Empiezo a enlazar algunas ideas sobre los desafíos que tenemos quienes impulsamos la agenda feminista y de género desde el peronismo, atravesada por el reciente femicidio de Úrsula Bahillo a manos de Matías Martínez, expareja de la joven de 18 años. Este nuevo caso de violencia de género e impericia de los organismos del poder judicial –quienes tenían la información suficiente para evitar esta tragedia– generó una inmediata movilización de amigxs y familiares de Úrsula en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. A su vez, el colectivo feminista en sus distintas versiones –organizaciones, redes, autoconvocadxs– llamó a manifestar frente a los tribunales de todo el país para reclamar medidas concretas que eviten que nos sigan matando, para visibilizar una vez más que nos matan por ser mujeres, por ser lesbianas, por ser gays, travestis o no binaries. Los carteles y banderas, además de reclamar justicia por el femicidio de Úrsula, tenían una consigna clara: reforma judicial con perspectiva de género. Los datos presentados por el observatorio de violencias de género Ahora que sí nos ven explican la urgencia de este reclamo: sólo en enero de 2021 fueron 33 los femicidios, y más de la mitad de los femicidas eran parejas o exparejas de las víctimas.[1]
La realidad implacable deja en evidencia que, a pesar de conquistas como la sanción de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, acompañada de la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, más conocida como el Plan de los Mil Días, la agenda para garantizar derechos básicos como la vida o el acceso a la salud y la justicia de mujeres y disidencias[2] tiene por delante un camino de reformas y reparaciones históricas. Ambas normas marcan un punto de inflexión y representan un avance en materia de acceso a derechos, porque el sujeto destinatario de la política pública son los cuerpos gestantes: que las mujeres y todos los géneros con capacidad de gestar tengan herramientas para decidir hacerlo o no, y que en ambos casos el Estado tenga un rol presente en garantizar derechos esenciales y acompañar a esas personas en su decisión. Ahora bien, el gran desafío –como sucede con muchas otras legislaciones de avanzada que tenemos en la Argentina, como la Ley de Identidad de Género– es su efectiva aplicación. En este sentido, las redes del feminismo, y en particular el peronismo feminista, disidente, no binario, tiene la enorme responsabilidad de difundir esta legislación y hacer que se cumpla en cada pueblo, en cada municipio, en cada provincia del país. Lxs invito entonces a compartir algunas ideas, en borrador, para ir caminando, construyendo, deviniendo entre la comunidad actual y aquella que queremos construir. Una comunidad donde nadie quede afuera, ni sienta que se lo margina por no usar el lenguaje inclusivo, pero fundamentalmente una comunidad donde tragedias como las que terminaron con las vidas de Úrsula Bahillo o Micaela García –y tantas otras sin nombre– no sean noticia de todos los días.
La importancia de los gobiernos de cercanía, o federalizar la perspectiva de género
Hace algunos días, en un hermoso pueblo de una provincia argentina donde estuve vacacionando, me encontré con una obra de teatro en la plaza principal impulsada por el área de cultura local. La intención de la puesta en escena era hacer reír y reflexionar a lxs espectadorxs sobre la necesidad de cuidarse en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19. En el devenir de las escenas se reprodujeron todos los sentidos comunes y estereotipos hegemónicos y violentos que existen: violencia doméstica, de género, abuso de poder, discriminación y burlas hacia el personaje trans, y, por supuesto, infidelidad del hombre hacia la mujer. La circulación de estos “sentidos comunes” disfrazados de chistes, de representación teatral o de tradiciones, siguen vigentes en todo el país, con mayor o menor resonancia, pero existen. Claro que el cambio cultural y social en las diferentes comunidades, con relación a la igualdad de derechos y la erradicación de las violencias por motivos de orientación sexual o identidad de género, no es algo que se resuelva de un día para el otro o que se modifique a partir de la sanción de una ley o una ordenanza. En este sentido, un primer paso es visibilizar, ponerle nombre, ya que no se puede combatir un problema si no se lo nombra. La violencia circula a través de prácticas cotidianas y sentidos comunes que sólo las personas que integran esa comunidad pueden desandar o deconstruir. En este sentido, para poder alcanzar el tan mentado arraigo y desarrollo de las personas en sus lugares de origen es fundamental erradicar las violencias por motivos de género u orientación sexual. Naturalmente, para unx joven cuya orientación sexual o identidad de género no se enmarca en las normas del binarismo hegemónico, resulta imposible proyectar un futuro en su pueblo o localidad sin políticas públicas de visibilización, protección e inclusión de las mujeres y disidencias. Lo mismo sucede con la aplicación del Decreto 721/20 de Cupo Laboral Travesti-Trans en el sector público nacional. Iniciativas como esta, que para ser efectivas deben alcanzar también al sector privado, generan condiciones de inclusión real y de arraigo.
La capacitación y la formación en la gestación de políticas públicas con perspectiva de género que logren realmente incluir y proteger a la comunidad LGBTIQ+ es central para la erradicación de casos de violencia, garantizando el cumplimiento en cada pueblo y ciudad del país de leyes nacionales como la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de géneros y violencias de géneros para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes del Estado.[3] Por otro lado, se debe entender que la perspectiva de géneros en la gestión pública es transversal: no aplica solamente al área creada con este objetivo. Con este enfoque, desde el Instituto Nacional de Capacitación Política (INCAP) del Ministerio del Interior se ofrecen talleres orientados a funcionarixs municipales, abordando estas temáticas con perspectiva federal. Asimismo, en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad existen diferentes líneas programáticas que buscan fortalecer institucionalmente a las áreas municipales que llevan adelante las políticas de género, en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.[4] Hay mucho por hacer desde los municipios y los gobiernos de cercanía para visibilizar e incluir a mujeres y personas de la disidencia y por fortalecer e institucionalizar las políticas de género a nivel local. Resulta fundamental, además, comprender que a las políticas de género no corresponde orientarlas solamente a las mujeres. Los sujetos vulnerados por su género u orientación sexual no son sólo las mujeres: toda la comunidad disidente sufre violencias y discriminación.
Interpretar e interpelar la “ola verde”
La movilización de las redes vinculares y organizaciones del feminismo, pero también de las miles de mujeres, lesbianas, gays, trans y no binaries que se colgaron el pañuelo y salieron en forma autoconvocada a las calles a exigir la regulación de los abortos clandestinos, generó una gesta épica que proyectó al feminismo argentino a nivel global. Es cierto que los Encuentros Nacionales de Mujeres –devenidos en Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binaries– tienen una altísima convocatoria desde su primera versión, allá por el año 2005. Sin embargo, a partir de las movilizaciones masivas a raíz de los femicidios que impulsaron la consigna #NiUnaMenos en el año 2015 o las convocatorias en los alrededores del Congreso Nacional cada vez que se debatió algún proyecto vinculado a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, develaron la potencia de un sujeto político nuevo para el tablero de la política tradicional. De hecho, la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner asumió el compromiso político de crear a nivel nacional por primera vez un ministerio que enfoque sus políticas en las mujeres y las disidencias, y en la problemática de violencias por motivos de género u orientación sexual. Ahora bien, lamentablemente –y justamente porque algunos procesos de cambio social y cultural tienen tiempos más extensos que el tratamiento de una ley o la creación de un ministerio– la violencia patriarcal sigue vigente y sigue asesinando a travestis, mujeres y toda otra identidad que no acate las normas del CIStema patriarcal. Frente a esto, el reclamo es hacia el poder judicial y todas sus terminales más capilares, más territoriales. Tomemos como ejemplo el caso de Úrsula, aunque podríamos recuperar cientos de casos más donde el patrón se repite. Úrsula Bahillo había denunciado a su agresor dieciocho veces, existía una medida de protección perimetral. Además, Matías Martínez, que era su expareja, tenía sentencia firme por la violación de una menor y muchas otras denuncias por violencia de género. Sin embargo, este expolicía bonaerense seguía en libertad.
Resulta evidente que es necesario un proceso de reforma judicial con perspectiva de género que contemple la urgencia de proteger a mujeres y disidencias que estén atravesando una situación de violencia y que pueda ejecutar eficazmente las condenas contra los violentos. Lamentablemente, este accionar lento y desprolijo de la justicia no se ve sólo en casos de violencia de género. Quizá parte de las transformaciones estructurales que experimenta la sociedad argentina requieran de una reforma judicial multidimensional. Pero, mientras tanto, las vidas de mujeres y disidencias siguen corriendo peligro.
Creo firmemente que la organización vence al tiempo. Las redes de afectos y cuidados impulsados por el feminismo y las organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ+ fueron ejemplo de contención y organización durante los meses de pandemia, donde muchas personas quedaron sin ingresos y en situación de mucha vulnerabilidad social. La alianza estratégica de estas redes de cuidados con un Estado activo y presente hacia la ampliación y la consolidación de derechos resulta fundamental para avanzar hacia una comunidad libre de violencias, con vínculos más amorosos y menos excluyentes. Alguna vez le escuché decir al exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que algo que define el accionar de los gobiernos populares es la capacidad de sostener el “ida y vuelta”, la flexibilidad que requiere interpretar las demandas que surgen del pueblo organizado y consolidarlas en políticas públicas inclusivas.
Decisión política para avanzar en lo que falta y creatividad para llevar adelante iniciativas políticas que puedan traducirse en políticas públicas de inclusión que pongan en crisis el binarismo y la hegemonía patriarcal son condimentos fundamentales en la agenda del peronismo feminista.
Ivana Salemi es licenciada en Ciencia Política (UBA) y diplomada en Desarrollo Local, Territorial y Economía Social (FLACSO). Es militante del peronismo de San Isidro. Además, integra el Movimiento Disidente de Zona Norte que busca visibilizar y hacer cumplir los derechos de las disidencias sexo-genéricas en las localidades del conurbano norte de la provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como asesora en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y en el Instituto Nacional de Capacitación Política (INCAP).
[1] Información obtenida en: https://ahoraquesinosven.com.ar/reports/33-femicidios-en-2021.
[2] Entendemos por disidencias a todas aquellas personas cuya identidad sexo-genérica no puede ser leída mediante la estructura binaria o la heterosexualidad hegemónica. Esta comunidad podría nombrarse como diversidad o comunidad LGBTTTIQ+, pero en ciertos casos las siglas pueden ser un límite frente a identidades fluidas o en devenir.
[3] La Fundación Micaela García además ofrece capacitación gratuita para organizaciones de la sociedad civil. Contacto: Agustina Díaz 011-62788080: lic.agustinadiaz@gmail.com.
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