Según la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) mediante la Resolución 483/2022 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, podemos observar un incremento en su cantidad numérica, de 4.270 barrios a 5.670, tan solo teniendo en cuenta aquellos conformados hasta el 31 de diciembre de 2018. Hoy –luego de una pandemia impensada mundialmente, donde se pusieron de manifiesto las necesidades y las desigualdades de manera antagónica, y una posterior guerra continua que nos pone en alerta mundial– tenemos como Estado y como sociedad la obligación de repensar cuál es la política que queremos para el futuro, no solo de nuestros hijos y nietos, sino también nuestro propio futuro: planificar que país queremos.
Esto lleva a afirmar la necesidad de construcción de un Estado organizado con distintos actores sociales que comienzan a surgir en el devenir del tiempo; un Estado que esté presente nos solo hoy, sino que tenga las herramientas para planificar la sociedad y las ciudades del futuro; cuya iniciativa surja de una agenda política ineludible y urgente; acorde a las necesidades de las familias; humanizando las políticas planteadas; que pueda diagnosticar según sus propios errores, para poder así reformular la ejecución de nuevas políticas públicas que puedan adaptarse a la realidad que tan dinámicamente va modificándose.
El aumento de barrios populares marca un núcleo duro de pobreza que se consolida y familias que se desarrollan en ellos, incrementando de esta forma no solo la desigualdad en cuanto acceso a los distintos servicios básicos que hacen a la dignidad del ser humano, sino también a la desprotección de los derechos fundamentales. Me parece fundamental y muy interesante recordar lo planteado por el cura Gustavo Carrara –obispo auxiliar y cura villero–, quien recomienda que en la formulación de la integración de los barrios populares no puede descuidarse la cultura e identidad de las familias que los integran, teniendo en cuenta lo que él llama el “deseo de vivir bien” como columna vertebral para los derechos humanos en su conjunto. Dicha integración no solo tiene que ver con una cultura del encuentro que, según el Papa Francisco, “se trata de tender puentes y no levantar muros”, con mirar al barrio no solo como un sujeto colectivo, sino también como familias, personas, mujeres y hombres, con la empatía de pararse no al frente, sino desde el lugar del otro, esos otros que también aportan desde su lugar a la sociedad en su conjunto, siendo la mano obrera trabajadora en gran parte de la sociedad. En este sentido es necesario contribuir a que esa potencialidad se convierta en desarrollo humano, urbano e integral.
Debemos mirar a la política como herramienta de transformación social, y al concepto de integración como un pensamiento estratégico de una sociedad compuesta de nuevos actores interactuando en su conjunto, partiendo de la realidad existente a la ejecución efectiva, respetando los derechos y satisfaciendo necesidades de las familias que habitan en la marginalidad, sin ocultar la pobreza.
Todo proceso social requiere de implementación de políticas públicas de gestión, donde el gobierno del Estado se presenta en forma triangular y no puede faltar en ninguno de sus vértices: un gobierno con proyectos y objetivos; que tenga capacidad para desplegar toda su fuerza; y gobernabilidad para eliminar los obstáculos que pueden anteponerse a la gestión.
Es urgente la necesidad de planificación, aquella que pueda amoldarse al proceso del movimiento constante de los nuevos tiempos, donde la realidad se convierta en ideas y no las ideas en realidad, identificándose los nudos problemáticos y partir así a las acciones concretas. Un proceso de integración sociourbana es buscar herramientas que colaboren a su culminación. El surgimiento de distintos actores y su participación son absolutamente necesarios: profesionales, universidades y organizaciones sociales que contribuyen al reconocimiento de los problemas y pueden brindar un diagnóstico territorial fundamental para la creación de políticas públicas. Existe la necesidad de que el Estado cuente con todos estos actores; que interactúen y trabajen coordinadamente; que reconozcan la realidad, no solo desde la interpretación de lo que se vive en esos barrios, sino con empatía; y la capacitación y la formación de equipos técnicos, políticos, administrativos, de gestión y territoriales que sean capaces de llevar adelante proyectos que puedan concretarse en la gestión presente, pensando en políticas de integración en el corto y el largo plazo, pensando en el futuro de cada uno de los integrantes de cada barrio, y no en proyectos vacíos e inconclusos.
Existe una concreta y necesaria transformación del pensamiento y de consenso, en donde la política pública implementada desde el Estado no sean conceptos obsoletos, sino realidades cuyos problemas pueden ser diagnosticados, y que pueda ser ejecutada por los gobiernos y las futuras generaciones. Sin la capacitación de cada uno de los actores, sea cual sea el lugar en que les toque intervenir, es difícil pensar no solo en una integración, sino en un futuro posible. Sin embargo, en la realidad encontramos una complejidad en la coordinación y el seguimiento del trabajo con otras instituciones con las que se debe trabajar conjuntamente. También algunos marcos legales han quedado anacrónicos y contradicen la realidad.
El trabajo de integración no puede realizarse aisladamente. Si el resultado es para y por la sociedad, deben ajustarse todos los estamentos del Estado para adelantarse a las realidades futuras, y no seguir fomentando políticas ineficaces, ineficientes y cerradas.
“Las necesidades no pueden esperar”. Por eso, para la apertura de herramientas técnicas e ideológicas es necesario una legislación actualizada y funcionarios, funcionarias y dirigentes que se encuentren a la altura de la transformación de la realidad, con capacidad de aportar al futuro, sin dejar de lado el Estado de Derecho ni los derechos fundamentales, pero adecuando las normas para que las políticas públicas implementadas puedan seguir existiendo, sea cual fuere la ideología del próximo gobierno.
María Florencia Rocha es abogada, mediadora y técnica en Gestión de Políticas Públicas, coordinadora general en la Subsecretaría de Regularización Dominial de la Provincia de Tucumán, tesorera de la Asociación de Abogados de Tucumán y miembro del Círculo de Profesionales de Tucumán.
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