La Vía Campesina, un movimiento social transnacional, surgió en un determinado contexto histórico como resultado de una serie de crisis que experimentaron el campo, las sociedades y los estados periféricos en los últimos años del siglo XX. Este proceso se enmarca en un contexto de desigualdades sociales y materiales a nivel de clases sociales y de Estados. El proceso de globalización y el creciente poder de las grandes empresas transnacionales configuran el poder material e ideológico que determinadas clases aglutinan en el modo de producción capitalista y contribuyen para que el Estado delimite las políticas sociales. De tal manera, si bien en tiempos del neoliberalismo se cuestiona la figura del Estado, es importante resaltar que “lo que siempre ha estado en la agenda a lo largo de la Historia, para las clases dominantes, fue el rol o la agenda del Estado, y nunca su existencia” (Maringoni, 2022: 7). Las desigualdades, cada vez más acentuadas, se reflejan, por tanto, en las luchas de clases, que van ganando terreno tanto en la sociedad civil como en la sociedad política –las dos esferas que componen el Estado en la perspectiva gramsciana (Gramsci, 1931).
Los movimientos sociales definen estrategias y acciones de acuerdo con sus posiciones teóricas: unos buscan la confrontación armada, otros la confrontación ideológica, y otros aún intentan acercarse a los actores hegemónicos para obtener algún beneficio.
La Vía Campesina se inserta en este contexto de desigualdades y luchas de clases en los dominios del Estado. La creciente homogeneización del consumo y la producción; el monopolio de la producción por parte de algunas empresas; el empobrecimiento del medio rural; la preocupación por el medio ambiente; son variables que constituyen una fase del sistema capitalista. En este sentido, algunas categorías se presentan como esenciales para el movimiento, tales como la agroecología, la soberanía alimentaria, los derechos humanos y la cuestión de género. La agroecología es una herramienta de crítica y de práctica agrícola que busca superar el modelo agrícola actual y retomar relaciones más armoniosas con la naturaleza, evitando el uso de agrotóxicos y la producción a gran escala que utiliza la agricultura tradicional. El modelo agrícola hegemónico no apunta a la preservación del medio ambiente ni a la producción de alimentos saludables para el consumo de las personas, sino que, por el contrario, apunta a la productividad a gran escala y alta rentabilidad. Estos valores están ligados al modo de producción capitalista, cuyo objetivo final es la obtención de plusvalía. Esta postura se puede percibir claramente en las políticas agrarias de los Estados, dado que las clases dominantes tienen el poder político suficiente como para satisfacer sus intereses en la estructura estatal.
La agroecología busca superar este modelo en la lucha por la efectivización de una reforma agraria justa y real, y exige una postura del Estado efectivamente a favor del medio ambiente. Existe en el movimiento, por tanto, la idea de que el Estado juega un papel crucial para revertir la situación actual en cuanto a las políticas agrícolas. Sin embargo, esto no ocurriría –desde la perspectiva marxista del Estado– por la bondad de la clase hegemónica, sino por la lucha de clases que constituye la esencia y a la vez la materialidad misma del Estado. Así, ante el escenario actual, el movimiento social debe buscar en el juego de correlación de fuerzas la ocupación de determinadas instituciones del aparato estatal, o bien lograr políticas en interés de la Vía Campesina: “el Estado es determinante en la organización de las relaciones de producción y es en él que se constituirá el lugar y las condiciones en que las distintas clases sociales se disputarán el excedente. El Estado no es sólo el comité organizador para la dominación de una clase sobre las demás –como decían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista–, sino que también constituye el espacio público de la disputa política y del conflicto distributivo” (Maringoni, 2022: 8).
Como se mencionó anteriormente, el Estado constituye un espacio de disputas entre proyectos societarios, pero también de disputas sobre políticas que se materializan en el accionar institucional del Estado. Para mantener el statu quo de las condiciones económicas de las clases dominantes y dominadas, la clase hegemónica, a través de manifestaciones del propio Estado, hace concesiones, aunque sea en interés de la clase subordinada, para mantenerse en el poder. Es en este espacio que la Vía Campesina entiende que es posible insertar y defender ciertos principios y políticas, tal como lo expresan sus documentos (Vía Campesina, 2009). Además de la agroecología, la soberanía alimentaria aparece como otra bandera fundamental dentro del movimiento, cuyo argumento básicamente sostiene que los pueblos, las naciones y los Estados deben ser soberanos en la elección de sus alimentos, respetando los principios, los valores y las necesidades básicas de cada sociedad. Esta perspectiva apunta a la autonomía de los Estados, para que puedan recuperar la soberanía alimentaria de su población, sin que las grandes empresas vinculadas al sector agropecuario dominen la economía, ni homogenicen el sector alimentario, ni la producción y el consumo a gran escala.
Así, una vez lograda la autonomía, el movimiento pretende dar sentido y visibilidad a los sujetos silenciados. Esto es posible con las luchas populares que se libran dentro del Estado. El movimiento entiende que los Estados deben recuperar su poder y su soberanía sobre las grandes corporaciones, para poder decidir sobre las políticas agrícolas sin su injerencia. Obviamente, esto no significa aceptar que la dominación sea sólo externa –de unos Estados y unas corporaciones bajo otros Estados. Sin embargo, es necesario realizar un análisis profundo de la existencia de las clases dominantes que también son dominadas en el juego de las relaciones internacionales. Al respecto, Poulantzas (1985) demuestra que en el seno de la clase dominada existen fracciones, y también existen desigualdades dentro de la clase dominante.
Adicionalmente, las categorías de derechos humanos y género se fundamentan en una reflexión cuyo eje constitutivo trasciende las limitaciones de los conceptos de Estado y clase social, dado que presuponen un argumento básico basado en la condición de ser humano. Incluso desde la perspectiva de la Vía Campesina existen debates con las dimensiones ya expuestas, como queda expuesto en el sugerente subtítulo del trabajo de Miranda Imperial (2019): La Vía Campesina: Nuevas Alternativas Feministas para el Medio Ambiente. La autora expone las acciones realizadas en este sentido, destacando que la Vía Campesina, “buscando alcanzar la soberanía alimentaria de los pueblos, las feministas se propusieron combatir contra el gran agronegocio a favor de una agricultura sustentable y orgánica. Es una combinación de feminismo y lucha contra el capital, con foco en la lucha contra las corporaciones transnacionales” (Imperial, 2019: 6, traducción nuestra).[1]
El irrespeto sistemático a los derechos humanos y a las relaciones de género se basa en condiciones materiales, pero el respeto a estos mismos derechos se basa en el axioma de que los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, clase o género, tienen los mismos derechos y deben ser respetados de igual forma. Las condiciones sociales y materiales acentúan ese irrespeto sistemático, pues quienes tienen la condición de clase dominante acceden fácilmente a los derechos.
El movimiento tiene claramente una estrategia definida para lograr sus objetivos en el seno del Estado, esto es, valiéndose de la correlación de fuerzas que se establece entre las clases. Es, por tanto, un juego de concesiones de ambos lados, ya que la clase dominante hace concesiones, aunque sea en interés de las clases subalternas, y éstas, a su vez, buscan la negociación y no la superación del Estado. En el marco de la opción teórica que consideramos más cercana a la Vía Campesina, existe un claro consenso en aceptar la correlación de fuerzas existente en el interior del Estado. La lucha del movimiento se traza en los límites de la sociedad civil y se configura también en el horizonte estatal. En este sentido, hay concesiones que se pueden observar en algunos países, como en Malí, donde la soberanía alimentaria fue incorporada a la política agrícola de ese país (Vieira, 2012). El movimiento asume así una posición de acción junto al Estado, luchando por políticas agrícolas que sigan los principios de la agroecología y la soberanía alimentaria, así como por políticas que respeten los derechos humanos, especialmente de los campesinos y las campesinas, y que busquen relaciones de género equitativas. Esta alianza, sin embargo, no está restringida al ámbito de los Estados, sino que también congrega a instituciones internacionales, pues el movimiento considera su impacto en el fortalecimiento del Estado como promotor de políticas más justas e igualitarias.
Podemos concluir, con base en Poulantzas (1985), que la lucha de clases se materializa en la institucionalidad del Estado a través de políticas, obtenidas por concesiones, o porque el movimiento llegó a una determinada institución estatal. Por tanto, el Estado, más que un aparato coercitivo o ideológico, actúa a través de la relación institucionalizada entre clases sociales, haciendo concesiones con el objetivo de mejorar las condiciones materiales de las clases subalternas.
Según la concepción de Gramsci, la Vía Campesina –como movimiento social activo en el ámbito del Estado– es un aparato privado de hegemonía de la sociedad civil. Además, existen instituciones –para usar los términos de Gramsci– que permiten que la clase subordinada se torne hegemónica. Así, a pesar del dominio del capital dentro del Estado, éste no constituye un campo único y exclusivo de la clase dominante, sino un espacio con brechas que permiten la disputa por derechos y la materialización de la lucha de clases. Más que un actor que lucha por los derechos sociales, la Vía Campesina permanece con su carácter crítico y contestatario del sistema.
Referencias
Gramsci A (1931): Cadernos do Cárcere, 3. Maquiavel: Notas sobre o Estado e a Política. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007.
Imperial M (2019): “New Materialist Feminist Ecological Practices: La Via Campesina and Activist Environmental Work”. Social Sciences, 8(8):235.
Maringoni G (2022): “O Estado, Agendas e Disputas Políticas”. En: A volta do Estado Planejador. Neoliberalismo em Xeque. São Paulo, Contracorrente.
Poulantzas N (1985): O Estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro, Graal.
Via Campesina (2009): Documentos Políticos da Via Campesina. Quinta Conferência. Jakarta.
Vieira FB (2012): “Lutas camponesas na escala internacional: um estudo sobre a Via Campesina”. Revista Nera (Presidente Prudente), 20.
Leila Yatim es graduada em Relaciones Internacionales, magister y doctoranda en Sociedad, Cultura y Fronteras por la Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil. Fernando José Martins es graduado em Pedagogía, magister en Educación por Universidade Federal do Paraná, Brasil, y doctor en Educación por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) con complementación por la Universidade do Porto, Portugal. Es profesor asociado y diretor general de la Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em el campus de Foz do Iguaçu.
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[1] “Striving to reach food sovereignty for the people, feminists proposed to fight the huge agro-businesses in support of a sustainable and organic agriculture. Theirs is a combination of feminism and struggle against capital focusing on the fight against transnational corporations”.
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