El actor ausente en la sociedad argentina: la participación de MiPyMEs, cooperativas y demás actores de la economía social es imprescindible para avanzar hacia un desarrollo inclusivo

Entre los actores sociales colectivos de las democracias modernas principalmente se suelen mencionar a los partidos políticos, al Estado Nacional, a las representaciones sindicales de trabajadores y a diversos actores sociales, culturales y religiosos. En nuestro país resulta notoria la ausencia de los actores sociales que representan al empresariado nacional que, juntamente con los sindicatos, vienen a complementar la representación de la actividad productiva, principal fuente del empleo, de desarrollo económico y del nivel de bienestar del conjunto de la sociedad.

Por qué esa ausencia es un problema para la sociedad

Esa carencia no es una cuestión menor, toda vez que, en ausencia de una adecuada participación política del sector, en especial las MiPyMEs, esa representación y por ende sus relaciones con el Estado han quedado en manos de las empresas concentradas, incluyendo a las multinacionales y a las financieras en cabeza de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Asociación Empresarial Argentina (AEA) y el Foro de Convergencia Empresarial, entre las más destacadas. El análisis de los socios de esas entidades permite corroborar que la contrapartida empresarial del Estado está en manos de un puñado de empresas que monopoliza la mayor parte de la producción y la comercialización de los insumos de uso utilizados por el sector productivo, y de los productos de primera necesidad, como alimentos, productos de higiene y limpieza y medicamentos. Por tanto, ese puñado de empresas no solo detenta la capacidad de manejar los niveles de precios y de mantener elevadas tasas de inflación –que no responden a ninguna lógica de costos y márgenes razonables de beneficio, atentando directamente contra los intereses de los consumidores y por ende del propio gobierno– sino que, haciendo uso y abuso de su poder económico, tienen la capacidad de generar golpes de mercado contra el peso, propiciando devaluaciones de la moneda nacional, tal como lo ha experimentado el gobierno de Alberto Fernández en 2020, 2021, 2022 y 2023 y lo han reflejado medios de comunicación de diferentes tendencias.

Los poderes empresariales y los políticos conservadores y neoliberales, con el respaldo de sus economistas, consultoras y medios de comunicación concentrados, agregan y machacan cotidianamente con los problemas que originan la excesiva presión impositiva, los elevados costos laborales y la continua inseguridad jurídica. Estos reclamos del poder económico concentrado ocultan las ventajas que lo favorecen: la inflación como herramienta permanente de reducción del salario real y de ingresos de jubilados y participantes de la economía informal; un régimen impositivo que es de igual o menor presión al de los países más desarrollados, pero cuya estructura penaliza a los consumidores, en especial a los sectores más desfavorecidos, y beneficia a las empresas y a los más ricos; un sistema financiero y jurídico que privilegia al capital especulativo y a las empresas, en especial las extranjeras, y a las actividades extractivas que no generan mayores oportunidades de trabajo; todo ello complementado con un Poder Judicial que opera a su servicio y que, pese a lo declamado, constituye una real garantía de impunidad jurídica.

El resultado de este verdadero desaguisado es el que conocemos: los monopolios y los oligopolios detentan no sólo la capacidad de condicionar las políticas del Estado nacional, sino también de atentar contra el bien común del conjunto de la sociedad y de imponer condiciones para su propio y exclusivo beneficio. En estas condiciones, el bien común ha desaparecido y nuestra sociedad se encuentra a merced de los siempre insuficientes beneficios autopercibidos por monopolios y oligopolios. Las excusas son variadas: cuando no hay sequía hay inundaciones, y cuando suben los precios de nuestros bienes exportables parece inexorable el aumento de los precios domésticos, pero la baja de los precios internacionales de esos mismos bienes nunca tiene correlato en los precios al consumidor. En síntesis, el bien común ha sido reemplazado por el beneficio de las empresas concentradas.

Frente al poder de esas fuerzas poderosas se verifican dos problemas complementarios. El primero es que la representación de las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentra atomizada en múltiples organizaciones, cuyos dirigentes no sólo pregonan ser la única representante valedera de las PyMEs, sino que además cuestionan la representatividad de las restantes, con lo que la voz del empresariado nacional es muy débil y su poder político es prácticamente nulo. El segundo problema es que parece no existir suficiente interés del poder político para neutralizar o al menos diluir el poder de las empresas concentradas mediante la convocatoria y la generación de un espacio en la mesa de diálogo a las MiPyMEs, a las mutuales y cooperativas y a los demás actores de la economía social.

Qué representan los ausentes

Lamentablemente, no existen datos oficiales sobre el PBI generado por las MiPyMEs y por las cooperativas, incluyendo las empresas recuperadas, las mutuales y los demás actores de la economía social. Pese a ello, la sobrerrepresentación de las grandes empresas queda claramente de manifiesto al considerar la cantidad de empresas registradas y del empleo que generan. Como se muestra en el cuadro adjunto, sobre un total de algo más de 548.000 empresas registradas en 2021, más del 97% corresponde a las MiPyMEs. Asimismo, sobre un total de algo más de 6,5 millones de puestos de trabajo registrados generados por el sector privado, las micro, pequeñas y medianas empresas dan cuenta de algo más del 42% del total. Por su parte, y según datos del INAES en nuestro país, hacia fines de 2022 había un total de 19.076 cooperativas vigentes distribuidas en todo el territorio argentino, de las cuales el 79% correspondía a cooperativas de trabajo. Los puestos de trabajo en relación de dependencia generados ascienden a 76.348. Estos números corresponden exclusivamente a los datos de empresas del sector privado y de las cooperativas registradas. A esa cantidad de empleo es necesario agregar el aportado por trabajadoras y trabajadores registrados como autónomos y monotributistas.

Según el último informe del MTEySS sobre la situación y evolución del trabajo registrado publicado en agosto pasado con datos de mayo de este año, existían en nuestro país un total de 6,34 millones de trabajadoras y trabajadores asalariados en empresas privadas; 1,92 millones de monotributistas; 0,40 millones de autónomos; 0,6 millones de monotributistas sociales; y 0,47 millones de asalariados y asalariadas en casas particulares; lo que da un total de 9,73 millones de trabajadoras y trabajadores registrados en el sector privado, al que se le suman 3,43 millones del sector público, para un total de 13,16 millones. Con ello, las MiPyMEs, las cooperativas y los trabajadores de la economía social registrados dan cuenta del 46% del trabajo registrado en Argentina. Esa participación no tiene en consideración el impacto de las trabajadoras y los trabajadores sumidos en la informalidad, cuya cantidad elevaría notoriamente ese porcentaje.

Desde el punto de vista sindical, esas trabajadoras y trabajadores parecen estar bien representados por el movimiento sindical. A causa de la llamativa ausencia del sector empresario de las MiPyMEs, de las cooperativas y mutuales y de los trabajadores de la economía social, la representación de los actores de la producción resulta completamente despareja.

Hacia la solución

Como se mencionó arriba, la solución a la insuficiente representatividad política de este actor requiere de dos componentes imprescindibles: por una parte, la unificación de las representaciones políticas de MiPyMEs, mutuales y cooperativas y actores de la economía social; y por la otra, la voluntad de los actores políticos de nuestra sociedad para convocar y hacer un lugar a esos representantes en la mesa de concertación. Afortunadamente, el primer requisito parece ir avanzando hacia la solución: desde hace un año se viene consolidando la organización del Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M), integrado por dirigentes y dirigentas –entre muchas otras organizaciones gremiales y políticas pertenecientes al sector MiPyME, a las que no se pretende sustituir– entre quienes se incluyen Apyme, Frente Productivo Nacional, Mujeres Argentinas por el Desarrollo, Centro de Estudios Agrarios, Asociación Pymes Sur, La Gelbard, Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA), Confederación Pequeña y Mediana Empresa (COPYME), Liderar Mujer, Mesa Empresaria Justicialista, Confederación General de la Producción de la República Argentina (CGP), Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Consejo Económico y Social Territorial CABA (CESTCABA), Sociedad de Fomento General Paz, Consejo Productivo Nacional, Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro Energética (CAPIPE), Comercios Activos de Buenos Aires, Cámara de la Industria Naval Argentina, Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina, Pro-Tejer, Industriales Pymes Argentinos (IPA), empresas recuperadas más 200 Mesas de Asociativismo y Economía Social (MAYES), Cámara de Pequeñas y Microempresas de San Martín (CAPYME), Mesa Empresaria Política de San Martín (MEP SM), Unión de Kioskeros de la República Argentina (UKRA), Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas (COMAFRU), Cooperativa CGI, Cámara de Monotributistas, Polo Industrial de Luján (INLu), CGE Metropolitana, Movimiento Industrial Misionero, Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola (CAAF), Federación de Cooperativas Unidas de Trabajo de la Argentina (FECUTA), Comerciantes, Industriales y Profesionales de Lugano y Riachuelo (CIPA), Cámara Pyme de Telecomunicaciones (CAPITEL), Cámara Económica Sanmartinense (CES), Centro de Constructores de Misiones, Cámara de Empresarios Bonaerenses para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor (FOCAVA), Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina (GESTARA), Círculo Argentino de Profesionales en Comercio Exterior, Fundación Aprender Produciendo, Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, Río Negro, Asociación Civil Arco Violeta, Cooperativa de Trabajo Textil Tigre, Coordinadora de la Mesa del Interior Formoseño, Punto de Cultura Sembrando Cultura, Fundación Vientos de Libertad, Red Mujeres por el Empoderamiento y la Inclusión (MEI), Cooperativa Nos Estamos Organizando (NEO), Iniciativa 2030, Multisectorial Federal y Mutualista, Nodo Moneda Par Rosario, Ateneo La Vaquita, Asociación Mutual de Artesanos, Cooperativa 7 de Mayo, Cooperativa PerSal, y Pymes para el Desarrollo Nacional. A ese conjunto de organizaciones se agrega la participación en el MP25M de titulares de centenares de MiPyMEs, mutuales, cooperativas y empresas recuperadas que integran el movimiento a título individual, y por militantes de diversas organizaciones peronistas representativas de la problemática del desarrollo productivo, como es el caso de varios integrantes de la Comisión de Desarrollo Productivo del Instituto Patria.

El MP25M aspira a constituirse como parte importante del sujeto político que está faltando a la sociedad argentina para completar, junto con las organizaciones sindicales, la representación política del sector productivo, tal como lo explicita en su manifiesto para la conformación de un sujeto político ausente. En ese sendero, el MP25M ha difundido un documento fundacional, explicitando las Bases para un Programa de Desarrollo Productivo, y ha dirigido una nota a los Jefes y Jefas de Estado y a los Cancilleres de América del Sur en respaldo a la integración latinoamericana y propiciando el restablecimiento de la UNASUR. Para expandir su representación, el MP25M ha realizado jornadas presenciales sobre el desarrollo productivo con MiPyMEs de Avellaneda, Luján, San Martín, Berazategui y Lanús, y con igual finalidad están programadas nuevas jornadas presenciales con MiPyMEs de Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán y otras localidades del interior del país. Se destaca, en el caso de la CABA, la jornada realizada en el BNA con la participación de 300 asistentes de MP25M y de expositores del BNA, del BPBA, del MTEySS y del propio movimiento, con el cierre a cargo Silvina Batakis, presidenta del BNA, y de Agustín Rossi, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y candidato a vicepresidente.

Con motivo de las próximas elecciones, el MP25M ha explicitado un llamado a la defensa de un proyecto democrático fundamentado en la producción y ha concretado encuentros con integrantes del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación para presentar su propuesta y ofrecer su respaldo a un proyecto productivo que resulta indispensable para un desarrollo con inclusión social.

En definitiva, el primer requisito para constituir el actor político ausente en la sociedad argentina parece estar avanzando a pasos decididos. Resta ahora el avance en el cumplimiento del segundo requisito: que nuestra dirigencia política propicie y actúe convocando a la integración del empresariado nacional para completar, junto al movimiento sindical, la representación de las fuerzas productivas de nuestro país.

No quiero concluir este texto sin explicitar mi opinión respecto a la que creo la respuesta más probable de los actores políticos argentinos: estimo que estas ideas tendrán una favorable acogida por parte del peronismo y de otros actores políticos progresistas. Por el contrario, supongo que estas ideas serán rechazadas por los actores políticos que representan al neoliberalismo y defienden las posturas de los poderes concentrados.[1]

Tabla: Puestos de trabajo y cantidad de empresas privadas, Argentina, 2021

[1] Mucho agradezco las contribuciones y las opiniones recibidas de Carlos Cleri, José Cudina, Carlos Norryh, Mario Sosa, David Selser, Juan Ciolli, Manuel Pedreira, Rubén Lamas, Julio Rojas, Mónica Hobert, Claudio Balbuena y Miguel Ángel López. En todos los casos, fueron incorporadas al texto según mi propio criterio, que no necesariamente coincide con el de quienes me las hicieron llegar. Por ello el texto final no compromete la opinión de los consultados y consultadas, y mucho menos la opinión de las organizaciones o instituciones a las que pertenecen. También agradeceré cualquier aporte o comentario que merezcan estas propuestas que hagan llegar a mi correo: josemafumagalli@gmail.com.

[2] Los porcentajes de los totales corresponden al total general; los porcentajes correspondientes a tamaños de empresas corresponden al total de cada sector.