Maternidades y corresponsabilidad social: recomendaciones para una agenda feminista de las políticas públicas desde la Psicología Social

A partir del avance de los movimientos feministas, durante las últimas décadas se han producido importantes transformaciones sociales en múltiples aspectos de la vida cotidiana de las mujeres, incluyendo el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La resistencia feroz de los sectores opositores a la sanción de esta ley puso de manifiesto que la sexualidad y la reproducción no son campos de disputa privados, sino públicos, en los que se juegan relaciones de poder sexo-genéricas. Dicho escenario de disputas deja entrever que la imposición de la maternidad obligatoria y una consecuente prescripción de los modos de ejercerla operan como un dispositivo biopolítico de producción de una subjetividad subordinada a los mandatos patriarcales y a las exigencias del capitalismo.

En este sentido, nuestro trabajo propone una serie de reflexiones sobre la necesidad de deconstruir el mandato de la maternidad obligatoria, y también sobre la realidad de las mujeres trabajadoras que muchas veces ven limitados sus espacios de desarrollo social y personal debido a su maternidad. Las funciones reproductivas y de cuidado constituyen un factor de discriminación laboral y de desigualdad social, lo cual visibiliza algunas cuentas pendientes respecto a la ampliación de derechos –en lo macrosocial y microfamiliar desde el paradigma de la corresponsabilidad– que permitan producir un cambio en la distribución de las tareas de cuidado y de reproducción doméstica.

Repensando las maternidades

La maternidad como destino inexorable en cuanto a la plena realización personal y social de la mujer viene siendo puesta en cuestión desde hace ya varias décadas. A partir del avance de los movimientos feministas se han producido importantes transformaciones sociales, incluyendo la instalación en la agenda pública de la IVE como derecho adquirido y asunto de Salud Colectiva, lo que visibiliza una respuesta a la demanda de las mujeres respecto de la soberanía sobre el propio cuerpo. Sin embargo, estos avances conquistados en materia de derechos sociales han estado acompañados de otras batallas socioculturales referidas al ejercicio efectivo de las maternidades confrontadas a ciertos obstáculos en la dimensión política de los cuidados.

El aborto legal, seguro y gratuito se inscribe dentro de la “historia de una desobediencia por la cual las mujeres profundizan la fractura con la reproducción compulsiva en tanto mandato de la heterosexualidad como régimen político” (Belucci, 2014: 11). Por tanto, la IVE oficia de escenario social de múltiples problemáticas que se entrecruzan con el ejercicio de las maternidades: el poder y el Derecho, las relaciones de dominación, la reproducción de las relaciones sociales de sujeción, la clase social de pertenencia, el género autopercibido, la posibilidad de elegir de acuerdo con el propio deseo, así como el concepto mismo de vida y el derecho a la existencia, tanto individual como comunitaria.

Por tal motivo, consideramos que uno de los desafíos principales en la agenda del feminismo –que ha contribuido a saldar una deuda social como es la ley de IVE– deberá contemplar dentro del diseño integral de sus políticas públicas cuestiones vinculadas no sólo a la decisión de las mujeres de continuar o no con un embarazo, sino a poder contar con recursos que les permitan la posibilidad de desempeñar diferentes roles sociales como mujeres, trabajadoras, militantes, activistas, y no solamente como madres de tiempo completo. Para ello se torna central que esta agenda feminista interseccione con otros derechos, como el acceso al trabajo, al tiempo libre, a la salud y a la educación.

Algunas consideraciones acerca de la perspectiva sociohistórica

Pero, ¿cuáles son las raíces sociopolíticas e ideológicas de estos argumentos? ¿Cuál ha sido el contexto histórico de producción y legitimación de estos discursos en tanto se posicionan como condicionamientos que retornan en la coyuntura actual?

Un primer paso consiste en analizar las condiciones sociales e históricas documentadas por autoras del campo del feminismo –que han sido producidas durante la transición de las relaciones sociales del feudalismo al capitalismo– bajo las cuales el cuerpo de las mujeres se ha tornado un elemento central para la constitución de la feminidad. Sobre este trasfondo parece plausible que la secular Caza de Brujas fuera, al menos en parte, un intento por criminalizar el control de la natalidad y de poner el cuerpo femenino y el útero al servicio del incremento de la población y la acumulación de la fuerza de trabajo (Federici, 2010). A partir del siglo XVI el cuerpo pasó al primer plano de las políticas sociales, en tanto respuesta a los estímulos del trabajo capitalista, como un recipiente de la fuerza de trabajo, una maquinaria de (re)producción que despertó violencia e interés en las especulaciones filosóficas y teóricas de la época.

Consideramos que un abordaje cabal acerca de la problemática de la resistencia al mandato de la maternidad compulsiva que opera como dispositivo biopolítico para normalizar y reforzar la subordinación de las mujeres –y su exclusión por fuera del ámbito de lo público– debe realizarse desde una perspectiva sociohistórica de su constitución dentro del complejo campo del feminismo (Jaureguiberry y Farré, 2020).

La disputa por el cuerpo: ¿la biología como destino?

Aquellos discursos filosóficos, religiosos y científicos han contribuido a constituir una visión esencialista que homologa mujer a madre, prescribiendo que el único propósito válido de la vida de una mujer es responder al mandato biológico de la reproducción. A partir de una posibilidad biológica se instaura un “deber ser”, cuya finalidad es el control de la sexualidad y de la reproducción. Se trata de un conjunto de estrategias y prácticas discursivas que, al definir la feminidad, la construyen y la limitan, de manera tal que la mujer desaparece tras su función materna, quedando configurada como su ideal (Tubert, 1996).

Los discursos sociales dan cuenta de las condiciones históricas que definen lo que somos, pensamos y hacemos como proceso denominado subjetivación (García Fanlo, 2011). La subjetividad es, entonces, efecto y resultado de la reproducción de una red de dispositivos de saber-poder-hacer que definen, entre otras cosas, el género, la diferencia sexual y el tratamiento de los cuerpos. Siguiendo a Ana María Fernández (2014), el mito “mujer=madre” opera por insistencia y repetición de su narrativa a través de múltiples puntos de irradiación del espacio social. Opera por violencia simbólica, negando o dejando por fuera del campo de lo visible-decible la enunciación de diversidades de sentido, y hace de obstáculo a posibles singularidades, ocultando prácticas o posicionamientos subjetivos que lo desdigan.

Esta lógica es reproducida por la sociedad en general, a través de una fuerte operatoria de legitimación –que se evidencia en un conjunto de representaciones y prácticas– que la justifica, la hace aceptable e incluso deseable. A partir de allí, los valores que se internalizan –tanto por hombres como por mujeres– llevan a concebir los roles de género como naturales y por tanto ineludibles.

Si bien el rol social subordinado de la mujer no es un producto específico de la sociedad capitalista, en ella asume particularidades propias de su estructura social, ya que, en primer lugar, es la encargada de la reproducción de la fuerza de trabajo, y también de la reproducción de sus condiciones de existencia, dado que en el hogar se producen bienes de uso –alimentos, ropa limpia, etcétera– indispensables para que se reproduzca la fuerza de trabajo, que saldrá al mercado en forma de mercancía. El capital necesita fuerza de trabajo alimentada, descansada y en condiciones de producir, lo cual se logra con el trabajo no remunerado de la mujer. En este sentido, el rol de las mujeres como amas de casa y la maternidad abnegada constituyen una expresión del sistema de producción-reproducción de la sociedad.

Debido a estos patrones de género que marcan una rígida división sexual del trabajo, las mujeres tienen menos probabilidades de realizar un trabajo que les permita generar ingresos y acumular ahorros, dedicando gran parte de su tiempo a tareas no remuneradas, o incluso se insertan en trabajos que permiten la articulación de trabajo productivo-reproductivo y de cuidado –flexibles en horarios, sin beneficios sociales, mal pagados– lo que tiene como consecuencia que al llegar a la vejez se encuentren con recursos escasos (Tepichin Valle, 2009). Por tanto, consideramos este tópico como otro elemento fundamental a incluir dentro del diseño de una agenda feminista nacional y popular, ya que la equidad económica es un aspecto esencial en la lucha por los derechos de las mujeres.

La desigualdad laboral por razones de género

Al hablar de desigualdad laboral por razones de género hacemos referencia a la brecha salarial entre varones y mujeres, a la segregación ocupacional –feminización de algunas de tareas que implican alto desgaste y baja remuneración, tales como la docencia, la enfermería y el servicio doméstico. La discontinuidad en la trayectoria laboral, que se vincula con la maternidad y la crianza de hijos e hijas, y por el predominio de trabajos a tiempo parcial –muchas veces precarizados– que deben realizar las mujeres como un modo de resolver la articulación entre el trabajo productivo y el reproductivo –este último les ha sido asignado socialmente como responsabilidad casi exclusiva. Otros aspectos relevantes incluyen las dificultades para alcanzar puestos de liderazgo y una mayor tasa de desocupación. De acuerdo a un informe realizado recientemente por la Dirección de Economía, Igualdad y Género que depende del Ministerio de Economía de la Nación (D’Alessandro et al, 2020), los ingresos de los varones son un 29 por ciento más elevados respecto de los de las mujeres en trabajos similares, y la brecha en los ingresos aumenta cuando se considera de manera comparativa la situación de las y los trabajadores informales.

La desocupación es otro de los problemas que impacta en mayor medida entre las mujeres. Su tasa promedio de participación en el mercado laboral es de 49,2%, 21 puntos porcentuales más baja que la de los varones (71,2%). También hay diferencias entre las mujeres. Según datos del INDEC, las que cuentan con estudios universitarios completos o incompletos tienen una tasa de actividad de 74,3%, mientras que las que poseen secundario incompleto muestran una participación del 35,9%, y las que poseen estudios secundarios completos 55,1%, lo que demuestra la intersección de género y clase social como factores de desigualdad.

Un punto central del informe es el desbalance en las tareas del hogar. Un trabajo no remunerado, pero que requiere varias horas semanales de esfuerzo. Cerca del 80 por ciento de las mujeres se ocupa de hacer estas tareas en sus casas, cuando la cifra para los hombres es cercana al 50 por ciento. Los varones dedican un promedio de tres horas por semana a estas actividades, y las mujeres el doble: más de seis horas semanales. Estas disparidades se mantienen igual, por más que la mujer trabaje jornada completa fuera del hogar y el varón no. Esto, sin contar las tareas de cuidado, tanto de niños o niñas como de adultas y adultos mayores y personas con problemas de salud.

Acerca de las políticas de cuidado

La división social por la cual las mujeres cargan con la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado implica una menor cantidad de horas y recursos disponibles –tanto materiales como simbólicos– dedicados a su desarrollo personal, productivo, profesional y económico. Esta carga extra de responsabilidad tiene un profundo impacto a lo largo de su vida: en sus posibilidades de estudiar, de trabajar por un salario y percibir la misma remuneración que sus pares varones, desarrollarse en su carrera u obtener puestos jerárquicos, así como también en sus probabilidades de ser pobres o salir de la pobreza (D’Alessandro et al, 2020).

La asignación de las tareas de cuidado exclusivamente sobre las mujeres es una cuestión central para pensar políticas públicas y transformaciones de la legislación laboral que promuevan igualdad, corresponsabilidad parental y una mejor conciliación entre la vida productiva y reproductiva que no limite las posibilidades de desarrollo social y personal para las mujeres. En este sentido, consideramos que es necesaria una modificación del régimen de licencias por maternidad y paternidad –artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)– ya que el régimen actual –al permitirle al varón el goce de solo dos días de licencia por paternidad– contribuye al sostenimiento y la legitimación del rol de la mujer como principal encargada del cuidado de hijos e hijas. Por otra parte, esto incrementa la discriminación laboral, al generar un sesgo que da ventajas al varón. Si las licencias por maternidad y por paternidad fueran equitativas, desaparecería un factor de discriminación, ya que en muchos casos los empleadores no contratan trabajadoras por considerar que las vicisitudes de la vida familiar –particularmente, las licencias por maternidad– son un obstáculo a la productividad y rentabilidad.

Otras modificaciones que podrían resultar beneficiosas son el permiso a la jornada reducida luego del período de licencia correspondiente al nacimiento de un hijo o una hija, tanto para padres como para madres; regular la adopción de nuevas modalidades de trabajo, como el teletrabajo; e introducir un enfoque coparental en el artículo 179 de la LCT que obliga a las empresas a otorgar espacios de cuidado en lugares de trabajo (CIPPEC, s/f).

Reflexiones finales

Luego de este recorrido, damos cuenta de las varias conquistas sociales que han contribuido a poner en cuestión la noción de que la maternidad es el único destino para las mujeres. Entre ellas, se puede considerar la progresiva inclusión de la mujer en el ámbito laboral, o la posibilidad de tener mayor control de la función reproductiva mediante la anticoncepción, de la mano de los movimientos feministas que visibilizan la subordinación patriarcal de mujeres y cuerpos gestantes. De todos modos, aún persisten y subsisten en el imaginario social, en las prácticas cotidianas y en la efectiva implementación de las políticas públicas con equidad de género una serie de asuntos a contemplar para contribuir en esta lucha social.

La identidad de las mujeres se define en base a los atributos que una sociedad ha construido a partir de la capacidad de procrear y criar. Si el único proyecto posible, el único rol social y la única configuración identitaria para una mujer es la maternidad, se reducen los espacios de participación social e interacción en su vida cotidiana y se limitan, así, las posibilidades de desarrollo en tanto personas plenas de derecho. Se crea, de este modo, un entramado de significaciones que determina la posición subordinada de la mujer y su reclusión en el ámbito de lo privado, alejado de las esferas públicas donde se juegan el poder y la toma de decisiones. Por tanto, consideramos los anteriores ejes delineados como múltiples elementos a considerar dentro de una agenda feminista nacional y popular.

Bibliografía

CIPPEC (sf): El proyecto de Ley de Equidad de Género necesita algunos cambios para ganar efectividad. https://www.cippec.org/textual/el-proyecto-de-ley-de-equidad-de-genero-necesita-algunos-cambios-para-ganar-efectividad/

D’Alessandro M, V O’Donnell, S Prieto, F Tundis (2020): Las brechas de género en la Argentina: Estado de situación y desafíos. www.argentina.gob.ar/sites/ default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf.

Jaureguiberry X y J Farré (2020): “Biopolítica, subjetividad y derechos. Una mirada sociohistórica sobre el aborto”. ConCienciaSocial, 4(7), UNC.

Tepichin Valle AM (2009): “Vulnerabilidades acumuladas. Género y pobreza en la vejez”. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología.