¿Alguien leyó el informe Bachelet sobre Venezuela?

La respuesta más escuchada estos días será: “no, no lo leí, pero no le creo nada”.

Aclaración necesaria antes de empezar: a) para nuestro gobierno, Nicolás Maduro es el legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela; Argentina no participa del Grupo Lima; Argentina rechaza enérgicamente cualquier tipo de sanción económica, intervención o injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela, y seguimos apostando al diálogo como resolución de los conflictos; b) Argentina ejerce a nivel mundial un bien ganado liderazgo en materia de defensa de los Derechos Humanos como política de Estado; su defensa irrestricta constituye uno de los pilares fundamentales de la política exterior argentina.

 

El informe del Consejo de Derechos Humano de la ONU

Comencemos diciendo que no se trata de un informe “de” Michelle Bachelet, sino del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el máximo organismo a nivel mundial de defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo. En 2018, Michelle Bachelet fue elegida por unanimidad, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Michelle Bachelet, dos veces presidenta de Chile por una coalición de izquierda, sufrió el asesinato de su padre durante la dictadura de Pinochet, y ella y su madre fueron detenidas y torturadas en Villa Grimaldi. Entre otras cosas, aprendió a reconocer el olor de su propia carne quemada por la tortura. Pero nada de eso es suficiente para salvarse de los opinólogos que estos días han explicado que está “cooptada” por el imperialismo yanqui.

El 8 de octubre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió crear una misión para Venezuela con el objetivo expreso de “investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014”. Los miembros de esta misión fueron: Marta Valiñas, especialista en justicia penal internacional y justicia transicional, con experticia en el caso de Yugoslavia; Francisco Cox Vial, abogado penalista, dirigió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso de Ayotzinapa en México; Paul Seils, director de Prácticas de Paz e Innovación en el Instituto Europeo de la Paz, y trabajó en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Estos tres reconocidos profesionales elaboraron un detallado informe de 443 páginas.

Alrededor de este informe se levantó un inmenso coro de indignados con argumentos tan sólidos como: “por qué no se va a investigar a Chile, ¿ehh?”; “no dice nada de Bolivia”; “¿y de Colombia se olvida, no?”; “¿por qué no va a Guantánamo?”. Bueno, diré que basta con ingresar a la página web de la ONU para ver todas las denuncias e investigaciones en curso en más de 40 países, entre otros Colombia, Bolivia, Chile, Birmania, Sudan, Congo y el territorio ocupado de Palestina.

Pero en materia de declaraciones desafortunadas, el ganador fue sin duda el sociólogo y bibliotecario Horacio González, quien en Radio Nacional explicó: “El gobierno [de Venezuela] está en una batalla de calles. Debe reprimir y esa represión tiene víctimas”. Agregando: “la palabra socialismo no nos puede dejar indiferentes”. Sabés que sí, Horacio, la “heroica batalla” que libra el ejército bolivariano contra esos pibes que salen a tirar piedras a los milicos ya lleva 53 víctimas. Cincuenta y tres jóvenes estudiantes menores de 25 años, la edad nuestra en los 70, cuando te conocí y te admiraba como un ídolo.

 

Mi límite son los 53 estudiantes asesinados en manifestaciones callejeras

“Este es mi límite”, fue una frase que se repitió mucho estos días por parte de los “indignados”. Es como una sentencia única, moral e irreprochable que da un áurea de excelso principismo a quien la pronuncia. Bueno, yo también la voy a usar: mi límite es el asesinato a sangre fría de manifestantes desarmados, aunque se haga en nombre de “la palabra socialismo”.

Yo sí me tomé el trabajo de leer las 443 páginas del informe sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela. Un argentino con los ojos curtidos de leer miles de páginas sobre violaciones a los Derechos Humanos, a poco de leer se da cuenta que quienes escriben y los testimonios colectados no son fruto de ninguna conspiración, sino un lamentable muestrario de hechos que conocemos muy bien como parte de nuestra historia reciente.

Voy a empezar por el capítulo de las “ejecuciones extrajudiciales”, o asesinatos en manifestaciones de protesta. O en la “batalla en las calles”, como le gustó decirlo a Horacio González. Primero, porque son los hechos más visibles: hay videos, cientos de testigos, salen en los medios, no se pueden ocultar o discutir su existencia.

“Caso 39: muerte de Daniel Alejandro Queliz Araca, estudiante de derecho de 20 años en los parques del municipio de Valencia, Carabobo (10-11 de abril de 2017). La protesta comenzó alrededor de las 19 horas con un ‘cacerolazo’, en el que los vecinos golpeaban ollas y sartenes desde sus ventanas. Alrededor de las 23:30 horas, un equipo móvil de cuatro policías comenzó a disparar desde los techos. Daniel Queliz cayó herido de muerte y llegó al hospital sin signos vitales”. Acotación: en nuestro país los cacerolazos son habituales, pero nunca se nos ocurrió silenciarlos a los tiros.

“Caso 40: protesta en Caracas y muerte de Carlos José Moreno Baron de 17 años, estudiante de Economía (19 de abril de 2017). Se encontró con un amigo y se dirigió al punto de concentración de la marcha de la oposición en la Plaza la Estrella. Poco antes de las 10:30 llegaron al menos seis motocicletas con 12 hombres armados con pistolas y escopetas, con pasamontañas y chalecos antibalas, se bajaron y dispararon contra los manifestantes. Moreno recibió una herida de bala en la cabeza, falleciendo en el acto. El Ministerio Público concluyó que quienes habían disparado eran miembros del ‘Colectivo 5 de Marzo’, un grupo armado que operaba en Cotiza”. Acotación: los “colectivos” son grupos civiles armados que “colaboran” con el gobierno en la represión de las calles. En mi país los llamamos paramilitares y tuvimos algo parecido que se llamó Triple A.

“Caso 41: muerte en protesta de Juan Pablo Pernalete Llovera Altamira, de 20 años, Caracas (26 de abril de 2017). Un funcionario de la GNB disparó una bomba lacrimógena hacia el señor Pernalete desde 15 metros de distancia, golpeándolo en el pecho y provocando que cayera de espaldas. Según testigos el joven estaba por lanzar una botella”.

“Caso 42: muerte de Armando Cañizales, 18 años, recién inscripto en la Facultad de Medicina (3 de mayo de 2017). Un testigo reveló que Armando Cañizales, su hermano y un amigo se encontraban cerca de un piquete de la GNB sobre la autopista Francisco Fajardo. La GNB comenzó a disparar con escopetas contra los y las manifestantes, mientras éstos caminaban por el puente. Se oyó un disparo, Armando Cañizales se agarró el pecho y corrió unos metros antes de desplomarse”.

“Caso 44: muerte en protesta de David José Vallenilla Luis, 22 años, trabajador de salud, Caracas (22 de junio de 2017). Salió de su trabajo a las 15 horas para unirse a la protesta. Con un grupo de amigos caminaron por la autopista Francisco Fajardo en dirección de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda. David José Vallenilla se detuvo cerca de la valla, recogió un objeto y lo intentó arrojar por encima de las altas rejas, mientras varios soldados se ubicaban de otro lado de la valla. Uno de ellos, ya cerca de la valla, pasó su escopeta a través de la reja y disparó de forma directa hacia el pecho desde una distancia no superior a tres metros”.

“Caso 46: asesinato en protesta de Ender Peña, 18 años, en San Cristóbal, Táchira Contexto (30 de julio de 2017). Los y las manifestantes corrieron a esconderse detrás de algunas casas frente al barrio Rómulo Colmenares. Ender Peña se refugió detrás de un muro y de ahí se asomó para tratar de localizar el lugar desde el cual los agentes del CONAS estaban disparando. En ese momento fue alcanzado por un disparo y cayó al suelo. Dos testigos indicaron que tres funcionarios del CONAS estaban usando rifles de francotirador”.

Bueno, supongo que alguien querrá explicarme que todos estos jóvenes asesinados eran mercenarios al servicio de la CIA. Solo un idiota podría aceptar ese tipo de explicación, no es mi caso.

 

Otros aspectos que señala el informe

“Los oficiales militares activos o ex militares han ocupado entre el 23% y el 44% de los puestos del gabinete desde 2014 y alrededor del 30% de las gobernaciones estatales. También ocupan puestos de liderazgo en empresas estatales clave, incluida la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA)”.

Es llamativa la cantidad de organismos militares, policiales y de inteligencia dedicados a “mantener el orden interno”, empezando por la Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB). Según la Constitución: “la misión de la FANB es asegurar la independencia y la soberanía de la Nación, manteniendo el ‘orden interno’ y asumiendo un ‘papel activo’ en el desarrollo nacional”.

“El 1 de abril de 2015, el general Néstor Reverol Torres, comandante de la Guardia Nacional (GNB) emitió un manual de normas y procedimientos”. Según el mismo, “son enemigos internos aquellos individuos que pueden ser nacionales o extranjeros que se encuentran en el territorio nacional y mantienen posiciones opuestas a las políticas del gobierno nacional”.

“La Milicia Bolivariana está compuesta por ciudadanos voluntarios, que asisten a la FANB en la ‘defensa integral’ de la nación y contribuyen al sistema de inteligencia y contrainteligencia”.

“En septiembre de 2018 se establecieron Redes de Articulación y Acción Socio-Política (RAAS). Se trata de comités de vigilancia comunitarios para identificar al enemigo mediante la cartografía de las preferencias políticas de los habitantes”.

“El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificar a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado”.

“Las personas detenidas por motivos políticos fueron retenidas en uno de los dos edificios del SEBIN en Caracas: la sede del SEBIN en la Plaza Venezuela o El Helicoide. El edificio de la Plaza Venezuela tenía una extensa zona de detención, conocida como La Tumba”.

A principios de 2020 se creó más espacio en la DGCIM Boleíta para alojar a más detenidos. Los guardias se refieren a esta área como “La Casa de los Sueños”. Otras celdas de castigo identificadas son “El Ascensor” y “El Cuarto de Torturas con Agua”, también conocido como “El Submarino”, donde se sumerge a los individuos en tanques de agua. Y un espacio central llamado “La Pecera”.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia –tanto hombres como mujeres– a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante”, dijo Francisco Cox.

Me quedan recortes para llenar diez páginas más, pero creo que es suficiente. Ninguna de las bellas almas revolucionarias –como Alicia Castro, Carlos Raimundi, Horacio González o tantos otros– se van a tomar el laburo de leer el informe, y menos de contestarlo. Mi reconocimiento esta vez a Horacio Verbitsky, quien en su reportaje al presidente hasta se permitió corregirlo, acotando: “la quinta regla de nuestra política exterior dice: hay que respetar los derechos humanos”.

 

Aldo Duzdevich es autor de La Lealtad: Los montoneros que se quedaron con Perón y Salvados por Francisco.

Share this content:

Un comentario sobre “¿Alguien leyó el informe Bachelet sobre Venezuela?

Deja una respuesta