Paradigmas de época
Afirmar que las políticas sociales no pueden ser entendidas, pensadas ni desarrolladas al margen del período histórico que las contextualiza, podría parecer una verdad de Perogrullo, pero de ninguna manera lo es. No sólo los ciclos históricos extendidos determinan paradigmas dominantes de su época, sino también lo hacen las coyunturas en cuanto a la operacionalización de tales concepciones. Por caso, con la dictadura militar se inició un ciclo de un cuarto de siglo de predominio de ideas libremercadistas e individualistas, donde las personas éramos –centralmente– consumidores y nuestro valor social equivalía al que se nos otorgara en el mercado de bienes y servicios. Fueron tiempos donde señoreaba la “cultura del descarte”, como lo expresa el papa Francisco. Las políticas sociales fueron meros instrumentos diseñados por tecnócratas de organismos internacionales para ser aplicadas, idénticamente en cualquier lugar del mundo y en cualquier situación, para asistir a aquellos “descartados” que “ameritaran” ser objeto de la asistencia, siempre focalizada en resolver algún único aspecto de carencia.
Con la llegada del siglo XXI arriba además el resquebrajamiento del consenso neoliberal, abriendo paso al ascenso de los gobiernos populares que enfrentaron las crisis en América Latina bajo las presidencias de Néstor Kirchner, Lula Da Silva, Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, entre otros. Así, el empleo pleno y los sistemas de protección social vigorosos pasaron a ser los caminos dominantes de la inclusión y la integración de las sociedades. En el ámbito de las políticas sociales ello también implicó un nuevo cambio de paradigma. En nuestro país, Alicia Kirchner, desde el Ministerio de Desarrollo Social, inició un paso vertiginoso de la focalización hacia la integralidad; de la ubicuidad a la territorialidad; del beneficiario o la beneficiaria objeto al titular sujeto de derechos; institucionalizando la acción del Estado como agente activo y presente en la comunidad y promotor del Desarrollo Humano, hasta erigirlo en un nuevo paradigma que, pese a eventuales retrocesos en su materialización, continúa vigente.
Desafíos del momento
Al interior de cada ciclo discurren diferentes períodos que inciden y hasta determinan urgencias y prioridades. El gobierno encabezado por Alberto Fernández estableció un camino cuya prioridad, en términos generales, se enunciaba como el paso del modelo especulativo rentístico, instaurado por la administración de la alianza Cambiemos, hacia un modelo de producción y empleo. Las urgencias quedaban determinadas por el imperativo de reparar los estragos, “empezando por los últimos para llegar a todos”, pero partiendo de una base de severas restricciones, ya que, al debilitamiento palpable del entramado productivo, con sus secuelas de desempleo y precarización, se superponían los efectos de cuatro años de sostenido deterioro del poder adquisitivo de los salarios e ingresos previsionales. Macroeconómicamente ejercía su imperio una fuerte restricción externa, agudizada por el exuberante endeudamiento, en moneda extranjera y local, así como el debilitamiento de las arcas públicas a fuerza de una política tributaria notoriamente regresiva.
Allí nació, en los primeros meses, el Plan Alimentario Nacional, cuyo instrumento principal, la Tarjeta Alimentar, permitió realizar transferencias monetarias a más de un millón y medio de familias con hijas e hijos pequeños en tiempo récord. También daba sus primeros pasos el Programa Potenciar Trabajo, unificando los prexistentes, bajo la perspectiva de mejorar la empleabilidad de las personas, ya fuera mediante la capacitación, la certificación de competencias, el fortalecimiento de emprendimientos o facilitando la terminalidad educativa.
Pero, como pudimos comprobar una vez más con la irrupción de la pandemia, muchas veces las nuevas urgencias no sólo determinan nuevos instrumentos, sino que obligan a desplazar o posponer los anteriores. En este contexto, inusitado e inesperado, en el que las desgracias se cuentan por millones en el mundo –se trate de personas fallecidas, internadas, con secuelas graves o empleos perdidos, y con ellos el sustento de las familias– también se multiplicaron las necesidades… así como las respuestas. En primer término, amén del sostenimiento y fortalecimiento de los instrumentos vigentes, es destacable la rápida implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por el que se transfirieron a nueve millones de familias ingresos que compensarán aquellos que no podían ser obtenidos por las restricciones que la pandemia impuso a las actividades económicas. Por otro lado, la decidida apuesta por la protección de los puestos de trabajo a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) permitió a las empresas pagar los salarios preservando los empleos.
Ahora bien, creo que es importante destacar que, si las políticas públicas fueron capaces de dar tales respuestas, ello en gran medida obedece al cambio de paradigma en las políticas sociales operado a principios del siglo. Por lo mismo, la atención de las emergencias no implica el abandono de los objetivos estratégicos. Así lo viene demostrando otra serie de políticas que han permitido llegar a las familias de centenares de miles de niñas, niños y adolescentes que debían recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) y que por diversos motivos no lo hacían; el perfeccionamiento del Programa de Acompañamiento para el Egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE); el impulso a la puesta en marcha y construcción de Centros de Desarrollo Infantil para la primera infancia; o la restitución a jubilados y pensionados de los beneficios en medicamentos que se les habían quitado.
La vigencia de la pandemia sin duda seguirá obligando a concentrar gran parte de los esfuerzos en el combate a la inseguridad alimentaria y en las medidas compensatorias, pero ello debe hacerse sin abandonar los objetivos rectores de las políticas sociales, que deben orientarse al desarrollo de las personas y las familias en contextos de comunidades colaborativas y sólidas.
La pospandemia: la reparación y la preparación
La aceleración de la campaña de vacunación permite pensar, con optimismo y realismo, que la llegada de una normalidad –más parecida a la que vivíamos previamente a la pandemia– está cada día más cercana. Con ello también se habilitarán las posibilidades de avanzar más rápido en la reconstrucción del entramado productivo, retomando un sendero de creación de fuentes laborales y recuperación salarial que permita una configuración similar a la que gozábamos hasta el año 2015, con casi pleno empleo en la población en edad económicamente activa, completa cobertura del sistema previsional para la población adulta mayor y universalización del sistema de asignaciones para niñas, niños y adolescentes.
Construir una sociedad más justa y plena de oportunidades para la totalidad de sus componentes en un mundo cambiante es el desafío del presente y para los tiempos por venir. Terminar la etapa más acuciante de reparación de los daños ocasionados por el (des)gobierno anterior y la pandemia nos introduce de lleno en la preparación de las políticas públicas que garanticen el acceso pleno a los derechos a todos y todas, en una sociedad que enfrenta y enfrentará numerosas transformaciones demográficas, económicas y sociales. Transitarlas exitosamente dependerá en gran medida de la forma y la intensidad con que el conjunto social se involucre y de que cada quien aporte, como nos decía Néstor Kirchner, su “pequeña verdad relativa”.
Paola Vessvessian es diputada nacional por la provincia de Santa Cruz.
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