Discusiones sobre la implementación de la industria 4.0 en Argentina

A qué se le llama Industria 4.0[1]

La Industria 4.0 es el cuerpo de conocimiento que formaliza la Cuarta Revolución Industrial. El concepto nació en Alemania en 2011 y se presentó en el congreso mundial de la industria de Hannover-Messe. Desde entonces, los términos “Revolución Industrial 1.0”, “Revolución Industrial 2.0”, “Revolución Industrial 3.0” y “Revolución Industrial 4.0” se han utilizado para describir diferentes fases de la historia de la industrialización y la tecnología. La Revolución Industrial 1.0 se refiere a la introducción de la máquina de vapor y la mecanización de la producción en el siglo XVIII y principios del XIX. La Revolución Industrial 2.0, a la producción en masa y la electrificación en el siglo XIX y principios del XX. La Revolución Industrial 3.0, a la automatización de la producción y la digitalización en la segunda mitad del siglo XX: típicamente, la robotización. La Revolución Industrial 4.0 se refiere a la integración de tecnologías digitales y físicas en la producción, la creación de fábricas inteligentes y la era de la “Industria 4.0”. En la actualidad, la Industria 4.0 y la Cuarta Revolución Industrial que trae consigo se sustentan en tendencias tecnológicas como Big Data, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Infraestructuras en la nube (Cloud), Blockchain, entre otras. Todas afectan múltiples áreas y procesos de la economía y de la vida cotidiana, y traen aparejado el desarrollo de aspectos como la ciberseguridad, Realidad Virtual o Realidad Aumentada, todo integrado dentro de las Fábricas Inteligentes o Smart Factories.

 

Preocupaciones

Las transformaciones relacionadas con estas tecnologías se dan dentro de un momento muy particular, y en un contexto único en la historia. Dentro de este contexto en que se desenvuelve la Industria 4.0, hay situaciones que preocupan. Entre ellas están: la concentración del capital y el conocimiento en pocas empresas líderes, principalmente extranjeras, con prácticas en muchas ocasiones monopólicas; la creciente complejidad para definir los límites y jurisdicciones nacionales en ambientes de “nube”, y la consiguiente extranjerización de una importante cantidad de datos que se producen; la brecha en las rentabilidades productivas que se presentarán entre las grandes empresas y las pymes; los cambios en las relaciones laborales que esta nueva revolución industrial está provocando; los cambios en las formas de intercambio aparejados a la “intermediación” de las aplicaciones de plataforma.

 

Extranjerización de ganancias y datos

El proceso de monetización y extranjerización de ganancias y de datos es el mismo que comenzó hace 20 años cuando Internet, la conectividad, la disminución del costo de los componentes electrónicos y la utilización masiva de los teléfonos inteligentes empezaron a generar nuevos modelos de negocios que terminaron empoderando a las empresas tecnológicas que hoy son las principales empresas líderes a nivel global. De las diez empresas con más capital en el mundo, ocho son tecnológicas. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tencent, Telsa y Alibaba basan sus modelos de negocios en la provisión de servicios informáticos e infraestructura tecnológica. Estas empresas en la actualidad son las dueñas de las aplicaciones con las cuales las personas interactúan entre sí o con las diferentes plataformas tecnológicas de uso diario; concentran la mayoría de los datos de gran parte de la población mundial; saben nuestras costumbres y preferencias, utilizándolas para vendernos productos y servicios o para influenciarnos en una campaña política.

 

Independencia tecnológica y económica

Hoy las empresas tecnológicas tienen una independencia económica completa. Ya quedó demostrado durante los últimos 18 meses de pandemia, donde, mientras el producto bruto global cayó, las empresas tecnológicas incrementaron su facturación en más de un 10%. Esto demuestra el desacople de las empresas tecnológicas respecto a la economía mundial, siendo una alarma hasta para el propio FMI. Estos datos hacen pensar que el llamado tecnofeudalismo planteado por Yanis Varoufakis no es tan descabellado, y lo más preocupante es que parece ser una realidad. Se está discutiendo si los dirigentes y las organizaciones mundiales tendrán que tomar alguna medida en un futuro cercano para limitar y controlar la influencia de estas empresas sobre la sociedad en general, así como su poderío económico financiero. Lo que es más importante, se está discutiendo si es posible hacerlo, si esto no es ya una capa geológica del Antropoceno, como explica Flavia Costa con el concepto de Tecnoceno (2021). La implementación a nivel masivo de la Industria 4.0 expande ese control a las empresas y la producción.

 

Dilema en la implementación

Al igual que en todo avance tecnológico, para las empresas la digitalización de hábitos, procesos y modelos de negocios es un camino largo y complejo. Las últimas etapas innovadoras trajeron aparejadas la incorporación de gurús tecnológicos y sobre todo la influencia de sectores económicos concentrados del capitalismo, con discursos sobre las grandes ventajas del cambio tecnológico y la disrupción de los mercados, pero en muchos casos sin tener un análisis completo de los efectos perjudiciales que estas tienen para personas, empresas y Estados. Siendo estos sectores económicos un actor clave en los nuevos procesos digitales, creemos conveniente que esta nueva etapa del desarrollo industrial tenga como resultado una mejora en todos los sectores de la sociedad, y no solo en las arcas de las empresas líderes. Es fundamental poder sostener la capacidad de la sociedad de reapropiarse de los beneficios de las nuevas tecnologías y procesos productivos por medio de políticas de control, transparencia, redistribución del conocimiento y la técnica, y el empoderamiento de ésta para poder tomar decisiones sobre qué aspectos son aceptables y cuáles deben ser limitados para mitigar riesgos y daños sobre el conjunto de la población. No serviría de nada una nueva revolución industrial si al final de este nuevo proceso el capital y el conocimiento quedan concentrados en un grupo minúsculo que además no reside en Argentina.

 

El problema de los datos

Otro tema para considerar en este aspecto está relacionado con la gran cantidad de datos que se generarán con las nuevas tecnologías de la Industria 4.0. ¿Quién será el dueño de los datos? ¿Quiénes serán las empresas o personas que los utilizarán? ¿Bajo qué reglas y donde serán alojados? Son algunas de las cuestiones que proponemos empezar a visualizar. El análisis y la utilización de toda la información asociada a la digitalización de los procesos de las organizaciones da lugar a nuevos modelos de negocio, como por ejemplo en el ámbito del desarrollo de nuevas aplicaciones de análisis de comportamientos de consumidores-clientes o tendencias, uso de productos, venta de productos personalizados bajo demanda, etcétera. Estos nuevos negocios no pueden ser apropiados por las grandes compañías digitales. La naturaleza transnacional de las principales compañías dominantes de estas tecnologías trae consigo una complejidad adicional a la hora de legislar los controles. La producción de datos, su procesamiento, almacenamiento y propiedad intelectual o corporativa se enmarcan bajo normativas de diferentes países, con criterios no necesariamente concordantes, dificultando cualquier política de regulación o la aplicación de prácticas antimonopólicas.

 

La brecha

Siguiendo los lineamientos del análisis de Van Dijk y Hacker, podemos identificar una nueva brecha tecnológica que llamaremos “brecha digital industrial”. Esta brecha se puede caracterizar por medio de dos capacidades: en primer lugar, la de acceder a las nuevas tecnologías, aspecto determinado por la oferta existente en el propio mercado y por la capacidad de financiar su utilización; y, en segundo lugar, la capacidad de hacer un uso eficaz y eficiente de estas tecnologías, determinad por el saber propio de los trabajadores y las trabajadoras y la flexibilidad de las empresas para adaptarse a ellas.

La brecha digital industrial está evidenciada tanto en el entorno nacional como en el internacional. Las empresas que adopten de forma exitosa las nuevas tecnologías de Industria 4.0 tendrán una ventaja competitiva con sus pares. Si las predicciones actuales de eficiencia productiva son ciertas, las empresas o Pymes que no digitalicen sus procesos tendrán grandes problemas de competitividad en relación con aquellas que sí lo hagan.

Los procesos de desarrollo e implementación de innovaciones productivas son también procesos económicos, en los que los diferentes actores establecen precios y determinan, por medio de procesos de competencia y equilibrio, cuáles son los parámetros de distribución de la renta generada. Si, tal como indicamos previamente, los principales productores y proveedores de estas nuevas tecnologías son sectores concentrados, con propiedad extranjera, el establecimiento de estos precios puede tomar las características propias de un mercado oligopólico, y los incrementos en la rentabilidad pueden verse capturados principalmente por estos actores.

Es responsabilidad del Estado velar por la igualdad de condiciones del aparato productivo nacional, buscando equiparar oportunidades y conocimientos, y sobre todo estableciendo una base tecnológica de fácil acceso a todas las empresas del territorio nacional. Así como Arsat fue una herramienta estratégica para disminuir la brecha digital de los habitantes del país, es imperioso crear nuevas políticas, planes y reglamentaciones que favorezcan el desarrollo digital de la industria nacional. Tenemos herramientas para pensar esto en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Plan CTI 2030).

 

El desafío

Obviamente que la historia puede abordarse desde diferentes miradas. Una de ellas es que con el avance tecnológico las sociedades modernas están mejor que hace cien años. Sin embargo, es imposible negar que en la actualidad estamos viviendo una concentración del capital nunca vista, sobre todo en las tecnologías líderes que durante los últimos diez años se han posicionado entre las empresas y personas con mayor capital en el mundo. Entonces, el desafío que debemos afrontar es cómo recibir este avance tecnológico para que traiga aparejado un bienestar común, siempre pensando con los lineamientos de nuestro enfoque político y filosófico de enfatizar la soberanía política y la identidad nacional, garantizar la independencia económica, defender el acervo cultural y buscar una mayor justicia social. ¿Qué pasaría si como Estado no intervenimos? ¿Qué pasa si solo intervenimos en forma perpendicular, sin involucrarnos por completo? En este caso la respuesta, viendo la historia de nuestro país, será parcial: sólo se verían beneficiados unos pocos, como sucedió con la Argentina en las dos primeras revoluciones industriales. Tenemos presente que sólo nuestro movimiento político puede garantizar que todo desarrollo implique una mejora en todos los sectores de la sociedad. Si no intervenimos, las ganancias terminarían en las arcas de unos pocos privilegiados: los mismos de siempre.

El Estado no puede mirar para otro lado y dejar que el “mercado” se regule a sí mismo, ya que es sabido que eso nunca sucedió. Además, analizando las características actuales de este proceso, no hay razones para pensar que pueda ser una excepción. Cabe la reflexión de Flavia Costa: “Nuestro reto como habitantes de una nación y una región con enorme potencial –a la que, no casualmente, se la castiga en forma periódica con deudas escarmentadoras o violentos golpes de Estado, o ambos a la vez– es construir las herramientas para limitar la incidencia de esos poderes en las soberanías nacionales y diseñar las condiciones materiales e infraestructurales para otro esquema de relaciones”.

 

Pymes y distribución

Posicionándose el Estado en la gestión, debemos seleccionar dentro de los estándares ya impuestos por el mercado los que otorguen interoperabilidad de soluciones locales para el resto del mundo. Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de la Argentina merecen una consideración especial, debido a que, según datos del Ministerio de Economía representan más del 99% de las empresas del país y generan el 70% del empleo en el sector privado. Son claves por tanto para el ecosistema productivo argentino –nos referimos al conjunto de empresas, emprendedores, emprendedoras, trabajadores, trabajadoras, sindicatos, proveedores, grupos de inversores, instituciones y otros actores relevantes que interactúan para producir y distribuir bienes y servicios.

Dentro de los conceptos vertidos con anterioridad, podemos pensar a las Pymes como factores clave. Entendemos que hay una realidad que impide a muchas de ellas proyectarse a mediano o largo plazo:

  • falta de conocimientos: muchas carecen del conocimiento necesario para entender las nuevas tecnologías y cómo aplicarlas a sus procesos productivos;
  • falta de trabajadores capacitados en tecnologías digitales y de automatización;
  • falta de inversión en infraestructura y equipos para adoptar las tecnologías necesarias de la Industria 4.0;
  • resistencia al cambio de sus procesos y sistemas productivos tradicionales, sin ver la necesidad de invertir en tecnologías de la Industria 4.0;
  • falta de subsidios y créditos específicos que permitan acceder a estas tecnologías en condiciones que permitan sostener la implementación hasta que puedan realizarse las mejoras en productividad.

Tenemos que concentrarnos entonces en impulsar el avance tecnológico en las Pymes, para que logren mayor competitividad o eficiencia. Hay dos premisas que sabemos tienen que ser base fundacional para una nueva etapa: igualdad de oportunidades y beneficios para todos los sectores de la sociedad.

 

El tema educativo

El futuro del empleo se basa en el conocimiento. Como Movimiento Nacional y Popular que busca el ascenso social de ciudadanos y ciudadanas de la Argentina, nos preocupa cuáles van a ser los empleos que permitan a los trabajadores y las trabajadoras crecer en la escala social. Esto implica que los trabajos que serán valorados y mejor remunerados en el futuro son las actividades donde ellos y ellas tengan habilidades cognitivas.

Es primordial para el Estado implementar políticas que permitan aumentar la cantidad de alumnos y alumnas en carreras de conocimiento y tecnología. El 7 de septiembre de 2005 se promulgó la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, que define a este tipo de educación como “un derecho de todo habitante de la Nación Argentina, que se hace efectivo a través de procesos educativos, sistemáticos y permanentes”. Y agrega que “como servicio educativo profesionalizante comprende la formación ética, ciudadana, humanístico general, científica, técnica y tecnológica”. Sin embargo, según el artículo 1, “La presente ley tiene por objeto regular y ordenar la Educación Técnico Profesional en el nivel medio y superior no universitario del Sistema Educativo Nacional y la Formación Profesional”. Las escuelas técnicas son un eslabón clave que cumplen con normativas federales. Pero observamos que se debería incluir alguna promoción desde la escuela primaria. Un análisis sobre este tema está en el texto de CEPAL Desafíos y oportunidades de la industria del software en América Latina, en el capítulo “Argentina: nuevas estrategias empresariales en un modelo más abierto”: “A lo largo de las últimas décadas se ha producido un retroceso importante en materia educativa –básicamente en calidad, ya que las tasas de acceso a la educación continúan siendo elevadas–, cuyos orígenes hay que buscar en múltiples factores de índole económica, política, social y pedagógica. La llamada ‘devaluación educativa’ tiene secuelas en la competitividad de la economía en su conjunto y especialmente en la de sectores como la industria de sector de software y servicios informáticos, que basan su desarrollo en el conocimiento. (…) El deterioro de la educación técnica, agravado en los años noventa sobre una situación previa ya no demasiado brillante, tuvo efectos perjudiciales en la oferta de recursos laborales para el sector. Recién hace un tiempo desde el Estado, en conjunto con el sector privado, se comenzó a dar pasos para revertir esta tendencia”. Los planes vigentes son del año 2012, en donde en la tecnicatura en Electrónica se introdujeron algunas asignaturas –por ejemplo, sistemas electrónicos embebidos– como punta de lanza de la Industria 4.0, aunque orientado a IoT (Internet de las cosas) por sobre la industria. Se puede fomentar en la tecnicatura en Computación la inclusión de materias relacionadas a ciencia de datos, actualmente no presentes formalmente. Aún no hay una unidad curricular que trate sobre ella: siempre se depende de la voluntad de algún o alguna docente que quiera incluirlo por su cuenta y conocimiento. Si bien las olimpiadas de especialidades técnicas –organizadas por el INET– buscan acercamiento al IoT, y a través de estos eventos ingresar en la escuela, y a lo largo de los años lo va logrando, debería comenzar el enfoque en Industria 4.0 para conseguir dicha penetración. Si las universidades brindan servicios de implementación de Industria 4.0, ellas mismas se nutrirán del mejor semillero y de la vocación tecnológica más alta del país. Los y las estudiantes de las distintas carreras de Ingeniería de las distintas localidades tendrían en cuenta las realidades tecnológicas inherentes a cada zona geográfica.

También, en conjunto con la creación de una Empresa Nacional de Software, las instituciones educativas de formación técnica pueden utilizar las propias plataformas, software y documentación desarrolladas por dicha empresa y por los Centros de Innovación Tecnológicos para apoyar a la formación de sus estudiantes, proveyendo un espacio de práctica y análisis en entornos realistas y fomentando el desarrollo de convenciones y estándares técnicos a futuro.

 

Dilemas

Tengamos en cuenta que aparecerán ciertos dilemas. Por ejemplo, si impulsamos el avance tecnológico en una Pyme manufacturera con gran cantidad de operarios, donde el resultado es en mejoras operativas que hacen aumentar la producción con menor cantidad de horas trabajadas y menor contratación de servicios tercerizados, produciendo un aumento en la ganancia: ¿dónde termina esta ganancia? ¿En mejoras salariales o en rentas extraordinarias? ¿En una nueva inversión o en dólares bajo el colchón? Podría ser también que, al mejorar su competitividad, esta Pyme se posicione en el mercado externo y pueda competir e ingresar dólares. El tema es cómo determinar el destino de ese beneficio, cómo procurar que sea común y no individual. Lejos estaríamos de cumplir nuestras bases programáticas si como Estado impulsamos, financiamos y acompañamos un desarrollo tecnológico que resulte en fuga de capitales y menos trabajo.

Supongamos que avanzamos y decidimos impulsar el desarrollo tecnológico dentro del entramado Pyme. Hay una condición básica necesaria para poder hacerlo: mano de obra capacitada y formada para los nuevos empleos 4.0. Aquí nos encontramos con un problema: Argentina tiene, pero no alcanza. Nuestro sistema educativo y formativo no está preparado para los desafíos que implica el desarrollo tecnológico. Los empleos 4.0 tienen una demanda que el país no logra cubrir. Tengamos en cuenta que para las tecnologías 4.0 no es necesario que el personal esté dentro del país. La deslocalización, tanto de la producción como de la mano de obra, es un proceso que ocurre de forma progresiva a lo largo de todo el planeta. Si no generamos personal capacitado, hay países que sí lo pueden hacer, como India o China. Corremos el riesgo de ser conquistados económicamente por otros países y corporaciones. Si no podemos formar, capacitar y darle condiciones para que trabaje localmente a una o un joven para una tarea de análisis de datos, otro país lo va a hacer –de hecho, hoy tenemos el problema de que un porcentaje muy grande de trabajadores capacitados trabajan para el exterior. Esto implica perder puestos de trabajo y la necesidad de contar con divisas para pagar estos servicios. Como resultado, perdemos soberanía tecnológica y caemos en una dependencia económica.

 

Una propuesta soberana

Se observa que las empresas digitales líderes que ofrecen productos, servicios y sistemas para la Industria 4.0 lo hacen en forma de paquetes o con la modalidad ‘llave en mano’. La estructura de recursos humanos y su base tecnológica se encuentran en el extranjero. Las normativas que cumplen son bajo leyes extranjeras. Hoy una Pyme argentina que contrata un servicio para la Industria 4.0 a una de las empresas digitales líderes, extranjeriza sus datos, utiliza mano de obra remota y genera una ganancia a estas empresas que se paga en dólares, o sus dividendos son extranjerizados. Es imperioso que Argentina se incorpore a la carrera digital Industria 4.0. No alcanza con que algunas de nuestras Pymes o empresas empiecen a utilizar herramientas 4.0: es fundamental crear un ecosistema local que permita abarcar el cien por ciento de las soluciones. Necesitamos mantener la soberanía tecnológica para establecer objetivos que las empresas extranjeras obviamente no tienen.

Establecido como base el lineamiento de soberanía tecnológica, también es cierto que hoy no es posible implementar desde cero toda la base tecnológica necesaria para afrontar los desafíos de la Industria 4.0. Pero si elaboramos un plan nacional a mediano y largo plazo es posible generar una estructura que permita cierta independencia y posicione a la Argentina como referente del tema. Dentro del plan tenemos que definir cómo capacitamos a nuestros trabajadores y trabajadoras. El Estado a través de sus centros de conocimiento –colegios técnicos, centros de formación profesionales, universidades y Conicet– debe poder proveer el factor humano necesario para la incorporación de las tecnologías vinculadas a la Industria 4.0. No se debería frenar una implementación dentro de una Pyme por no disponer del capital humano adecuado. La garantía de obtener los recursos necesarios –proyectados en el tiempo– viene dado por el tamaño y la cantidad de profesionales disponibles en los distintos centros de conocimiento.

Como punto de partida para la implementación de tecnologías 4.0 es necesario que el Estado nacional forme un ecosistema virtuoso de trabajo entre los diferentes sectores. No es posible el desarrollo de la Industria 4.0 si no se logra articular entre las partes que intervienen en esta nueva etapa de desarrollo industrial. Es imperioso implementar políticas que incentiven y apoyen este ecosistema integrado por actores públicos y privados, por sectores de investigación y productivos.

 

Bases para una propuesta soberana

Queremos definir en esta etapa las bases de una propuesta de trabajo virtuosa basada en los conceptos aquí vertidos. Para esto creemos en la necesidad de un marco normativo que permita desarrollar estas propuestas. Entendemos que tendrá que ir acompañada de una normativa, como fue el decreto 1552/2010 Argentina Conectada; o como la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital; o el Plan CTI 2030 ya citado. Estas normativas permitieron la generación de un ecosistema tecnológico soberano que impulsó a Pymes, empresas y Estado, y sobre todo generó una inclusión digital de los habitantes más aislados y desprotegidos de nuestro territorio. El mismo espíritu tiene que impulsarnos hoy a proteger a nuestras Pymes. No podemos dejar en manos del mercado el futuro de miles de empresas. Así como logramos que estudiantes en las localidades más recónditas del país puedan estar conectados y tengan las herramientas para poder estudiar y desarrollarse, hoy tenemos que preocuparnos que nuestro entramado Pyme tenga las herramientas para afrontar los desafíos que la globalización y el capitalismo extremo proponen.

El federalismo es otra de las bases de nuestra propuesta. No existe implementación posible si no se consideran a todos los actores con sus respectivas problemáticas. Nuestro país es uno de los más extensos del planeta. Es imposible avanzar con una solución a los desafíos que se nos plantean si se la quiere digitar desde un escritorio en una oficina centralizada. No hay solución si la problemática no es abordada por quienes la protagonizan y se benefician con los resultados del trabajo a realizar. Nuestro ecosistema tecnológico para la Industria 4.0 que afronte los desafíos, analice las problemáticas y busque las soluciones más convenientes para el conjunto de la sociedad tiene que estar integrado por todos los actores. Cada sector debe tener un lugar en la mesa de discusión, como así también la responsabilidad de pensar, proponer e implementar las soluciones consensuadas por todos los participantes.

Desde nuestra visión, el articulador estatal tiene que ser una empresa perteneciente al Estado o con mayoría accionaria estatal. Por un lado, se necesita el dinamismo que las sociedades anónimas permiten respecto del manejo y el impulso de los proyectos. Pero también se necesita aislarse de los vaivenes de la gestión estatal. De nada servirá generar un plan estratégico dentro de una secretaría si con el cambio de un funcionario o funcionaria este plan deja de tener relevancia. Sobrados casos hay en los últimos años que justifican esta postura. Uno de ellos es la disolución de la Unidad de Argentina Conectada en diciembre de 2015. Buscamos una estructura con continuidad de trabajo y de proyectos que pueda resistir los cambios de gestiones estatales. En el documento sobre Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo y Sustentable de la comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria hay especificados modelos para esto.

 

Propuesta

Nuestra propuesta establece, en una primera etapa, la creación de una comisión integrada por los ministerios afectados por las incumbencias de la Industria 4.0, que tendrá como principal tarea aprobar el Plan Nacional de Industria Conectada. Una vez aprobado, quedará bajo la órbita del ministerio que el Poder Ejecutivo crea más conveniente. La comisión, junto con el ministerio que siga el plan, serán los encargados de velar por su ejecución y control. Una vez definido el Plan, pasará a la etapa de ejecución, que estará a cargo de ARSAT –o la empresa estatal que el Poder Ejecutivo disponga– que estará encargada de la implementación de las políticas acordadas en el Plan. También será la encargada de articular con los diferentes actores del ecosistema de las tecnologías de la Industria 4.0. El INTI será el organismo donde se establecerán las bases tecnológicas para la Industria 4.0 y tendrá un rol de consultor y soporte para la transferencia de conocimientos. El INTI y ARSAT tendrán que trabajar mancomunadamente para poder ejecutar el Plan.

Dentro del ecosistema Industria 4.0 encontramos universidades, cámaras, gremios, fundaciones y organizaciones que pueden aportar valor a la ejecución del Plan. En el gráfico adjunto solo se visualizan algunas de ellas. Como brazo ejecutor federal del Plan Nacional Industria Conectada tendremos los Centros de Innovación Tecnológicos que están compuestos por los actores locales. Estos centros podrán ser impulsados por gobiernos locales, centros educativos o cámaras empresariales. Estos centros son críticos para la implementación efectiva del Plan en todas las regiones del territorio nacional.

La comisión de planificación y coordinación estratégica industria conectada tendrá como objetivo la elaboración del plan estratégico que tenga impacto en: Desarrollo Productivo Industrial 4.0; capacitación para la Industria 4.0; planes de estudio secundarios y terciarios para la Industria 4.0; desarrollo nacional de tecnologías para la Industria 4.0. La propuesta de los ministerios integrantes de esta comisión no excluye la participación de otros más. Los que están en la figura a nuestro entender deben tener una participación en la elaboración de políticas y planes que impactarán en el futuro del entramado industrial de nuestro país.

 

Plan Nacional Industria Conectada

En el año 2021 el Ministerio de Desarrollo Productivo –actualmente, Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo– publicó el Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0, en el cual analiza y diagnostica la situación argentina respecto a la Industria 4.0. En general esta comisión no difiere de lo expresado en esa primera parte del plan. Respecto a las propuestas del plan, no encontramos una sola mención a la independencia o la soberanía tecnológica. Nuestra visión no está en coincidencia con un plan que tiene una visión de usuario o extractivista de datos. Creemos necesario reescribir el plan en base a lo planteado en el presente documento. Los objetivos generales propuestos son: crear un Ecosistema de Innovación Industria 4.0 virtuoso en base a la colaboración Pública-Privada-Educativa; mejorar la competitividad de las Pymes por medio de la Industria 4.0 de modo que permita la creación de mercados internos y acceder a los externos; capacitación de los empleados y las empleadas actuales en tecnologías de la Industria 4.0 y creación de nuevos puestos de trabajo; introducción de nuevas currículas en los niveles secundario, terciario y universitario para la Industria 4.0; establecer políticas de utilización y protección de los datos generados por la Industria 4.0; preparar a los futuros trabajadores y trabajadoras para los cambios en la naturaleza de los trabajos; fomentar la inversión en tecnologías de la Industria 4.0; desarrollar políticas tendientes a garantizar beneficios equitativos para la empresa y para los empleados y la sociedad. Las empresas beneficiarias deben aportar a la financiación del proyecto nacional de Industria 4.0.

 

ARSAT

Como mencionamos en las bases de una propuesta nacional, la ejecución del Plan Industria Conectada tiene que estar en la órbita de una empresa estatal. Creemos –por experiencia y capacidades– que ARSAT es una de las posibles ejecutoras. Sobrados ejemplos de efectividad tiene en la ejecución de proyectos, como los satélites geoestacionarios ARSAT 1 y 2, la Red Federal de Fibra Óptica, la Televisión Digital Abierta y el Datacenter Tier 3 ubicado en Benavídez. Además, estas bases tecnológicas ya instaladas sirven como pilar para la implementación de cualquier solución Industria 4.0 en el territorio nacional. ARSAT tiene firmados acuerdos con la mayoría de los ministerios, provincias, municipios y organismos que la posicionan en un articulador estratégico a nivel nacional. Además, cuenta con una red de proveedores Pymes que permiten implementar las soluciones necesarias para el Plan Industria Conectada en un tiempo razonable.

 

INTI

Hace varios años que el organismo está trabajando en las bases tecnológicas de la Industria 4.0 y en la implementación de los habilitadores tecnológicos para la transformación digital de las industrias. Ha realizado relevamientos en el entramado Pyme y realizó capacitaciones para el impulso de las tecnologías de la Industria 4.0. Cuenta con centros distribuidos en las diferentes regiones, lo que permite una interacción fluida con los actores locales. Todas estas tareas son de gran valor y sirven como base para la ejecución del Plan Nacional Industria Conectada. El trabajo en conjunto con ARSAT y los Centros de Innovación Tecnológica (CIT) son la clave para el salto tecnológico que necesitan las Pymes en la Argentina.

 

Centros de Innovación Tecnológica

Los CIT serán generados en base a las propuestas o necesidades de cada región. Estamos convencidos que su conformación tiene que ser con la participación de todos los sectores que involucre la Industria 4.0. Estos centros también tienen que servir con Hub de conocimiento donde trabajadores, trabajadoras, estudiantes o empresas quieran capacitarse sobre las tecnologías de la Industria 4.0. Servirán para el intercambio de ideas y el análisis de la situación local. Tendrán el soporte de ARSAT e INTI en todo momento.

 

Ecosistema Industria 4.0

La Argentina cuenta con empresas, recursos humanos, organizaciones y centros educativos que la posicionan en un lugar privilegiado para el impulso de las tecnologías 4.0. No se trata de inventar nada nuevo, sino de generar las condiciones para que se puedan desarrollar, dejando de lado cualquier tipo de conveniencia individual para poder generar propuestas colectivas que permitan un desarrollo sostenible para todos. Dentro de este Ecosistema proponemos fervientemente la creación de una Empresa Nacional de Software que posea la capacidad de desarrollar software y plataformas, que dé soporte en la integración del software específico de cada industria o sector, para hacer uso de esas mismas plataformas de manera interoperable, abierta y eficiente; que tenga como objetivo analizar y discutir la utilización de software de código abierto; y que fomente la industria de software local, el trabajo colaborativo y la constitución de una comunidad de usuarios capaz de ayudarse mutuamente y trabajar en conjunto para la identificación de desafíos y la resolución de problemas.

 

Resumen

Finalmente, podemos decir que existe una necesidad de implementar políticas públicas que permitan a los diferentes partícipes del entramado Pyme nacional tener igualdad de oportunidades para el nuevo mundo productivo que se avecina. Políticas orientadas a resolver principalmente el fracaso en lograr el acoplamiento entre estructura productiva e infraestructura científico-tecnológica (ver Sábato, “Desarrollo tecnológico en América Latina y el Caribe”, Revista de la CEPAL, 10, 1980). La innovación es el producto de un sistema de relaciones entre gobierno, infraestructura científico-tecnológica y estructura productiva: cuando estos vértices están respectivamente calificados por la capacidad para realizar una acción deliberada en este terreno, por la capacidad creadora y por la capacidad empresarial (Sábato y Botana, La Ciencia y la Tecnología en el desarrollo futuro de América Latina, 1970). Por eso, para poder afrontar esta nueva etapa, tanto los trabajadores y las trabajadoras como los grupos empresariales tienen que prepararse para los nuevos desafíos que se avecinan.

Podemos aseverar que, sin un Estado que impulse e intervenga activamente con políticas públicas y como articulador entre el entramado científico y tecnológico y el productivo, estas nuevas tecnologías generarán una pérdida de soberanía y –como consecuencia– una extranjerización de las ganancias que se generen. El establecimiento de una política científica y tecnológica autónoma –correspondiente a los intereses propios de la Nación– sería la expresión política, fundamental, de la decisión de conquista de una autonomía nacional (Bayer, “Autonomía nacional y política científica y tecnológica”, 2011). No basta, sin embargo, con construir una vigorosa infraestructura científico-tecnológica para asegurar que un país será capaz de incorporar la ciencia y la técnica a su proceso de desarrollo; también se debe transferir a la realidad los resultados de la investigación para acoplar la infraestructura científico-tecnológica a la estructura productiva de la sociedad.

[1] Este informe fue elaborado en base a debates, revisión bibliográfica y entrevistas a referentes de los distintos temas que abarca, las que fueron llevadas a cabo por los y las integrantes de la subcomisión creada ad hoc en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria.

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