“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga (…)” (artículo 14 bis de la Constitución Nacional).
El primer punto que debe entrar en debate respecto de quitar la indemnización por despido –tal como la conocemos– es que la Constitución Nacional en su artículo 14 bis dice que debe haber protección contra el despido arbitrario. La creación de un fondo que facilite el costo de despedir para los empresarios sin duda quita esas protecciones. Podremos leerlo de distinta forma, podemos ver distintas interpretaciones, pero sin dudas este tipo de fondos quitaría la protección contra el despido arbitrario.
Hagamos un repaso de cuestiones centrales para poner en debate este tema. Hace poco tiempo, a principios de octubre, le otorgaron el Nobel de Economía a una investigación sobre el salario mínimo –en rigor de verdad, a los resultados, pero también a la metodología de trabajo. En ella se tira por tierra el mito de que un aumento del salario mínimo afecte de modo negativo el empleo. Los resultados fueron los opuestos: se creó más empleo al subir el salario. Más allá de lo mucho que se habló al respecto, a los efectos de este artículo lo primero que quiero mencionar es que no hay causalidad entre bajar el salario y que mejore la cantidad de empleo ofrecido.
La cuestión puntual en discusión: Martín Lousteau, senador de la UCR por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explicó el proyecto de Fondo de Cese Laboral que presentó en el Congreso, el cual busca “finalizar con el negocio de los juicios laborales” a través de la modificación del régimen de indemnizaciones. El proyecto del exministro de Economía de Cristina Kirchner –ahora opositor– busca que el empleador pague, tal como ocurre con las jubilaciones, un fondo de previsión ante un eventual cese de la relación laboral. La indemnización sería la misma, pero el dinero saldría del fondo. Globalización líquida, en un país volátil. Problemático.
El problema principal de una regulación como esta es que su aplicación tendría una impronta de carácter procíclico sobre la actividad económica, en un país donde la estabilidad es un bien preciado. Imaginemos si hay una crisis y es más fácil despedir: ¿acaso lo más importante frente a una crisis no es estabilizar el empleo, para que la economía sienta menos los efectos de ese mal momento, pero además para cuidar a cada familia de trabajadores y trabajadoras? Por supuesto que frente a un evento de daño económico los despidos lógicamente existen, pero el Estado está para aplanar los daños, no para profundizarlos. No sorprende a su vez que la oposición de centroderecha y derecha no vea estas amenazas, ya que cuando hacían los FODAS en 2015 y 2016 tampoco veía nada, y así llegamos al sudden stop y crack down de 2018 que nos arrojó tristemente al FMI y que empujó una caída económica de 8% del ingreso per cápita en cuatro años, con una caída industrial de 16% y una pérdida de empleo privado formal de 3,5%. En agosto de 2021 –contra diciembre de 2019– la caída de empleo privado registrado fue de 1,6%, después de subir durante el último año, según INDEC y OEDE-AFIP.
En este contexto se impone otro comentario más: en la Argentina de las crisis cíclicas, si todos los fondos de cese laboral son intervenidos al mismo tiempo, frente a despidos masivos se corre el riesgo de que la misma dinámica haga colapsar esos fondos, con lo cual perderíamos los empleos, pero también la capacidad de financiamiento de esos fondos, cortándose la cadena por el eslabón más débil, como es usual. Un bodrio.
Un dato que debe sumarse al análisis, y que conviene no soslayar, es que después de la crisis de 2001 –entre enero de 2002 y septiembre de 2007– estuvo vigente la doble indemnización. En esa época gobernaba Néstor Kirchner, estaban con él Alberto y Cristina. En ese lapso el empleo privado creció 2,1 millones de personas y se crearon 186.000 empresas que generan empleo formal: 50% más sobre el nivel de 2002. Por su parte, el salario real en ese período creció 45%, medido por su poder de compra, en base a indicadores de inflación privados –según RIPTE, INDEC y consultoras privadas.
Si se expande la lectura al período que va desde 2002 hasta 2015, se verifica que el salario se duplicó con creces, descontada la inflación –en base a datos de precios de consultoras privadas y los promedios del RIPTE. En esos años se crearon muchas normas y se creó mucho empleo, tal como suele señalar Héctor Recalde.
Como contraste a los números presentados, en el transcurso de los cuatro años del macrismo –que habilitó varios procesos extraordinarios de crisis: Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa– el salario cayó cerca de 20 puntos, mientras la economía en su conjunto caía 8% per cápita entre puntas. Hay más: entre diciembre de 2015 y 2019 se perdieron 225.823 empleos formales privados: casi el 3,5%. El mercado asignando recursos –como decía el macrismo– no ayuda a crear empleo de calidad. Venimos de una experiencia en la que quedó absolutamente claro que es así. De hecho, lo destruyó. Acá hubo un fracaso teórico y un desmanejo práctico.
En este momento, si uno mira los datos de empleo registrado privado –o sea, formal, los que están involucrados en este debate– puede ver que existen 123.340 nuevos empleos formales en el último año –entre agosto de 2020 y el mismo mes de 2021–, con resultado positivo en todas las provincias para ese lapso. En ese período, el promedio –o la mediana, en este caso casi coinciden– de los salarios subió 2,7% en términos reales. Lo cual es realmente poco significativo y poco sensible a los trabajadores y las trabajadoras, pero lo que sí está claro es que no fue una caída. Entonces tenemos, en el marco de la salida de las dos pandemias: crecimiento del empleo y un salario real que se mantiene. En la medida que el empleo se siga recuperando sin verificar nuevas caídas, no debe caber ninguna duda que el salario también lo irá haciendo: va a crecer. El problema entonces es sostener el nivel de actividad –en términos interanuales, entre agosto de cada año la actividad creció 12,8%, y acumula 10,8% en el acumulado de los primeros ocho meses del año– y el crecimiento, y entonces la creación de empleo no tendrá que ver con quitarle derechos a los trabajadores y las trabajadoras. Convengamos que, de 14 sectores, 11 mostraron crecimiento interanual del empleo formal, mientras turismo, transporte y servicios financieros aún se mantienen en baja. Este es el panorama del empleo durante el último año.
En el caso de la industria manufacturera –donde Funes de Rioja lleva la palabra flexibilizar como bandera– el empleo del sector subió a niveles comparables con los de junio de 2019, y todo indica que siguió subiendo en los meses siguientes, quizá superando los niveles previos a la devaluación macrista. Entonces, hablar de flexibilizar es un fetiche: no tiene racionalidad económica, y este punto es central para no tomar una decisión de política equivocada. Por supuesto, esto no quita que cada convenio puede mirarse para atender cuestiones que hacen al empleo de cada sector, pero jamás generando flexibilizaciones.
No perdamos de vista que en todo el mundo la caída de empleo por la pandemia alcanzó un récord desde la segunda guerra mundial. Y en este momento en la Argentina ya existe un empleo formal que está creciendo.
Este hallazgo del periodista Alejandro Bercovich es espectacular: recopiló ciertos datos que son interesantes. Hay tercerizadas del sector gasífero, como Cosugas y Exgadet, con convenios de UOCRA –despido sin indemnización, un sistema especial que tienen por las características del sector– y de Stigas –protección laboral convencional– a la vez. En estas empresas despidieron a varios trabajadores con convenio de UOCRA y a ninguno con indemnización –Stigas. No termina ahí: la propia rigidez de la formalidad ayuda a que bajo el encuadre de Stigas los trabajadores y las trabajadoras tengan en promedio mejor salario que bajo el otro convenio.
Además, la consultora PxQ –Álvarez Agis– rescató un paper del año 2010 de Sebastián Galiani –secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda de la Nación entre enero de 2017 y junio de 2018–, Cruces y Kidyba: se mencionaba que la Argentina entre 1994 y 1999 redujo de 30% a 80% los impuestos al trabajo o cargas laborales. El resultado de esa época fue que el empleo siguió cayendo. No se creó empleo formal: al contrario, subió el desempleo. En Chile, Perú, Turquía y Europa, los resultados sobre el empleo de políticas de reducción de impuestos no encontraron evidencias de impacto.
Los aspectos normativos también llaman la atención. Se habla de flexibilizar el derecho a huelga sin aclarar que es constitucional. Se habla de no incluir la doble indemnización y de permitir despidos en los nuevos empleos, pero ambos casos están contemplados en los DNU 266 y 39 de 2021. Se habla sin saber, y de eso se trata todo este escrito. Los datos son elocuentes: no tiene ningún sentido económico quitar la indemnización tal como la conocemos, ni mucho menos flexibilizar el empleo como piden los partidos de la oposición. Pero, además, y no es menor: no tiene ningún sentido social. El empleo se crea mejorando la actividad económica, con un Estado activo, promoviendo la industria, el salario, la estabilidad macro y la redistribución del ingreso.
Hernán Herrera es miembro de Fundus.AR.
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