El peronismo que viene

“Debemos definir si el peronismo persistirá en su histórica condición ‘movimientista’, conductor y columna vertebral de un frente con fuerzas políticas y sociales afines. O si se resignará a convertirse exclusivamente en un partido político más, mero integrante de coaliciones que aspiran a compartir cargos de gobierno”. (Antonio Cafiero, Militancia sin tiempo. Mi vida en el peronismo, 2011)

La única verdad es la realidad

Esta vez no fueron las bombas en Plaza de Mayo. Tampoco el simulacro de desperfecto del helicóptero presidencial en Aeroparque. El peronismo sabe lo que son los golpes de Estado, siempre impulsados por una minoría oligárquica, y el resultado nunca fue beneficioso para el pueblo argentino. En esta oportunidad, la amenaza de un golpe de Estado democrático llegó del propio pueblo, utilizando el único instrumento que permite la democracia representativa: el voto. Pero ahora no fue solo contra un gobierno, sino contra el sistema. Y a diferencia del 2001, no salió a la calle y no hubo muertos. Pero el significado fue el mismo: “Que se vayan todos”. Lo más sorprendente es la sorpresa que el resultado electoral provocó en toda la dirigencia política. En la sociedad de la comunicación, de los medios masivos, de las redes sociales, de las manifestaciones populares, de la libertad de expresión, ni los políticos ni los científicos sociales pudieron advertir que el descontento social había encontrado una salida electoral, aunque tal vez solo sea para llamar la atención.

En todos los países las encuestas han fallado en sus predicciones en numerosas oportunidades, como en Nicaragua en 1990; México en 2012; Cataluña y Andalucía en 2012; las intermedias americanas y las europeas de España en 2014; Inglaterra, Israel y las departamentales francesas en 2015; el triunfo de Trump en 2016; los plebiscitos de Inglaterra y Colombia; y las últimas elecciones en España. En nuestro país, basta recordar los errores en las encuestas previas al ballotage de la CABA en 2015, las legislativas de 2017 y las PASO de 2019. Entre la encuesta de ayer y la elección de hoy hay millones de circunstancias imprevisibles –como el atentado de Atocha en España en 2004 que a pocos días de la elección cambió la decisión de miles de ciudadanos, y así ganó el PSOE en lugar del PP, contra lo que indicaban las encuestas previas. En nuestra última elección, varios analistas coinciden en señalar que los hechos de inseguridad en la semana previa influyeron en el ánimo popular, y entonces las encuestas no se equivocaron, sino que reflejaban una realidad, pero del pasado. Son solo una foto de ayer, borrosa por el error estadístico. En cambio, la única verdad es el comportamiento de los ciudadanos y las ciudadanas a la hora de votar. La ciencia sostiene que, si una teoría no coincide con la realidad, hay que cambiar la teoría. Pero cuando la realidad social no nos gusta, el pueblo tiene el poder de cambiarla a través de la política. “La única verdad es la realidad”, decía Perón, pero frente a la injusticia social su gobierno cambió la realidad de millones de argentinos y argentinas.

Desde su aparición en la escena política argentina, el peronismo ha sufrido varias crisis existenciales que parecían anunciar su desaparición, lo que estuvo muy lejos de ocurrir. Por el contrario, siempre terminaron fortaleciendo el movimiento, que renació como fuerza política nacional inseparable de la cultura nacional y popular. Cuando el peronismo estuvo proscripto durante 18 años, la mayoría del pueblo se expresaba con el voto en blanco. La juventud actual, que no vivió la dictadura, no sabe lo que es la verdadera pérdida de derechos, y el miedo por la inseguridad, la inflación y la incertidumbre sobre el futuro que afecta a la mayoría de los argentinos y las argentinas no les permite imaginar el riesgo de perder los derechos ganados en democracia. Pero el peronismo –que nació de un movimiento popular que hace más de 75 años provocó, desde las urnas y sin violencia, una revolución social y política, y que sin ballotage llegó a ganar elecciones con más del 60% de los votos– no puede dejar de escuchar la voz del pueblo cuando la mayoría del electorado no parece estar dispuesta a acompañarlo en la propuesta de un nuevo gobierno, amenazando incluso dar un salto al vacío. El peronismo podrá ganar o perder elecciones, ocupar el rol de gobierno o de oposición, pero cuando se encuentra en el poder, lo único que no puede hacer es no comprender el mensaje del pueblo.

Frente a las próximas elecciones, y en particular ante un posible ballotage, sabemos que no es suficiente que una fuerza política alcance una mayoría relativa con el voto propio, sino que es necesario que pueda ser una opción potable para el votante independiente, con alguna afinidad ideológica, o al menos que no le genere rechazo. Hay un amplio sector de la sociedad que no se considera parte de los extremos que conforman la llamada “grieta” política –pero tiene un peso electoral suficiente como para volcar la balanza en uno u otro sentido– y que directamente descree o repudia a la clase política en general, y esta vez encontró una salida más potente que la simple abstención o el voto en blanco. La mejor forma de lograr el voto de esa parte importante del pueblo, y sobre todo cuando se lo hace desde el gobierno, no es señalando los defectos del oponente, sino admitiendo la realidad y mostrando un proyecto creíble para mejorarla hacia el futuro, desde ahora y en el próximo gobierno.

Es indudable que el gobierno del FDT enfrenta hoy el triple desafío de mejorar la economía ante una crisis inflacionaria no resuelta; consolidar y comunicar ampliamente la acción de gobierno; y hacer todo lo posible para contribuir al triunfo de Unión por la Patria en las próximas elecciones. Faltando aún tres meses para la transición democrática, el gobierno tiene la desventaja de que la evolución de la situación económica le juegue en contra, pero al mismo tiempo la oportunidad y la responsabilidad de, por una parte, profundizar las políticas sociales para mejorar la situación de los argentinos y las argentinas, y por otra, formular un plan de estabilización económica que tenga continuidad más allá de diciembre de 2023. Está claro que esto último no puede hacerlo solo, sino que resulta cada vez más necesario –probablemente imprescindible desde el punto de vista estratégico– convocar a un amplio acuerdo económico, social y finalmente político que solo es posible hacerlo desde la máxima autoridad del Estado. Frente al riesgo probable de que se repita el golpe electoral que deje fuera de combate a Unión por la Patria, el peronismo en el poder tiene todavía la oportunidad de utilizar a tiempo sus principales e históricas armas estratégicas: la planificación y el pacto social.

El pacto social, hoy más que nunca

En la segunda mitad del siglo XX algunos países que sufrieron crisis políticas y económicas que pusieron en peligro la gobernabilidad y la estabilidad democrática lograron superarlas a partir de acuerdos políticos y sociales exitosos. Además del conocido Pacto de la Moncloa en España en 1977, pueden destacarse el Pacto Social en Irlanda en 1987 –que logró que en tan sólo 15 años pasara de ser uno de los países más pobres de Europa a ser uno de los más ricos– y el plan antiinflacionario de Israel de 1985 –que logró reducir drásticamente la inflación a partir de un acuerdo político y social que representa el mejor ejemplo de la necesidad de la unión nacional para la definición de una política de Estado a largo plazo. La inflación no es un fenómeno incontrolable de la naturaleza, sino que se trata de un hecho social producido por actores sociales, seres reales con intereses diversos que conforman el llamado mercado, y actores políticos que tienen poder para intervenir sobre él, por lo cual la mejor forma de controlarlo no es a través de una imposición del mercado o del Estado, sino a través del acuerdo social y político.

El pacto social se encuentra en el ADN del peronismo, asociado al concepto de la planificación estratégica, como lo hemos recordado en otra nota en este mismo medio. El pacto social estuvo presente en los tres gobiernos constitucionales del general Perón: en el Consejo Nacional de Posguerra de 1944; en el Consejo Económico y Social de 1946; en los dos Planes Quinquenales; y en el Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional de 1973. En el Modelo Argentino que Perón presentó en 1974 como su testamento político, propuso la creación de un Consejo para el Proyecto Nacional, no solo ya para un acuerdo económico y social de corto plazo, sino para construir un proyecto consensuado de Nación. Después de la restauración democrática en 1983 solo hubo intentos de concertación de poco alcance y duración, como la Mesa de Concertación de 1984; la Conferencia Económica y Social de 1985; y el Diálogo Argentino de 2002, que contribuyó a la salida de la gran crisis del 2001. En la Provincia de Buenos Aires en 1988 el gobernador Antonio Cafiero propuso el pacto social a través del Plan Trienal del Gobierno del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, además de otras expresiones de una planificación participativa en todas las áreas de gobierno.

En las democracias representativas, las instituciones diseñadas para el diálogo y la concertación social son los Consejos Económicos y Sociales, órganos consultivos integrados por representantes de la comunidad organizada. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y muchos países los han incorporado en sus constituciones, lo mismo que varias provincias de nuestro país, aunque en 1994 fracasó la iniciativa de darle categoría constitucional. El Instituto Antonio Cafiero –creado por Mario Cafiero en 2018– propuso en 2019 la idea de que el nuevo gobierno debía incorporar al acuerdo social como una política de Estado, a través de la creación del Consejo Económico y Social para el Desarrollo, como primera expresión de una democracia participativa[1]. En su mensaje del 1 de marzo de 2020 ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández lo incluyó entre los objetivos del nuevo gobierno, pero, aunque se creó por DNU en febrero de 2021, los conflictos políticos y económicos del país y la escasa convicción de la dirigencia política para un acuerdo político y social de largo plazo han desdibujado su misión como instrumento de planificación estratégica concertada.

Debemos reconocer que el gobierno del FDT inició su gestión muy condicionado por la deuda contraída por el gobierno anterior, y tuvo que enfrentar la mayor crisis sanitaria de la historia argentina, lo que determinó una crisis económica y social grave e inesperada. Pero nadie puede desconocer el esfuerzo que se hizo desde el Estado para combatir la pandemia y sostener la vida económica y social de los argentinos. Tampoco se pueden desconocer los efectos de la guerra en Ucrania que también impactaron en nuestro país, y la gran sequía de este año que limitó fuertemente el ingreso de dólares, por lo que la inflación que padecemos no es consecuencia solo de algunas decisiones del gobierno, que en todo caso fueron obligadas frente a la pandemia, la fuga de divisas y la pérdida de ingresos fiscales. Pero también es cierto que, si se hubiera continuado con el inédito acuerdo político frente a la pandemia y con un mayor protagonismo del Consejo Económico Social en la búsqueda de acuerdos económicos de mediano y largo plazo con los actores de la comunidad organizada, el fenómeno de la inflación y la crisis económica podrían haber sido mejor controlados.

Desde hace bastante tiempo se viene planteando la necesidad de un acuerdo político global de gobernabilidad, para que la dirigencia política deje atrás la permanente confrontación y para recrear un espacio de concertación de políticas de Estado. Pero ahora, frente a una crisis económica y social que sin ninguna duda se acrecienta frente a la incertidumbre que todo cambio de gobierno genera –y más aún ante el reciente resultado electoral– es evidente que es inviable un acuerdo entre las fuerzas políticas que confrontan por el poder. El acuerdo político entre gobierno y oposición en pleno proceso electoral es muy poco probable, y el único ámbito posible sería el Congreso.

En cambio, desde el punto de vista estratégico es posible y fundamental que el acuerdo social se establezca primero con los actores de la comunidad organizada, cuyos intereses superan largamente el período de un gobierno determinado, y necesitan políticas de Estado que generen certidumbre para sus negocios, inversiones, ingresos, estabilidad en el empleo y planes de futuro para empresas, trabajadores, familias y jóvenes en particular. Sólo el gobierno tiene la posibilidad y la capacidad de realizar esta convocatoria, que puede ser la base para la formulación de un plan estratégico de mediano plazo. Cuando estos acuerdos son refrendados por las fuerzas políticas mayoritarias, en particular en el ámbito legislativo, pueden dar lugar a las mentadas políticas de Estado.

El peronismo que viene

Frente a la incertidumbre generada por un resultado electoral inesperado y peligroso, el peronismo desde el gobierno del FDT tiene la oportunidad de generar –en el corto plazo que queda para definir el futuro gobierno– un “shock de confianza” hacia dentro y hacia fuera del país, no solo para tener más posibilidades electorales, sino para asumir la responsabilidad política de garantizar la gobernabilidad y la paz social, cualquiera sea el resultado. Esto sólo es posible mediante una urgente y justificada convocatoria al tan postergado acuerdo social para definir un plan de estabilización económica de corto plazo y las bases de un plan estratégico de mediano plazo para la concertación de ciertas políticas de Estado básicas que tengan continuidad más allá de 2023. Frente a un golpe de realidad, la respuesta no puede ser menos contundente, pero esta vez con un golpe hacia el futuro.

Creemos que aún se está a tiempo de efectuar esta imprescindible convocatoria desde el Poder Ejecutivo Nacional. Pero el acuerdo nacional debe ser primero social y económico, en el ámbito del Consejo Económico y Social, y luego llevarlo al ámbito político en el Congreso, sobre la base de los objetivos básicos definidos por la comunidad organizada convocada por el gobierno. El acuerdo social puede representar el hecho político que se necesita para que la economía, la sociedad argentina y el mercado nacional e internacional recuperen la confianza en el país.

El resultado de una elección representa la realidad del pensamiento estratégico de la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, su visión del futuro como sujetos políticos que apuestan a quien mejor refleja su proyecto del país que imaginan para sus hijos y nietos. Pero mientras se termina de decidir quién gobernará los próximos años, los argentinos y las argentinas seguimos con alto nivel de incertidumbre sobre el futuro, por la incapacidad de la sociedad política para definir un modelo de país que nos represente a todos; un acuerdo sobre las grandes políticas de Estado; una concertación política y social sobre un proyecto nacional que luego deberá administrar quien gane las elecciones, con el apoyo y la colaboración de todos, ganadores y perdedores. Solo el peronismo tiene la historia, la vocación y la capacidad estratégica para lograrlo, recuperando su identidad de movimiento político y social. El próximo gobierno peronista tendrá entonces esta vez la misión de convocar a empresarios, trabajadores y otras fuerzas políticas populares a un gobierno de unidad nacional, para instalar una democracia participativa que nos libere para siempre de las traumáticas transiciones debidas a la alternancia, ya no de un gobierno, sino de un modelo de país.

Lo que nadie duda es que el futuro de la Argentina se pone en juego en esta contienda democrática, y por lo tanto la responsabilidad histórica del gobierno es lograr que Unión por la Patria asegure el partido en sesenta días con un gol en primera vuelta, sin la incertidumbre de los penales. Porque, como dijo Antonio Cafiero, “el destino del peronismo es el destino de la Argentina”.

Horacio Pracilio es médico sanitarista, miembro del Instituto Antonio Cafiero.

–

[1] Ver el Acuerdo social para el desarrollo, documento presentado por el Instituto Antonio Cafiero e incorporado en la versión final de la Comisión de Transparencia, Estado y Planificación Concertada de los Equipos Técnicos del FDT en septiembre de 2019.