La sanción de la Ley 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo materializó la lucha de los movimientos de mujeres y feministas por más derechos, por dejar atrás la clandestinidad y la criminalización de mujeres y personas gestantes. Se presentan múltiples desafíos para hacer realidad y efectiva la ley en todos los rincones de nuestro país, para que la interrupción voluntaria del embarazo sea una práctica segura, para evitar muertes injustas y para que la maternidad sea voluntaria y deseada.
Tenemos por delante un arduo camino para consolidar esta conquista, pero también para seguir construyendo y consolidando la ampliación de derechos en otros ámbitos sociales, económicos y políticos, en los que históricamente las mujeres y las personas LGBTI han sido relegadas. El Senado de la Nación no es ajeno a estos debates y desafíos, para los que distintas legisladoras hemos presentado iniciativas parlamentarias que se encuentran en tratamiento y que tienen el acompañamiento de organismos gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la igualdad de género.
Debemos transversalizar la perspectiva de género y de diversidad en todas las políticas públicas, incluidos los servicios de comunicación. A través de una iniciativa de mi autoría que el H. Senado sancionó el 8 de octubre pasado –y que espera tratamiento en la Cámara de Diputados– buscamos una mayor representación e inclusión de las mujeres y las personas LGBTI en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma que utilicen, no sólo en el acceso y permanencia en los puestos de trabajo, sino también en sus acciones y políticas de comunicación. Con ello no sólo avanzaremos hacia una representación igualitaria y paritaria en tales servicios, sino que también estamos previendo el respeto de un principio de integración que comprenda a todas las identidades de género en la conformación de los directorios y los espacios de toma de decisiones.
Por otro lado, buscamos que los servicios de comunicación se sumen a la lucha contra la violencia de género y a las acciones del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, previendo que éstos cuenten con protocolos para la prevención de la violencia laboral y de género, y que procuren acciones para prevenir la violencia simbólica y mediática en la producción y la difusión de contenidos y mensajes, con perspectiva de género, diversidad sexual e interculturalidad en los términos de la Ley 26.485. Asimismo, la iniciativa que sancionó el H. Senado se hace eco de la necesidad de generar políticas de cuidado también en los ámbitos laborales de los servicios de comunicación, a través de acciones que apoyen la distribución equitativa de estas tareas, la conciliación entre las relaciones familiares y laborales, y la disposición de espacios de cuidado para las y los niños y las niñas de las y los trabajadores.
Tenemos que alcanzar la Justicia Menstrual. La menstruación es un factor más de desigualdad entre los géneros. Está rodeada de silencios, mitos y estigmas, y tiene que dejar de ser un tema tabú. A pesar de los grandes avances que han significado las políticas de salud sexual y reproductiva y de educación sexual integral, debemos repensar el lugar que se le asigna a la menstruación en las políticas públicas, no sólo en relación al acceso a la salud y a su presencia en los contenidos curriculares, sino también en cuanto a la participación de las personas que menstrúan en otros ámbitos sociales, como los educativos, culturales, económicos y laborales. Es importante incorporar este tema en la agenda pública para contribuir a eliminar los obstáculos que deben afrontar muchas personas, dado el elevado costo económico que implica gestionar la menstruación, más aún en un contexto de feminización de la pobreza y de precariedad laboral. Por ello estamos promoviendo la sanción de una ley de salud menstrual que garantice el acceso en igualdad de condiciones y oportunidades a la salud menstrual, que contribuya a eliminar los estereotipos en torno a la menstruación y al cuidado de la salud, que repare en el cuidado del ambiente e impulse el uso de productos de gestión menstrual sustentables y biodegradables, y que acompañe experiencias cooperativas y asociativas y de formación laboral y profesional dedicadas a la confección de productos de gestión menstrual reutilizables.
Tenemos también que reconocer el rol significativo que tiene el sector privado para promover la autonomía de las mujeres y de las personas LGBTI. Para ello, desde la Comisión Banca de la Mujer hemos avanzado en el tratamiento de iniciativas legislativas que tienen como principal objetivo romper el “techo de cristal” y promover la equidad de género en las empresas, a través de medidas que eliminen la discriminación, las brechas de género, las segregaciones en el acceso y la permanencia en el empleo, y que promuevan la igualdad de oportunidades y de trato entre las personas. La iniciativa que hemos consensuado propone la creación de un registro de empresas que incluyan la equidad de géneros en sus estructuras y acciones. Inscriptas en ese registro, las empresas privadas y aquellas que forman parte del Sector Público Nacional tendrán una preferencia para la selección en el régimen de contrataciones de obras, bienes y servicios de la Administración Pública Nacional y obtendrán un “Sello Equidad” que reconocerá haber alcanzado los estándares de equidad de género propuestos por la ley. Para acceder al registro, proponemos que las empresas cumplan ciertos requisitos: que realicen en sus ámbitos acciones para promover y garantizar la equidad entre las personas. Cada uno de estos requisitos pretende incidir en los distintos obstáculos al ejercicio de sus derechos con que las mujeres y las personas LGBTI conviven a diario en sus ámbitos laborales.
Para lograr una sociedad más justa y equitativa, con igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas, es necesario eliminar las persistentes brechas de género en los ámbitos laborales y económicos. El sector empresario, tanto público como privado, no puede ser ajeno a estos procesos. Es con las empresas con quienes también construiremos mejores y mayores oportunidades para todas las personas, garantizando la inclusión laboral sin discriminaciones ni violencias.
Otro de los desafíos que tenemos por delante es el de promover una reorganización social de los cuidados más justa y con igualdad de género. La pandemia ha generado una mayor intensidad en la discusión sobre la necesidad de que las políticas públicas reconozcan el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, cuya carga recae principalmente en las mujeres. Venimos sosteniendo –y se está planteando desde la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado– la necesidad de promover políticas que promuevan la corresponsabilidad y una distribución más justa de las tareas de cuidado al interior de los hogares, y que visibilicen el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, el que no es reconocido social, política ni económicamente. Nos referimos al cuidado de personas mayores, de niños y niñas, de personas con discapacidad, y a la realización de tareas domésticas, no solamente para eliminar la sobrecarga de tareas para las mujeres –por ejemplo, con mejores políticas de licencias, construyendo más salas maternales y jardines de infantes, y abriendo salas de lactancia en espacios laborales–, sino también para contabilizarlo e incluirlo en las cuentas nacionales.
Otro desafío que tenemos por delante es consolidar la transversalización de la perspectiva de género en todo el proceso de formulación presupuestaria, desde la programación y la ejecución del presupuesto general, hasta el control y la evaluación de impacto de las decisiones y acciones de gobierno. Si bien este año por primera vez nuestro país tiene un presupuesto nacional con perspectiva de género y diversidad, buscamos afianzar este logro con la sanción de una ley específica. No sólo se busca contar con gastos etiquetados por género, sino también con una herramienta que permita determinar el impacto de las políticas públicas sobre el logro de la igualdad de género y el acceso a derechos de los distintos colectivos sociales.
Los mencionados son algunos de los debates que nos estamos dando en el Senado de la Nación, que se hacen eco de las demandas y necesidades de las mujeres y de las personas LGBTI con miras al reconocimiento y protección de sus derechos. Tenemos el gran desafío de transversalizar la perspectiva de género y de diversidad en todas las políticas públicas, para construir un país más igualitario y con Justicia Social para todas y todos.
Norma Durango es senadora nacional por la provincia de La Pampa y presidenta de la Comisión Banca de la Mujer del H. Senado de la Nación.
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