La edad de la inocencia

Hay una escena fundamental en Argentina, 1985: la madre del fiscal adjunto, admiradora de Videla, cambia de opinión conmovida por uno de los testimonios en el juicio y lo llama por teléfono para expresarle su apoyo. La escena dramatiza la apuesta refundacional de la república que impulsaba Alfonsín con su política de derechos humanos: las víctimas y quienes no sabían lo que había ocurrido se reconciliaban mediante las revelaciones del juicio al mal absoluto, configurando una comunidad de inocencia de la que estaban excluidos los dos demonios. En ese marco conceptual, el límite de inclusión-exclusión estaba fijado por la teoría de los niveles de responsabilidad que, mediante el argumento de la obediencia debida, exculpaba a la mayoría de los miembros de las fuerzas armadas.

Las controversias que agitaron aquellos años sobre la cantidad de militares que debían o podían ser juzgados no afectaron aquella configuración comunitaria,[1] que entraría en crisis recién en 2001, cuando las dramáticas imágenes de bancos y supermercados rodeados de policías dispuestos a matar ahorristas acorralados y desocupados hambreados ponían en escena la trama de intereses que había sostenido a la dictadura. Entonces, la acción popular del 19 y 20 de diciembre de ese año abrió la oportunidad para establecer un nuevo pacto democrático fundado en la justicia reparatoria, tanto para los desaparecidos, torturados y asesinados, como para los empobrecidos, expropiados y humillados por el proceso de desorganización nacional iniciado en 1976.

[1] A su debido tiempo, los indultados por Menem fueron reabsorbidos como muertos civiles, manteniendo inalterada esa comunidad.

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