“Sólo podemos ver poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer” (Alan Mathison Turing).
Parece mucho tiempo, pero pasaron menos de seis meses desde que el FMI pronosticó 30,5% de inflación y 9,9% de desempleo para la Argentina en 2019. En abril el organismo publicó el Reporte Económico Mundial, donde analiza la economía global y señala puntos claves para Argentina. Dice textual: “En la Argentina, las proyecciones de crecimiento fueron revisadas al alza”. La única verdad es la realidad: la meta de inflación fue superada en solamente medio año y hay un franco aumento de desocupación, pobreza y recesión.
Ahora bien, a la hora de buscar soluciones, es claro que la producción de hábitat y vivienda podría generar un fuerte despegue, hoy necesario por la urgencia, pero también para el futuro mediato a través de la planificación.
Esto supone evitar focalizar la solución a la problemática del hábitat solamente en la vivienda, abordando también en el marco de obra pública dimensiones ligadas con el desarrollo de las áreas urbanas, como la expansión de las redes de infraestructura, pavimentos o pluviales, con el desarrollo de equipamientos tales como escuelas, edificios para la salud o centros deportivos, culturales y recreativos; y sin escindir la cuestión social en la formulación de las políticas de hábitat, particularmente mediante la incorporación del trabajo de micro y pequeños emprendedores, cooperativas, trabajadoras y trabajadores de la economía popular. De aquí se desprenden algunas hipótesis programáticas a tener en cuenta:
- Las políticas de Estado que combinan estrategias que apuntan a buscar soluciones integrales a problemas habitacionales y de trabajo para la población más vulnerable –que constituye un tercio de los habitantes del país– serán de los principales motores de la economía productiva.
- El Estado nacional, al igual que los estados provinciales y municipales con capacidad organizativa necesaria y adecuada para llevar adelante políticas que aborden la producción social del hábitat, serán la unidad mínima de acción para hacer realidad el proyecto.
- El desarrollo de una política de Estado que integre los problemas de vivienda, trabajo, desarrollo social y tecnológico, acceso al suelo y al hábitat digno, y que incorpore a micro-emprendedores y a pequeños emprendimientos productivos, cooperativas y organizaciones de la economía popular, será más eficaz en las economías locales.
Comprender el acceso a la vivienda y al hábitat digno como un derecho implica entender que las acciones estatales que buscan garantizarlos no pueden ser contempladas simplemente como una inversión a través de obras públicas, sino que deben ser parte del cuerpo de las políticas sociales, como son aquellas de la salud y la educación. De este modo, las políticas de hábitat requieren que el Estado favorezca un desarrollo tecnológico, un marco legislativo y un financiamiento adecuados.
Ante el escenario descrito, es necesario construir dos agendas: la agenda de lo urgente y la agenda de lo importante; la emergencia y la planificación. Lograr que ningún argentino o argentina estén en situación de calle y que ningún argentino o argentina estén sin techo es el desafío. Para ello lo urgente es frenar inmediatamente la degradación socioeconómica, considerando la regionalización, la municipalización y la integración de la política habitacional con participación comunitaria que garantice la transparencia en el marco de la planificación como producto social; acuerdos sectoriales abiertos para el hábitat y la vivienda con participación ciudadana; obras y acciones prioritarias en los barrios populares; tarifas de servicios y transportes accesibles, pesificadas y revisadas integralmente; compromiso de reversión integral de la operatoria con los deudores hipotecarios UVA; reactivación de obras de viviendas e infraestructura existentes; promoción de créditos para ampliación y terminación apuntados fundamentalmente al fortalecimiento de economías regionales; puesta en función social de tierras y bienes del Estado; contención inmediata de la población en situación de calle; implementación, dentro del marco de la emergencia del hábitat, el alquiler protegido y servicios y subsidios especiales para población específica y adultos mayores.
No son más que acciones que, según lo expresado, podrán detener fuertemente el deterioro. Pero cómo revertir el proceso será parte de medidas estructurales y profundas, ya que decidir llevar adelante un modelo de hábitat es decidir un modelo de producción, de alimentación, de salud, de educación, de relaciones humanas que exceden el ámbito urbano. Los argentinos y las argentinas debemos proponernos producir un territorio nacional equitativo, socialmente incluyente, espacialmente integrado, ambientalmente sostenible, culturalmente respetado, democráticamente planificado y eficazmente gestionado. Claramente, es posible revertir la recesión y el desempleo con producción en hábitat y vivienda como uno de los mejores caminos para ese logro.
Así, deberán ser concebidos integralmente el tratamiento de espacios públicos y áreas verdes; compromisos con las modalidades gestión de servicios, como la producción y tratamiento de agua potable; recolección y manejo de residuos domiciliarios; alumbrado público; transporte; y soporte logístico –edificios, mobiliario, maquinaria, equipos– para acompañar la operación de estos temas que son de tratamiento municipal, pero requieren un acompañamiento de otras instancias del Estado. Esto también implica reformatear las políticas de transferencias de servicios al sector privado; recuperar la función social de la prestación de estos servicios; redefinir tarifas e incluir subsidios productivos y sociales; evitar la concentración en empresas monopólicas o que ejerzan posiciones dominantes; definir pautas de gestión, incorporando parámetros de modernización, inclusión y sostenibilidad ambiental; y habilitar la posibilidad de que algunos servicios puedan ser atendidos por los propios municipios o por empresas sociales, como cooperativas, mutuales, etcétera.
Supone también afinar en los convenios los mecanismos de auditoría y control, metas de modernización y ampliación de las redes y servicios, y mecanismos de control social que garanticen el acceso universal y la transparencia de las operaciones; producir arreglos institucionales para reorganizar la realización de estas obras y la prestación de estos servicios, fortaleciendo el papel de los gobiernos municipales y provinciales; incorporar nuevas formas de coordinación intersectorial y entre diferentes niveles de gobierno en torno a un número acotado de programas operativos; definir nuevas fuentes de financiamiento y modalidades operativas; abrir líneas de apoyo que faciliten la implementación de estos programas; garantizar el acompañamiento profesional y el desarrollo de programas de capacitación, tanto para el personal a cargo como para los sectores sociales que acompañen la implementación de estas funciones.
Una línea de propuestas adicional requiere la organización de un amplio programa de apoyo y fortalecimiento de las organizaciones de la economía social, que refiera tanto a la actividad de profesionales independientes, PyMES, cooperativas, mutuales o empresas sociales, solucionando sus problemas de consolidación más frecuentes: registro de oferentes; mecanismos licitatorios y procedimientos de adjudicación; formas solidarias y reaseguros destinados de garantizar la continuidad de las obras; dinámica de certificación y flujo de desembolsos; condiciones salariales y laborales de los trabajadores; existencia y administración de salario indirecto, cobertura, seguridad social y otros beneficios sociales; líneas de financiamiento para la adquisición de herramientas, maquinarias y equipos, incluyendo los necesarios para desarrollar tareas administrativas y contables. Este programa será la llave para permitir que los sectores más desplazados por la política de los últimos años se integren a la actividad productiva, ganen un salario y tengan posibilidades de recomponer su situación familiar. Se apoya en la experiencia de las organizaciones sociales, empresas recuperadas y demás organizaciones solidarias que defendieron puestos de trabajo durante la crisis del 2001, y también frente a las dificultades del presente.
Estas acciones deben desarrollarse en el marco de un proceso de planeamiento federal que ponga en diálogo la mirada general con la local, concertando la afectación de recursos, definiendo metas, organizando la tarea, evaluando avances, promoviendo mecanismos de control social y garantizando que este sector dé cuenta de su eficacia, compromiso y transparencia. La elaboración de documentos de planeamiento contribuirá asimismo a mantener actualizada y accesible la información, contando con un marco normativo adecuado; acceder a nuevas fuentes de financiamiento; y facilitar mecanismos de articulación entre el interés público y el privado desde una perspectiva de inclusión, prosperidad y cuidado del medio.
Esperemos entre todos y todas poder sobrellevar este desafío. Pensar que es posible pasa a ser el primer paso de un millón de pasos. También es posible crear un círculo virtuoso de producción y empleo: en nuestra historia hubo distintos procesos de reversión y crecimiento. Casualmente, a esta multiplicación de la que hablan los economistas, nosotros le decimos peronismo.
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