La agenda ambiental posible en el debate desde la militancia peronista

Oportunidad de la propuesta

Como militantes peronistas, en el marco de nuestro Partido Justicialista, con el compromiso sectorial ambiental que desarrollamos desde la vuelta al gobierno en las reuniones periódicas realizadas en su seno, y dado que estamos en una elección de medio término, creímos importante realizar algunas consultas internas en cuanto la agenda del debate en el área de nuestra pertenencia. Como nos enseñara el general Perón, estas elecciones pasan por un plano político como eje rector, pero atentos a su perfil de tipo legislativo amplio –Nación, provincias y municipios– ello debe traducirse en temas que nuestros candidatos y candidatas podrán priorizar –conforme mejor estimen– en los debates que se avecinan, y posteriormente impulsar en los recintos legislativos. La cuestión ambiental ha tenido y tiene relevancia, y en forma creciente será exponencial su incidencia en la toma de decisiones de alta política en las tres funciones del poder: políticas judiciales, con fallos de fuerte contenido ambiental; políticas legislativas; y políticas integrales y coordinadas desde el Ejecutivo, en sincronías virtuosas públicas con las provincias y los municipios.

Estado de Derecho y ambiente

Siempre se piensa que las principales responsabilidades en materia ambiental las tiene el Ejecutivo, sea nacional, provincial o municipal, lo cual es un error conceptual en el marco del Estado de Derecho, ya que –conforme a la Constitución Nacional– el mismo está integrado por distintas funciones del poder. De allí que resulte central que los legislativos revisen, elaboren, actualicen, deroguen, sancionen o consoliden –por ejemplo, en digestos flexibles– las normas que son necesarias a los tiempos institucionales, alineadas a las mandas constitucionales en la materia –artículos 5, 41, 42, 43, 75 inciso 22, 124, etcétera– y considerando el estado del ambiente global, regional, nacional y subnacional, con sus derivaciones locales o municipales.

Son hechos públicos el gravísimo nivel de deterioro planetario, centralmente causado por las alteraciones humanas a los patrones de la naturaleza, básicamente en materia de cambio climático –temperaturas, deshielos, lluvias torrenciales, sequías intolerables, inundaciones, etcétera– con los efectos en los propios ciclos naturales en lo social –desplazados ambientales, países inviables, alteraciones en la flora y fauna, muerte de ecosistemas, etcétera. No bastan programas públicos, sino que es necesario dotarlos de un nivel adicional de compromiso que en las democracias populares se basan en normativas pensadas con sentido estratégico, en beneficio de la nación y su pueblo.

La importancia de la participación desde la experiencia acreditada

La masa crítica del Partido –desde el inicio del gobierno de Alberto y Cristina se organizaron 27 comisiones[1] y más de 200 reuniones y eventos públicos diversos limitados por la virtualidad, como bien reconocieran el compañero Santiago Cafiero, Cristina Álvarez Rodríguez y otras autoridades partidarias en una reunión reciente de las comisiones– es relevante para pensar la integración y los posibles aportes, habiendo mucho por decir y hacer. Estas conformaciones temáticas tuvieron inicialmente todo el impulso de José Luis Gioja y Ginés González García, cuyo impulso fue igualmente reconocido por nuestras autoridades en esa misma reunión, donde quienes coordinamos los equipos fuimos convocados a sumar ideas y temas en los ejes que se detallan a continuación. Sean estos u otros los ejes del debate, lo ambiental es absolutamente transversal al conjunto de temas, con lo cual es dable construir un listado en función de dicha base, ciertamente opinable, pero mejor que decir es hacer.

Aportes sobre la agenda legislativa con relación a lo ambiental

Una primera consideración es poder vislumbrar los temas del debate para que se compadezcan con nuestras banderas y no nos corran del eje central de la doctrina justicialista. Otro aspecto es que cualquier actividad, en la competencia pública o privada, debe internalizar la variable ambiental en sus gestiones, desarrollos y resultados. Consecuentemente, cabe la siguiente desagregación:

1. Estado y bienes públicos en la pospandemia: educación, ciencia y salud

• Vinculación de usos químicos en todo tipo de producción con la Salud y con el registro y retroalimentación de efectos sobre la misma en el uso de estos insumos, para poder operar eficazmente sobre las causas.
• Orientación científica para estudios ambientales, conforme las prioridades temáticas nacionales y el ajuste de financiamientos al cumplimiento de tales requerimientos.

2. Ciudadanía, justicia social y juventudes

• Obligación –en el marco de la ley de presupuesto– que las diferentes afectaciones y proyectos de ley refieran a su impacto con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3. Economía, deuda, inclusión financiera y finanzas para el desarrollo

• Fiscalidad ambiental, con normativa que proponga incentivos sobre objetivos a cumplir en lo ambiental y desincentivos para quienes no lo hagan, que permitan orientar al mercado hacia mejores prácticas.
• Normativa que verifique, valore y determine el impacto de los servicios ambientales en lo nacional y permita incorporarlos en negociaciones internacionales como aportes positivos a la vida planetaria, en tanto no sólo lo financiero tiene valor, sino el comportamiento de la naturaleza y su protección, que tiene que ser reconocido.
• Ley de compras públicas sustentables.

4. Empleo, trabajo y organización social

• Normas que asocien generación de empleo con cuidado ambiental, y que se verifique para el otorgamiento de incentivos la cantidad de empleos que se generan, cuidando la transición justa en materia de cambio climático.
• Determinar que la economía circular incluya efectivamente los resultados socio-laborales.
• Legislar sobre la dimensión laboral del desarrollo sustentable.

5. Geopolítica, soberanía y América Latina

• Incorporación de los bienes ambientales y funcionamiento de los ecosistemas como determinantes e integrantes del concepto de soberanía política e independencia económica.
• Protección de los bienes naturales autóctonos del patentamiento global, como soberanía alimentaria.
• Establecimiento de lo ambiental como elemento convocante de un nuevo regionalismo estratégico por posesión de recursos: glaciares, bosques, territorio, pesca, etcétera.
• Constitución de un símil OPEP para la titularidad de glaciares, bosques, biodiversidad, etcétera.

6. Federalismo, integración territorial y arraigo

• Ordenamiento del territorio como eje central de la disminución de impactos ambientales en el país, con sus efectos provinciales y municipales.
• Fomentos productivos amigables con el ambiente y con trazabilidad de mercado para sostener el arraigo poblacional con dignidad.
• Cadenas de valor que permitan el uso sustentable de recursos y bienes ambientales, estableciendo corredores o regiones en forma asociativa.
• Exigencia de que la normativa presupuestaria asigne fondos al COFEMA.

7. Viviendas, hábitat e infraestructura

• Fondo de financiamiento constante para erradicación de basurales, con una fiscalidad que lo sostenga adecuadamente, por los beneficios que el tratamiento adecuado de residuos sólidos urbanos genera para el conjunto social.
• Exigibilidad normativa de estándares ambientales para las viviendas, tanto en su construcción como en el uso de energías.

8. Derechos humanos y nuevas perspectivas de género y diversidad

Concreción de diversos proyectos de normas de presupuestos mínimos, tales como:

• Evaluación de Impacto Ambiental;
• evaluaciones ambientales estratégicas;
• desanclaje del tema ambiental en el área de Minería, para tener autonomía fuera del propio sector;
• Ley de Responsabilidades Extendidas;
• Ley de Humedales, promulgación;
• Ley de Ordenamiento del Territorio;
• equiparación fiscal del bosque nativo al bosque implantado;
• beneficios fiscales perceptibles para el mantenimiento del Bosque Nativo Argentino;
• Ley de Envases que no sean derivados de los usos fitosanitarios;
• Ley de Residuos de Artefactos Electrónicos y Eléctricos;
• Ley sobre Residuos Peligrosos que supere la 24.051.

9. Producción y energía

• Utilización de residuos biomásicos con trazabilidad de acceso a mercados.
• Promoción de la accesibilidad de sistemas cooperativos al mercado de la energía eléctrica en sus diferentes fases.
• Normativa integral de presupuestos mínimos para el uso de herbicidas, resguardando la salud de la población.
• Establecimiento de una planificación normativa que acelere la transición hacia el uso de energías limpias renovables.
• Consideración normativa de huella del carbono e hídrica y aspectos sociales asociados con la producción y las formas de concreción.
• Ley de sellos ambientales y etiquetados para orientar el consumo.

10. Arte y cultura

• Orientación a expresiones del arte y la cultura en la protección de valores ambientales.

11. Justicia, seguridad, legislación y nuevas instituciones

• Establecimiento de pautas estrictas de cumplimientos temporales de la Justicia para los temas ambientales, en tanto los daños suelen ser irreparables.
• Creación de tribunales ambientales acotados y multidisciplinares, o de áreas específicas para su tratamiento, previa capacitación.
• Inserción en las legislaciones ambientales de un anexo explicativo –a manera de infografía– de sus contenidos, aplicación, beneficios e implicancias de su buen uso, o de los incumplimientos.
• Adecuación de normas vinculadas a la aprobación del Tratado de Escazú –por ejemplo, de tipo procedimental– para garantizar complementariamente su mejor implementación.
• Así como se fijó un porcentual presupuestario para la educación, sería deseable fijar uno similar para los objetivos ambientales que se planteen en un plan estratégico de su cuidado, defensa y mejora actual.

Construcción de normativa sobre presupuestos diferentes

En materia ambiental se suele incurrir en una técnica que es mejorable: trabajar sobre textos, en lugar de trabajar sobre los problemas a resolver, los multiactores directos o indirectos, realidades institucionales, cuestiones económicas comprendidas, presupuestarias y operativas de leyes como las ambientales. Algunos ensayos menores permiten advertir que cuando ya están el programa normativo, la trazabilidad y la contextualización en la cual debe funcionar la norma, se redactan los textos gramaticalmente. Igualmente, es recomendable que se incorpore un anexo explicativo de la norma y un detalle de los antecedentes y datos científicos que se han considerado para ella: en esta materia no bastan las buenas voluntades o las ideas interesantes, sino que es menester apoyar las normativas en datos duros, en orden a la evidente demostración de las bondades de la aplicación normativa en gestión y de las consecuencias cuando no se avanza en ella, e igualmente de las tensiones que inexorablemente toda norma ambiental produce con intereses cortoplacistas del mercado.

La Ley Yolanda, la Ley de Educación Ambiental, el Tratado de Escazú o la propia Ley General del Ambiente, conforme al mandato de los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, requieren de complementariedad normativa para dar el salto definitivo de calidad institucional y ambiental que requiere el desafío de la vida planetaria en el siglo XXI.

Nuestro compromiso para colaborar en la campaña es ampliar esta agenda que funciona a modo de apuntes temáticos. Es urgente, porque hay mucho en juego. El planeta está enfermo. Todas y todos somos parte de él. Como somos ambiente, debemos proteger a la Madre Tierra, en tanto es nuestra Casa Común, para curarla, y curarnos, de cara al legado de dignidad de vida que debemos dejar para las generaciones futuras.

En este texto se incorporaron aportes de compañeros y compañeras: David Zornenón, Sandra Carlino, Mónica Gabay, Mariano Ryba, Guillermo Varela, Leonardo P. Flugger, María Fagetti y Homero M. Bibiloni, como ensamblador y coautor.

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[1] Agro; Ambiente; Arraigo; Ciencia, Tecnología e Innovación; Comunicación; Cuidados; Cultura; Defensa; Deporte; Derechos Humanos; Discapacidad; Economía Popular; Educación; Energía; Financiamiento al desarrollo; Géneros y Diversidades; Gestión Estatal Federal; Hábitat y Vivienda; Industria; Justicia; Personas Mayores; Política Exterior; Políticas Sociales; Salud; Seguridad; Trabajo; Transporte.