La política social en sentido amplio

Una perspectiva amplia respecto de las políticas sociales debe incluir a todo el conjunto de la política económica. ¿Cuál es el sentido de aumentar las transferencias monetarias a ciertos sectores, por más que se encuentren en la base de la pirámide social, si al mismo tiempo se pulveriza el poder de compra de los salarios? Sin ir más lejos, esa fue la postura adoptada por la alianza macrista. Con el anterior, con el actual, y con cualquier otro gobierno, está claro el límite que tienen las políticas sociales basadas en transferencias en ausencia de otras estrategias que apunten al mediano y largo plazo.

Probablemente, el hecho de concentrar los distintos abordajes de la cuestión social en un único ministerio haga pensar que una alternativa compite por el mismo presupuesto que la otra. En el contexto actual, no se puede partir de una falsa dicotomía entre comer o trabajar, entre alimentos para comedores comunitarios o infraestructura para atender las demandas de cuidado. La principal meta de política en términos sociales es modificar el escenario distributivo que recibió el gobierno del Frente de Todos y que resulta muy desbalanceado a favor de un sector concentrado. Visto de esta forma, todas estas políticas tienden a reestablecer una distribución algo más equilibrada de la riqueza nacional, y por ello la ampliación presupuestaria de todas las políticas sociales es indispensable.

 

El margen fiscal para la política social

Recientemente, en el marco de la segunda ola, se observaron dos aspectos salientes de la política fiscal. Por un lado, un resultado fiscal que muestra un sobrecumplimiento de las metas y da cuenta de un margen disponible para la adopción de medidas más contundentes por el lado del gasto público. Al mes de mayo, el resultado fiscal primario acumulado durante todo el año fue de -0,4% del PBI, frente a una referencia establecida en el presupuesto de -4,5%. Puesto de otra forma: transcurrido un 40% del año sólo se concretó un 9% del déficit previsto. Si se compara con años anteriores, estos resultados son ampliamente mejores que los de 2016 y 2017 y se encuentran al mismo nivel que 2018.

En paralelo, se anunciaron nuevas medidas de ayuda a sectores afectados por las medidas restrictivas para la contención de la pandemia y un refuerzo a las políticas dirigidas a la base de la pirámide social. Esto implicó, justamente, la utilización de parte de ese margen en las cuentas fiscales que todavía tiene cuerda para continuar sosteniendo el proceso de recuperación.

 

Las últimas medidas

Puntualmente, para quienes ya perciben AUH, AUE o son monotributistas de categoría A y B y residen en el AMBA, se asignó un bono por única vez de $15.000 –monto equiparable a los $10.000 del IFE actualizados por inflación. El alcance del bono puede llegar al millón de personas e implica un gasto adicional de $22.500 millones. Además, se anunció la ampliación de la Tarjeta Alimentar. En un informe especial que realizamos en febrero sobre la Tarjeta Alimentar desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) mostramos que el gasto mensual percibido por las beneficiaras y los beneficiarios alcanzaba a $10.600 millones mensuales. A partir del nuevo esquema, que amplía beneficiarias y beneficiarios y montos hasta los $12.000 por familia con tres o más hijos o hijas, ese monto casi se duplica hasta los $20.000 millones mensuales.

A modo comparativo, podemos analizar las brechas de pobreza e indigencia que surgen de las estadísticas que provee el INDEC. Este indicador muestra cuál es, en promedio, el monto en ingresos que hace falta en cada hogar para superar las respectivas líneas de pobreza e indigencia. Para el segundo semestre de 2020, la brecha de pobreza se ubicó en $21.287 y la de indigencia en $8.708. Para tener los valores actualizados, podemos actualizarlos según la evolución de la Canasta Básica entre el promedio de ese segundo semestre y el mes de mayo de 2021. Siguiendo el análisis, de acuerdo a los mismos datos de la EPH, hay 2,9 millones de hogares que se encuentran bajo la línea de pobreza y 721.000 bajo la línea de indigencia en los 31 aglomerados urbanos. Multiplicando la brecha actualizada por la cantidad de hogares en cada situación obtenemos una estimación de la transferencia monetaria mensual que se necesitaría en esos hogares para superar la pobreza e indigencia: $8.501 millones para superar la indigencia y $81.424 millones para superar la pobreza. Dado que la EPH sólo cubre aglomerados urbanos superiores a los 500.000 habitantes, los datos corresponden a una población de 28,5 millones de personas. Podemos proyectar linealmente estos valores al resto de la población. Es un procedimiento que no es metodológicamente robusto –teniendo presente la estimación inicial del IFE que estuvo diseñado para dos millones de personas y terminaron siendo cerca de nueve millones, puede haber un largo trecho de la EPH a la realidad efectiva– pero alcanza para una primera impresión sobre la dimensión del problema. Dar una salida a las familias indigentes requiere una transferencia mensual adicional de $13.288 millones y de $130.652 millones para poder superar la pobreza. Los incrementos anunciados en la Tarjeta Alimentar se acercan notablemente a los montos necesarios para reducir drásticamente la indigencia. Es de esperar que gran parte de las familias indigentes ya se encuentre alcanzada, o que parte de los nuevos destinatarios y destinatarias corresponda a hogares pobres no indigentes. Sin embargo, es un monto significativo y que, dado el margen fiscal mencionado anteriormente, todavía da lugar a la implementación o el refuerzo de otras medidas adicionales.

Cuadro 1. Brechas de pobreza e indigencia
  Pobreza Indigencia
Brecha monetaria segundo semestre 2020 $21.287 $8.708
Brecha monetaria actualizada $28.078 $11.791
Hogares pobres o indigentes (EPH) 2.900.000 721.000
Monto de la brecha total por mes (EPH) $81.424.903.700 $8.501.045.672
Monto de la brecha total por mes (proyectado) $130.851.248.753 $13.661.329.536
Fuente: CESO en base a INDEC.

 

La articulación social y productiva con un actor estratégico

El aspecto de la Tarjeta Alimentar sobre el que no se ha vuelto a profundizar desde su lanzamiento es su rol como incentivo a la producción de ciertos actores específicos dentro de la cadena de producción de alimentos. Desde fines del año pasado, las centrales patronales del rubro alimenticio llevaron adelante una fuerte campaña en contra del programa de Precios Máximos. Como se evidenció en el balance de las principales empresas del sector, en el año 2020 revirtieron los números rojos que habían tenido en 2018 y 2019, a pesar de la pandemia. Gracias a los aumentos de precios por encima del promedio que vienen aplicando desde 2018, lograron evitar en sus empresas la caída de ingresos que se vio en el resto de la economía. Esto habla del carácter eminentemente político que adoptaron para plantear la discusión, ya que en términos económicos no se vieron particularmente afectadas. Lo cierto es que la mesa de negociación que tiene el gobierno con el sector alimenticio está dominada por estas empresas. Contar en un futuro con otros actores más fortalecidos que disputen el protagonismo a estas cámaras empresarias resulta fundamental y es también parte de la política social decidir en qué actores económicos se acumulan esos incentivos. La tarea pendiente es avanzar en una mayor integración entre las políticas sociales y las políticas productivas.

Desde hace varios años viene siendo cada vez más visible la economía popular, social y solidaria. Este actor requiere la formación de un capital inicial que luego pueda reproducirse en un esquema virtuoso que contemple otra relación con las necesidades sociales, las desigualdades de género, el medio ambiente y otras desigualdades económicas. La acumulación en esa infraestructura social tiene incluso una ventaja respecto de la que reciben grandes empresas: el capital que se forma en la economía popular queda acumulado en los mismos actores y en la economía nacional, a diferencia de otros excedentes que tienden a volcarse a monedas extranjeras y presionan sobre la restricción externa. Tenemos, entonces, un actor estratégico para modificar la fisonomía de las cadenas productivas, tal como las conocemos hoy, si logramos integrar las políticas sociales y las productivas.

 

Nicolás Pertierra es economista jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.

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