El valor de la educación para el progreso tanto individual como social es algo que pocas personas –nunca hay que generalizar– se atreverían a refutar. Una de las características más indiscutibles es el carácter igualador que tiene al promover la movilidad social. Otra de las características valiosas es la integración a través del conocimiento y el aprendizaje. Sobre este último aspecto es que investigo y escribo. La integración y la inclusión hacen a la calidad educativa, porque es imposible aprender en un ambiente hostil. Cualquier persona que no se siente a gusto, que habita en un contexto adverso, no puede aprender. Y en el caso de la escolaridad media, donde el proceso formativo está más presente, la situación se complejiza aún más. Es en este período donde la sexualidad empieza a cobrar notoriedad personal, así como la identidad, que muchas veces van de la mano. Es por eso que exploro e investigo la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) y cómo el Estado a través de sus organismos hace frente a esta problemática. Es una cuestión de justicia social. De brindar las posibilidades para que todos y todas puedan acceder a la educación.
Teniendo en cuenta que este es un año electoral, mi preocupación y mis observaciones aumentan. Es imprescindible abordar esta temática y observar las vertientes de pensamiento de los diferentes partidos, ideologías y candidatos y candidatas, que muchas veces parecen alejarse de sus núcleos de votantes y otras tantas arman sus discursos en torno a ellos, como sucede con partidos que buscan orientar sus ideas a –por ejemplo– la iglesia católica o las evangélicas, que cada vez tienen mayor peso y trascendencia en los espacios políticos partidarios, tanto en Argentina como en la región.[1] Las evangélicas suelen estar asociadas a partidos de carácter autoritario y que tienen una visión completamente negativa de la perspectiva de la ESI en las aulas.
Socialmente, en las temáticas referidas a la obtención de derechos o la defensa de los derechos obtenidos, aún se presentan batallas y diferencias que no se resolverán en el corto plazo, aunque, dependiendo de la fuerza que resulte victoriosa en las próximas elecciones, el camino será distinto, ya que –aunque increíblemente haya que aclararlo– no todas las políticas son lo mismo. Es por este motivo que a las ideas hay que encontrarlas y brindarles valor. Aún hay notorias diferencias de trato al hombre o a la mujer, o al “otre”. Situaciones traumáticas por las cuales la búsqueda de la equidad y la justicia social se transforman en un estandarte para la realización social, en definitiva. La enseñanza de la ESI busca cubrir esas problemáticas sociales, visibilizándolas y expresándolas en un público con ansias de aprender, de escuchar y de hablar de esto, aún frente a grupos que pretenden desinformar o infravalorar estas luchas, o desacreditarlas, poniendo el absurdo en juego inconsciente, diciendo que inclusión también es enseñar lenguaje de señas, o que haya un menú en braille. La discusión así planteada por los denominados grupos “antiderechos” tampoco logra que otros sectores sociales se incluyan, sino que las disidencias sexuales no sean incluidas. La discriminación entra en escena y se esconde.
La Ley Nacional de Educación Sexual integral 26.150, aprobada en el año 2006, en su artículo primero plantea que: “Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. Esto significa un derecho adquirido para todos los alumnos y las alumnas del país, desde el nivel inicial hasta el superior de formación docente y educación técnica no universitaria. Su aplicación conlleva a su vez un logro para la justicia social, y a su vez un reconocimiento para los varios movimientos que durante años han luchado por los derechos sociales y civiles, los movimientos feministas, así como los reclamos de los movimientos LGBTIQ+, entre otros. Los objetivos de la ley se enuncian en el artículo tercero: incorporar la ESI dentro de las propuestas educativas; asegurar la transmisión de los conocimientos; procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres; entre otros. Todas estas transformaciones sociales traccionan para una revisión curricular de formas y contenidos.
El Estado debe obrar a través de sus instituciones para hacer prevalecer e imponer sus normativas. Estas comprenden desde los acuerdos internacionales sobre la necesidad de la reducción de la disparidad entre los sexos, hasta llegar a eliminarla, así como la desigualdad educativa. Esto es posible gracias a que la pedagogía de la sexualidad fue ganando lugar en las agendas de derechos humanos y de desarrollo sostenible, e irremediablemente –para bien– desde el retorno de la democracia en 1983 ha ido incorporándose a la agenda política de Argentina. En nuestro país –producto de necesidades y problemáticas que se sufren debido a las desigualdades sexuales– el Estado ha ido respondiendo a reclamos de la sociedad en ese aspecto. Desde la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas se sancionaron diversas leyes provinciales que autorizan a hablar de sexualidad en las aulas, comenzando con la que se promulgó en Santa Fe en 1992. En 1993 la Ley Federal de Educación contempló a la sexualidad como contenido curricular, pero no se aclaró la forma en que debía trabajarse, ni se dictaron lineamientos curriculares precisos.
Otro dato importante de esa Ley es que establecía que la totalidad del sistema educativo fuese público, distinguiéndolo por el tipo de gestión: estatal o privado. Así, instituciones educativas, tales como las católicas, quedaban dentro de la órbita estatal. Esto significó que toda institución educativa debía cumplir con las reglamentaciones pertinentes y con las leyes de educación, sin importar su credo o gestión. El Estado tiene de esta manera la obligación de regular y supervisar los servicios educativos privados, observando el cumplimiento de los principios del derecho a la educación, aunque sin imponer como única alternativa educativa la ofrecida por el Estado. ¿Cuánto poder tiene el Estado para controlar esta situación? ¿Cómo hacerlo? Y también, ¿qué tan contraproducente sería una situación de peso constante del Estado sobre las escuelas? Es muy importante considerar el carácter empresarial de las instituciones. El carácter de empleado o empleada en estas escuelas es diferente al que tienen en las instituciones educativas de gestión estatal. En un contexto de precariedad laboral, el temor a la pérdida de trabajo por no coincidir con el ideario del colegio, o por trabajar una temática contraria a lo que los dueños ideológicamente apoyan, son temores constantes de los y las docentes que trabajan en la gestión privada. Esto también hace a la lógica interna de las instituciones. La situación es aún más compleja en aquellos o aquellas docentes en que su situación de revista es de suplente. A todo esto debe sumarse la vigilancia social que incide en la cotidianeidad de la labor docente, o lo que las familias pueden decir al respecto. Este es un proceso dinámico que gravita en los modos de actuar de los sujetos de las instituciones. La implementación de la ley depende mucho del espacio y de los actores intervinientes. El Estado debe dar todas las herramientas necesarias para garantizar los puestos de trabajo. Habiendo una norma que respalda el trabajo docente, ese temor no debiera ser moneda corriente entre los profesores y las profesoras.
La formación y la implementación de la ESI es algo que se reclama en todos los niveles. Esto debe ser bienvenido: significa que hay conciencia de que es un debate que debemos darnos día a día, por el que tenemos que luchar de forma mancomunada. El trabajo realizado día a día en la implementación de esta ley tiene como misión aportar a encontrar esas respuestas para tener una sociedad más justa. También debemos comprender que hay resistencias a la implementación de la ESI, pero no por eso debe plantearse un combate con quienes la resisten: debe partirse de un proceso constructivo, con faros iluminadores que nos recuerden que todavía vivimos un momento instituyente. Un momento de cambio. Por eso la importancia de cada uno y cada una en el aula, trabajando de manera integral la sexualidad. La relación pedagógica es una relación entre sujetos: hay una construcción transformadora con quienes nos rodean. Es sustancial para esto un Estado presente que promueva que se trabajen estas problemáticas. Si el objetivo es una sociedad más justa, garantizar los derechos obtenidos es indispensable.
No pueden proponerse conclusiones acabadas sobre el trabajo pedagógico, por las múltiples realidades y por la creatividad de cada docente. Observamos cómo en las escuelas se presentan tipos de violencia: la violencia educativa –autoritarismo, castigo, inequidad, discriminación– y la violencia cultural –jerarquización de la mirada sobre el mundo. El miedo, la depresión o el abandono son muestras de esa violencia con el alumnado. Para trabajar la violencia hay que reconocerla y nombrarla (Kusch, 2008). Una vez hecho el reconocimiento, el trabajo está en las aulas. La violencia de la exclusión, la que se ve cotidianamente, se traslada a las aulas. Deben existir políticas de Estado que acompañen a que se reduzca lo más rápido posible y en la mayor cantidad de casos.
Nuestros alumnos y nuestras alumnas, desde una posición freireana, buscan una liberación mediante la enseñanza: “la educación como práctica de la libertad” (Freire, 2017). Nuestra tarea como docentes, pedagogos o seres sociales que quieren un país más justo es cumplir con eso, teniendo en cuenta el siguiente axioma: nada sobre el otro, sin el otro. El reclamo es válido de nuestros estudiantes sobre conocer, explorar y –por sobre todo– no sentirse discriminados, no sentirse “minorías sexuales”. Es el motor de su acción liberadora. Es una lucha emancipadora. Debemos escucharlos y permitir una enseñanza horizontal. Las personas se educan en comunión. Hablar de educación y no escuchar a los “educandos”, no es educación. Hay que conocer sus necesidades y deseos. La educación es una construcción a futuro, una creencia en ese futuro. Los cambios son algo que se construye. La palabra humana imita a la palabra divina: es creadora.
[1]Recomiendo para leer e informarse de este tema los libros de Ariel Goldstein: Poder evangélico. Cómo los grupos religiosos están copando la política en América (Marea, 2020) y La reconquista autoritaria. Cómo la derecha global amenaza la democracia en América Latina (Marea, 2022).
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