Argentina es el segundo país más grande de América Latina y ocupa el cuarto lugar en términos de población, con 43 millones de habitantes, de los cuales un 8,1% vive en zonas rurales.
Según el último Censo Nacional Agropecuario realizado en 2018 se identifican en Argentina 250.881 explotaciones agropecuarias (EAP) que cubren 157,4 millones de hectáreas, con un promedio de 627,5 hectáreas por EAP, aunque las dos terceras partes tienen entre 200 y 500 hectáreas. Es decir, la pequeña y mediana propiedad sigue siendo el epicentro de la producción agropecuaria en la Argentina. Si comparamos los datos de 2018 con los de los anteriores censos, en apenas tres décadas la cantidad de explotaciones agropecuarias se redujo de 421.221 a 250.881: desaparecieron al menos 170.000 productores, un 40% de los que existían al comienzo de la democracia.
Del análisis de estos datos surge la necesidad y el compromiso que asumimos desde el peronismo para generar el debate que debe tener la agenda de políticas agropecuarias que necesitamos: con un enfoque sistémico de la matriz productiva, la tecnología, la conectividad, la educación y el cuidado del medio ambiente, el acceso a la tierra y la seguridad alimentaria como ejes transversales.
La reiterada acción de mostrar al campo como una masa homogénea que puja por los mismos intereses en todo el territorio es una construcción comunicacional. Cuando hablamos de “campo”, la mayoría de las veces en realidad hablamos del agro pampeano, el agronegocio, la soja, la siembra de directa, sin desmenuzar entre un pool de siembra, un productor de aceitunas de La Rioja, uno del cordón hortícola de La Plata, un ganadero de cría de la cuenca del Salado, un productor de arroz de Entre Ríos o uno de Bananas en Formosa. La comunidad campesina o las comunidades originarias terminan así metidas en la misma bolsa. Es por eso que cada uno de los temas que proponemos para la agenda deben ser tratados en profundidad, contemplando todos los actores del territorio y las particularidades socioculturales de cada medio.
Conectividad
Según el presidente Alberto Fernández, “el derecho de acceso a Internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión. La ONU ha expresado en diversos documentos la relevancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las mismas”. La pandemia dejó expuesta la gran desigualdad que representa la conectividad en las áreas rurales de nuestro país, que no solo se reduce al uso de Internet, sino también a la falta de señal de celular. El significado social y productivo de la conectividad como motor de desarrollo y arraigo requiere un tratamiento donde las particularidades del territorio estén contempladas.
Tecnología
Las nuevas tecnologías se basan en blockchain, inteligencia artificial y biotecnología para relevar y analizar los datos provenientes del campo, la genética, las transacciones y fenómenos climáticos. El acceso a las nuevas tecnologías mediante leyes de fomento, promoción y financiación, contemplando la diversidad productiva y territorial será una clave del crecimiento en la pospandemia.
Educación
Estudio tras estudio se demuestra que los y las estudiantes en zonas rurales alcanzan aprendizajes considerablemente menores que sus pares en zonas urbanas. Los motivos estarían en una combinación de factores socioeconómicos de sus familias, y de otros vinculados al sistema educativo. Entre los primeros tenemos que los y las estudiantes rurales suelen ser más pobres, con padres menos educados y a menudo con una lengua materna indígena. Esto trae dificultades educativas, pues las escuelas están pensadas principalmente para educar en castellano a estudiantes en grupos homogéneos. Adicionalmente, los y las estudiantes rurales generalmente no tienen los recursos educativos compensatorios de sus familias y comunidades que sus pares urbanos sí tienen. Frente a este panorama se requiere un nuevo enfoque de políticas educativas, que junto a la calidad ponga la igualdad de oportunidades como prioridad. Eliminar las brechas de aprendizaje entre estudiantes urbanos y rurales debería ser una de las metas urgentes de la política educativa.
Ambiente
Las claves están en las BPA, la utilización eficiente de los insumos y agrotecnologías, mayor fiscalización y un compromiso decidido de la cadena agrícola con la sostenibilidad. Esto involucra al fabricante, al distribuidor, al vendedor, a las autoridades de todos los niveles y obviamente a los agricultores de todas las escalas de producción. Se debe avanzar en leyes que regulen y ordenen las áreas productivas, campañas de concientización en reciclado de envases de fitosanitarios, y también el tratamiento de purines y desechos de las producciones animales.
Acceso a la tierra
A lo largo de la historia, la tierra ha sido considerada como una fuente principal de riqueza, situación social y poder. Es la base para la vivienda, los alimentos y las actividades económicas, la fuente más importante de oportunidades de empleo en las zonas rurales y un recurso cada vez más escaso en los núcleos urbanos. El acceso al agua y a otros recursos, así como a servicios básicos tales como el saneamiento y la electricidad, está condicionado en muchos casos al acceso a los derechos sobre la tierra. La disposición y posibilidad de invertir a largo plazo en la tierra cultivable y en la vivienda dependen directamente de la protección que otorga la sociedad a los y las titulares de los derechos. En consecuencia, el desarrollo sostenible se asienta firmemente en el acceso a los derechos de propiedad de la tierra y en la seguridad de esos derechos.
Seguridad Alimentaria
Seguir fortaleciendo el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria en el marco de la Ley 25.724 requiere ampliar el debate para incorporar nuevas miradas que vayan contemplando los cambios constantes a los que se ve sometida la ruralidad pospandemia, que incluyen los efectos del cambio climático sobre las comunidades.
Cada uno de estos puntos se enlazan y entrelazan entre sí una y otra vez. Son la columna vertebral del desarrollo rural: un campo con rostro humano, equidad y oportunidades; un campo inclusivo y amigable que revalorice los saberes ancestrales e incorpore la tecnología para mejorar la calidad de vida de sus pobladores; un campo que ponga en valor su capacidad cultural y productiva de tranqueras abiertas a la sociedad urbana. El desafío es enorme, pero también lo es la oportunidad de dejar de ser productores primarios para dar valor y generar empleo genuino en cada punto del territorio nacional. Un campo con oportunidades para todos y todas.
Patricia Gorza es coordinadora de la Comisión de Agro de los Equipos Técnicos del Partido Justicialista nacional.
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