La agenda feminista ahora que la IVE es ley

La agenda feminista en Argentina tuvo un impulso especialmente masivo con el surgimiento de la consigna “Ni una menos”, que implicó desde masivas movilizaciones hasta la instalación en la agenda pública del problema de la violencia de género –tema que lamentablemente renueva su vigencia con cada nuevo femicidio que nos estremece y moviliza.

Una vez que el feminismo y la perspectiva de género consiguieron legitimarse como tema de interés general, se abrieron paso reclamos históricos del movimiento. Así, en los últimos años, tanto en los medios de comunicación como en el ámbito político, se instalaron diversos debates sobre, por ejemplo, la segregación de las mujeres en ámbitos públicos y de poder; el uso sexista del lenguaje; el lugar común en el que la apariencia física es el tema predilecto para hablar de las mujeres –incluso cuando son deportistas olímpicas–; y sobre la aplicación genuina de la educación sexual integral. Los encuentros de mujeres y el día de la mujer, con la aparición de los paros internacionales de mujeres, se hicieron un espacio en las noticias como efeméride de lucha política. Sin embargo, hubo una cuestión que de alguna manera acaparó la mayor parte de los reclamos del movimiento feminista, como pelea urgente, de resolución inmediata: el acceso legal, libre y gratuito a la interrupción del embarazo.

Ahora que el acceso al aborto es ley, cabe preguntarse cuál será la lucha en la que, desde ahora, el movimiento feminista concentrará sus principales esfuerzos. Y, en ese contexto, cuál será el papel del feminismo dentro del peronismo que hoy es gobierno. Ciertamente, resulta imposible predecir la agenda aún no resuelta de un movimiento. Con todo, existen razones para apostar a que el próximo tema prioritario en la agenda será el del reconocimiento, la democratización y la colectivización del cuidado.

 

El cuidado en la agenda

La distribución del trabajo de cuidado hace a uno de los nodos centrales de las asimetrías de género. El fenómeno conocido como “división sexual del trabajo” opera de modo que se consideran ciertos tipos de tareas como “intrínsecas”. El sexo –el asignado al nacer– es asociado “naturalmente” con habilidades y capacidades especiales para realizar unas u otras tareas. La incumbencia de los varones sería el trabajo “productivo”, y la de las mujeres, todo lo vinculado al cuidado de las personas. En nuestras sociedades, mientras el trabajo “productivo” tiende a ocurrir en el ámbito público y es además mercantil –con lo cual se le reconoce un valor económico– el trabajo de cuidados tiende a ocurrir principalmente en el ámbito privado, familiar y de manera no remunerada. Muchas veces, por cierto, solapado bajo un manto de “expresión de amor” que lo despoja de su valor económico. Como resultado, las mujeres acceden en menor medida, o de forma parcial, al trabajo remunerado, lo que afecta fuertemente su autonomía económica. En los casos en que acceden, el problema es muchas veces una enorme sobrecarga laboral en la que se suman las jornadas remuneradas y las no remuneradas.

Si bien los arreglos familiares sobre la distribución del cuidado no son los de hace doscientos años, los datos de la encuesta de uso del tiempo del año 2013 dan cuenta de que, en Argentina, son las mujeres las que siguen asumiendo la mayor parte de las horas de trabajo no remunerado de cuidados. De hecho, también son las que realizan en mayor medida los trabajos de cuidados remunerados. La división sexual del trabajo está tan vigente que, cuando las familias tienen la posibilidad de externalizar parte del trabajo de cuidados adquiriendo servicios en el mercado, ese trabajo lo realizan en general otras mujeres. Por cierto, mayormente en condiciones de alta precariedad.

Más allá del lento cambio cultural que implicaría una distribución equitativa del cuidado al interior de los hogares, la visibilización y la valoración del trabajo de cuidados ha llevado a reclamar su socialización. Es decir, que no dependa de la capacidad económica para externalizarlo, ni del tiempo resignado por las familias, sino que existan –al menos como opción– sistemas de cuidado de acceso público. Lógicamente no hablamos de colectivizar tareas de cuidado como la limpieza o las compras en los hogares, sino el cuidado de niños, niñas, personas mayores y personas enfermas o dependientes.

Durante la pandemia, la importancia del cuidado se hizo especialmente visible en el marco del cierre de las escuelas. A ello se sumó la interrupción de los servicios de cuidados –jardines paternales, maternales y niñeras– y de actividades recreativas para menores fuera del hogar. El resultado fue la transferencia a las familias de cargas adicionales de trabajo. No se trata solo de “estar en casa” y cuidar a las niñas y los niños, sino también de un trabajo adicional para apoyo escolar. Según un estudio de INDEC en la Provincia de Buenos Aires realizado entre agosto y octubre de 2020, la presencia de niños en el hogar implicó el aumento del tiempo dedicado al apoyo educativo en el 66% de los hogares. Las mayores demandas de cuidados han sido absorbidas, principalmente, por las mujeres del hogar, repitiendo distribuciones asimétricas de este trabajo previas a la pandemia. Según el mismo estudio de INDEC, el aumento del trabajo no remunerado recayó en mayor medida sobre las mujeres en el 64% de los casos y el aumento del tiempo dedicado al apoyo escolar también recayó más en ellas, en el 74% de los hogares. La distribución equitativa de esa carga se encontró en tan sólo un 8% de los hogares: ni siquiera uno de cada diez.

Como ocurre con las caricaturas –que al exagerar pueden hacer visibles aquellas cuestiones que no notábamos por estar tan naturalizadas– el impacto del cierre de las escuelas ha contribuido a jerarquizar el trabajo de cuidado, al generar masivamente sobrecarga laboral por una doble jornada aumentada, o mayores dificultades para compatibilizar el cuidado con la inserción en el trabajo mercantil. En este doloroso contexto, la cuestión del valor y la distribución del trabajo de cuidado entró en la agenda social.

En el marco de una incorporación de la agenda feminista en el peronismo, generando espacios institucionales concretos para profundizar la perspectiva de género –con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad como uno de sus hitos– e incluyendo en la agenda política temas relevantes de dicha perspectiva, la creación de un Sistema Nacional de Cuidados comenzó a ser puesta en disputa desde antes de la pandemia. A ese Ministerio se le asignó la tarea de coordinación ejecutiva de la Mesa Interministerial sobre Políticas de Cuidados, integrada por varios organismos del Estado Nacional y, a su vez, el Ministerio creó en su interior la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado. En el primer documento de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado –de julio de 2020– acordaron que “la organización de los cuidados constituye un vector de reproducción de desigualdad para las mujeres en particular, pero también para las personas LGBTI+”. Por ello, el objetivo para esta mesa es trabajar en el “diseño de una estrategia integral para redistribuir y reconocer el cuidado como una necesidad, como un trabajo y como un derecho”.

La llegada este año del tema a una agenda social más amplia genera condiciones de oportunidad excepcionales. No debemos perder de vista, de cualquier modo, que el movimiento feminista desborda al peronismo. Se trata, en todo caso, de proponer una causa común. Del mismo modo que, impulsando la IVE el movimiento feminista se impuso como protagonista indiscutido del debate, adoptar como prioridad la agenda de cuidados puede volver a posicionar al movimiento como principal figura de un debate social masivo e indispensable.

 

Sol Minoldo es doctora en Ciencias Sociales, investigadora de Conicet y asesora en temas de género del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

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