Ante la crítica situación por la que está atravesando la educación post pandemia en nuestro país –sólo hay que revisar los resultados de las pruebas de aprendizaje, o hablar con docentes de cualquier nivel para mensurar su dimensión– creo que hace falta tomar medidas audaces de política que en el menor tiempo posible presenten resultados –por supuesto que también se deben realizar cambios estructurales en la escuela, pero no es objeto de esta propuesta. Por otra parte, estamos en un problema político, ya que –como se refleja permanentemente en los medios, en las redes y en los comentarios cotidianos– en los últimos años desde el peronismo se ha perdido la iniciativa en el campo de la educación. Siempre estamos atrás de las propuestas de la oposición: hoy son los vouchers de Milei, o bien la declaración de esencialidad de la educación. Para ello hay que convocar a todas y todos los involucrados en el proceso político y pedagógico que tengan una mirada de defensa de la educación pública, con el fin de acordar urgentemente algunas medidas de carácter macro-educativo. Aquí sólo presento algunas para su discusión.
Declarar la emergencia educativa por tres años
Es necesario que los gobiernos –Nación y provincias– y los sindicatos docentes y de auxiliares se comprometan a:
- Dirimir sus diferencias sin huelgas. En la medida que los sindicatos realicen huelgas sin asistencia a clases por múltiples motivos –algunos muy difícil de explicar al conjunto de la sociedad– resulta imposible adquirir continuidad en las prácticas educativas. Sin negar el derecho a huelga del colectivo docente y auxiliares, la propuesta es que todos hagamos un esfuerzo por encaminar la situación de descontrol que se vive en las escuelas de gestión estatal producto de la discontinuidad registrada. Casi ninguna escuela tiene clases completas durante una semana, lo cual genera un profundo y justificado malestar entre la mayoría de las familias y distorsiona la práctica docente.
- Extremar el control de ausentismo del personal y de alumnos y alumnas. Todos conocemos que actualmente resulta fácil conseguir licencias para no asistir a la escuela. Es deber del Estado controlar el ausentismo del personal docente, auxiliar y de los alumnos, y es deber de los padres y las madres obligar a los alumnos a asistir a clases. El derecho a la educación es fundamental, pero para que se cumpla este derecho también hay que cumplir con ciertos deberes: el Estado –a través de sus gestiones educativas–, docentes, auxiliares, alumnos, madres y padres deben cumplir con la obligación de asistir regularmente a la escuela. Sin asistencia regular y permanente a la escuela, ningún mejoramiento es posible.
- Recuperar la rutina escolar. En la medida en que no se recuperen ciertas rutinas propias de toda escuela, va a resultar muy difícil que las y los docentes enseñen y que nuestros alumnos y alumnas aprendan. Se debe establecer un orden de trabajo que incluya: asistencia regular de todo el personal y de los alumnos; respeto a los horarios; relaciones asimétricas entre docentes y alumnos: cuidado mutuo; que las y los docentes asuman la responsabilidad de enseñar –sin ninguna excusa– y que quienes están a cargo de la gestión –inspección y direcciones– asistan a las escuelas y verifiquen las prácticas pedagógicas.
La escuela debe ser una institución contracultural. No hay que introducir el afuera en ella –sobre todo cuando en el afuera vale todo. La escuela debe tener orden –de ninguna manera autoritario– para desarrollar normalmente sus actividades. El funcionamiento, los roles y las relaciones deben estar claramente definidos –para ello están, entre otros, los documentos de convivencia y el Reglamento General de Escuela.
Realizar una campaña por la alfabetización inicial
Ya fue propuesto en un artículo anterior: “¿Qué hacemos con la lectura comprensiva?”. Hay medidas simbólicas que producen un fuerte impacto en los hechos. Esta es una. Necesitamos que todos nuestros alumnos y alumnas salgan de la escuela con el único elemento esencial que le puede proveer la misma: saber leer y escribir. El derecho a la alfabetización inicial debe ser satisfecho con decisión política y alta capacidad de gestión.
Nacionalizar la formación docente
No se puede desconocer que la formación inicial de maestros y profesores en los Institutos de Formación Docente dependientes de cada jurisdicción provincial está en crisis. Se sabe que: son muchos los que funcionan con un bajo nivel de calidad; que en algunos de esos institutos se dictan demasiadas carreras; que muchos profesores que trabajan en ellos no están en condiciones de ser formadores de otros docentes. Parecería que ninguna provincia está hoy en condiciones de encarar un serio proceso de evaluación de los institutos, debido a sus múltiples compromisos políticos –con los intendentes que quieren uno en su ciudad– y con los sindicatos docentes –más preocupados por el puesto de trabajo que por la calidad de la formación impartida en ellos. Resulta imprescindible que los Institutos de Formación Docente pasen urgente a la jurisdicción nacional para: unificar criterios de formación en todo el país; llevar adelante un serio proceso de evaluación; establecer nuevas condiciones de admisión –un futuro o una futura docente no pueden ingresar a la carrera sin, al menos, poseer lectura comprensiva. No se puede considerar el ingreso irrestricto –y en muchos casos el egreso– en una profesión tan determinante para el país, en institutos de baja calidad con gran parte de formadores de otros futuros docentes que no se encuentran debidamente capacitados para esta tarea.
Fondos de financiamiento específicos
Se debe destinar parte del presupuesto educativo a fondos de financiamiento específicos –tomando como modelo los planes de mejora de la educación técnica– para el sostenimiento de políticas de inversión en infraestructura –debo aclarar que en 2013 fue presentado por el peronismo en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto sobre este tema y la obligatoriedad de la sala de 3 años. Si no se destina presupuesto de uso específico, todos sabemos que no se cumplen las propuestas de campaña –los 3.000 jardines de infantes que prometió Macri son el mejor ejemplo. Opino que inicialmente debería aplicarse a la construcción de escuelas para el nivel inicial –maternal y jardín de infantes– para garantizar la expansión de la oferta que permita universalizar las salas de 3 y 4 años y aumentar la cobertura de maternal.
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