A más de ocho meses del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el presidente Alberto Fernández el pasado mes de marzo en nuestro país, para prevenir y evitar las consecuencias del COVID-19, hoy el escenario en Buenos Aires es diferente al de esos primeros días: el tránsito ha tomado impulso, se pueden ver los negocios y los comercios abiertos y en funcionamiento, y lo mismo ocurre con las obras en la calle. Algo similar ha sucedido en algunas provincias.
Los contagios continúan, pero no con el nivel de crecimiento que existía hace unos meses. El presidente anunció la entrada en una nueva etapa: el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) para el Área Metropolitana de Buenos Aires y otras provincias, hasta el 29 de noviembre. Esto implica una flexibilidad en relación con el período anterior, aunque diez provincias siguen manteniendo el ASPO, debido al alto número de contagios.
En esta nueva fase, las personas podrán circular sin autorización ni permiso, aunque el transporte público de pasajeros seguirá exclusivamente para quienes realizan actividades esenciales, porque, según explicó Fernández, es allí donde más fácilmente se generan los contagios. Por otra parte, las clases comenzarán a ser presenciales, con la distancia prudente y con presencialidad no obligatoria. Se permitirán grupos de hasta diez personas realizando ejercicios físicos grupales al aire libre, y lo mismo con reuniones y otras actividades artísticas en lugares cerrados, que podrán contar con una capacidad de hasta 30 personas. Bares y restaurantes contarán con el 25% de su capacidad para alojar a sus clientes.
Esta nueva modalidad tiene más que ver con protocolos de cuidados y prevención que con el aislamiento. Es un momento para comenzar a preparar al país y a la población para la llegada de la vacuna, según afirmó el presidente. Probablemente seremos uno de los primeros países en adquirir la vacuna contra esta pandemia que ha dejado paralizado al mundo por casi un año entero.
El primer mandatario se refirió al momento actual como una instancia de “relativa tranquilidad”, porque en el AMBA la cantidad de casos es menos de la mitad de lo que eran hace dos meses, pero reclamó “no olvidar que el problema sigue en pie”.
Se espera que estas nuevas medidas traigan un poco de alivio a la población y aflojen la tensión, la angustia y la ansiedad ante la posibilidad, en un horizonte no tan lejano, de la finitud de estas restricciones que transitamos hace más de 240 días. Si bien esta nueva etapa será de más apertura y flexibilidad, es imprescindible que como sujetos y como sociedad seamos responsables para cuidarnos y preservar al otro, y así evitar rebrotes, continuar progresando en las fases y no retroceder en lo que hemos logrado con inmenso esfuerzo.
Nueva estrategia para la Asignación Universal por Hijo
A once años del lanzamiento de la AUH mediante un decreto firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en octubre de 2009, el jueves 29 de octubre pasado el actual mandatario ha anunciado modificaciones en la estrategia y la dinámica de la Asignación, por las consecuencias de la pandemia.
La AUH fue pensada para la protección social y el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Consiste en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abona a uno solo de los padres, madres, tutores, curadores o parientes por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor de 18 años y hasta 5 hijos o hijas que se encuentren a su cargo, o sin límite de edad cuando se trate de un sujeto con discapacidad. En ambos casos, siempre que no estuviere empleado, emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la Ley de asignaciones familiares. Uno de sus objetivos es que niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a grupos familiares en situación de vulnerabilidad social sean documentados, concurran regularmente a establecimientos oficiales de educación, dando cumplimiento a los ciclos lectivos, y asistan con asiduidad a instituciones sanitarias para efectuar los controles de salud y den cumplimiento al calendario de vacunación oficial. Los compromisos establecidos determinan que el 80% del monto de la AUH se abone en forma mensual y el 20% restante, una vez al año, cuando se acredite el cumplimiento de esas condiciones, junto con la presentación de una Declaración Jurada por parte del adulto o adulta responsables. Además, solamente pueden ser beneficiarias aquellas familias que no perciban otro tipo de prestaciones contributivas o no contributivas, tales como programas de empleo, subsidios, programas sociales, jubilaciones, pensiones o pensiones no contributivas, pero sí aquellas donde haya personas que desarrollen actividades en la economía informal o sean trabajadoras o trabajadores no registrados, o del servicio doméstico, siempre y cuando perciban ingresos iguales o inferiores al salario mínimo vital y móvil. Asimismo, son pueden ser beneficiarias de la asignación las familias donde hay monotributistas sociales que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional correspondiente.
Por la situación actual, el gobierno ha tomado medidas para ampliar el alcance de la asignación y flexibilizar sus requisitos. Se eliminará el tope de cinco hijos o hijas, se modificará el tiempo mínimo de residencia en el país, que pasará de 3 a 2 años, y sin tope si el niño, niña o adolescente es argentino. Por otra parte, se exceptúa el pago del Monotributo como condición para el cobro, lo que implicará una gran cantidad de nuevos sujetos beneficiarios de esta prestación: hasta ahora, la ANSES detectó 723.000 nuevos niños y niñas que cobrarán la AUH gracias a estas modificaciones.
Actualmente, el monto de la asignación es de $3.540 y, en caso de sujetos con discapacidad, $11.535. Cabe aclarar que el monto es superior en las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires. En estas zonas el monto asciende a $4.602 por niño o niña, y para los chicos y chicas con discapacidad, a $14.996.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo llega al Congreso
Finalmente, el Gobierno Nacional enviará al Congreso el Proyecto de Ley de Despenalización y Legalización del Aborto, junto con el “Plan Mil Días”. El primero fue una promesa realizada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo de este año, mientras que el segundo se fue gestando durante los meses subsiguientes y tiene como objetivo establecer la asistencia del Estado a embarazadas en situación de vulnerabilidad, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de las mujeres gestantes y de sus hijos o hijas durante ese período.
El 8 de agosto se cumplieron dos años desde el día en que el Senado de la Nación rechazó la Ley de Interrupción Voluntario a del Embarazo (IVE) por 38 votos en contra, 31 a favor, dos abstenciones y una ausencia. La misma había sido aprobada en la Cámara de Diputados en junio por 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. Este año, con un escenario diferente y el país transitando una pandemia, el tema vuelve a plantearse, ya que, según fuentes de distintos ministerios, si no se trata este año, será muy difícil generar un debate el que viene, debido a que será un año electoral.
El tratamiento del proyecto llegará con aires de cambio, ya que desde la asunción de la nueva gestión comenzaron a implementarse medidas que acompañan, concientizan y promueven el tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo de manera diferente. Con otra mirada, entendiendo que el aborto clandestino es un problema de salud que atraviesa al conjunto de la sociedad y por el cual muere un inmenso número de seres, y que es imprescindible una política pública que se ocupe y aborde esta problemática tan grave como urgente.
El actual Gobierno Nacional ha puesto énfasis en la prevención y el cuidado de la mujer y en la importancia de sus derechos y la equidad, creando el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el cual ya puso en marcha en julio el “Plan Nacional contra la Violencia por Razones de Género”. Por otra parte, el ministro de Salud, Ginés González García, a los pocos días de asumir en su cargo anunció el nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que había sido revocado por Macri. En la provincia de Buenos Aires se encuentra en funciones a Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, quien proviene del movimiento sindical y es integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto, seguro y gratuito. También en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 16 de julio se aprobó la adhesión al Protocolo Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el cual contó con el apoyo de 42 diputados y diputadas, de un total de 60. Otro punto no menor es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que le reclamó al presidente que cumpla con su promesa realizada a principios de año. Las últimas semanas redobló su demanda, por medio de las redes sociales, solicitando interpelar directamente al primer mandatario: “Apretá el botón verde”, menciona uno de los slides con la imagen de Alberto Fernández.
El nuevo proyecto incluiría la despenalización y la legalización del aborto en las primeras semanas de gestación y en los casos ya previstos en el Código Penal, y garantizaría la práctica gratuita en hospitales públicos. El mismo está atravesado por una mirada sanitarista: el aborto es un problema de salud pública que debe ser atendido por el Estado.
Es fundamental como sociedad comprender que la gestación de un hijo o hija es un acto subjetivante, no solo un embrión dentro de un cuerpo. Para ser un individuo gestante y que ese embrión se convierta en un sujeto, es necesario pensar a ese futuro ser, nombrarlo, cobijarlo, acogerlo, concebirlo, alojarlo desde un lugar que habilite a ese niño o niña por nacer. Por otra parte, es una realidad que los abortos existen, suceden y se practican de manera ilegal, clandestina, y que lo único que se logró no aprobando la ley en 2018 fueron muertes, muertes y más muertes de seres gestantes que menos recursos tienen, que son los que más necesitan de políticas públicas que los protejan y preserven.
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