El gobierno busca generar empleo genuino

Carla Elena

El viernes 18 de febrero pasado el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, anunció que, en el marco de las políticas de gobierno destinadas a avanzar en la generación de “empleo genuino”, el Ministerio “no va a dar más altas en planes sociales”. Aseguró que “el gasto público no se achicará” y que se impulsará un proceso productivo que incluirá a las organizaciones sociales. “Al pedido de más alta de planes estamos respondiendo con la posibilidad de aportar materiales y herramientas para generar trabajo”.

Por otra parte, durante el acto se firmó un convenio con el secretario general de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, y el vicepresidente primero de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA), Rafael Miranda, apuntando a la formación profesional y al ingreso de trabajadoras y trabajadores que hoy tienen planes sociales al empleo registrado dentro del sector gastronómico. Esto se da en el marco del Potenciar Trabajo, el programa que impulsa la formación e inserción laboral que consta de diferentes incentivos, tanto para titulares como para empleadoras y empleadores. El objetivo es aumentar la nómina del personal de las empresas.

En la actualidad hay alrededor de 1.200.000 planes de empleo por mes. Cada uno equivale a medio salario mínimo y requiere una contraprestación laboral de cuatro horas diarias. Pero, más allá del freno a los cupos, un tema que genera tensión interna es la decisión del Gobierno de permitir a beneficiarios y beneficiarias elegir en qué unidad ejecutora se quieren desempeñar. Su objetivo es generar un programa para que se vinculen al empleo genuino. En tal sentido, cada beneficiario o beneficiaria del programa Potenciar Trabajo podrá elegir dónde quiere trabajar, ingresando a la página de Mi Argentina y cambiando de unidad de gestión (UG) en cualquier momento del año, contemplando la solicitud de traspaso. Luego de eso, el Ministerio evaluará cada situación y validará el pedido al inicio de cada mes. También facilitará lugares físicos donde podrán recibir asistencia en caso de que no cuenten con conectividad. Los beneficiarios y las beneficiarias tienen que contemplar las siguientes condiciones: para solicitar su traspaso tienen que figurar en estado “activo” en el programa, es decir, no estar suspendidos o suspendidas por incumplimiento, ni por incompatibilidad. Una vez convalidado el cambio, no se podrá solicitar el traspaso a otra Unidad por el término de nueve meses. A partir de allí, la asignación de una nueva UG se realizará según la existencia de un plan de trabajo con grupo, tareas y localización; la cercanía de las actividades de la UG con el domicilio; la conformidad brindada de parte de la UG de destino para la incorporación; y la certificación de las actividades que están desarrollando.

Durante los primeros doce meses de la nueva relación laboral, las trabajadoras y los trabajadores recibirán un incentivo de $15.000 abonado por el Estado Nacional, que el empleador o empleadora descontarán del salario a su cargo, abonando la diferencia que corresponda. Además, accederán a una reducción de las contribuciones patronales vigentes durante el primer año, que será un porcentaje mayor si se contrata una persona mujer, travesti, transexual, transgénero, o una persona con discapacidad acreditada. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta lo justificó de esta manera: “Las mujeres y LGBTI+ somos las más afectadas por la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas. Esta medida viene a impulsar, con inversión y decisión política, un sector con alta participación femenina y muy afectado por la crisis”. Es fundamental pensar en políticas públicas que incluyan a todos y todas con perspectiva de género, comprendiendo la urgencia por una sociedad inclusiva y un Estado que aloje, bordee y promueva el empleo genuino, que es un derecho, pero también un avance esencial para generar ciudadanía.

Ese es el camino que estamos transitando. Derecho a comer, a trabajar, a educarnos, a la salud, a tener un techo, pero también a disfrutar, a desear, a no ser –como diría el filósofo surcoreano Byung Chul Han– esclavos de nosotros mismos en esta sociedad del cansancio donde prima el soberano capital. Derecho a vivir dignamente. Mientras una persona de esta hermosa Nación transite su vida en estado de vulnerabilidad, este recorrido no estará concluido.

Los programas que la Nación tiene para los ciudadanos y las ciudadanas que más necesidades tienen son herramientas absolutamente necesarias para generar la equidad por la que abogamos. Aunque a veces no exijan una contraprestación o una condicionalidad –horas de trabajo, calendario de vacunación, certificado de escolaridad, etcétera– no son dádivas, sino oportunidades para construir una sociedad más justa, y para poder formar parte de esa misma construcción.

 

Carla Elena, psicóloga social, es autora de ESI, haciendo camino al andar.

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