Desde el día en que asumimos, el presidente Alberto Fernández puso un lema como horizonte: “Empezar por los últimos para llegar a todos”. Así iniciamos nuestra gestión hace poco más de un año, con la certeza de que teníamos que afrontar una serie de problemas estructurales que afectan a los más vulnerables, agravados por cuatro años de un gobierno que había apostado a reducir el Estado. La situación era muy crítica y sobre esa base empezamos a diseñar políticas públicas pensando en atender lo urgente sin dejar de lado lo importante. Así nació el Plan Argentina Contra el Hambre, con el objetivo de que todos los argentinos pudieran llevar un plato de comida a su mesa. Sin embargo, la aparición de la pandemia por COVID-19 nos hizo replantear cada paso y empezar un camino de gestión en medio de la catástrofe. Sobre esta base aplicamos cinco políticas generales desde el Estado Nacional que nos permitieron contener la situación social y que lentamente vamos enfocando hacia nuestra prioridad: transformar planes sociales en trabajo para terminar con la pobreza.
Plan Argentina Contra el Hambre
Una semana después de asumir pusimos en marcha el plan Argentina Contra el Hambre que tiene como instrumento principal una tarjeta del banco público a la que el Estado le transfiere fondos el tercer viernes de cada mes. La tarjeta Alimentar no permite la extracción de dinero, sino que su única función es la compra de alimentos. Básicamente esto estaba destinado a madres con chicos menores de seis años, pero por la pandemia fuimos ampliando ese universo hasta alcanzar a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños o niñas de hasta 14 años y a madres con siete hijos o más que perciben Pensiones no Contributivas (PNC).
El objetivo de este plan fue resolver el problema del hambre en Argentina y mejorar la calidad nutricional; fomentar el consumo de leche, carne, frutas y verduras; transferir fondos para que las familias compren los alimentos que quieren: solo están excluidas las bebidas alcohólicas.
La pandemia complicó la situación alimentaria. Teníamos ocho millones de personas que recibían asistencia y pasamos a tener 11 millones en el punto más alto de la pandemia en 2020.
Esta transferencia de dinero del Estado para poder atender la cuestión modificó el presupuesto del Ministerio: arrancamos con 84.000 millones de pesos y terminamos ejecutando en 2020 240.000 millones. Se triplicó. De esto, el 70% fue asistencia alimentaria, a través de distintos mecanismos: la Tarjeta Alimentar, transfiriendo fondos para que los gobiernos locales o provinciales compren alimentos, descentralizando en los comedores comunitarios o escolares. Así llegamos a cubrir 11 millones de personas.
¿Qué conclusiones podemos sacar? Primero, que durante la pandemia logramos cobertura alimentaria, pero empeoró la calidad nutricional. Notamos el aumento del consumo de fideos, harina y arroz, y disminuyó el de leche, carne, frutas y verduras. En abril de 2020 llegamos a tener el 62% de las compras de la Tarjeta Alimentar destinadas a alimentos frescos, en julio el número bajó a 43%.
El problema es que la pérdida de calidad nutricional se transforma en problemas de peso y talla para los chicos, aumentando así la pobreza estructural. Argentina, a diferencia de otros países de América Latina, tiene un serio problema de inflación, y de inflación en alimentos, con lo cual sigue siendo hoy una problemática importante, pero hay que decir que tuvimos una política exitosa en términos de cobertura alimentaria. A nadie le faltó un plato de comida en el medio de la crisis.
Plan Potenciar Trabajo
Una segunda política es el Plan Potenciar Trabajo, que básicamente apunta a vincular planes sociales con trabajo. Hoy en la Argentina hay 870.000 personas que cobran la mitad del salario mínimo como parte del apoyo del Estado. Como contraprestación tienen que trabajar cuatro horas –porque cobran la mitad del salario mínimo– o donar parte de su producto –porque en este sistema acceden también a máquinas, herramientas e insumos para realizar su actividad, entonces quien tiene una panadería dona parte de su producto al comedor del barrio, o el carpintero repara los bancos de una escuela, etcétera. Como tercera opción, la persona que accede al Potenciar Trabajo puede estudiar.
Partimos de la base de que el trabajo tiende a ser: o muy tecnológico o de mano de obra intensiva. Esto último se da básicamente en los sectores pobres y se concentra en cinco rubros: construcción, producción de alimentos, actividad textil, sistemas de cuidado y reciclado. Las personas deben trabajar al menos cuatro horas en estos rubros. Si trabajan más, quienes las contratan deben completar el salario, ya sea en el sector público o privado.
Para que esta contratación sea posible, bancarizamos a las personas con una cuenta en el banco público sin costos. También armamos un sistema de formalización: se registran como monotributistas sociales para poder emitir facturas. Es decir, pueden producir y vender, pero no tienen ningún costo que pagar. En este marco, uno de los objetivos que tenemos es crear 300.000 puestos de trabajo durante 2021, entendiendo como puesto de trabajo el caso de aquellas personas que durante tres meses tienen ingresos por encima del salario mínimo. Así, se parte de una base otorgada por el Estado y se van incorporando ingresos.
IFE y ATP
La tercera política que aplicamos es la más grande: se trata de la transferencia de dinero a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). El IFE llegó a casi nueve millones de familias del sector informal en tres pagos de 10.000 pesos, monto que ha perdido valor en la medida que la inflación fue creciendo. El ATP implicó que el Estado se hizo cargo de cubrir una parte de los salarios del sector privado. Ante el impacto de la pandemia, sobre todo en las épocas de mayor aislamiento, el Estado le pagaba directamente a una parte de los trabajadores del sector privado para evitar el cierre de fábricas y comercios. Esto ha sostenido una parte de la actividad: la caída de la actividad económica fue menor como consecuencia de estas asistencias económicas. Esto fue lo más grande en términos de impacto sobre el PBI. La transferencia de recursos evitó, en el medio de la crisis más profunda, una catástrofe social.
Urbanización
El año pasado, mi tarea como ministro fue sostener la situación alimentaria. Este año es transformar planes sociales en trabajo. En este sentido, además del ya nombrado Potenciar Trabajo, la cuarta política es la urbanización de villas, barrios y asentamientos. En 2018 se aprobó una ley que creó un registro en el que se detectaron 4.400 barrios que no tienen agua, ni servicios básicos, y que están hacinados. Ahí residen cuatro millones de argentinos que viven en el siglo XIX. Esa ley, además, creó un fondo de financiamiento que se nutre de la compra de dólares: cada vez que alguien compra un dólar, una parte va a un fideicomiso que constituimos con un banco público. Hace cuatro meses esta área fue traspasada por el presidente a nuestro Ministerio y estamos avanzando en la tarea que es, básicamente, urbanizar esos barrios.
Son tres las acciones que se hacen: una es urbanizar, es decir abrir calles, llevar agua, servicios básicos y cloacas, y construir espacios públicos; la segunda apunta al mejoramiento de viviendas, sobre todo de cocinas y baños que hacen a la condición sanitaria; y la tercera es adquirir lotes con servicios para cuando tenemos que relocalizar un barrio: se compran lotes que tengan las condiciones apropiadas para la vida y después se relocaliza. Esto invierte una lógica que históricamente se ha llevado adelante en la Argentina.
El objetivo es urbanizar 400 barrios por año en un plazo de diez años, por lo que estamos en presencia de una política de Estado que claramente trasciende a un ministro, a un gobierno. Hasta el momento ya estamos en 106 barrios: tenemos que llegar a 400 durante 2021.
En esencia, esta política combina derechos y trabajo. Derecho a la vivienda digna. Pero a la vez es un gran plan de trabajo. Establecimos que al menos el 25% de quienes trabajan debe ser gente del barrio. Se van conformando cooperativas. Se trata de un proceso complejo que tiene muchas dificultades, pero ya estamos en marcha y va a ser la política más grande en términos de manejo de recursos.
Infancia
La quinta política tiene que ver con la primera infancia. Según el último dato del INDEC tenemos 42% de pobreza general y 57% en los menores de 14 años. A menor edad es mayor el nivel de pobreza. Una de las formas de atender este tema, de achicar la desigualdad, es lograr que todos los chicos vayan al jardín desde los tres años, y para eso tenemos que lograr que haya lugar, vacantes para todos, y empezar a igualar las condiciones para que todos arranquen el proceso educativo a los tres años. Hay chicos que sí lo hacen, y otros directamente van a sala de cinco, y ahí es donde está claramente el primer signo de desigualdad. Este año nos toca crear 800 jardines dentro de este esquema: ya estamos trabajando en 269.
Hablamos de jardines maternales, para chicos de 45 días a 2 años, que tienen que ver con los sistemas de cuidado, para que cuando las madres y los padres tienen que salir a trabajar tengan dónde dejar al chico. Y de jardines comunitarios con salas de 3, 4 y 5 años. Esto impacta claramente en la pobreza estructural.
Este núcleo de políticas públicas sostuvo la situación social en Argentina, evitando así un colapso. No solo es el Estado el que pudo lograrlo: hay una gran red de iglesias, movimientos sociales y escuelas. También el sector privado tuvo un rol importante.
Hemos amortiguado la caída y seguiremos trabajando para que esta crisis, inédita a nivel mundial, nos afecte lo menos posible. Y seguiremos con la mirada puesta en quienes más lo necesitan, con el objetivo de alcanzar la movilidad social ascendente tan justa como necesaria.
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