El desarrollo productivo –junto con las demandas de empleo e ingresos dignos, de seguridad, salud, educación y justicia– integra el conjunto de las principales demandas populares, y por tanto es parte del núcleo del programa de gobierno que el peronismo deberá ofrecer a los argentinos y las argentinas en las próximas elecciones. Un programa que ponga en valor el rol del Estado como promotor de los derechos y de una vida digna para todas y todos los argentinos, en contraposición al programa neoliberal que reduce el rol del Estado al de un simple promotor de sus propios negocios.
Como pidió Cristina Fernández de Kirchner en su disertación del 27 de abril en el Teatro Argentino de La Plata, en esta ocasión se trata de aportar un conjunto de ideas que desde la perspectiva del desarrollo productivo contribuyan a fundamentar los contenidos de un programa peronista para el próximo gobierno que –con las candidatas y los candidatos más apropiados– nos conduzca a la victoria en las elecciones presidenciales de 2023. Estos aportes están destinados a los compañeros y las compañeras que asuman ese desafío.
La cuestión más importante que debe focalizar nuestro programa es revertir la situación presente que muestra un crecimiento económico cuyos beneficios se los quedan cuatro vivos y no sólo no llegan al conjunto de la población, sino que además castiga impiadosamente y con mayor intensidad a los más necesitados por vía de la inflación en los artículos de primera necesidad. Se trata, ni más ni menos, de transformar el actual modelo de crecimiento económico excluyente en un modelo de crecimiento social y económico incluyente. En otras palabras, se trata de volver a fundamentar nuestro desarrollo nacional en la producción y el trabajo.
Este diagnóstico impone que las prioridades de las políticas y los instrumentos que conformen nuestro programa para el desarrollo productivo deban ser establecidas en base al mayor grado de inclusión social y de eficaz redistribución del ingreso que pueda generar cada uno de ellos, en el plazo más breve y con la mejor distribución federal que sea posible. Sobre esta base se propone que las políticas e instrumentos del capítulo de desarrollo productivo de nuestro programa tengan como objetivos las siguientes prioridades:
- reducir la pobreza y poner a fin al hambre y la miseria en nuestro país;
- desarrollar a las MiPyMEs y a los actores de la economía social con sentido federal;
- asegurar la soberanía en la explotación de nuestros recursos naturales –litio, gas, petróleo, minerales, agua, etcétera– en condiciones compatibles con los intereses provinciales y nacionales y con la sustentabilidad ambiental;
- ampliar las producciones y las exportaciones de bienes y diversificar sus productores y sus exportadores, eliminando las restricciones en la disponibilidad de divisas y reduciendo el poder de los monopolios y los oligopolios;
- convocar al capital internacional para contribuir al desarrollo en modo compatible con los objetivos precedentes y los demás contenidos de nuestro programa de gobierno.
En distintas publicaciones previas se trataron temas que hacen al desarrollo productivo y se elaboraron propuestas para alcanzarlo. Seguidamente se tratará de integrar algunas de esas propuestas con otras que conducen a los objetivos prioritarios arriba señalados.
Reducir la pobreza y terminar con el hambre y la miseria en nuestro país
Junto con la mejora de la redistribución de ingresos, esa finalidad considera imprescindible implementar medidas de intervención directa del Estado Nacional en el mercado de alimentos. Esta intervención requiere la elaboración de un Plan Alimentario Nacional que se puede elaborar tomando como antecedentes los objetivos y los desarrollos existentes de Acercar Alimentos. Una herramienta poderosa de ese plan puede ser la creación de una Empresa Nacional de Alimentos encargada de intervenir en su comercialización con la finalidad de reducir la cantidad de intermediarios y los costos logísticos que median entre productores y consumidores, poniendo así un límite al abuso de posiciones dominantes con capacidad de imponer el precio de los alimentos. Con esa finalidad deberán jugar un rol importante las producciones locales, en especial con foco en la agricultura y la agroindustria familiar, campesina e indígena, que entre otras características habilitan modos de producción amigables con las comunidades locales y con el medio ambiente y permiten industrializar la ruralidad.
La disponibilidad de recursos económicos para la implementación de este programa estará cubierta sobradamente con la implementación de medidas destinadas a la reducción de la informalidad económica y otras tendientes a reducir la injusta carga impositiva que perjudica a los más débiles en favor de las empresas y los sectores más concentrados. Este objetivo se encuentra indiscutiblemente relacionado con otros componentes de este mismo programa, en especial en lo referente al desarrollo de los actores de la economía social y las MiPyMEs, así como otros componentes del programa general que el peronismo ofrecerá a la ciudadanía, en especial las demandas de empleo e ingresos dignos, salud y educación que deberán ser tenidas en consideración.
Facilitar el desarrollo de los actores de la economía social y de las MiPyMEs
Este desarrollo depende en buena medida de políticas económicas de carácter general destinadas a impulsar un crecimiento económico con inclusión social y que tome en consideración las necesidades de fortalecer el consumo en el mercado interno, facilitar el acceso al crédito, asegurar costos razonables de la energía, de tarifas de servicios públicos y de precios de los insumos de uso difundido –acero, aluminio, plásticos, etcétera–, así como asegurar una defensa razonable del mercado interno contra el dumping social y ambiental en las importaciones.
En lo específico de los actores de la economía social y las MiPyMES, el cumplimiento de este objetivo hace necesario tomar en cuenta las necesidades de los sujetos y los actores prioritarios de nuestras políticas. También resulta necesario tomar en consideración la problemática de los actores de la economía social y las MiPyMEs específicas de cada actividad y de cada localización, sea regional o provincial, definiendo agrupamientos de actores y empresas de similares actividades y localizaciones con denominadores comunes en sus problemáticas de desarrollo, enfocando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada actividad y localización, para establecer una base para la definición de esas políticas específicas que además incluya el acceso a tecnologías para un desarrollo inclusivo y sustentable.
Entre los temas que atraviesan a todas las actividades y localizaciones de las MiPyMEs se destaca la mejora del acceso al crédito, cuestión en la que juegan un rol fundamental las sociedades de garantías recíprocas (SGR) que actualmente están sujetas a exigencias que limitan el acceso al crédito de las MiPyMEs. En el caso de los pequeños emprendedores, en especial los regionales, es recomendable la creación de un fondo de autogarantía que facilite el acceso al crédito, que puede ser fondeado con un porcentaje de los pagos de las cuotas de los créditos concedidos y con fondos propios de la SEPyME.
En el caso de los actores de la economía social es posible implementar medidas a corto plazo, tales como la entrega de tierras en comodato y de asistencia técnica a quienes las pongan a producir, así como la promoción de la agricultura familiar, campesina e indígena, del arraigo, de la producción agroecológica y de mecanismos de asociatividad y de facilitación para constituir cooperativas para la producción. Otro de los instrumentos fundamentales para el desarrollo de los actores de la economía social y las MiPyMES es el desarrollo de una red federal MiPyME destinada a proveer el acceso a la información completa de los mecanismos de promoción disponibles para cada actividad y cada localización, a niveles nacionales, provinciales y municipales, así como proveer soporte para el acceso a esas facilidades y asistencia técnica para facilitar el inicio de nuevas actividades.
Asegurar la soberanía en la explotación de recursos naturales
Es fundamental comprender las relaciones existentes entre soberanía y desarrollo, no sólo desde lo conceptual, sino fundamentalmente desde lo político y lo geopolítico, incluyendo la necesidad insoslayable de concretar el dragado y la operación del Canal Magdalena, así como la profundización de las políticas que aseguren el control soberano del Mar Argentino y de nuestras vías navegables, en especial la Hidrovía Paraná-Paraguay.
En materia de litio, gas natural, petróleo y demás recursos mineros, se trata de establecer políticas que por una parte compatibilicen los derechos provinciales sobre los recursos del subsuelo establecidos en la Constitución Nacional con las necesidades de nuestro programa de gobierno, y que por otra parte faciliten las posibilidades de agregar valor a esos recursos mediante su industrialización en nuestro territorio. Para compatibilizar derechos provinciales con necesidades nacionales hay que poner sobre la mesa los aportes de la Nación en materia de infraestructura, transporte, educación, ciencia y tecnología, entre otros. En el caso del litio, también hay que poner sobre la mesa la conveniencia de coordinar y en lo posible de establecer bases conjuntas con Bolivia y Chile para el desarrollo de su producción y su industrialización.
Respecto de la actividad minera es necesario derogar al Código Minero, que data de 1886 y que otorga beneficios ilimitados a perpetuidad, sin tomar en consideración las tecnologías y la realidad actual de la actividad, tanto en nuestro país, como en la región y en el mundo. En igual sentido resulta necesario derogar la Ley 24.196. Asimismo, corresponde establecer por ley la posibilidad de constituir empresas público-privadas destinadas a la actividad minera, que cuenten con participación del Estado Nacional y las provincias.
Para asegurar la soberanía en el uso de nuestros recursos naturales también es fundamental tomar en cuenta las condiciones para un desarrollo compatible con la sustentabilidad ambiental que necesita nuestra sociedad y nuestros descendientes. Y otra cuestión fundamental para ese fin es la necesidad de controlar los flujos de comercio en nuestras fronteras y en nuestras vías navegables. Para ello se impone la pertinencia de crear una Policía Fiscal y Aduanera que vele por el cumplimiento de nuestras leyes y de los recursos fiscales. Al respecto existen numerosos antecedentes, como los de Colombia, España y Estados Unidos, entre otros. Asimismo, en 2003 se presentó a nuestro Congreso un proyecto de ley que puede ser tomado como antecedente.
Ampliar las producciones y las exportaciones y diversificar productores y exportadores
Bajo este título se encuentran comprendidos los temas generales de la política económica, industrial y comercial destinados a potenciar al mercado interno; ampliar el volumen y el valor de las producciones y las exportaciones existentes; evitar la acción monopólica u oligopólica sobre el precio de los insumos difundidos; así como medidas promocionales específicas destinadas a facilitar las nuevas producciones y la incorporación de nuevos bienes a la oferta exportable. Según el Informe del gasto tributario 2021-2023 de la Secretaría de Hacienda, nuestro país destinará en 2023 el 2,49% de su PBI a exenciones previstas en las leyes impositivas y a la promoción económica. Sólo el 0,68% del PBI se destina a los distintos regímenes de promoción económica e industrial, valor que contrasta con el 0,72% y el 0,75% destinados con igual finalidad en 2021 y 2022, respectivamente. Del total previsto para corriente año, el 52% estará destinado a la promoción industrial en Tierra del Fuego; el 22% tendrá como destino el régimen de fortalecimiento de las MiPyMEs; el 6% el régimen de promoción minera; el 5% para el régimen de promoción de la economía del conocimiento; el 5% será destinado al régimen de promoción de los biocombustibles; el 2,4% a los regímenes de promoción industrial residuales; el 2% al régimen de autopartes; el 1,6% al fomento de energías renovables; y el 1,4% será destinado al reintegro a las ventas de bienes de capital de fabricación nacional. Estos destinos totalizan el 97% del total, quedando el saldo en otros destinos de menor significación económica: entre ellos, algunos de elevado impacto sobre el desarrollo productivo, como es el caso de la promoción en ciencia y tecnología, el fomento de la educación técnica, la inversión forestal, el fomento de la industria naval y el apoyo al capital emprendedor.
Como se mencionó arriba, la implementación de medidas destinadas a la reducción de la informalidad económica y otras tendientes a revisar el actual régimen impositivo hacen viable disponer de fondos necesarios para incrementar las actuales políticas de fomento del desarrollo productivo en condiciones competitivas y de sustentabilidad ambiental que provean a la ampliación de las producciones y la exportaciones actuales y a la incorporación de nuevas actividades y bienes exportables. Como fue advertido en las propuestas para reducir la informalidad económica, resulta evidente que la definición de sectores prioritarios para la asignación de nuevos regímenes de promoción económica, industrial y comercial será objeto de fuertes tironeos entre representantes de los distintos sectores y de intensas negociaciones de esos representantes con el gobierno nacional, lo cual hará imprescindible un fuerte liderazgo de quien conduzca al Poder Ejecutivo Nacional.
Además de las políticas e instrumentos –arriba señalados– que será necesario aplicar para facilitar el desarrollo de los actores de la economía social y las MiPyMES, y como ejemplo de la ampliación de producciones y exportaciones existentes, se menciona la oportunidad de realizar nuevos proyectos petroquímicos a partir de la disponibilidad de materias primas que generará la próxima puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner. Asimismo, a modo de ejemplo del desarrollo de nuevas producciones y ofertas exportables, cabe señalar las oportunidades que brinda la producción de litio y su industrialización, en especial como nueva fuente de las divisas necesarias para el desarrollo nacional.
Una base importante, muy completa y detallada para avanzar en esas definiciones es el Plan de desarrollo productivo, industrial y tecnológico Argentina Productiva 2030, desarrollado por nuestro actual gobierno para evaluar las oportunidades que existen en esta materia, su informe integrador, los informes finales, las propuestas para cada una de las once misiones que lo integran[1] y las propuestas de políticas transversales, entre otras, para financiamiento productivo, formación de capital, infraestructura y logística, centros tecnológicos, así como una biblioteca de 43 documentos complementarios que amplían diversos aspectos de las problemáticas del desarrollo productivo y de distintos sectores productivos y de nuevas amenazas y oportunidades. Para llevar adelante una revisión integral de la política productiva e industrial resulta a todas luces necesaria una estrecha coordinación entre el Plan Argentina Productiva 2030 y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
Convocar al capital internacional
El desarrollo productivo de nuestro país en algunos casos requiere complementar las inversiones de capitales nacionales con inversiones de capital extranjero que aporten al mismo. A la luz de los cambios producidos en nuestra legislación en los últimos 47 años, y también de los ocurridos en la economía internacional, parece necesario realizar una revisión de la legislación vigente en la materia. El antecedente más remoto de la Ley de Inversiones Extranjeras disponible en la página de normativas del gobierno es la Ley de facto 21.382 elaborada por Martínez de Hoz durante la dictadura cívico militar, que por tanto no puede ser tildada de progresista, ni contraria a esos capitales. Entre otras disposiciones, esa ley establecía en su artículo 4 la necesidad de lograr autorización previa en el caso de inversiones destinadas a la Defensa y la Seguridad Nacional, prestación de servicios públicos, comunicaciones, energía, educación, bancos, seguros y entidades financieras. En su artículo 10 establecía la obligación de registrar ante el BCRA los ingresos de capital. También que la remesa de utilidades podía ser suspendida en casos de dificultades de pagos externos (artículo 13); que esas remesas no podrían ser realizadas en caso de incumplimiento con las disposiciones legales (artículo 14); así como el pago de impuestos especiales a la repatriación de utilidades cuando superaran ciertos límites (artículo 15). Todas estas disposiciones fueron eliminadas por sucesivas modificaciones hasta llegar a la versión de 2019 que todavía está vigente y que no pone ninguna limitación a la inversión extranjera, llegando a extremos tales como el caso de Joe Lewis, que en abierta violación de nuestras leyes se viene apropiando e impidiendo el acceso al Lago Escondido.
Desde nuestra perspectiva, las inversiones extranjeras deberían ser facilitadas sólo cuando se destinen a la producción de nuevos bienes o servicios, o a la ampliación de capacidades existentes, la introducción de nuevas tecnologías o la mejora de las existentes, la reducción de monopolios u oligopolios, entre otros casos que contribuyan en modo efectivo a un desarrollo nacional con inclusión social. También desde nuestra perspectiva no deberían ser alentadas las inversiones financieras de corto plazo en tanto contribuyan a mantener una estructura económica primarizada, a presionar sobre la inflación, a facilitar la fuga de capitales o a generar situaciones de crisis sobre la disponibilidad de las divisas que nuestro país necesita para su desarrollo económico con inclusión social.
Agradezco las contribuciones de Débora Giorgi en materia de regímenes de promoción actualmente vigentes; de Josefina Vaca sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación; de Juan Luis Vendrell Alda sobre financiamiento PyME; y de Favio Casarín sobre la legislación minera; también agradezco los aportes y opiniones de Horacio Rovelli, Rubén Lamas, Manuel Pedreira, José Luis García Palazón, Sandra Nicolás, Horacio Ginés (Turi) Muñoz, Néstor Iglesias y José Luis González, así como los intercambios mantenidos con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Productivo del Instituto Patria. En todos los casos, las contribuciones y los aportes recibidos fueron incorporados al texto según mi propio criterio, que no necesariamente coincide con el de quienes me los hicieron llegar. Por ello el texto final no compromete la opinión de los consultados y las consultadas, y mucho menos la opinión de las organizaciones o instituciones a las que pertenecen. También mucho agradeceré cualquier aporte o comentario que merezcan estas propuestas que hagan llegar a mi correo josemafumagalli@gmail.com.
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[1] 1. Duplicar las exportaciones para volver macroeconómicamente sostenibles las mejoras sociales y económicas; 2. Desarrollar la economía verde para una transición ambiental justa; 3. Producir más bienes y servicios ligados a la salud para garantizar la seguridad sanitaria; 4. Impulsar la movilidad del futuro con productos y tecnologías nacionales; 5. Robustecer la Defensa y la Seguridad a partir de desarrollos nacionales de alta tecnología; 6. Adaptar la producción de alimentos a los desafíos del siglo XXI; 7. Profundizar el avance de la digitalización escalando la estructura productiva y empresarial nacional; 8. Desarrollar el potencial minero argentino con un estricto cuidado del ambiente; 9. Modernizar y crear empleos de calidad en los sectores industriales tradicionales; 10. Potenciar encadenamientos productivos a partir del sector primario para generar más trabajo y más desarrollo; y 11. Potenciar la actividad turística para el desarrollo territorial sustentable a partir de la gran biodiversidad local.
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