El viernes 18 de febrero pasado el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, anunció que, en el marco de las políticas de gobierno destinadas a avanzar en la generación de “empleo genuino”, el Ministerio “no va a dar más altas en planes sociales”. Aseguró que “el gasto público no se achicará” y que se impulsará un proceso productivo que incluirá a las organizaciones sociales. “Al pedido de más alta de planes estamos respondiendo con la posibilidad de aportar materiales y herramientas para generar trabajo”.
Por otra parte, durante el acto se firmó un convenio con el secretario general de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, y el vicepresidente primero de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA), Rafael Miranda, apuntando a la formación profesional y al ingreso de trabajadoras y trabajadores que hoy tienen planes sociales al empleo registrado dentro del sector gastronómico. Esto se da en el marco del Potenciar Trabajo, el programa que impulsa la formación e inserción laboral que consta de diferentes incentivos, tanto para titulares como para empleadoras y empleadores. El objetivo es aumentar la nómina del personal de las empresas.
En la actualidad hay alrededor de 1.200.000 planes de empleo por mes. Cada uno equivale a medio salario mínimo y requiere una contraprestación laboral de cuatro horas diarias. Pero, más allá del freno a los cupos, un tema que genera tensión interna es la decisión del Gobierno de permitir a beneficiarios y beneficiarias elegir en qué unidad ejecutora se quieren desempeñar. Su objetivo es generar un programa para que se vinculen al empleo genuino. En tal sentido, cada beneficiario o beneficiaria del programa Potenciar Trabajo podrá elegir dónde quiere trabajar, ingresando a la página de Mi Argentina y cambiando de unidad de gestión (UG) en cualquier momento del año, contemplando la solicitud de traspaso. Luego de eso, el Ministerio evaluará cada situación y validará el pedido al inicio de cada mes. También facilitará lugares físicos donde podrán recibir asistencia en caso de que no cuenten con conectividad. Los beneficiarios y las beneficiarias tienen que contemplar las siguientes condiciones: para solicitar su traspaso tienen que figurar en estado “activo” en el programa, es decir, no estar suspendidos o suspendidas por incumplimiento, ni por incompatibilidad. Una vez convalidado el cambio, no se podrá solicitar el traspaso a otra Unidad por el término de nueve meses. A partir de allí, la asignación de una nueva UG se realizará según la existencia de un plan de trabajo con grupo, tareas y localización; la cercanía de las actividades de la UG con el domicilio; la conformidad brindada de parte de la UG de destino para la incorporación; y la certificación de las actividades que están desarrollando.
Durante los primeros doce meses de la nueva relación laboral, las trabajadoras y los trabajadores recibirán un incentivo de $15.000 abonado por el Estado Nacional, que el empleador o empleadora descontarán del salario a su cargo, abonando la diferencia que corresponda. Además, accederán a una reducción de las contribuciones patronales vigentes durante el primer año, que será un porcentaje mayor si se contrata una persona mujer, travesti, transexual, transgénero, o una persona con discapacidad acreditada. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta lo justificó de esta manera: “Las mujeres y LGBTI+ somos las más afectadas por la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas. Esta medida viene a impulsar, con inversión y decisión política, un sector con alta participación femenina y muy afectado por la crisis”. Es fundamental pensar en políticas públicas que incluyan a todos y todas con perspectiva de género, comprendiendo la urgencia por una sociedad inclusiva y un Estado que aloje, bordee y promueva el empleo genuino, que es un derecho, pero también un avance esencial para generar ciudadanía.
Ese es el camino que estamos transitando. Derecho a comer, a trabajar, a educarnos, a la salud, a tener un techo, pero también a disfrutar, a desear, a no ser –como diría el filósofo surcoreano Byung Chul Han– esclavos de nosotros mismos en esta sociedad del cansancio donde prima el soberano capital. Derecho a vivir dignamente. Mientras una persona de esta hermosa Nación transite su vida en estado de vulnerabilidad, este recorrido no estará concluido.
Los programas que la Nación tiene para los ciudadanos y las ciudadanas que más necesidades tienen son herramientas absolutamente necesarias para generar la equidad por la que abogamos. Aunque a veces no exijan una contraprestación o una condicionalidad –horas de trabajo, calendario de vacunación, certificado de escolaridad, etcétera– no son dádivas, sino oportunidades para construir una sociedad más justa, y para poder formar parte de esa misma construcción.
Carla Elena, psicóloga social, es autora de ESI, haciendo camino al andar.