Existe una evidente articulación entre el peronismo y la agenda feminista, que se traduce en la institucionalización de reivindicaciones que exigen la ampliación de derechos. La Ley de Derechos Políticos de la Mujer (1947); la de Educación Sexual Integral (2006); la Ley 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres (2009); la de Matrimonio Igualitario (2010); y la Ley de Identidad de Género (2012), fueron sancionadas bajo gobiernos peronistas y demuestran que sin decisión política hay escasas o nulas posibilidades de que una demanda social se materialice en la conquista de un derecho. Nuevamente, esto quedó demostrado el 30 de diciembre pasado con la sanción de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que logró revertir el sinsabor que dejó la contramarcha vivida tras el debate del proyecto en 2018.
¿Por qué hoy en Argentina el aborto es legal, seguro y gratuito? A diferencia de lo ocurrido en 2018, el gobierno actual entendió que condenar a las personas con capacidad de gestar a abortar en la clandestinidad, implicaba negarles el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Tanto en 2018 como en 2020, la movilización social, la marea verde, siempre estuvo, mientras que la decisión política de materializar un derecho bajo el gobierno de Macri fue inexistente.
La aprobación de la Ley de Acceso a la IVE se enmarca en la decisión del gobierno de Alberto Fernández de institucionalizar y, por lo tanto, jerarquizar la agenda feminista. Dicha decisión se hizo tangible en la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, lo que estableció la imposibilidad de darle la espalda a la desigualdad transversal que, configurada bajo lógicas patriarcales, condiciona todos los aspectos de nuestras experiencias de vida. “Volvimos y vamos a ser mujeres-mejores”, y también diversidades.
La decisión de impulsar reivindicaciones propias de los feminismos como política de Estado constituye un importante paso para institucionalizar la transformación hacia una sociedad más justa, pero todavía falta mucho.
El contexto que vivimos como consecuencia de la pandemia agravó las condiciones de desigualdad que experimentan a diario mujeres y personas LGTBIQ+, partiendo de la base de un análisis que impide separar desigualdad social de desigualdad de género. En este punto, es necesario poner especial foco en las condiciones de informalidad laboral y desempleo que vivencian las personas trans y travestis, así como también en la brecha salarial de género –de más del 20%– y en el incremento de la carga horaria que pesó en este último año sobre las tareas de cuidado no remuneradas, teniendo en cuenta que, según un informe realizado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, el 75,7% de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas está a cargo de mujeres, actividad que representa un 15,9% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Estos datos remiten a la feminización de la pobreza que genera la desigual distribución de las tareas de producción y de cuidado. Para revertirlos y transversalizar la perspectiva de género, es necesario observar otras formas de producción y de relaciones productivas que se alejan de la matriz patriarcal. Por otro lado, solo en el primer mes de 2021 se produjo un femicidio cada 27 horas, lo que demuestra que la violencia de género lejos está de erradicarse y que –como evidenció el femicidio de Úrsula Bahillo– todavía se encuentra enquistada en las instituciones.
La pandemia generó un efecto magnificador de las condiciones de desigualdad social que se encuentran atravesadas por la desigualdad de género, lo que obliga a redoblar los esfuerzos para revertir esta situación, haciendo hincapié en medidas concretas de redistribución de recursos, pero también entendiendo que la clave está en la deconstrucción, entendida como estrategia para desestructurar los apuntalamientos machistas que generan desigualdad. La deconstrucción implica una estrategia que nos interpela a todas las personas, sobre todo a los varones cis, a quienes el patriarcado –esa normatividad que se estructura en el binarismo y se retroalimenta en la desigualdad de género– privilegia, pero también los oprime en un único modelo de masculinidad posible. En este sentido, el foco está puesto no solo en la consagración y la ampliación de derechos, y en la institucionalización de políticas feministas, sino también en el cuestionamiento del modelo de masculinidad hegemónica y heteronormada que, asociado a un mandato de virilidad, se alimenta de la lógica patriarcal que subordina y aplasta cualquier expresión divergente.
Nadie quiere ceder privilegios, pero si la justicia social es la que guía nuestras intenciones, cuestionar aquello que estructura a la desigualdad es el primer paso para desarmar las prácticas machistas presentes dentro del peronismo. Que haya más mujeres y personas LGTBIQ+ ocupando lugares de toma de decisiones no siempre garantiza que éstas por sí mismas desarticulen la lógica imperante, pero la presencia de heterogeneidad que de alguna manera se aparte de aquélla visibiliza otras realidades, experiencias y perspectivas, que enriquecen al movimiento.
En definitiva, tras la sanción de la Ley de Acceso a la IVE –que constituyó un nuevo hito feminista de un gobierno peronista– el mayor desafío gira en torno a redistribuir y deconstruir, con el propósito de terminar con la desigualdad social, pero cuestionando su estructura patriarcal en todos los niveles. De ahí que sea muy difícil separar peronismo de feminismo(s), siendo que ambos persiguen la justicia social que amplía derechos en base al reconocimiento y visibilización del otro. Si mantenemos presente esto, estaremos a un paso menos de ponerle fin al patriarcado.
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