Más allá de las medidas políticas puntuales que se puedan tomar respecto de la actividad agropecuaria, hay tres cuestiones que son determinantes para el resultado del productor rural –especialmente el agrícola– y que terminan siendo lo más relevante como política agraria: el tipo de cambio, los derechos de exportación y la agilidad del mercado exportador. A estos tres, en esta coyuntura se ha sumado la brecha entre el dólar oficial y los financieros. Es decir que la política agraria está básicamente determinada por variables macroeconómicas que son incumbencias del Ministerio de Economía.
En esta ocasión, la intención es analizar la cuestión de los derechos de exportación (DEx) como herramientas de política agropecuaria, destacando una dimensión, tal vez la menos valorada, pero que es parte sustancial de una política general de desarrollo industrial y de agregado de valor con trabajo argentino. Las tres dimensiones a las que me refiero son:
- la recaudatoria: los DEx como generadores de recursos para el fisco;
- la desacopladora: los DEx para morigerar el efecto de la paridad de exportación en el precio de los alimentos para el mercado interno;
- la industrializadora: los DEx como herramienta para estimular la transformación de las materias primas en productos de mayor valor agregado.
En la cuestión recaudatoria, el impacto de los DEx como contribución a la masa fiscal depende del volumen de las exportaciones –que a su vez depende de la magnitud de las cosechas–, del valor unitario de los granos y de la alícuota con la que están gravados. A partir del 10 de diciembre de 2019 se mantuvo con leves cambios el esquema heredado de setiembre de 2018, con la soja y sus subproductos en 33% o 31% del valor FOB de exportación y los principales cereales –trigo, maíz, cebada y sorgo– en 12%. En tanto para productos de las economías regionales, las alícuotas se redujeron al 7%, al 5% o directamente se eliminaron. De tal manera que, por alícuota, el principal contribuyente son el complejo soja –un tercio del valor FOB va a las arcas fiscales– y el maíz y el trigo que, aunque con una alícuota casi dos tercios menor, compensan por el gran volumen de las exportaciones –40 millones de toneladas en el caso del maíz, y 15 en el caso del trigo en este 2022.
Con la suba de los precios internacionales en 2021 y su explosión a partir de la invasión rusa a Ucrania, los precios alcanzaron altos niveles, y los ingresos por DEx al fisco en 2022 –enero a noviembre– suman más de 11.200 millones de dólares, marcando un nuevo récord. Respecto de la recaudación, los DEx representan el 8,1% de la masa recaudada. En el cuadro se puede apreciar cómo la decisión del gobierno de Cambiemos de eliminar los DEx excepto para el complejo soja –al cual se lo dejó con un arancel de 30%– impactó en la recaudación hasta 2019, donde se sintió el impacto de su reimposición en setiembre de 2018. Si 2020 muestra una baja es debido al fuerte adelantamiento de registros de exportación que hubo entre las PASO –agosto de 2019– y la asunción de nuestro gobierno –diciembre de 2019.
La segunda dimensión de los DEx es el desacople que producen entre los precios internacionales y los precios domésticos, ya que el productor recibe el precio FOB menos el derecho de exportación. Tomemos como ejemplo el trigo. El valor actual ronda los $60.000 por tonelada, con una alícuota del 12%. Esto quiere decir que con 0% de alícuota, su valor rondaría los $68.000 por tonelada. Estos $8.000 de diferencia son la consecuencia de la aplicación de los DEx. Sin embargo, siguiendo con el ejemplo de la cadena de trigo, considerando que el pan francés ronda los 400 pesos por kilo, la aplicación de DEx en un nivel de 12% significa pasar de una incidencia de 17% a otra de 15%, es decir 2 puntos porcentuales, subiendo 12 puntos el arancel. Incluso si el arancel se llevara al mismo nivel que el de la soja (33%), el valor teórico del trigo sería de $46.700, con lo cual su relación con el precio del pan sería de 11%. O sea que aumentando 33 puntos el arancel de exportación, el impacto sobre el precio del pan caería 6 puntos porcentuales. Es decir, la idea de utilizar los DEx para desacoplar precios internos de externos parece no ser la herramienta más efectiva, dado que evidentemente en el precio de los alimentos hay componentes que gravitan más que la materia prima.
La tercera dimensión de los DEx es la que debería ser analizada en profundidad, con el fin de promover la industrialización de las materias primas agrícolas en origen, generando empleo, desarrollando la comunidad, aumentando el valor unitario de las exportaciones argentinas y generando más divisas para el país. Naturalmente, por las mismas razones, los países importadores privilegian el abastecimiento de materias primas para su posterior transformación fronteras adentro, aplicando mayores aranceles aduaneros a los productos elaborados que a la materia prima. De ahí que el diferencial arancelario en nuestro país, a favor de los productos de primera o segunda transformación, sea una medida en espejo de lo que acontece con nuestros compradores.
En el gráfico vemos cómo a partir de 2016, contra un significativo incremento en las exportaciones de trigo pan, la industria molinera no pudo evolucionar de la misma manera, representando sus ventas al exterior no más del 4% de lo exportado como materia prima. En sentido inverso, gracias a una agresiva política económica, Turquía, que se ubica entre los principales importadores de trigo en el mundo, resulta ser el primer exportador de harina, llegando no solo a los mercados de proximidad (Irak, Yemen), sino incluso al África (Angola) o Sudamérica (Venezuela).
Si bien en el caso argentino existen diversos factores que afectan la competitividad de la industria molinera, la política debería reexaminar la cuestión de los diferenciales de los derechos de exportación, con el fin de mejorar las capacidades de generación de divisas –la industria molinera estaría en condiciones de procesar el doble del trigo de lo que procesa actualmente– y contribuir a incrementar la industrialización de la ruralidad. Este reexamen involucra muchas posibilidades, comenzando por la ampliación del diferencial –en definitiva, por tonelada paga casi lo mismo el trigo que la harina, expresado en dólares– o implementando la eliminación de los DEx para la exportación incremental, es decir, para aquellas ventas externas que superen un promedio histórico.
También se debe destacar que la industria molinera, al igual que muchas otras en la cadena agropecuaria, es 100% propiedad de argentinos: no se ha transnacionalizado, y se encuentra desplegada en el interior profundo de nuestro territorio. Lo dicho para el trigo es aplicable para otras cadenas que agregan valor, como los derivados del maíz y por supuesto las carnes, empezando por la avícola y la porcina, que multiplican el valor de la tonelada exportada y están conformadas por empresas de capitales nacionales.
Javier Preciado Patiño es ingeniero agrónomo, exsubsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Economía de la Nación.
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