La Ciencia, la Tecnología y la Innovación: instrumentos para el desarrollo en un país en crisis

Según datos oficiales de la Unesco, Israel y Corea del Sur son los dos países que más invierten en Investigación y Desarrollo (I+D) en función de su PBI. El informe del organismo dependiente de la ONU señala que el índice en ambos casos es de 4,3%. En este ranking, el tercer puesto es para Japón (3,4%), seguido por Finlandia (3,2%) y Austria (3,1%).

El PBI (Producto Bruto Interno) abarca el valor total de la producción de un país y de ahí que se tome como variable al analizar la inversión en I+D, para contemplar la proporción de la riqueza que cada nación decide destinar a este segmento. América Latina figura entre las regiones donde menos fondos se destinan a este sector. En la región, Brasil encabeza la lista de los países que más invierten, con un 1,2% de su PIB; seguido por Argentina, con 0,6%; luego México, con 0,5%; y Chile, con 0,4%.

Asimismo, si comparásemos la inversión por habitante, entonces se recurre al índice denominado de las 3P (paridad del poder adquisitivo, por sus siglas en inglés), que compara el poder de compra de distintas monedas teniendo en cuenta los diferentes niveles de precios que hay entre los diferentes países.

Teniendo en cuenta el porcentaje del PBI, Argentina invierte entre un quinto y un séptimo que los países más desarrollados. Más aún, si se considera el valor absoluto (PPP), el país destina entre un décimo y un catorceavo de los fondos en este sector que las naciones más destacadas. Ese 0,6% del PBI en I+D de Argentina significa cerca de 3.300 millones de dólares por año.

La innovación es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso es esencial el seguimiento de la inversión en Investigación y Desarrollo en conocimiento, tecnología y pensamiento, que impulsa la innovación en los países. Como dato objetivo de esto, varias regiones estipularon como misión ir incrementando paulatinamente el porcentaje del PBI destinado a I+D. Tal es el caso de los países miembro de la Unión Europea, donde el objetivo es alcanzar el 3% del PBI para 2020.

Argentina está lejos de llegar a esa meta. Esta inversión deficiente en el área se ve reflejada en otros aspectos. Según el Índice Mundial de Innovación –desarrollado por la Universidad Cornell, la escuela de negocios Insead y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)– la situación de proyección e innovación es bastante deficiente en toda América Latina y el Caribe. El país de la región que mejor se ubica es Chile, que ocupa el lugar 51, seguido de Costa Rica (55) y México (56). Argentina figura en el puesto 73 de los 129 analizados. En este ranking los primeros puestos están ocupados por Suiza y Suecia, que le dedican un 3% de su PBI a la investigación y el desarrollo, seguidos por Estados Unidos.

 

Inversión estatal e inversión privada

Es sabida la necesidad de involucramiento de los gobiernos en materia de ciencia y tecnología para el desarrollo de sus competencias. Hoy los países más desarrollados son aquellos capaces de destinar mayor parte de su PBI para esta materia. La inversión estatal en investigación y desarrollo en Argentina es baja hace tiempo. La tasa promedio de incremento de la inversión en relación al PBI ha sido de 0,01 entre 1996 y 2014; en tanto que en Corea fue de 0,11 y en Israel de 0,09 y en China, de 0,08.

Para impulsar la economía en base a ciencia y tecnología hay que hacer una inversión de gran magnitud, que se sostenga en el tiempo y que vaya ligada a la producción. En Argentina hay condiciones y recursos. En la actualidad, la función “ciencia y técnica” del presupuesto nacional equivale a un 0,4% del PBI, lo cual presupone una reducción nominal del 0,1% respecto del año anterior.

Ahora bien, la inversión estatal es un primer punto, pero no es el único factor a tener en cuenta. En las principales economías mundiales el sector privado juega un rol vital en la financiación de la investigación y el desarrollo. El punto es cómo lograr captar estos fondos. Claro está que las inversiones privadas ocurren cuando las condiciones de retorno están garantizadas, o cuando los riesgos se minimizan. Las actividades productivas con alto contenido tecnológico requieren de inversiones importantes. Los tiempos en estas inversiones son relativamente largos, lo que afecta las seguridades necesarias para afrontarlos. En los países más desarrollados se priorizó durante años la inversión estatal en investigación y desarrollo que luego derivó en el incremento de fondos de origen privado. Un ejemplo muy claro de esto es Corea del Sur. En esta nación, la inversión a mediados de los años 60 era principalmente de origen estatal y con el paso de los años fue virando hacia un mayor protagonismo de la inversión privada. Otro ejemplo exitoso en la región es el Estado de San Pablo, Brasil. Allí desde 1989 se dedica un 1% de la recaudación total del Estado a la investigación. Luego de casi tres décadas de esta política, San Pablo cuenta con cientos de empresas de base tecnológica y ahora la inversión total la hacen, en un 60%, los privados.

En cuanto a las condiciones necesarias para seducir al sector privado a invertir en innovación y ciencia, podríamos aseverar que la idea es orientar los esfuerzos a un modelo económico que fomente la actividad productiva y no especulativa, brindando a las empresas exenciones impositivas y medidas para fomentar, de manera explícita, la investigación y el desarrollo. Para que el sector privado o las empresas encaren I+D, deben estar favorecidas en su esquema impositivo, como también se necesita de un sistema de ciencia y tecnología en funcionamiento, para apoyarse durante el proceso.

Argentina se enfrenta hoy a la necesidad de un cambio de paradigma acerca del papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como instrumento para alcanzar el desarrollo sustentable, combatir la pobreza y construir sociedades más equitativas. Los marcos conceptuales sobre los que se cimentaron las bases de los instrumentos de una política científica tecnológica en la segunda parte del siglo XX deben ser revisados y actualizados. Las nuevas estrategias deben orientarse, por una parte, a la consolidación de capacidades básicas de I+D, formación de recursos humanos altamente capacitados y generación de una cultura favorable a la difusión de la ciencia y la tecnología a una escala social. Asimismo, es de relevancia tener como objetivo construir el tejido de relaciones que configuran los “sistemas de innovación”.

El sistema científico tecnológico nacional compuesto por los organismos nacionales y provinciales debe enfocar todos sus esfuerzos a la resolución de los problemas socioculturales, la vitalidad del sector productivo y la capacidad de aprovechar al máximo los recursos disponibles, revalorizando los recursos naturales y culturales a escala nacional y provincial. De aquí que la inserción de la región Patagónica en general y la Fueguina en particular en la ciencia nacional e internacional deba ser concebida sobre supuestos que privilegien la capacidad de aprovechar los conocimientos y los recursos humanos que se generan localmente.

La estrategia orientada a generar capacidades científicas y tecnológicas comunes debe contemplar al menos dos orientaciones diferentes:

  1. Redes científicas, tecnológicas y de innovación: el impulso a la constitución de redes que conecten a científicos, tecnólogos e incluso empresas y otros actores sociales involucrados en la producción y utilización de conocimientos es un punto central de las estrategias de cooperación más aconsejables. El aliento a estas redes es imprescindible como instrumento para la conformación de los sistemas de innovación. Una condición para el éxito de tal estrategia es que las iniciativas estén apoyadas en políticas aplicadas de desarrollo industrial e integración que estén presentes en las agendas de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales impulsando, a través del financiamiento de manera equilibrada, el desarrollo de las ciencias básicas y aplicadas, generando así una retroalmientación entre ambas.
  2. Grandes emprendimientos: Argentina no debe abandonar ciertos campos de la big science debido a su importancia estratégica en el futuro, con el propósito de lograr ciertos grados de autonomía científica y tecnológica que le permitan insertarse más equilibradamente en el escenario global. Para ello, debe ser capaz de aprovechar adecuadamente las fortalezas que hemos ido acumulando en determinadas áreas del conocimiento, como las energías alternativas –incluyendo la energía nuclear–, las actividades aeronáuticas y espaciales, la biotecnología, la microelectrónica, las telecomunicaciones, la acuicultura sustentable, el tratamiento de la información y los materiales avanzados. También, desde el punto de vista de las ciencias sociales y humanas, el patrimonio cultural en Tierra del Fuego tiene un gran desarrollo historico, entre otros. Con esta base, sumada a futuros temas y proyectos de investigación, es fundamental dar lugar a la creación de nuevos centros o programas de carácter regional y subregional. Tierra del Fuego es la puerta a la Antártida, y la ciencia es el anclaje para el territorio.

Otros campos, como las tecnologías de aplicación de la informática y las telecomunicaciones pueden ser adecuados para el desarrollo de emprendimientos conjuntos de naturaleza tecnológica y productiva con amplia difusión social, ya que permitirían involucrar a pequeñas y medianas empresas de base tecnológica, brindándoles acceso a tecnologías modernas y a mercados ampliados.

Los esfuerzos que se realicen en ciencia y tecnología son inseparables de una reforma del sistema educativo en su conjunto, con el objeto de elevar el nivel medio de conocimientos y calificar la fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, es preciso formar profesionales, investigadores y tecnólogos de alto nivel con anclaje en el territorio. Claramente, todo ello será posible sólo en un marco general de políticas que tengan como objetivo retomar un camino propio hacia el tan ansiado desarrollo económico y social.

 

Walter Bogado es secretario de Planeamiento y Políticas de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

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