Aportes para una agenda productiva peronista

Comisión de Desarrollo Productivo del Instituto Patria

El desarrollo productivo, junto con las demandas de empleo e ingresos dignos, de seguridad, salud, educación y justicia, integra el núcleo principal de las demandas populares, y por tanto de la agenda de gobierno que el peronismo debería ofrecer a los argentinos y las argentinas en las próximas elecciones: una agenda que ponga en valor el rol del Estado como promotor de los derechos y del desarrollo de todas y todos los argentinos, en contraposición a la propuesta neoliberal que reduce el rol del Estado al de un simple promotor de sus propios negocios. Tal como pidió Cristina Fernández de Kirchner en su disertación del 27 de abril en el Teatro Argentino de La Plata, en esta ocasión se trata de aportar un conjunto de ideas que desde la perspectiva del desarrollo productivo contribuya a fundamentar los contenidos de un programa peronista para el próximo gobierno que –con los candidatos más apropiados– nos conduzca a la victoria en las elecciones presidenciales 2023. La cuestión más importante que debe focalizar nuestra agenda es revertir la situación presente, que muestra un crecimiento económico cuyos beneficios se lo quedan cuatro vivos y no sólo no llegan al conjunto de la población, sino que además castiga impiadosamente, y con mayor intensidad, a los más necesitados por vía de la inflación en los artículos de primera necesidad. Se trata, ni más ni menos, de desarrollarnos, crecer, distribuir e incluir a la Argentina y a todos los argentinos y las argentinas.

 

Este diagnóstico impone que las prioridades de las políticas y los instrumentos que conformen nuestra agenda para el desarrollo productivo deberán establecerse en base al mayor grado de inclusión social y a una eficaz redistribución del ingreso que pueda generar cada una de ellas, en el plazo más breve y con la mejor distribución territorial que sea posible. Sobre esta base se propone que las políticas e instrumentos del capítulo de desarrollo productivo de nuestra agenda tengan como objetivos las siguientes prioridades:

  • reducir la pobreza y poner fin al hambre y a la miseria;
  • desarrollar a las MiPyMEs y a los actores de la economía social con sentido federal;
  • asegurar la soberanía en la explotación de nuestros recursos naturales –litio, gas, petróleo, minerales, agua, etcétera– en condiciones compatibles con los intereses provinciales y nacionales y con la sustentabilidad ambiental;
  • ampliar las producciones y las exportaciones de bienes y diversificar sus productores y exportadores, eliminando las restricciones en la disponibilidad de divisas y reduciendo el poder de los monopolios y los oligopolios;
  • convocar al capital internacional para contribuir al desarrollo nacional en modo compatible con los objetivos precedentes y los demás contenidos de nuestro programa de gobierno.

En distintas publicaciones previas se trataron temas que hacen al desarrollo productivo y se elaboraron propuestas para alcanzarlo. Seguidamente se tratará de integrar algunas de esas propuestas con otras que conducen a los objetivos prioritarios arriba señalados.

 

Reducir la pobreza y terminar con el hambre y la miseria en nuestro país

Junto con la mejora de la distribución de ingresos, esa finalidad, por añadidura, hace imprescindible implementar acciones de intervención directa del Estado Nacional en el mercado de agroalimentos. Esa intervención requiere la revisión del Plan Alimentario Nacional, tomando como antecedentes los objetivos y los desarrollos existentes en Acercar Alimentos. Una herramienta poderosa de ese plan alimentario podría ser la creación de una Empresa Nacional de Coordinación de Logística y Comercialización Alimentaria encargada de intervenir en la comercialización, con la finalidad de reducir la cantidad de intermediarios y los costos logísticos que median entre los productores y los consumidores, poniendo así un límite al abuso de posiciones dominantes con capacidad de establecer el precio de los alimentos. Con esa finalidad deberán jugar un rol importante las producciones locales, en especial con foco en la agricultura y la agroindustria familiar, campesina e indígena, y las Mipymes, que entre otras características habilitan modos de producción amigables con las comunidades locales y con el medio ambiente.

La disponibilidad de recursos económicos para la implementación de este programa puede ser cubierta sobradamente con la implementación de medidas destinadas a la reducción de la informalidad económica y otras tendientes a reducir la injusta carga impositiva que perjudica a los más débiles en favor de las empresas y los sectores más concentrados. Este objetivo se encuentra indiscutiblemente relacionado con otros componentes de esta misma agenda, en especial en lo referente al desarrollo de los actores de la economía social y las MiPyMEs, así como otros componentes del programa general que el peronismo ofrecerá a la ciudadanía, en especial las demandas de empleo e ingresos dignos, salud y educación que deberán ser tenidas en consideración.

 

Facilitar el desarrollo de los actores de la economía social y de las MiPyMEs

Este desarrollo depende en buena medida de políticas económicas de carácter general destinadas a impulsar un crecimiento económico con inclusión social y que tome en consideración las necesidades de fortalecer el consumo en el mercado interno, facilitar el acceso al crédito, asegurar costos razonables de la energía, de tarifas de servicios públicos y de precios de los insumos de uso difundido –acero, aluminio, plásticos, etcétera– así como asegurar una defensa razonable del mercado interno contra el dumping social y ambiental en las importaciones.

En lo específico de los actores de la economía social y las MiPyMES, el cumplimiento de este objetivo hace necesario tomar en cuenta las necesidades de los sujetos y los actores prioritarios de nuestras políticas. También resulta necesario tomar en consideración la problemática de los actores de la economía social y las MiPyMEs específicas de cada actividad y cada localización regional o provincial, o sea emprendimientos público-privados (SAPEM), definiendo agrupamientos de actores y empresas de similares actividades y localizaciones con denominadores comunes en sus problemáticas de desarrollo, enfocando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada actividad y localización, para establecer una base para la definición de esas políticas específicas que además incluyan el acceso a tecnologías para un desarrollo inclusivo y sustentable.

Entre los temas que atraviesan a todas las actividades y localizaciones de las MiPyMEs se destaca la mejora del acceso al crédito, cuestión en la que juegan un rol fundamental las sociedades de garantías recíprocas (SGR) que actualmente están sujetas a exigencias que limitan el acceso al crédito de las MiPyMEs. En el caso de los pequeños emprendedores, en especial los regionales, es recomendable la creación de un fondo de autogarantía que facilite el acceso al crédito, que puede ser fondeado con un porcentaje de los pagos de las cuotas de los créditos concedidos y con recursos propios de la Subsecretaría PyME.

En el caso de los actores de la economía social es posible implementar medidas a corto plazo, tales como la entrega de tierras en comodato y de asistencia técnica a quienes las pongan a producir, así como la promoción de la agricultura familiar, campesina e indígena, del arraigo, de la producción agroecológica y de mecanismos de asociatividad y de facilitación para constituir cooperativas para la producción. Se considera conveniente revisar la Ley de Arrendamiento y Sparcería 13.246, la Ley 24.374 de Regularización Dominial y el Decreto-ley de facto 21.680 de creación del INTA.

Otro de los instrumentos fundamentales para el desarrollo de los actores de la economía social y las MiPyMES es el desarrollo de una red federal MiPyME destinada a proveer el acceso a la información completa de los mecanismos de promoción disponibles para cada actividad y cada localización, a niveles nacionales, provinciales y municipales, así como proveer soporte para el acceso a esas facilidades y asistencia técnica para facilitar el inicio de nuevas actividades.

 

Asegurar la soberanía en la explotación de nuestros recursos naturales

Este objetivo aborda temas que también son tratados en otras comisiones del IP. Agregamos estos aportes de la Comisión de Desarrollo Productivo, desde la cual podemos aportar conocimientos, ideas y expertos. Es fundamental comprender las relaciones existentes entre soberanía y desarrollo, no sólo desde lo conceptual, sino fundamentalmente desde lo político y lo geopolítico, incluyendo la necesidad insoslayable de concretar el dragado y la operación del Canal Magdalena, así como la profundización de las políticas que aseguren el control soberano del Mar Argentino y de nuestras vías navegables, en especial la Hidrovía Paraná-Paraguay.

En materia de litio, gas natural y petróleo y demás recursos mineros, se trata de establecer políticas que por una parte compatibilicen los derechos provinciales sobre los recursos del subsuelo establecidos en la Constitución Nacional, con las necesidades de nuestro programa de gobierno, y que por otra parte faciliten las posibilidades de agregar valor a esos recursos mediante su industrialización en nuestro territorio. Para compatibilizar derechos provinciales con necesidades nacionales hay que poner sobre la mesa los aportes de la Nación en materia de infraestructura, transporte, educación, ciencia y tecnología, entre otros. En el caso del litio, también hay que poner sobre la mesa la conveniencia de coordinar y en lo posible de establecer bases conjuntas con Bolivia y Chile para el desarrollo de su producción y su industrialización.

Respecto de la actividad minera es necesario derogar al Código Minero, que data de 1886 y otorga beneficios ilimitados a perpetuidad, sin tomar en consideración las tecnologías y la realidad actual de la actividad, tanto en nuestro país como en la región y en el mundo. En igual sentido resulta necesario revisar la Ley 24.196 de actividad minera. En esa revisión correspondería establecer la posibilidad de constituir empresas público-privadas destinadas a la actividad minera, que cuenten con participación del Estado Nacional y las provincias.

Para asegurar la soberanía en el uso de nuestros recursos naturales también es fundamental tomar en cuenta las condiciones para un desarrollo compatible con la sustentabilidad ambiental y los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que necesita nuestra sociedad y nuestros descendientes, incluyendo la necesidad de una ley nacional de plaguicidas. Otra cuestión fundamental para asegurar la soberanía en la explotación de nuestros recursos naturales es la necesidad de controlar los flujos de comercio en nuestras fronteras y en nuestras vías navegables. Para ello se impondría la necesidad de crear una Policía Fiscal y Aduanera que vele por el cumplimiento de nuestras leyes y de los recursos fiscales. Al respecto existen numerosos antecedentes para ser analizados. Asimismo, en 2003 se presentó a nuestro Congreso un proyecto de ley que también puede ser tomado como antecedente.

 

Ampliar las producciones y exportaciones y diversificar a productores y exportadores

Bajo este título se encuentran comprendidos los temas generales de la política económica, industrial y comercial destinados a potenciar al mercado interno; ampliar el volumen y el valor de las producciones y las exportaciones existentes; evitar la acción monopólica u oligopólica sobre el precio de los insumos difundidos; así como medidas específicas del desarrollo productivo destinadas a facilitar las nuevas producciones y la incorporación de nuevos bienes a la oferta exportable. Según el Informe del gasto tributario 2021-2023 de la Secretaría de Hacienda, nuestro país destinará en 2023 el 2,49% de su PBI a exenciones previstas en las leyes impositivas y a la promoción económica. De ese total sólo el 0,68% del PBI se destina a los distintos regímenes de promoción económica e industrial, valor que contrasta con el 0,72% y el 0,75% destinados con igual finalidad en 2021 y 2022, respectivamente. Del total previsto para el corriente año, el 52,2% estará destinado a la promoción industrial en Tierra del Fuego; el 21,7% tendrá como destino el régimen de fortalecimiento de las MiPyMEs; el 5,8% el régimen de promoción minera; el 5,3% el régimen de promoción de la economía del conocimiento; el 4,7% será destinado al régimen de promoción de los biocombustibles; el 2,4% a los regímenes de promoción industrial residuales; el 2% al régimen de autopartes; el 1,6% al fomento de energías renovables; y el 1,4% del total será destinado al reintegro a ventas de bienes de capital de fabricación nacional. Estos destinos totalizan el 97,1% del total, quedando el saldo en otros destinos de menor significación económica, entre ellos algunos de elevado impacto sobre el desarrollo productivo, como es el caso de la promoción en ciencia y tecnología, el fomento de la educación técnica, la inversión forestal, el fomento de la industria naval y el apoyo al capital emprendedor.

Como se mencionó más arriba, la implementación de medidas destinadas a la reducción de la informalidad económica y otras tendientes a revisar el actual régimen impositivo hacen viable disponer de los fondos necesarios para incrementar las actuales políticas de fomento del desarrollo productivo en condiciones competitivas y de sustentabilidad ambiental, que provean a la ampliación de producciones y exportaciones actuales y la incorporación de nuevas actividades y bienes exportables. En el plano agroalimentario deberíamos avanzar en la definición de un modelo productivo sustentable e inclusivo que incorpore los conceptos de Bioeconomía, Bioética, Biosfera y Biodiversidad.

Además de las políticas e instrumentos arriba señalados que será necesario aplicar para facilitar el desarrollo de los actores de la economía social y las MiPyMES, y como ejemplo de la ampliación de producciones y exportaciones existentes por parte de grandes empresas, se menciona la oportunidad de realizar nuevos proyectos petroquímicos a partir de la disponibilidad de materias primas que generará la próxima puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner. Asimismo, a modo de ejemplo del desarrollo de nuevas producciones y ofertas exportables, cabe señalar las oportunidades que brinda la producción de litio y su industrialización, en especial como nueva fuente de las divisas necesarias para el desarrollo nacional. Una base importante, muy completa y detallada para avanzar en esas definiciones es el Plan de desarrollo productivo, industrial y tecnológico Argentina Productiva 2030, desarrollado por nuestro actual gobierno para evaluar las oportunidades que existen en esta materia, su informe integrador, los informes finales y las propuestas para cada una de las once misiones que lo integran[1], las propuestas de políticas transversales, entre otras, para el financiamiento productivo, formación de capital, infraestructura y logística, centros tecnológicos, así como una biblioteca de 43 documentos complementarios que amplían diversos aspectos de las problemáticas del desarrollo productivo y de distintos sectores productivos y de nuevas amenazas y oportunidades. Para llevar adelante una revisión integral de la política productiva e industrial resulta a todas luces necesaria una estrecha coordinación entre el Plan Argentina Productiva 2030 y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

 

Convocar al capital internacional

El desarrollo productivo de nuestro país en algunos casos requiere complementar las inversiones de capital nacional con otras de capital extranjero que aporten al mismo. A la luz de los cambios producidos en nuestra legislación en los últimos 47 años, así como también de los cambios producidos en la economía internacional, parece razonable realizar una revisión de la legislación vigente en la materia. El antecedente más remoto de la Ley de Inversiones Extranjeras disponible en la página de normativas del gobierno es el Decreto-Ley de facto 21.382 dictado por Martínez de Hoz durante la dictadura cívico militar, que por tanto no puede ser tildada de progresista, ni contraria a esos capitales. Entre otras disposiciones, esa norma establecía en su artículo 4 la necesidad de lograr autorización previa en el caso de inversiones destinadas a defensa y la seguridad nacional, prestación de servicios públicos, comunicaciones, energía, educación, bancos, seguros y entidades financieras. Su artículo 10 obligaba a registrar ante el BCRA los ingresos de capital. También establecía que la remesa de utilidades podía ser suspendida en casos de dificultades de pagos externos (artículo 13); que esas remesas no podrían ser realizadas en caso de incumplimiento con las disposiciones legales (artículo 14); así como el pago de impuestos especiales a la repatriación de utilidades (artículo 15). Todas esas disposiciones fueron eliminadas por sucesivas modificaciones, hasta llegar a la versión de 2019 que todavía está vigente y que no pone ninguna limitación a la inversión extranjera, llegando a extremos tales como el caso de Joe Lewis que, en abierta violación de nuestras leyes, se viene apropiando del Lago Escondido e impidiendo el acceso al mismo.

Desde nuestra perspectiva las inversiones extranjeras deberían ser facilitadas sólo cuando se destinen a la producción de nuevos bienes y servicios o la ampliación de capacidades existentes; la introducción de nuevas tecnologías o la mejora de las existentes; la reducción de monopolios u oligopolios; entre otros casos que contribuyan en modo efectivo a un desarrollo nacional con inclusión social. También desde esa perspectiva no debería ser alentadas las inversiones financieras de corto plazo en tanto contribuyan a mantener una estructura económica primarizada, a presionar sobre la inflación, a facilitar la fuga de capitales o a generar situaciones de crisis sobre la disponibilidad de las divisas que nuestro país necesita para su desarrollo económico con inclusión social.

[1] 1. Duplicar las exportaciones para volver macroeconómicamente sostenibles las mejoras sociales y económicas; 2. Desarrollar la economía verde para una transición ambiental justa; 3. Producir más bienes y servicios ligados a la salud para garantizar la seguridad sanitaria; 4. Impulsar la movilidad del futuro con productos y tecnologías nacionales; 5. Robustecer la Defensa y la Seguridad a partir de desarrollos nacionales de alta tecnología; 6. Adaptar la producción de alimentos a los desafíos del siglo XXI; 7. Profundizar el avance de la digitalización escalando la estructura productiva y empresarial nacional; 8. Desarrollar el potencial minero argentino con un estricto cuidado del ambiente; 9. Modernizar y crear empleos de calidad en los sectores industriales tradicionales; 10. Potenciar encadenamientos productivos a partir del sector primario para generar más trabajo y más desarrollo; y 11. Potenciar la actividad turística para el desarrollo territorial sustentable a partir de la gran biodiversidad local.

 

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