La comisión de Seguridad del PJ nacional redactó y presentó el proyecto para la creación de la Unidad Federal de Control Policial y el Consejo Federal de Control Policial, la primera dependiente del Ministerio de Seguridad y el segundo como parte del Consejo de Seguridad Interior. El proyecto “parte de la premisa que el personal que se desempeña en seguridad debe ser investigado, en sus conductas por faltas graves, por personal no perteneciente a la estructura de la organización de la fuerza y que responda al poder político del gobierno electo. A su vez, se deben establecer criterios federales para una política pública para dicho control que unifique el criterio de sanción, como su procedimiento y especificidad de faltas graves, colaborando y asesorando a las provincias para replicar este modelo a través de unidades locales de control policial”.
Además, la comisión redactó y presentó el proyecto para la creación de la Dirección General de Producción y Análisis de Inteligencia Penitenciaria dependiente de la Dirección del Servicio Penitenciario Federal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y como miembro pleno del Subsistema Nacional de Inteligencia Criminal. “La inteligencia penitenciaria tiene un rol fundamental dentro y fuera del sistema penitenciario, motivo por el cual es imperativo el cumplimiento eficiente de su función en el marco de un estricto control por parte de personal sin estado policial, junto a un esquema de auditoría efectivo. La función de la inteligencia penitenciaria no es otra que la de articular la obtención de información de todas las fuentes disponibles para generar conocimiento, bajo la premisa de trabajar sobre tres fenómenos: la prevención de motines, la prevención de fugas y la producción de inteligencia criminal sobre las actividades relacionas con la criminalidad organizada que excedan lo que pasa dentro de los muros de las unidades penitenciarias”.
También se redactó y presentó el proyecto para la creación de la Auditoría General de Asuntos Internos Penitenciarios y la Dirección Nacional de Auditoría y Modernización Penitenciaria, ambas dependientes de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios –actual rol de la intervención– dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “El proyecto para la creación de la AGAIP tiene como objetivo delegar en una autoridad externa a la estructura del Servicio Penitenciario Federal los sumarios más importantes y la aplicación de sanciones para evitar retrasos, distorsiones y discrecionalidad”. “El proyecto para la creación de la DNAMP tiene como finalidad complementar la estructura actual del SPF en cuanto al control y la mejora permanente de la seguridad física y las condiciones edilicias y estructurales de las unidades penitenciarias, brindando herramientas complementarias al subsecretario o subsecretaria de asuntos penitenciarios en cuanto a la situación real de seguridad y habitabilidad de las unidades y al estado de los proyectos en ejecución”.
Asimismo, la comisión redactó y presentó el proyecto para la creación del Observatorio de Seguridad y Violencia dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su creación “tiene la finalidad de generar un espacio multisectorial e interdisciplinario que permita la sistematización, evaluación y análisis de información relacionada a la manifestación del delito en todos los niveles (nacional, provincial y municipal) y la realización de un monitoreo permanente y una evaluación detallada que permita medir funcionamiento, resultados e impacto real de las políticas públicas aplicadas para la prevención del delito y la reducción del ambiente criminal”.
Otra actividad de la mesa fue la redacción y presentación del proyecto para la creación de un Curso Básico de Seguridad Ciudadana para la formación, desde el PJ, en los ejes fundamentales de la seguridad ciudadana de la burocracia especializada con responsabilidad en la gestión de la prevención del delito a nivel municipal y provincial. “La función principal del curso es capacitar a los cuadros de todos los niveles de gobierno, con responsabilidad en la toma de decisión en políticas de seguridad ciudadana, con la finalidad de brindarles mayores herramientas conceptuales y técnicas que contribuyan al fortalecimiento de su gestión”.
También se redactó un documento sobre la situación actual del Sistema Nacional de Inteligencia Criminal como complemento de un proyecto para su reforma y federalización. “Como puede observarse en la normativa vigente a partir de las modificaciones realizadas en el año 2015, y vigente en la temática específica hasta la fecha, la producción de inteligencia criminal pasa a ser competencia exclusiva de la Agencia Federal de Inteligencia, quedando la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DINICRI) y todos sus recursos técnicos a disposición a solo requerimiento. En la misma dirección, la reforma normativa deja abierta la posibilidad de coordinar la actividad a través de la DINICRI, canalizando esta delegación en protocolos funcionales. Desde la fecha de promulgación de la Ley 27.126 y del decreto 1311/2015 hasta la fecha, no se han presentado protocolos funcionales para la coordinación a través de la DINICRI de la producción de inteligencia criminal, ni se ha trabajado en un esquema que permita la transferencia de recursos desde la DINIDRI hacia la AFI para disponer de los mismos. Esta lógica de reducción de competencias de la DINICRI frente a la AFI, sumada a una falta de claridad sobre el proyecto de largo plazo para la consolidación del sistema y subsistema de inteligencia criminal, llevaron a que la DINICRI se encuentre actualmente desnaturalizada en su función como la cabeza del sistema nacional de inteligencia criminal y desdibujada en su relación con las áreas de inteligencia criminal de cada una de las fuerzas federales”.
En este 2020 se coordinó un trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Sebastián Benítez Molas, y con la Dirección Nacional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, a cargo de Diana De Echandía, para el armado de un curso nacional de investigación y prevención de delitos ambientales. En el marco de este trabajo se está coordinando la realización de un primer curso en la provincia del Chaco, en conjunto con autoridades locales, y el armado de un programa transversal con el objetivo de formar a las fuerzas de seguridad federales y a las autoridades provinciales con responsabilidad en la investigación y prevención en este tipo de delitos. En paralelo, se están haciendo gestiones con organismos internacionales y universidades locales para conseguir financiamiento y armar una diplomatura específica.
Por último, se realizó un trabajo en conjunto con la ya mencionada Subsecretaría de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la delegada de la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Lucía Gómez Consoli, con el objetivo de: a) concretar la entrega de una donación de la ONU de reactivos para la detección inmediata de drogas ilícitas a ser utilizados por dos fuerzas federales a definir; b) iniciar las gestiones necesarias con las autoridades nacionales para la apertura de una delegación en argentina de la UNODC; c) iniciar las gestiones para presentar desde el Poder Ejecutivo un proyecto de ley para la tipificación específica del delito de tráfico de armas, con el objetivo de mejorar las herramientas disponibles para la prevención y el combate de este tipo de delitos; d) evaluación en conjunto de otros programas de la ONU que son plausibles de implementar a nivel nacional, afines a las temáticas que se vienen trabajando en la Mesa de Seguridad del PJ.
La comisión de Seguridad de los equipos técnicos del PJ nacional está coordinada por Glen Evans, e integrada, entre otros y otras, por Viviana Arcidiácono, Daniel Garibaldi, María Florencia Pielmarini, Adrián Rodríguez, Lautaro González Francheri, José Alberto Parata, Roberto Gronda, Marcelo Ibáñez, Nicolás Biseglia, Matías Perini, Cynthia Cubas, Federico Armada, Gustavo Sicca y Javier Cavallaro.
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