I
Considero de especial interés para la construcción del proyecto nacional asumir con claridad que el modelo cultural históricamente hegemónico en nuestro país tendió a configurarse a espaldas de la formación social latinoamericana. A modo de síntesis, podemos decir que, transcurrida la gesta independentista con toda su complejidad, aunque de claro perfil americano, y pasadas algunas décadas luego de las grandes batallas y luchas por su sentido, comenzó a ser hegemónico en nuestras latitudes un modelo orientado principalmente hacia los mercados de ultramares antes que hacia la integración latinoamericana, desoyéndose en consecuencia los legados de Bolívar, San Martín, Belgrano, Moreno, Sucre, Artigas y tantos otros líderes regionales. Esta refuncionalización temprana –y podríamos afirmar presurosa– de Argentina al mercado mundial, que se consolidó a partir de las batallas de Pavón y Caseros desde mediados del siglo XIX, configuró un modelo de economía que colocaba a la nación como productora de bienes salariales –alimentos– a precios considerablemente más baratos que los que podían producirse en Europa. Semejante proyecto tuvo una gran potencialidad para el desarrollo capitalista nativo, pero al mismo tiempo mostró desde un comienzo algunas taras propias, pues los beneficiarios de aquel modelo agroganadero-exportador no eran sino los miembros de una oligarquía rentística y por ende interesada en un país para pocos, muy desigual y de espaldas –como se dijo– a la construcción de una fuerza social, cultural, económica y política de carácter latinoamericano.
En general, aunque con variaciones propias, otras naciones del Cono Sur reprodujeron un diseño económico similar que priorizaba la elaboración de materias primas prácticamente sin valor agregado y un crecimiento que excluía a las mayorías nacionales, favoreciendo sustantivamente a aquellos sectores dominantes que paulatinamente fueron ejerciendo el rol de testaferros de los proyectos de nación neocoloniales. Paralelamente, la formación de fronteras políticas, lejos de favorecer la unidad del territorio, la cultura y las historias comunes, tendieron a dividirlo y a definir los límites tras hipótesis de guerra y conflicto. En nuestro medio, la impostada guerra contra el indio, la guerra del Paraguay, entre otras tantas, fueron inscriptas en la historiografía oficial como gestas nacionales, cuando solo significaron pretensiones de hegemonía política y militar derivadas en genocidios, masacres y modelos represivos variopintos, para que cualquier proyecto alternativo inclusivo y transformador de ese statu quo no pudiera darse lugar.
Tal alineamiento del proyecto de sociedad tendió a generar iniciativas de formación y capacitación de recursos humanos funcionales a él, propuestas educacionales basadas en conocimientos teóricos y técnicos ligados al pensamiento neocolonial, al librecambismo dominado por las corporaciones de las naciones imperiales y por lo tanto a la generación de políticas escasamente proclives a integrar experiencias comunes y alternativas entre los países de la región.
Nuestras universidades públicas, a partir del movimiento juvenil y de las políticas democratizadoras en los gobiernos de Yrigoyen y Perón, vivieron cambios profundos. Las transformaciones que se dieron a partir de los procesos reformistas iniciados en Córdoba en 1918 y que se extendieron luego por el país y América Latina impactaron claramente en la democratización del gobierno universitario, contribuyendo a desligar el pensamiento académico de las restringidas esferas del poder clerical, dando lugar a la formación del pensamiento científico y universalista. Por otra parte, las políticas de des-arancelamiento llevadas adelante por el gobierno de Perón fueron claras medidas hacia el mejoramiento de las posibilidades de acceso de los sectores populares a las universidades. Y en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el peronismo generó un tercer movimiento histórico universitario. Siguiendo los legados de la gloriosa juventud de los años 60 y 70 se extienden territorialmente los alcances de la universidad pública hacia los sectores que fueron quedando rezagados de su acceso.
Estos destacables avances en la democratización del conocimiento y el acceso hacia mejores condiciones de vida no llegaron –por distintas y complejas razones– a modificar sustancialmente el modelo de academia, basado en criterios profesionalistas o bien cientificistas, de tipo tradicional. Dado el desarrollo desigual entre las naciones del sur y del norte del globo, aquel desarrollo del pensamiento científico que continuó impartiéndose en las aulas ha sido escasamente propenso en la mayoría de los casos a diseñarse con una mirada puesta en las problemáticas y requerimientos regionales, limitando en ese sentido las potencialidades del crecimiento académico universitario.
Independientemente del rescate necesario y elogioso de la vida universitaria, junto a su calidad y capacidad en la formación ciudadana, me interesa reflexionar brevemente sobre la escasa sintonía de nuestras altas casas de estudios para adaptarse a los requerimientos de formación de cuadros del nivel requerido para los desafíos inmediatos y mediatos que se presentan en lo económico, lo tecnológico, lo político, lo social, lo cultural, etcétera, que configuran el actual desafío de la integración regional.
La mayoría de las universidades nacionales de la región, por sus trayectorias institucionales, propenden –tal vez en consonancia con cualquier sistema universitario– antes a su auto-reproducción que al compromiso con las transformaciones mencionadas y con el proceso de descolonización del conocimiento. Varios reconocidos intelectuales han alertado sobre esto de manera exhaustiva. Podemos afirmar que la preponderancia de cierto cientificismo y academicismo abstracto (Varsavsky, 1994); la conformación de tribus académicas (Becher, 1989); la propensión hacia la reproducción de conocimientos producidos para resolver problemas en los países centrales pero que muchas veces no se adecuan a las necesidades nacionales o a las problemáticas específicas que presenta el diseño de políticas públicas en las estructuras periféricas (Sousa Santos, 2005; Kreimer, 2006); la institución de la autonomía elogiable como fundante del conocimiento crítico, pero muchas veces fetichizada respecto a la necesidad de debatir sobre la producción de conocimientos socialmente relevantes (Puiggrós, 2004; Osuna, 2010); son algunas de las fuerzas centrípetas que traccionan a las universidades en tanto instituciones hacia una oposición –o en el mejor de los casos, a una supuesta neutralidad política y cultural– respecto a los gobiernos democráticos y populares. Si una particularidad distingue a las universidades en general es su fuerza auto-reproductiva como organización para la producción de conocimientos. El propio Varsavsky (1972: 61) sostenía al respecto: “Más que una ventana hacia el mundo, es un enclave, una ‘base cultural’ desde la cual se nos ‘transfiere’ todo lo que los países centrales entienden por ciencia, tecnología, cultura, y a través de ellas su tipo especial de industrialización y economía, sus valores frente al consumo, el trabajo y la sociedad”. Una tendencia que, debe señalarse, ha sido profundizada a partir de la hegemonía de las políticas neoliberales en la educación superior (Gentili, 1998; Banco Mundial, 2000). Agrego: trascender el neoliberalismo necesita del impulso político de universidades orientadas hacia la excelencia académica y no tanto hacia “su excelencia el académico”. Allí radica, me parece, una de las confusiones más dañinas de la cultura universitaria nativa.
II
Independientemente del diagnóstico más o menos certero que podamos encontrar en las expresiones anteriores, sostengo que es necesario mirar hacia el futuro cercano y comenzar a proponer orientaciones que apunten, si no a superar, al menos a reencontrar el sentido de nuestras preocupaciones por el vínculo entre universidad y proyecto nacional y latinoamericano. Lo que intento sostener surge de la premisa de que la promoción del conocimiento universal que fundamenta y sostiene el conocimiento universitario debe partir de un vínculo sistemático entre lo particular y lo universal. En un mundo diverso, las regiones son aquellos ámbitos en los cuales determinadas especificidades culturales, sociales, geográficas, ambientales, productivas y tecnológicas –entre otras– se expresan y orientan en la búsqueda de un reconocimiento y un lugar en el mundo. Profundizando brevemente en esto, insisto en que nuestra mirada extiende sus raíces en el convencimiento de que la inserción virtuosa de nuestra nación en el mundo actual requiere que lo producido y lo difundido en nuestras instituciones de educación superior resignifiquen los tradicionales modelos universitarios, mediante un esquema, un paradigma, en el cual veamos coexistir a nuestras universidades con multiversidades, ampliando de esta manera las potencialidades de nuestra nación. Las multiversidades del siglo XXI deberían ser el reaseguro frente al pensamiento único y unilateral, ya que tienden a incorporar aquellos saberes, conocimientos, experiencias y prácticas que no han sido contenidos en las modalidades de la enseñanza universitaria tradicional, por razones que es importante explorar y que aquí apenas esbozamos. Por ello, desde el punto de vista pedagógico y educativo, aquellos aportes innovadores serán el soporte sustantivo de los diseños curriculares e investigativos a desarrollar.
La crítica al mundo académico y desde el movimiento nacional y popular debe hacerse sin estereotipos ni consignas fáciles, pero con clara honestidad intelectual. Por ello –y sin que lo aquí expresado configure o constituya una contradicción en sus propios términos– sostengo que es en nuestras universidades nacionales, y en general en aquellas pertenecientes a los países de la región y otras instituciones productoras de conocimiento, donde se encuentra la mayor parte de la masa crítica con capacidades y experiencia para la producción de las principales innovaciones en la formación y la capacitación de las y los jóvenes en la perspectiva de la Patria Grande. A ello debe sumarse también la experiencia y los conocimientos de los cuadros políticos y los equipos de gestión de las áreas de gobierno alcanzados por el movimiento popular y, por supuesto, en las experiencias y saberes existentes en las organizaciones sociales y políticas que se vienen enfrentando a la necesidad de dar cuenta de políticas creativas, de nuevos diseños institucionales, de procesos innovadores de gestión, etcétera, que resultan imprescindibles para salir del atolladero neoliberal y conservador. Allí se encuentra la masa crítica principal desde donde abrevar para los nuevos requerimientos de formación superior. Pero hace falta un esfuerzo político mayor, ya que se trata de reemplazar el voluntarismo a ultranza por la sistematización y la organización de los saberes y las experiencias en marcha, superando incluso las limitaciones de los diseños institucionales tradicionales.
Nada debemos reprocharle al voluntarismo creativo. Es elogiable que exista frente a las anteriores políticas de entrega y de sumisión de la política al dictamen del establishment. Pero si queremos que los logros se vayan afianzando, que las iniciativas deriven en planeamiento estratégico, que las experiencias desarrolladas a lo largo y lo ancho de nuestra América Latina sean compartidas, discutidas, comparadas, repensadas y formuladas como nuevo pensamiento y acción, es imprescindible producirlos como programas de formación para las y los jóvenes actuales y futuros y futuras dirigentes, integrando los conocimientos y las experiencias existentes en distintos temas en la región.
A pesar del tiempo transcurrido, hoy estamos frente a una nueva oportunidad de integración, de volver a diseñar en este nuevo siglo XXI un proyecto latinoamericano que recupere aquella utopía de los padres fundadores. La enorme crisis actual del capitalismo mundial y sus malogrados proyectos neoliberales en nuestra región y el mundo –uno de cuyos emergentes es la actual pandemia que vivimos en el planeta– debe ser el motor para nuevos intentos de pensar, reinventar, innovar y crear nuestro destino de acuerdo a los intereses nacionales y populares, para producir y difundir conocimientos acordes a los intereses y las necesidades de nuestros pueblos.[1]
Desde los albores del presente siglo estamos presenciando y viviendo una época de transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales muy profundas en América del Sur, que permiten caracterizarla como un intento de cambio de paradigma. Ese intento, esa voluntad de cambio, vienen sacudiendo tal vez con más énfasis que nunca los cimientos neocoloniales de nuestra América Latina y Caribeña, de la mano principalmente de sus pueblos movilizados, activos y participativos, pero que al mismo tiempo y con osadía llegaron a ser gobierno. Así, hemos vivido con esperanza el reencuentro de nuestras y nuestros líderes, surgidos de esas luchas diversas, pero bajo el manto de la hermandad latinoamericana y cuya máxima expresión fue la declaración del “No al ALCA”, aquel 24 de octubre de 2005 en Mar del Plata. Esta reincidente realidad política, social, económica y cultural quedó plasmada inicialmente con una enorme fuerza simbólica en aquellos memorables festejos del bicentenario, dando la impronta de que otro modelo de nación es posible, que otra historia debe ser narrada, que la memoria no es sólo recuerdo, sino recuperación creativa de los proyectos invisibilizados por el poder de las corporaciones económicas dominantes.
También vivimos la manera en que –frente a semejante movimiento político hacia la unidad en lo diverso y las políticas de integración– el poder hegemónico se recreaba, se vestía de nuevas galas, mostraba nuevos espejos coloridos para volver a seducir a los pueblos, de la mano de los medios de comunicación concentrados y de una justicia dominada por los negocios de la judicialización de la política. Utilizando métodos novedosos que la sociología política aún intenta desentrañar, orientó con éxito un nuevo proyecto regresivo en la región y en el país, y que en escasos cuatro años logró retrotraer la situación en forma significativa. Hoy se avizoran nuevamente proyectos políticos económicos y culturales y modelos de gestión gubernamental que se encaminan a recuperar aquellos legados inducidos por las necesidades históricas y culturales de los distintos pueblos, a la construcción, aún incipiente, de una Patria Grande unida, solidaria y con proyecto común en su diversidad. Pero en el entendido de que no es saludable para el desarrollo sostenible de nuestra región semejante pendular de las estrategias de desarrollo, necesitamos consolidar la formación de nuestros jóvenes. De esto da cuenta también el interés de la juventud que encuentra nuevos y renovados bríos para involucrarse en la construcción del proyecto nacional y latinoamericano, luego de las oscuras noches pasadas. Esta renovada irrupción de las y los jóvenes en la política, en la construcción de un nuevo mundo, en la revitalización de los reclamos de igualdad y justicia social, demanda también de las universidades una nueva perspectiva, un ponerse en sintonía con la época.
En general, los gobiernos latinoamericanos que están recuperando paso a paso los principios integradores del MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC han realizado ingentes esfuerzos para que la educación –y la salud, etcétera– salga del ninguneo presupuestario, del desguace edilicio y académico, cuando no de desandar proyectos de privatización a que fueron sometidos sus sistemas, dentro de los cuales un capítulo especial lo constituyen las universidades. Especial mención debe hacerse del gobierno argentino, que en gloriosos ocho años logró incrementar el presupuesto educativo, haciéndolo llegar a un sustantivo 6,5% del PBI –el mayor porcentaje en la historia reciente de la nación– e indicando con claridad la prioridad puesta en la educación. Era necesario, en esa primera etapa, sacar a la educación pública del oscurantismo neoliberal, con salarios que no superaban en el 2002 la línea de pobreza y que retornaron con el gobierno para elites del macrismo. Las escuelas y las universidades volvieron al pasado ominoso, sin presupuesto para inversiones en equipamiento y edificios, y sin proyectos esperanzadores para nuestra juventud.
Pero es necesario insistir, en el marco de los cambios y las necesidades de la región, que nuestros países enfrentan una situación relativamente deficitaria en la formación de cuadros técnico-profesionales. Sintéticamente, podemos afirmar, tal como lo han hecho los líderes de los nuevos gobiernos regionales, que esta situación de escasez de recursos humanos adecuadamente formados puede ser explicada por aquella historia de sometimiento que se ha profundizado como resultado del desguace de los Estados promovido por las políticas neoliberales y conservadoras, dando como resultado un déficit cuantitativo de cuadros técnico-profesionales. Un país y una región para pocos y con escasa integración productiva, social y cultural no necesitaba que su pueblo y –principalmente– su juventud se capaciten para nuevos desafíos.
Con el objetivo de que los gobiernos transformadores de la región puedan incluir el potencial de formación científica y tecnológica y la acumulación de conocimientos existentes para la formación de los nuevos jóvenes dirigentes, tanto del gobierno y las empresas públicas como de los movimientos sociales y organizaciones sindicales, planteamos ya en el año 2010 la conformación de Universidades de las Naciones del Sur, U-NASUR, o Universidades de la Patria Grande. Una aclaración necesaria que explica en parte esta propuesta: considero que el objetivo de la formación continua de cuadros y agentes para el proyecto de la integración latinoamericana no debería sostenerse en un modelo pensado para forzar a los sistemas universitarios con el objetivo de adecuar sus ofertas académicas hacia las demandas de profesionales y cuadros técnico-políticos de los distintos gobiernos y agencias, ya que semejante forzamiento traería consecuencias no deseables en las propias instituciones universitarias y en los propios gobiernos. Decíamos en aquel entonces que, por el contrario, lo que se requeriría es generar un dispositivo capaz de integrar –mediante una propuesta creativa y no invasiva de la autonomía universitaria– instrumentos de cooperación y participación de aquellos grupos de docentes e investigadores, cátedras, laboratorios, funcionarios, agentes de fundaciones, ONGs, institutos, etcétera, que –siendo portadores de saberes, técnicas y experiencias acordes– puedan ser integrados, incorporados, a la agenda UNASUR-MERCOSUR-CELAC universitaria a promover, incluyendo a las nuevas formas de concebir la universidad en el marco del desarrollo de la Comunidad Organizada nacional y regional. Esto requiere necesariamente de un conjunto de instrumentos de gestión pública específicos y de incentivos –que no corresponde por los límites propios de este escrito formular aquí y que dejaremos para una segunda instancia. Independientemente de esto último, es importante aclarar que la construcción de las universidades o nodos universitarios de la Patria Grande implica ante todo la aplicación de una clara voluntad política integracionista, antes que monumentales desarrollos de infraestructura y financiamiento.
El retroceso provocado por la restauración del neoliberalismo en nuestro medio entre los años 2015 y 2019 hizo que aquel objetivo latinoamericanista se estrellara contra una pared. Pero una pared que tiende a desmoronarse nuevamente, pues hoy asistimos a un nuevo ciclo que necesariamente deberá tender a promover con énfasis esos procesos integradores con agenda común en la diversidad.
La necesidad política de una formación universitaria en el marco de una agenda de la Patria Grande radica en al menos cuatro cuestiones pedagógicas que se consideran centrales: la primera consiste en el trabajo de articulación entre las demandas gubernamentales de formación de profesionales en las distintas especialidades –no restringiéndose a la formación de funcionarias y funcionarios públicos– y las ofertas existentes aunque re-orientables en las distintas universidades, institutos o instituciones de capacitación en la región; la segunda implica un tipo de formación que articule la capacitación de alta calidad académica con aquella proveniente de las prácticas en la gestión y las acciones transformadoras; la tercera –y que se deriva de los anteriores considerandos– es que todas las propuestas curriculares deberían ser planificadas a término en función de las prioridades que vayan surgiendo de los estudios de agenda; y la cuarta es la generación de redes regionales de saberes y experiencias sobre cada temática prioritaria a investigar o diseñar curricularmente. Se trataría de un modelo de funcionamiento en redes de equipos –que involucren a académicos, académicas, funcionarias, funcionarios y dirigentes sociales– conformadas de acuerdo a cada línea de formación, recuperando de esta manera las distintas experiencias que sobre dicho tema se desarrollen en los distintos países de la región. Proponíamos también en aquel entonces que la propia multiversidad de la Patria Grande sería un sistema de redes latinoamericano que perfectamente podría tener gestiones rotativas cada tantos años y con distintas sedes especializadas, de acuerdo a las potencialidades e intereses de cada país. Hoy, en el marco de una salida pospandemia, este modelo tendría más vigencia que nunca.
III
Desde el punto de vista de la orientación teórico-metodológica, se debería concebir la formación académica, profesional y política de las y los estudiantes en el marco de un modelo humanístico-técnico y profesional. En este sentido, se propone que en cada desarrollo curricular se combinen contenidos que apunten a distribuir, manteniendo específicas diversidades, partiendo de una orientación epistemológica basada principalmente en las historias, las teorías y las modalidades latinoamericanas sobre las concepciones del desarrollo económico, político, social y cultural de sus sociedades y naciones. Esto, articulado sistemáticamente con modelos de innovación tecnológica en las áreas disciplinarias a incorporar como prioritarias y experiencias diversas de gestión institucional de los problemas o las políticas de dicha área. Su modalidad pedagógica debería ser a distancia, incorporando las innovaciones y los adelantos tecnológicos pertinentes y accesibles –plataforma virtual con software libre y sistemas de videoconferencias multipunto, por ejemplo–, incluyendo algunas prácticas presenciales, cuyas especificidades deberían priorizar el compartir experiencias políticas de gestión y de organización. Esta articulación entre educación a distancia y prácticas presenciales, de acuerdo a necesidades puntuales de la formación, permite una notable agilidad en la instrumentación de las propuestas y sobre todo abre el camino para una formación sin interrumpir el desempeño laboral por largos períodos.
La formación de cuadros jóvenes, capacitadas y capacitados con la mayor calidad, pertinencia y compromiso, articulando las ofertas del más alto nivel, es un desafío para todos y todas. Todavía estamos lejos del punto de partida que pudo ser construido en la década pasada. Sin embargo, gobiernos populares como los de México, Bolivia, Venezuela, Argentina, Nicaragua, Cuba o El Salvador, con sus diferencias, tienen en sus prioridades internacionales a Latinoamérica y el Caribe, como un punto de referencia clave para una agenda multipolar. Al mismo tiempo, la enorme expansión y expresión de movimientos sociales populares en la región –hartos del modelo de sometimiento neoliberal– augura novedades en la conformación de nuevos gobiernos populares. Construir la Patria Grande, fortaleciendo, por ejemplo, experiencias como el Grupo de Puebla, es un imperativo hoy más vigente que nunca para salir a disputar un lugar en ese diseño multipolar del mundo.
Hoy se impone una nueva agenda que profundice aquellos logros, tendiendo a formaciones universitarias que se anclen en la historia y las culturas comunes y diversas de nuestra Patria Grande. La clave de este proceso, pienso, es conceptual y profunda.
Voy a proponer cuatro líneas de necesaria complementariedad para este cuarto movimiento universitario de la Patria Grande. Si bien sostengo que para el caso deberíamos construir un Plan de Acción Estratégico para la Educación Superior de la Patria Grande, en un acuerdo marco entre naciones involucradas –CELAC, por ejemplo– voy a señalar lo que a mi inicial entender podrían esbozarse como algunas líneas de trabajo.
Una de ellas sería la complementariedad regional en la producción y la difusión del conocimiento. Habiéndose producido novedosas aproximaciones a la gestión del conocimiento en la región, ha sido muy escasa la coparticipación en su organización. Así, por ejemplo, si bien se han generado grupos de trabajo regionales en distintas disciplinas, ellos han sido fugaces y no se han traducido en una institucionalización que garantice la continuidad de experiencias, y mucho menos su traducción en líneas de investigación o de formación profesional requeridas para la región. Me refiero por ejemplo a experiencias novedosas en el desarrollo de recursos, como el litio para una minería sustentable, a las experiencias existentes en el conservacionismo productivo; los avances, las experiencias y los saberes alcanzados en producción de alimentos humanos sanos y sostenibles; la generación de propuestas integradoras hacia nuevas regiones escasamente tenidas en cuenta pero de excepcional potencialidad, como la región Andina.
Una segunda línea de trabajo es el diseño de investigación y formación universitaria en la gestión, desarrollo e investigación ligada a los recursos naturales y las áreas protegidas que necesitan ser priorizadas, ya que cada vez con mayor énfasis se las considera de carácter estratégico, pero que aún no han logrado salir de sus paradigmas tradicionales. El manejo de las áreas protegidas de los recursos naturales, su dimensionamiento, el desarrollo de líneas de investigación y de formación se configura hoy más que nunca como central, incluyéndolas como ejes para una política de Defensa y soberanía de los territorios de la Patria Grande, y que requieren del compartir experiencias regionales al respecto.
En esta cuarta ola de avance en los derechos ciudadanos, debemos afianzar el desarrollo de políticas de reconocimiento, participación y formación en la pluriversidad de géneros e identidades, tanto en las universidades existentes como en nuevos diseños de multiversidades regionales. La perspectiva de género que atraviesa el conjunto de las políticas públicas debe también inscribirse como derecho inalienable en las posibilidades y las necesidades de la gestión universitaria y en los modos y las prácticas de construcción del conocimiento. Cualquiera que revise la conformación de los niveles más altos de la gestión universitaria encontrará rémoras muy visibles de patriarcalismo en nuestras universidades tradicionales y en los organismos de gestión universitaria, con el consiguiente sesgo conservador en la capacidad de ampliar el universo posible del conocimiento científico.
Por último y sin pretensión de agotar las temáticas, aún sigue vigente –más allá de los avances realizados– la necesidad de generar multiversidades que incorporen y desarrollen los saberes ancestrales de los pueblos originarios, reconociendo que es una deuda histórica que lleva también en su mochila el movimiento nacional y popular.
Todos estos procesos –como dije, sin que agotemos la lista– requieren esfuerzos de investigación, formación y planificación, pero fundamentalmente de integración de experiencias y saberes. En gran medida sostengo que desconocemos las potencialidades presentes, la posible puesta en valor de cadenas productivas y de conocimientos que implicaría incluirlas en el radar de una política uni y multiversitaria de la Patria Grande.
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Héctor Hugo Trinchero es investigador principal del CONICET, profesor titular consulto de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
[1] Cuando afirmamos cierta correlación entre las políticas neoliberales y la emergencia de la actual pandemia no entramos en especulaciones conspirativas. Nos referimos concretamente a la desaprensión con las economías del cuidado y el desfinanciamiento de los sistemas de salud, lo cual es perfectamente demostrable.
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