En cumplimiento de la Constitución Nacional

Nuestra Constitución Nacional en su Preámbulo establece: “promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”; y en su artículo 16: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Carta Magna que todos los funcionarios y funcionarias juran por ella cumplir y hacerla cumplir; que es el principio y base jurídica de nuestra sociedad; sin embargo, es obvio que no se cumple, porque es inadmisible que un país que exporta alimentos para más de 300 millones de personas tenga los niveles de pobreza y de exclusión social que el mismo INDEC estima en un 42% de sus habitantes: más de 19 millones de personas son pobres. Es peor, muchos y muchas son pobres aunque tengan trabajo, porque la remuneración mensual promedio en la Argentina de abril de 2021 ronda los 85.000 pesos. Eso quiere decir que las 9.475.600 de personas asalariadas registradas que realizan aportes previsionales bajo relación de dependencia –privada o pública– muchas perciben una remuneración equivalente menor a los 62.957,54 pesos, que fue el umbral que fijó el INDEC para el mes de abril pasado como el mínimo que necesita una familia constituida por pareja y dos hijos –y que tenga dónde vivir, porque no incluye el pago del alquiler– para cubrir la denominada Canasta Básica Total.

Los planes sociales

La respuesta del gobierno nacional –y también de las provincias– son los llamados planes sociales, pero atados a que no desmejoren los números fiscales. No bien se desató el problema de la pandemia, el Estado Nacional argentino realizó ingentes esfuerzos para dar debida respuesta al flagelo. Se reconvirtieron hospitales en todo el país, se asistió a las provincias y municipios y se instrumentaron dos planes sociales: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que benefició a 8.839.044 personas, por un monto total de 265.000 millones de pesos pagados en tres cuotas de 10.000 pesos por persona en el año 2020; y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) realizada en seis veces para los meses de abril a septiembre del año 2020, cuyo gasto total fue de $ 226.853 millones –equivalentes a unos 2.755 millones de dólares– y llegó a asistir con parte del sueldo y disminución a cero de los aportes previsionales a 274.557 empresas y 2.267.000 trabajadores y trabajadoras. En el último trimestre del año 2020 y por claros condicionamientos del FMI no hubo reemplazo del IFE y sí de los ATP por el Programa de Recuperación Productiva II (REPROII) pero de una cuantía y alcance mucho menores: el mes que más empresas se apuntaló fue enero de 2021 y alcanzó a 10.276 sociedades y a 354.420 trabajadores, pagándoles un haber mensual promedio de 12.700 pesos.

En la Ley 27.591 de Presupuesto Nacional 2021 desaparecen como gastos la ATP y el IFE. Sin embargo, ante la segunda ola del COVID-19, el Gobierno en mayo de 2021 extendió la vigencia del ATP hasta el 31 de diciembre de 2021, que sería la séptima etapa del plan que se puso en marcha con la llegada de la COVID-19 a la Argentina. El viernes 21 de mayo 2021 el ministro Moroni anunció que serían asistidas con el REPRO II las actividades comerciales afectadas por las medidas restrictivas anunciadas por el presidente Alberto Fernández ante el constante aumento de contagios por coronavirus: “Lo que vamos a hacer en los sectores críticos (gastronómicos, hotelería, turismo), que son los más afectados, es llevar ese valor del REPRO a $18.000 por mes. (…) A los pequeños empresarios que puedan tener hasta tres o cuatro trabajadores, les vamos a dar, en la medida que cumplan con los requisitos, la asistencia al REPRO de $18.000 por trabajador por mes”. Los comercios gastronómicos y los sectores críticos pueden sumarse al REPRO y desde el mes de junio 2021 pasan de 18.000 a 22.000 pesos por trabajador o trabajadora por mes. Muchos de los titulares de esos comercios son monotributistas y se creó la posibilidad de que ese comerciante o empresario gastronómico también puedan inscribirse en el programa.

Por otra parte, la cartera de Desarrollo Social que encabeza Daniel Arroyo continúa con el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), cuyo valor se ajusta de acuerdo con la fórmula de movilidad jubilatoria. También se seguirá trabajando con la Tarjeta Alimentar: desde el 21 de mayo 2021 se empezó a pagar la ampliación de esa tarjeta, para llegar a casi cuatro millones de personas.

En síntesis, hasta el 21 de mayo de 2021 el Informe de la Secretaría de Hacienda sobre el gasto social dice que en COVID-19 y asistencia se destinarán este año 2021 472.000 millones de pesos –es el 5,36% del gasto presupuestario anual de 8,8 billones de pesos– de los cuales en prevención –compra de vacunas– se invertirá la suma de 52.913 millones: menos del 0,1% del PIB. En el año 2020 el conjunto de medidas asociadas al COVID-19 implicó un gasto devengado de alrededor de 917.793 millones de pesos sobre una ejecución del gasto total de 7,1 billones de pesos (12,9% del gasto).

Planes Sociales anunciados el 21 de mayo de 2021

Para el mes de junio 2021 la AUH general es de 4.504 pesos por mes y para la zona 1 –Patagonia, La Pampa y Carmen de Patagones– de 5.856 pesos, igual que para la Asignación por Embarazo.[1] La tarjeta Alimentar es de 6.000 pesos por mes para las madres con un hijo o hija, y de 9.000 pesos para las madres con más hijos o hijas. El programa Potenciar Trabajo beneficia a 920.000 trabajadores y trabajadoras, quienes percibirán en este mes la suma de 12.204 pesos, al ajustarse en un 4% como parte de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).[2]

Es obvio que con una inflación anualizada del 46,3% en abril de este año contra abril del año 2020, la ayuda es menor a las necesidades. También es obvio que deberían reforzarse todas las partidas, pero esencialmente el programa Potenciar Trabajo, que debería abarcar a más trabajadores y trabajadoras, y debería multiplicarse la remuneración por cinco para superar la canasta básica total. Este programa significa el 1,25% del presupuesto de la Administración Nacional: si se lo quintuplica sería del 6,25%, por lo que habría que conseguir financiamiento por un 5% del presupuesto. Con esa suma, los trabajadores y las trabajadoras construirían viviendas y otras obras públicas que se hacen con insumos nacionales y sería un multiplicador de la inversión, creando puestos de trabajo y elevando el nivel de actividad a otras industrias y servicios ligados a la construcción.

Por qué no se hace

La Constitución Nacional dice que se debe garantizar el bienestar general. Éste debe partir de la producción de bienes y servicios por el trabajo: el trabajo dignifica y crea valores en una interrelación auspiciosa de trabajo y producción. Paralelamente, hay sectores fuertemente beneficiados por la devaluación permanente de nuestra moneda: el tipo de cambio fijado por el Banco de la Nación Argentina el 10 de diciembre de 2019, cuando asumió la Presidencia de la República Alberto Fernández, era de 62 pesos, y el día 4 de junio de 2021 pasó a valer 100 pesos: nuestra moneda se devaluó en 61,2%: eso se refleja en el aumento de las exportaciones de alimentos, pero también en el aumento de los precios internos de esos alimentos. Los cinco alimentos que más subieron durante el gobierno del Frente de Todos –sin incluir productos con movimientos estacionales– son cortes de carne: asado, nalga para milanesas, paleta, cuadril y carne picada. Luego vienen dos productos que los sustituyen parcialmente, como el pollo y el cerdo.[3] Y es cierto que el título de propiedad de la tierra pertenece a los grandes estancieros y productores, pero el sol, la lluvia, el arroyo o río que pasan por sus tierras nos pertenece a todos, y la protección jurídica de ese derecho de propiedad la garantiza el Estado y toda la sociedad. Por una mayor equidad del esfuerzo, la suma necesaria para incrementar el haber del programa Potenciar Trabajo se debería detraer básicamente del incremento de los derechos de exportación de productos agropecuarios y agroindustriales, ante una venta récord como va a ser la de este año 2021: hasta mayo CIARA-CEC[4] declararon ingresar 13.301 millones de dólares, un 91% más que en igual lapso que el año pasado. En 2020 el ingreso total declarado fue de 20.274 millones de dólares. Que este año 2021 el aumento en los ingresos sea del 50% –y va a ser más– implica que el ingreso de exportaciones de esas dos cámaras superará los 30.000 millones de dólares. Si se aumentara el derecho de exportación a tasas similares a las de los gobiernos de los Kirchner,[5] se lograría ese objetivo.

Notas:

[1] Del cual se paga mensualmente el 80% y el 20% restante a fin de año, una vez presentada toda la documentación.

[2] El Salario Mínimo Vital y Móvil para junio de 2024 es de 23.544 pesos y la jubilación mínima de 22.071 pesos.

[3] Los alimentos que más subieron durante el gobierno de Alberto Fernández (enero 2020-abril 2021): asado, 92%; nalga: 89%; paleta: 86%; cuadril: 82%; carne picada común: 81%; pollo entero: 73%; tomate entero en conserva: 68%; yerba mate: 66%; jamón cocido: 65%; queso cremoso: 61% (Fuente: INDEC).

[4] Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

[5] En el gobierno de Néstor Kirchner, los derechos de exportación de la soja tenían una tasa del 35%; el girasol 32%; el trigo 30%; el maíz 28%; y la carne del 15%. Hoy la tasa efectiva de la soja es del 30% y de todos los demás granos del 12%, y la de la carne, 9%.

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