gasto en el gobierno de Macri tuvieron éxito. Pero el sistema de salud fue golpeado y fragilizado en sus márgenes. El macrismo fue derrotado por el peronismo unido en 2019. Esto habría brindado la oportunidad para ampliar la verificación de la validez del modelo de análisis aquí trabajado, en especial porque permite una visión más amplia del siglo XXI. Pero el gobierno de Alberto Fernández debió enfrentar la mayor crisis global de salud pública de la historia contemporánea: la pandemia de COVID-19. Tal hecho merece, por tanto, su propio análisis, que marcará la continuidad de esta serie en la revista Movimiento, retomando también la comparación con el sistema de salud brasileño, aún más afectado que el argentino por el cambio en el gobierno federal que se dio en 2015-2016, a través de un golpe institucional.
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[1] Producto de una cooperación entre la Universidad ISALUD de Argentina y la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil, esta serie sistematiza reflexiones y debates realizados en los últimos siete años por el Programa de Investigación Avanzada en Políticas de Salud (PIAPS).
[2] Durante la presidencia de Mauricio Macri hubo dos ministros de Salud de la Nación: Jorge Lemus, de diciembre de 2015 a noviembre de 2017, y Adolfo Rubinstein, hasta septiembre de 2018. Luego el Ministerio fue degradado a Secretaría de Estado de Salud, continuando Rubinstein como secretario hasta su renuncia 18 días antes de finalizar el mandato presidencial de Macri.
[3] Una aclaración necesaria es que el mayor rubro del gasto del Ministerio de Salud de la Nación en 2015 fue la “Atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas”, rubro que salió de la órbita del Ministerio en el año 2018. De todas formas, en 2015 ese programa ejecutó el 23% del presupuesto del Ministerio, por lo que difícilmente podría explicar por sí solo las reducciones presupuestarias descritas en este texto, amén del hecho de que durante 2016 y 2017 seguía formando parte del Ministerio.
[4] Néstor Pérez Baliño, exsecretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud, durante su gestión tuvo a cargo el programa Remediar, y fue el responsable de las demoras iniciales en las compras y los faltantes de medicamentos esenciales para 15 millones de personas. En las semanas anteriores a su renuncia esa situación estaba siendo denunciada por algunos programas periodísticos puntuales y por sociedades científicas, como la de Infectología. En una entrevista en 2021 a raíz de la publicación de su libro Con el corazón en la Cobertura Universal de Salud (sic), afirmó: “En la Argentina tenemos aproximadamente 15 millones de personas que no tienen Obra Social ni Prepaga. (…) Cuando se puede ingresar esos 15 millones de personas a una cobertura universal pasan a tener un médico de cabecera, acceso a la medicación y acceso a los procedimientos de prevención”. Nobles propósitos.
[5] Es un dato preocupante, porque el “gasto de bolsillo” es el menos eficaz y el más inequitativo: pagan montos más altos por el mismo producto –incluso en términos absolutos– quienes no tienen cobertura de obra social o prepaga, y por lo tanto quienes tienen menores ingresos. Y peor aún, como las personas que habitan en hogares pobres suelen tener más carga de enfermedad –en comparación con personas de edades equivalentes que habitan en hogares no pobres– tienen mayores necesidades de atención médica, servicios de diagnóstico o medicamentos.
[6] Si se toman los períodos de los mandatos presidenciales, el porcentaje de reducción de la Tasa de Mortalidad Infantil en la Argentina fue de: 13% (1983-1989); 14% (1989-1995); 21% (1995-1999); 6% (1999-2003); 19% (2003-2007); 12% (2007-2011); 17% (2011-2015); 5% (2015-2019).
[7] Continúa siendo un misterio a qué pretendía referirse ese gobierno con la inclusión del término “universal” en la sigla CUS. Si se pretendía que universalizar la cobertura significaba universalizar la “continuidad de la atención, integralidad, coordinación de cuidados, con efectividad, equidad y calidad”, los resultados están muy lejos de haber sido mínimamente satisfactorios. Pero dejando de lado los resultados y viendo solamente las intenciones reflejadas en los documentos oficiales aquí referidos, no parece exagerado el postulado de que para el macrismo “universalidad” significaba una limitación de la cobertura para la población que accede a los establecimientos públicos de salud, y por lo tanto una estratificación de derechos.
[8] Poco antes, el 27 de abril de 2018 el Banco Mundial emitió un documento titulado Proyecto de Apoyo a la Cobertura Universal de Salud en Argentina, que postula que la CUS “contribuye a aumentar el acceso y uso de los servicios de salud con enfoque en las familias vulnerables”. En el texto se establecen los objetivos del proyecto: “aumentar la cobertura efectiva y equitativa de los servicios de salud proporcionados a la población elegible; y aumentar la capacidad institucional del Ministerio de Salud Nacional y los ministerios de salud provinciales para implementar mecanismos para un sistema de entrega integral”. Cinco meses después, el Ministerio Nacional dejaba de existir.
[9] Seguramente se refiere al ya mencionado DNU 908/2016, por el cual distribuyó los recursos que habían sido acumulados durante varios años en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Por ese decreto destinó 8.000 millones de pesos para financiar la CUS; 4.500 millones para distribuir inmediatamente entre las Obras Sociales Nacionales; y 14.268 millones para comprar un “bono” del Tesoro. Es decir, de los 26.768 millones de pesos que había en el FSR, solamente el 17% fue para reconocer la “deuda histórica” que menciona Macri en su discurso, pese a que la Ley 23.661 establece explícitamente que el FSR solamente puede ser usado para financiar a las obras sociales.
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