Situación actual de las relaciones laborales y la seguridad social
El presente documento sintetiza las conclusiones de lo tratado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de los equipos técnicos del Partido Justicialista nacional durante siete reuniones por videoconferencia que contaron con la amplia participación de compañeras y compañeros de las distintas líneas del peronismo, dirigentes sindicales y empresariales, expertas y expertos del mundo del trabajo, funcionarias y funcionarios de nuestro gobierno, senadoras y senadores, diputadas y diputados y representantes del mundo académico. Este amplio espacio de discusión, debate y propuestas produjo asimismo un comunicado de apoyo a las políticas laborales de nuestro gobierno y artículos periodísticos firmados por quien suscribe, en su carácter de coordinador de la Comisión, que son fruto del intercambio mantenido en los encuentros realizados. Al final de las síntesis de las reuniones se incorpora un apartado con propuestas y desafíos para 2021, año en el que se iniciará –tenemos la profunda convicción de ello– el definitivo despegue de nuestro proyecto político.
Primera reunión, 20 de julio de 2020: objetivos de la Comisión y propuesta temática
En la primera de las reuniones, la Coordinación expuso que el objetivo de su accionar se orienta a acordar los mínimos comunes con los diferentes sectores que la integran, identificando las coincidencias entre los actores que conforman el mundo del trabajo, para de esa manera poder contar con un abanico de propuestas que, en materia de Trabajo y Seguridad Social, permita retomar la iniciativa política de la agenda pública. A modo de disparador del debate, la Coordinación realizó un punteo de los ejes temáticos que podrían ser abordados en las sucesivas reuniones de la Comisión. Estos ejes fueron: Promoción del empleo y el trabajo; Protección integral a las personas con problemas de empleo; Servicio público de empleo y Formación Profesional; Inspección del Trabajo; Seguridad Social. En las intervenciones posteriores se coincidió con la importancia de los temas propuestos y se puso de manifiesto la necesidad de avanzar sobre nuevas regulaciones y nuevos derechos en el mundo del trabajo.
Al respecto, pueden mencionarse propuestas sobre la protección al teletrabajo y a las economías de plataformas, la reducción de la jornada de trabajo, la conformación de comités mixtos de higiene y seguridad, o la participación de las trabajadoras y los trabajadores en las ganancias de las empresas. La promoción e institucionalización de la economía social, solidaria y popular fue también objeto de mención en las intervenciones, así como la importancia de la participación del Estado en el invisibilizado sistema de cuidado de personas. Tampoco estuvo ausente en las exposiciones la necesidad de instrumentar medidas para la promoción y el fortalecimiento de las PYMES de capitales nacionales, limitando, al mismo tiempo, la capacidad de influencia sobre la política económica nacional de las grandes empresas multinacionales. Se puso también de manifiesto el imperativo de incorporar una mirada federal y regional a las propuestas que elabore la Comisión, además de la necesaria perspectiva de género. El impulso a la construcción de un país federal desde el interior al centro, considerando particularmente la importancia del sector rural, fue también objeto de mención, así como la redistribución de la población en el territorio nacional. Los déficits y heterogeneidades en materia de formación profesional fue otra de las cuestiones abordadas, al igual que el desafío de avanzar en las transformaciones del sistema de seguridad social.
Segunda reunión, 10 de agosto de 2020: posibles acciones para la salida de la pandemia
La reunión se propuso abrir el debate y la discusión sobre la generación de empleo y cómo se puede contribuir en este sentido pensando en una salida pospandemia. Las principales ideas se orientaron a la premisa que desde el peronismo se debe pensar al trabajo como articulador social y que el trabajo se genera fundamentalmente desde las políticas económicas de reactivación, y no desde el derecho del trabajo, y que la generación de empleo no puede ser a costa de la resignación de derechos laborales. Se destacó el rol del Ministerio de Trabajo como actor clave en el mundo del trabajo y se precisó que debe existir una interrelación de los tres niveles del gobierno.
También se destacó la necesidad de generar un sistema que articule no sólo las acciones de los ministerios, sino también las políticas públicas en base al diálogo social y al consenso con los actores. Se mencionó asimismo la necesidad de generar puentes entre las organizaciones sociales y el sector sindical para trabajar en conjunto.
A modo de reflexiones finales, se precisó que no solamente el sector privado y el público generan trabajo y empleos, sino que también lo hacen los sectores sociales vinculados a las organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil. La inclusión en el debate de las y los trabajadores socio comunitarios se destacó como esencial para tender hacia la “laboralización” de la economía popular, así como también la generación de un sistema de protección y créditos no bancarios para el sector.
Entre las propuestas a tener en cuenta que surgieron de las exposiciones, pueden mencionarse: incentivos a pequeñas y medianas empresas; fortalecimiento de los centros de formación y capacitación; políticas destinadas para las y los jóvenes; políticas y estrategias de valoración de las y los trabajadores de la “economía del cuidado” de personas; alternativas de reducción de la jornada de trabajo; revisión de los regímenes de horas extras en pos de generar nuevos turnos; implementación de sistemas que permitan procesos de transición para pasar de la informalidad a la formalidad; políticas de obras públicas de carácter federal, promoviendo programas como Potenciar Trabajo; analizar la implementación de un ANSES Rural y, a partir del desarrollo económico regional, reordenar la producción, a fin de volver competitivas empresas provinciales; analizar las alternativas de regulaciones de las y los trabajadores de “plataformas”.
Tercera reunión, 31 de agosto de 2020: trabajo y producción en la Economía Popular
Este encuentro se inició con una caracterización conceptual de la denominada “Economía Popular”. En ese marco, se precisó que durante el gobierno de Néstor Kirchner apareció, en una parte del peronismo, la idea de la Economía Popular como una parte del mundo del trabajo, y no ya como una situación transitoria o marginal. Se puso en duda que dicho fenómeno fuera un problema friccional, factible de ser absorbido por el mercado laboral formal. Lo anterior da cuenta de una idea de heterogeneidad estructural del mundo del trabajo, donde gran parte de la clase trabajadora tiene un trabajo, pero no un patrón.
A partir de lo anterior, se empieza a construir una auto representación de aquellos trabajadores y trabajadoras como tales. Esto permite la constitución de la categoría de Economía Popular como diferente de la de Economía Social.
Durante el gobierno macrista se logra una articulación inédita entre las distintas organizaciones de la Economía Popular –en un primer momento, CTEP, Barrios de Pie y CCC. Se clarifica entonces la idea de que, aunque no hay patrón, sí existe una explotación de esos trabajadores y trabajadoras por parte del Capital. Dicha “conciencia” permite obtener una Ley de Emergencia Social que contiene los primeros elementos de la institucionalización de la economía popular: el Salario Social Complementario, el Registro de Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y un consejo específico. La Economía Popular pasa a ser reconocida entonces como el conjunto de trabajadoras y trabajadores que generan su propio trabajo, valorizando su potencia autónoma, sin ser una relación de empleo, pero relacionándose de manera asimétrica con el Capital como una relación de explotación.
El Estado es clave, no como fuente de recursos, sino como mediador entre el capital y el trabajo, de la misma forma que en el mundo formal. Esa es la institucionalización de la Economía Popular que demandan los movimientos sociales, girando en torno a la idea de la producción y el trabajo como gran ordenador social. El desafío es alcanzar los mismos derechos que en sector formal, encontrando el camino normativo dentro del derecho laboral para generar protección social y un derecho laboral compensatorio y protectivo, cuando no hay una relación de dependencia evidente, o visible. Adicionalmente, su sindicalización ya está planteada en el horizonte de las organizaciones sociales, las cuales ponen de manifiesto la revalorización del trabajo socialmente productivo.
Dentro de esa mirada, algunos de los desafíos enunciados son: a) lograr que la Economía Popular escale en términos de productividad y articulación de cadena de valor, permitiéndole ser sostenible a largo plazo, dando lugar al desarrollo propio de la Economía Social; b) retomar y discutir el concepto del sector “Cuidados”; c) abordar la resignificación del capitalismo en las llamadas economías de plataforma, las cuales generan ganancias a partir de la evasión impositiva basada en la aplicación de tecnología; d) la articulación de la Economía Popular, y sus organizaciones, con el movimiento obrero organizado tradicional.
Otra de las perspectivas vertidas en la Comisión es aquella que sostiene que aún es posible volver a generar empleo formal e industrial, organizándose los trabajadores por sectores. Un ejemplo concreto de dicha mirada ha sido la sistematización en un registro de saberes, experiencia, rentrenamiento laboral y oficio de la trabajadora o trabajador constructor, mediante el uso de una tarjeta con chip que permitió detectar a las empresas que buscan explotar a las y los trabajadores, y que las y los trabajadores tengan la oportunidad de ingresar al sistema bancario y crediticio.
Por último, se mencionó la necesidad de generar un gran movimiento que promueva un nuevo pacto entre las y los argentinos, a partir del principio de responsabilidad y bien común; la necesidad de una mesa de diálogo y concertación que permita un desarrollo económico productivo, reperfilando los recursos destinados en pagar subsidios para transformarlos en generación de trabajo, formación profesional y disciplina de trabajo.
Cuarta reunión, 21 de septiembre de 2020: trabajo en la Economía de Plataformas
Al inicio del encuentro se aseguró que la economía de plataformas llegó para quedarse y se consolida como un nuevo modelo de negocios, caracterizado por proporcionar al capital la infraestructura para intermediar entre diferentes grupos de usuarios y desplegar tendencias monopólicas. Las plataformas –se dijo– son las nuevas fábricas en la era de las redes digitales. El valor no está en lo físico, sino en los datos. Promueven una administración algorítmica de las relaciones laborales: pagos mediados por la plataforma; obligatoriedad de aceptar trabajos; evaluación de desempeño y sanciones; determinación de precio; determinación de comisiones. En un escenario inédito a nivel global de crisis del empleo, se tiene la oportunidad de ir al ritmo de las exigencias de articulación político-tecnológicas que la sociedad demanda.
También se destacó que la coyuntura exige mirar el aquí y ahora, pero con los ojos puestos en el futuro. Es por esto que se deben diseñar herramientas que permitan normalizar la tensión –nada nueva en la economía de mercado– que existe entre las empresas de plataforma y las legislaciones laborales existentes.
Finalmente, se indicó que, a partir de la registración de los trabajadores, el pago de impuestos de las corporaciones de plataformas en igualdad de condiciones a las empresas físicas, y en un marco de innovación e intercambio, permitiría que las trabajadoras y los trabajadores de este nuevo segmento del mundo del trabajo estén amparados por el derecho laboral y la negociación colectiva.
Quinta reunión, 12 de octubre de 2020: jornada de trabajo
El tema de la jornada de trabajo siempre ha estado presente en las luchas del Movimiento Obrero y en el mundo del trabajo, a tal punto que el convenio número 1 de la OIT –de 1919– trata sobre la jornada diaria de 8 horas y la semanal de 48 horas. Se planteó en esta Comisión pensar en alternativas de reducción de jornadas, de ampliación de los descansos semanales, frente a los problemas del empleo, a la salud de la clase trabajadora y a la necesidad de repensar las responsabilidades familiares.
Se repasó, en primer lugar, la normativa en Argentina en materia de jornada de trabajo y de descanso entre jornadas y semanal. En cuanto a las iniciativas de reducción de la jornada de trabajo, se indicó que la OIT ya lo había plateado en 1935, a través del convenio 47, que propuso la reducción de la jornada de trabajo a 35 horas, sin que esto implique reducción de salario y como medida para disminuir los elevados niveles de desempleo. También se mencionó que en 1996 el Parlamento Europeo instó a los estados miembros a la reducción de jornada suficientemente significativa, tomando como referencia las 32 horas semanales de jornada máxima de trabajo. Se destacó que, en relación con el incremento de la productividad y la disminución del ausentismo y la siniestralidad, se pronunció también la OIT, afirmando que reducir las horas de trabajo y estructurar el tiempo de trabajo pueden ofrecer beneficios para las trabajadoras, los trabajadores, la sociedad general y las empresas, incluyendo incrementos en la productividad.
Por otra parte, se brindó un panorama de la situación el país, mencionándose, por ejemplo, que la desocupación se duplicó en los últimos cinco años, pasando del 6,6 al 13,1 por ciento. Se destacó también la pérdida del poder adquisitivo del trabajo argentino en el último lustro, ya que, según el INDEC, en el período 2016-2018 la inflación acumulada fue del 106% y la suba salarial acumulada del 89%. En el período 2016-2018, los salarios perdieron un 17% de poder adquisitivo. En 2019 la inflación fue del 53,8 y los salarios crecieron 40,9 (-8,4%). La suma nominal da 25,4 de pérdida del poder adquisitivo del salario.
Las principales ideas y reflexiones del encuentro fueron las siguientes:
- La pandemia puede ser una oportunidad: transformar la tragedia en algo que pueda ser positivo para las trabajadoras y los trabajadores.
- Para concretar la propuesta es necesario planificar la estrategia: la experiencia de los años 80 y 90 –la concreción de las ideas del partido socialista francés de promover la reducción de la jornada de trabajo– se encontró con la incomprensión de muchos trabajadores y trabajadoras. Argentina es un país con el 50% de la mano de obra asalariada en el nivel de pobreza. Hay que llevar una campaña de comprensión a las y los trabajadores: la reforma de la jornada va a significar a futuro una ventaja inigualable, y de manera inmediata una mejora en la calidad de vida por efecto del descanso.
- No hay dificultades en la producción, ni en la productividad. Está demostrado en numerosos estudios que una reducción de la jornada implica casi automáticamente un aumento de la producción y la productividad.
- En términos estratégicos, debe conformarse una campaña regional –la Confederación Sindical de las Américas, y la Confederación Sindical Internacional.
- Hay que aprovechar la coyuntura. Por la necesidad de cuidados y protocolos se va a tender a trabajar sobre la jornada de trabajo de una manera distinta. Entonces, se podría aprovechar como antecedente la reducción de la jornada que se daría en condiciones creadas naturalmente. El Estado debe acompañar este proceso, atendiendo el cambio tecnológico profundo que está ocurriendo en el mundo.
- El escenario social actual es similar al del 17 de octubre, donde la movilización permitió consolidar las conquistas laborales para luego implementar nuevas reformas. Es desde el peronismo desde donde deben aparecer esas demandas, relacionándolas con la soberanía económica y política.
- De las 520.000 empresas, sólo 15% son parte de una economía para el desarrollo. El 85% tiene menos de 10 trabajadores, y son parte de una economía de subsistencia: son una fábrica de salarios. Pagan en promedio 36.000 pesos.
- Hay que pensar las condiciones para el desarrollo. Hay que pensar el para qué. No solo debe ser para recuperar el salario perdido, sino que debe pensarse una jornada reducida para tener mejor calidad de vida y que esa jornada garantice derechos que la Constitución demanda y como herramienta para la creación de puestos de trabajo.
- La principal resistencia viene de las empresas grandes y extranjeras. Hay que reglamentar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En las 500 empresas más grandes de la Argentina debe existir participación en las ganancias, control de la producción y colaboración en la dirección.
- El Consejo Económico y Social debería introducir este debate para que el movimiento obrero pase a la ofensiva. Es el momento adecuado de plantear una oportunidad diferente. En todo el mundo, la manera de crear trabajo es de manera precaria. Asumir el desafío de plantear la reducción de la jornada para mejorar el poder adquisitivo del salario es un comienzo. Los trabajadores y las trabajadoras viven permanentes procesos de resistencia desde los años 90 –flexibilización laboral, ataques sistemáticos a los convenios colectivos. Hasta ahora, todas las agendas que se discuten son planteadas por las crisis.
Sexta reunión, 2 de noviembre de 2020, en conjunto con la Comisión de Agricultura: empleo rural
En este encuentro se describió la fuerte heterogeneidad de las trabajadoras y los trabajadores rurales, que incluyen desde el asalariado o asalariada formales –con alto nivel de capacitación y que utilizan instrumentos de mucho valor económico– hasta las familias de trabajadores y trabajadoras estacionales que recorren las rutas de nuestro país, siguiendo el ciclo de cosechas. La precariedad y la informalidad caracterizan a la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras rurales y, como se remarcó en la Comisión, la Ley 26.377 significó un avance importante para resolverlo, pero aún quedan temas pendientes.
Se indicó en la reunión que el modelo agropecuario incorporó nuevas tecnologías y mejores condiciones laborales, pero se distribuyeron en forma desigual según las distintas regiones, y se manifestó que en los últimos años hubo una fuerte tendencia a la concentración, en perjuicio de los pequeños productores y productoras.
Se comentó la importancia de la Ley de Convenios de Corresponsabilidad Gremial (2008) para la registración de las y los trabajadores estacionales y las políticas impulsadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desde el año 2008 –Programa Intercosechas– para mejorar los ingresos y la inserción laboral de este grupo de trabajadores y trabajadoras. También se hizo referencia a la modificación en las políticas de regulación del trabajo no registrado, a partir del reemplazo del RENATEA por el RENATRE.
La participación en la reunión conjunta de compañeros y compañeras de distintas organizaciones de trabajadores y trabajadoras, como UATRE o el Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), posibilitó el debate sobre la representatividad de las organizaciones.
Un aspecto destacado en las participaciones fue el reclamo de eliminar la desigualdad de género que se observa en el sector rural.
Séptima reunión, 23 de noviembre de 2020, en conjunto con la comisión de Ambiente: empleos verdes en el marco de una economía verde
En el inicio de este encuentro se hizo referencia a los acuerdos internacionales de las últimas décadas respecto al Cambio Climático, de los cuales Argentina es parte, y se señaló el discurso premonitorio del general Perón sobre este tema, en el año 1972. También se destacó el carácter mundial del problema y la necesidad de acuerdos a ese nivel para resolverlos, lo cual no significa desconocer la distinta responsabilidad de cada país en las causas y la necesaria colaboración en su resolución, para asegurar que no se vea afectado el desarrollo de los países más débiles.
Se puso de manifiesto la importancia de la política y la función del Estado en sus diversos niveles para decidir la forma en que se participa de ese esfuerzo mundial, preservando los intereses nacionales.
El cambio climático –se indicó– y las medidas de adaptación y mitigación tienen una fuerte incidencia en la actividad económica y en el mundo del trabajo. En relación al empleo, se afirmó que habrá sectores que se verán perjudicados, perdiendo puestos de trabajo –por ejemplo, las industrias contaminantes– y otros donde se generarán nuevos empleos, como el sector de las energías renovables.
Se planteó la posibilidad de mejorar el impacto sobre el empleo a través de la promoción de fuentes de energía renovables de baja escala, ya que esta alternativa resulta particularmente apropiada para un país como el nuestro, que cuenta con una gran extensión geográfica y una fuerte concentración de la población en las ciudades. La doble dimensión del concepto de empleo verde, que incluye trabajos decentes y sostenibles ambientalmente, fue particularmente señalada en la reunión.
En el nivel municipal se reconoció el avance en la cuestión ambiental a partir de la gestión de residuos sólidos y se describieron algunas experiencias locales, donde las mejoras ambientales requieren ser complementadas con las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores que la realizan. Se destacó la importancia de las organizaciones sociales que impulsan el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular y las cooperativas, y la necesaria participación de las organizaciones sindicales en el proceso de transición hacia una economía más sustentable ambientalmente. En relación con el impacto del cambio climático en el mundo del trabajo, se mencionó la importancia del Estado para impulsar la creación de nuevos empleos, la adecuación de la formación profesional, la reducción de las desigualdades y la cobertura a las trabajadoras y los trabajadores afectados, en el marco de un acuerdo amplio con sindicatos, empleadores y organizaciones de la sociedad civil.
Propuestas y desafíos para 2021
Promoción del empleo, desarrollo de políticas que apoyen a la generación de empleo
- Obra pública y construcción de viviendas.
- Sistema nacional de cuidados.
- Desarrollo de la economía popular y apoyo a la regularización de cooperativas y emprendimientos.
- Empleo rural. Revisión integral del sistema de trabajo y de inclusión en la seguridad social.
- Empleos verdes. Apoyo a las cooperativas de reciclado.
- Articulación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Desarrollo Productivo, en especial en la promoción del empleo en las Pymes. En este tema es importante destacar que el Trabajo coordina la más importante red institucional de empleo, a través de sus propias oficinas en todo el país y de las redes de servicios públicos de empleo municipales, y la de formación continua.
- Reducción de la jornada de trabajo. La OCDE concluyó en 2015 que los cinco países más productivos en función de las horas trabajadas fueron Luxemburgo, Noruega, Holanda, Francia y Alemania, todos ellos con una jornada laboral inferior a la media. Los holandeses, por ejemplo, se sitúan en torno a las 29 horas semanales.
Protección integral a las personas con problemas de empleo
- Redefinición del seguro de desempleo, mayor cobertura y mejora de los montos.
- Ampliación de la cobertura a las trabajadoras y los trabajadores desocupados informales. Seguro de desempleo no contributivo con montos y plazos más reducidos.
- Fortalecimiento de la Red de Servicios de Empleo.
- Fortalecimiento de la Red de formación continua.
Integrantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social
José Luis Gioja, presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista; Marcelo Bellotti, secretario de Trabajo, Gerardo Girón, subsecretario de Articulación Territorial, y Pablo Topet, asesor, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Javier Antonietti, coordinador de Relaciones Institucionales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Franca Bonifazzi, directora de Capacitación y Desarrollo de Carrera del Ministerio de Defensa de la Nación; dirigentes sindicales Héctor Daer (CGT, Sanidad), Antonio Caló (CGT, UOM), Gerardo Martínez (CGT, Construcción), Marta Pujadas (CGT, Construcción), Gustavo Gándara (CGT, Construcción), Héctor Morcillo (CGT, Alimentación), Hugo Yasky (diputado nacional, CTA), Víctor Santamaría (CGT, Encargados), Marta Roncoroni (Casas particulares), Walter Correa (diputado nacional, Curtidores), Héctor Amichetti (Gráficos), Omar Plaini (Canillitas), José Luis Lingieri (SGBATOS), Osvaldo Pepe (SGBATOS), Julio César Monastra (SGBATOS) y Juan José Vanati (Camioneros); diputadas y diputados nacionales: Paola Vesvessian (Santa Cruz), Vanesa Siley (Judiciales, Provincia de Buenos Aires), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Carolina Moisés (Jujuy), Juan Carlos Díaz Roig (MC, Formosa); senadores y senadoras nacionales: Mariano Recalde (CABA), Beatriz Mirkin (Tucumán), Nora Giménez (Salta); Sebastián Lifton, ministro de Producción, Industria y Empleo del Chaco; Juan Manuel Chapo, ministro de Gobierno y Trabajo del Chaco; Roberto Sukerman, ministro de Trabajo de Santa Fe; Juan Manuel Pusineri, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe; Provincia de Buenos Aires: Carlos Ullua, subsecretario Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Trabajo, Natalia Villalba, directora de Trabajo, y Gastón Fingermann, director provincial de Fortalecimiento Institucional y Acceso a la Información Pública; Carlos De Aparici, Carlos Cárdenas y Fredy Berdeja, del Partido Justicialista de Jujuy; Florencia Popp, coordinadora de la Comisión de Géneros y Diversidades de los equipos técnicos del PJ nacional; dirigentes empresariales: Guillermo Moretti (Rosario) y Leo Bilanski; José Dolfi (asesor HCDN); Ofelia Cedola (Instituto Patria); Sandra Pérez (Universidad Nacional de Moreno); Ana Catalano (UBA, Sociales); Luis Castillo Marín (UBA, Sociales); Pablo Narvaja (UNLa); Macarena Kunkel (UNAJ); Juan Iacona (UNLa); Marina Saltzman (Athenea); Damián Ledesma (Athenea); Mariana Grass (Corriente Nacional de la Militancia); Beatriz Cappelletti (CETyD-IDAES, UNSAM); Ana Natalucci (CONICET, Citra/UMET); Alexandre Roig (UNSAM, IDAES, MDS); Oscar Cuartango (exministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires); Gustavo Ciampa y Vanesa Lamami (Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio); Álvaro Orsatti y Martín Giambroni (RELATS); Mónica Sladogna (UBA, Sociales); Paula Andrea Lenguita y Hernán Palermo (Grupo Callao); Jorge García (Rapp); Walter Romero (UNDAV, Instituto Cafiero); Patricia Ciancio (Instituto Independencia); Antonio Muñiz (presidente PJ Luján, Instituto Independencia); Federico Ludueña (excoordinador programa Jóvenes, MTEySS); Pablo Pérez (apoyo técnico).
Enrique Deibe es coordinador de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de los equipos técnicos del Partido Justicialista nacional.
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