Estos tiempos de feminismo han promovido el interés de recuperar la memoria, la historia y la genealogía. Aunque en materia de derechos reproductivos hay mucho material, no lo hay de los procesos políticos impulsados por las mujeres, en particular el papel de las peronistas, en la transición democrática de los 80 y los 90, que constituyeron el germen de la conquista por el derecho al aborto en 2020.
Se han difundido imágenes de ese primer 8 de marzo de la vuelta a la democracia, con carteles con consignas como “No a la maternidad, sí al placer”, “Aborto Libre”, “Nosotras parimos, nosotras decidimos”. La novedad de esos tiempos iniciales de democracia fue instalar la agenda feminista de los 70 en un ámbito más amplio de mujeres que llegamos ese día a la Plaza. En la Multisectorial de la Mujer de la Capital Federal,[1] primer espacio de lo que luego se denominara “movimiento de mujeres”, confluíamos militantes de partidos, feministas de los 70, sindicalistas, organizaciones comunitarias y de profesionales, lesbianas, amas de casa y militantes de organizaciones de derechos humanos. En los primeros petitorios se incluyeron las demandas de políticas de educación sexual y de salud sexual y reproductiva, respecto a las cuales nuestro país era de los más atrasados de la región. El funcionamiento por consenso y el no reconocimiento público hizo que el aborto no fuera incluido en ellos, pero sí debatido. Estos encuentros entre militantes políticas y feministas fueron importantes en la construcción de una masa crítica de dirigentes políticas y feministas que protagonizamos los avances en la época.
Por otra parte, y en el marco de las políticas democratizadoras de Alfonsín, se avanzó en legislación a favor de las mujeres. Se eliminó la prohibición del uso de anticonceptivos, heredada del vergonzoso decreto impulsado por López Rega; se estableció la obligación de brindar estos servicios en las Obras Sociales; y se creó el Programa de Procreación Responsable en la Capital Federal. En el ámbito del Senado, integrado solamente por tres senadoras mujeres, se discutió el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva impulsado por el senador Luis Brasesco. Se generaron ámbitos consultivos donde participamos las peronistas de la Capital Federal, entre otras especialistas y dirigentes políticas, aunque el proyecto no logró avanzar frente a las resistencias y negativas del Senado. Acá destaco el papel de dos mujeres claves, Haydée Birgin y Mabel Bianco, funcionarias del gobierno. Frente a la instalación de la problemática dominaba la oposición de las autoridades eclesiásticas y el pacto de silencio de la dirigencia política. El caso de mayor resonancia que recuerdo fue el pedido de renuncia al ministro de Educación ante la propuesta de inclusión de la educación sexual en el Congreso Pedagógico.
La militancia femenina del peronismo de la Capital Federal fue parte de este proceso de cambios. En la tarea de reorganización de las mujeres recuperamos la tradición del peronismo, resignificándolas desde el feminismo, sumándonos a la constitución de espacios más amplios de mujeres. Enfrentamos ideas que se forjaron sobre el peronismo originario y –más importante aún– los debates de los 70 que planteaban políticas pronatalistas como estrategia antiimperialista y que la lucha de las mujeres era una contradicción secundaria respecto del proceso de liberación nacional. Promovimos el debate interno amplio desde una agenda feminista, creando nuestras propias usinas: la revista Mujeres,[2] órgano oficial de la Secretaría de la Mujer del Partido Justicialista de Capital, que se transformó en una referencia de las ideas que fueron surgiendo durante ese proceso; la revista Unidas;[3] el Servicio Universitario Mundial (SUM) y su Comité de Mujeres,[4] integrado por expresas y exiliadas políticas que traían las experiencias del feminismo internacional.
Una cuestión importante a reconocer era el nivel de necesidad y demanda de las mujeres que detectamos en la organización y el trabajo en el territorio. Quisiera rescatar una micro experiencia que desarrollamos las mujeres de la Agrupación Liberación, que en forma autogestionada armó una suerte de consultorio con un médico que, si bien no tenía una experiencia acreditada en la política o en el trabajo con mujeres, tenía una afectividad que le permitió construir vínculos muy fuertes con las compañeras. Esto se articuló con los servicios que prestaba la Asociación Argentina de Protección Familiar[5] en materia de capacitación, instructivos y acceso a anticonceptivos, a los que sumamos los DIU donados por organizaciones feministas suecas. Este servicio, que sería un antecedente del actual modelo de “consejerías”, se brindaba una vez por semana –los sábados– y acabó por transformarse en la actividad con mayor concurrencia, no solo de la Secretaría de la Mujer, sino de la propia Unidad Básica. Esto hablaba de la demanda preexistente en los barrios, sobre todo entre los sectores populares, y de la existencia de una problemática no visibilizada que requirió más de veinte años de trabajo militante para que llegara a transformarse en una política pública.
Ya en los 90 fue un hito la creación del primer organismo jerarquizado a nivel nacional, el Consejo Nacional de la Mujer (CNM), ideado y propuesto por nosotras mismas, que significó una experiencia institucional reconocida como “Feminismo de Estado”. Su primer logro y el más potente en una primera etapa fue la sanción de la Ley de Cupo Femenino en 1991 que obligaba a todos los partidos políticos a incluir un mínimo del 30% de mujeres en sus listas, en un país donde la participación femenina no llegaba al 5%. Con políticas transversales en los distintos sectores del Estado impulsó programas y luego planes de igualdad de oportunidades. Entre los avances, cabe destacar desde el Programa de igualdad de oportunidades para las mujeres en la Educación y la inclusión de la educación sexual en la currícula educativa, difundiendo en todas las escuelas del país, a pesar de no contar aún con una ley. En salud sexual y reproductiva, frente a la negativa del Ministerio de Salud de garantizar esta política, se constituyó un ámbito que reunía a las primeras legisladoras nacionales de la Ciudad de Buenos Aires para promover proyectos de ley en esa materia, con financiamiento incluido, como fue lo que se logró en CABA.
En el año 1994, frente a la reforma constitucional y en cumplimiento de la Ley de Cupo, 80 mujeres convencionales constituyentes –el 30%– fueron parte de un hecho fundamental para la vida política e institucional del país. El CNM había consensuado una agenda común de las convencionales mujeres de todos los partidos, que incluía a los tratados y las convenciones de derechos humanos, entre ellas las de la mujer, y las acciones positivas como responsabilidades del legislativo. Intempestivamente, el gobierno presidido por Carlos Menem intentó incluir una cláusula constitucional que penalizara el aborto, rompiendo los acuerdos –“núcleo de coincidencias básicas”– votados por el Congreso de la Nación. La oposición de la sociedad civil y del CNM no se hizo esperar. Desde las organizaciones no gubernamentales de mujeres, junto a convencionales de la oposición, intelectuales y artistas se generó un frente llamado MADEL (Mujeres Autoconvocadas para Decidir En Libertad) en contra de la inclusión de la cláusula constitucional. El CNM enfrentó la directiva y, con el peso que le confería ser un organismo de gobierno, se constituyó como el ámbito principal que discutía la postura oficial. Las acciones fueron diversas: la prioridad fue lograr el apoyo de dirigentes del peronismo en apoyo a nuestras convencionales María del Carmen Feijoó, Raquel Gianella y Cristina Vallejos que, junto a una transversal de mujeres de los distintos bloques, resistieron la incorporación de la cláusula. Sin duda, la acción más temeraria fue la presentación en el Congreso de la Nación –con las diputadas nacionales peronistas Marcela Durrieu, Juliana Marino, Loly Domínguez e Inés Pérez Suárez– de un proyecto de consulta popular para que fuera la sociedad la que decidiera sobre este tema tan importante. Cabe aclarar que la convención constituyente todavía no había votado la incorporación de la consulta popular, de modo que la osadía era doble. Como si esto fuera poco, se la presentó junto con la encuesta del CNM, que mostraba resultados favorables a la despenalización. La rebeldía y la novedad de los datos fue tapa de varios diarios.
El debate sobre el aborto se hacía cada vez más ruidoso y, dentro del peronismo, las referentes de las mujeres encabezábamos la revuelta. Los medios registraron este enfrentamiento, resaltaron el liderazgo y la injerencia de las mujeres, y lo interpretaron como uno de los efectos de la Ley de Cupo. En el diario Página 12, la tapa del 5 de agosto de 1994 decía: “Las diputadas peronistas desafiaron cruzada de Menem para incluir la prohibición del aborto en la Constitución: presentaron un proyecto de ley para que el tema sea decidido en una consulta popular”. Y sigue la nota en la segunda página: “Legisladoras y funcionarias del oficialismo no solo desoyeron la directiva presidencial de incluir la penalización del aborto en la nueva Constitución, sino que fueron más allá: difundieron una encuesta que revela una mayoría a favor de la legalización del aborto y propusieron que se convoque a una consulta popular. (…) Difundieron una encuesta realizada para el Consejo Nacional de la Mujer según la cual el 57 por ciento de las mujeres de Capital Federal y Gran Buenos Aires está a favor de la legalización lisa y llana del aborto”. De todos los artículos, quizás el más potente fue otro publicado en Página 12 el mismo día, titulado “La rebelión de las mujeres”, en el que se analizaba el enfrentamiento de las mujeres como “la primera grieta del gobierno de Menem”. ¡Pedazo de poder el nuestro! Esto daba cuenta de la potencialidad del tema del aborto y de lo que venía a remover dentro del poder.
Y la cláusula no entró. La Convención Constituyente finalizó con saldo triunfante para las mujeres. Se instaló el debate sobre el aborto y se abrieron las puertas al avance en el tratamiento de leyes en materia salud sexual y derechos reproductivos, promovidas por legisladoras del cupo a nivel nacional y en las provincias. Merecen reconocimiento compañeras pioneras, como las legisladoras Marcela Durrieu, Juliana Marino, Cristina Zuccardi o Silvia Gallego. La primera ley sancionada en el país fue con el gobierno peronista de La Pampa, conducido por Ruben Marín, en 1991. La ley nacional se logró en 2002, también con gobierno peronista, en el marco de la crisis económica y social.
Otro hito fue la “década ganada”, donde las políticas de derechos sexuales y reproductivos fueron políticas de Estado, promoviendo la creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, como así también las leyes de “Ligadura tubaria” y “Educación Sexual”. Acá corresponde destacar el reportaje histórico a Néstor Kirchner, quien, frente a la polémica desatada por los dichos del obispo Antonio Baseotto que atacaban al ministro Ginés González García, defendió la potestad del Estado para garantizar la salud y el bienestar de las argentinas y los argentinos frente a las posiciones religiosas. Esa etapa generó un clima de época de apertura a debates pendientes y otros nuevos, como las leyes de Matrimonio Igualitario o Identidad de Género, y de valorización de la política y la organización popular. En esos tiempos se creó la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y luego el Ni Una Menos, hito donde se inician las masivas movilizaciones feministas. La Ola Verde fue tributaria de este proceso, y también lo fue el debate del año 2018. El acceso al aborto, significado en ese pañuelo verde, pasó a ser una identidad, una forma de vida que reúne a abuelas, madres e hijas. Finalmente, un gobierno peronista, el del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, promueve y sanciona la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Argentina.
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Virginia Franganillo es licenciada en Sociología, especialista en Estudios de la Mujer, integrante del movimiento de mujeres. Fue creadora del Consejo Nacional de la Mujer y lideró, entre otras, el logro de la Ley de Cupos en la Argentina. Dirigió la Red de Oficinas de Gobierno de la Mujer en América Latina para el Cono Sur.
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[1] Integraban la Multisectorial mujeres de la UCR, el PJ, el PI, la Democracia Cristiana, el MID, el Partido Conservador Popular y el Socialismo Unificado, y también de organizaciones de derechos humanos, religiosas, amas de casa, agrupaciones feministas y de mujeres.
[2] La revista Mujeres contó con tres publicaciones entre 1988 y 1989. Sus editoras responsables fueron Virginia Franganillo, Juliana Marino y Marcela Durrieu. La secretaria de redacción fue Lía Levit. El consejo de redacción estaba integrado por Araceli Bellota, Mabel Bellucci, Gigi Constenla, Rosa Daniel, Susana Gamba, Olga Hammar, Lila Pastoriza, Olga Pérez Portillo, Raquel Gianella, Marta Vasallo y Valeria Zapesochny. La diagramación estuvo a cargo de Carmen Piaggio.
[3] Sección femenina de la revista Unidos.
[4] Sub Comité Mujer del Servicio Universitario Mundial (WUS), organización consultiva de la ONU en materia de refugiadas y refugiados políticos. Estuve a cargo de la coordinación de ese espacio, constituido por compañeras que en su gran mayoría habían sido exiliadas o presas. Muchas de ellas habían tomado contacto con experiencias del feminismo latinoamericano y europeo: Nora Gilges, Elena Zecca, Luisa Pereyra, Bernarda Llorente, Mariana Llorente, Graciela Ortiz, Marcela Bordenave, Erica Dumontel, Lili Massaferro, María Elina Kubinsky, Lisa Ugarte, Elena Tchalidy, Lali Parrilli, Marta Labourt, Silvia Catala.
[5] Organización creada en 1967 con el fin de mejorar la salud sexual y reproductiva, fundamentalmente en jóvenes de sectores populares.
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