Recientemente se dio a conocer una declaración firmada por militares de alto rango, representantes de instituciones mayormente mutualistas ligadas a las Fuerzas Armadas, a los que se han sumado oficiales de alta graduación de la Gendarmería y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Supuestamente todos ellos forman parte de una nueva entidad denominada “Mesa de Encuentro Libertador General San Martín” que encabeza el general Ernesto Bossi, acompañado por el general Daniel Reimundez y los teniente generales Ricardo Cundom y Claudio Pasqualini, todos ellos retirados, entre otros copartícipes.
La declaración que presentaron incluye el propósito de discutir sobre las temáticas de la defensa nacional y la seguridad pública. Textualmente dice: “Argentina requiere una visión integral de la seguridad y la defensa”. Acompañan este objetivo consideraciones tales como: participar en el debate público, amalgamar a la familia de los uniformados y definir intereses comunes y particulares de numerosos integrantes de ese estamento –textualmente: “de miles de uniformados”. ¿Por qué el énfasis puesto en estos últimos? Porque la convocatoria ha procurado ir más allá de lo que se suele denominar “familia militar”, con referencia exclusiva a las Fuerzas Amadas. ¿Por qué “mutualistas”? Porque buena parte de ellos dirigen o integran instituciones de este tipo: es sencilla y curiosamente así.
Hechas estas aclaraciones, conviene volver sobre aquello de que nuestro país “requiere una visión integral de la seguridad y de la defensa”. Hombres grandes como son y con pretensiones, no pueden ignorar que desde hace ya mucho tiempo el país tiene establecido, mediante las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad, que deben diferenciarse las funciones que ambas implican y, por tanto, los distintos quehaceres y responsabilidades que conciernen a las instituciones militares y a las de seguridad.
Los firmantes del documento, tanto por su jerarquía como por su edad, deberían saber que no hay ni una pizca de ingenuidad en lo que han presentado, sino más bien todo lo contrario. Mauricio Macri expidió, en 2018, el decreto 683 que derogó y reemplazó al 727/06 reglamentario de la Ley de Defensa. Dicho en corto, modificó de facto la antedicha ley mediante cambios en el decreto reglamentario, porque no podía ir frontalmente contra ella. Como bien se sabe, esa ley es uno de los consensos más importantes conseguidos en lo que va de nuestro desenvolvimiento democrático. Diríase que Macri entró por la ventana para evitar la puerta.
Tampoco pueden ignorar el decreto 703/18 los sedicentes uniformados, también firmado por Macri, que derogó todas las Directivas de Política de Defensa Nacional (DPDN) establecidas por los gobiernos Kirchner e impuso una nueva DPDN, que era acorde a su intención de correlacionar defensa y seguridad, doctrina a la que –como se recordará– adherían sin cortapisas tanto su ministro de Defensa, Jorge Aguad, como su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
No pueden tampoco desconocer que el presidente Alberto Fernández restableció este año mediante el decreto 571/2020 la DPDN de 2014 –dictada por Cristina Kirchner– así como los otros decretos derogados por el antedicho 703/18. Y dispuso la elaboración de una nueva Directiva, que está en curso.
Todo lo que se acaba de referir, que constituye una frondosa disputa, pretendió esconderse detrás de la supuesta ingenuidad contenida en la ya citada frase de los “uniformados” sobre la “visión integral de la seguridad y la defensa”.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, captó al vuelo la maniobra y respondió con toda firmeza y mucha decisión, como correspondía. Los acusó lisa y llanamente de conspiradores. No fueron pocos los mutualistas que desistieron de la “Mesa de Encuentro” e hicieron público que el documento fue presentado sin que hubiera sido previamente acordado.
Cabe recordar, finalmente, que la Constitución Nacional establece que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que los retirados conservan su condición militar pese a no estar ya activos, y que su subordinación a ese comandante en jefe no cesa con el retiro, sino que debe mantenerse.
Lo discernido arriba –en torno a la normativa que de nueva cuenta rige hoy– coloca a los militares integrantes del grupo de “uniformados” en una posición impertinente, que raya en la no subordinación al presidente de la República y comandante en jefe. Deberían, por su propio bien, tomar cuenta de esto.
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