La Argentina está pasando por el peor momento de la historia en materia social en un gobierno elegido en forma democrática. La desintegración de la trama social ha aumentado a niveles nunca vistos, salvo en períodos de guerra. El hambre, la miseria y la desolación son producto de políticas económicas que benefician a unos pocos grupos monopólicos, ligados a servicios con aumentos de tarifas desorbitantes, y perjudican a las mayorías, con el consecuente cierre de comercios, industrias y fábricas que expulsan mano de obra por no poder solventar la producción. El bajo poder adquisitivo de los salarios y la dolarización de tarifas y alimentos hacen que los sectores pobres se encuentren en la indigencia y los medios transiten la pobreza.
El Pueblo ha hablado a través de las urnas en las PASO y se vislumbra la esperanza de cambiar este modelo neoliberal por uno que contemple a todos los actores del campo nacional y popular. Eso significa levantar la Argentina lentamente, hasta alcanzar los niveles que teníamos antes de 2016, y seguir creciendo como país y como región hasta poder transformarnos en productores de bienes transables con alto nivel tecnológico y deseables para el resto del mundo. Para eso falta mucho, pero para terminar con el hambre y la miseria tendremos que empezar rápidamente a partir de diciembre, cuando cambie este gobierno.
La actividad en la cual se consigue cambiar rápidamente esta situación es la construcción de hábitat y vivienda, dado que involucra a la mayor cantidad de actores directos e indirectos que se movilizarían y darían trabajo a la población desocupada. Los planes de desarrollo de obras con certeza en los tiempos hacen que las fábricas de sanitarios, griferías, carpinterías y materiales de todo tipo comiencen a utilizar su maquinaria ociosa y necesiten incorporar personal que ahora están expulsando. Los profesionales de distintos colegios –como arquitectos, ingenieros, abogados, agrimensores, escribanos y técnicos en general– comenzarían con sus labores.
La pregunta que debemos hacernos es cómo logramos que las obras sean construidas con equidad entre todas las provincias y cómo contemplamos la idea de ser un País Federal donde los gabinetes se trasladen a todos los lugares donde hay una necesidad. La relación entre Nación y provincias estaría zanjada por los Institutos Provinciales de Vivienda creados por Ley Nacional en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), como Organismos Autárquicos que dependen directamente de los gobiernos. En la actualidad se reparten fondos del FONAVI que han perdido la importancia que tuvieron, pero que debería volver a integrarse con algún porcentaje de un impuesto y sumarlo a la Ley. Esto garantizaría su especificidad y una distribución clara. En tanto se perfeccione la ley, contamos con los fondos aprobados por la Ley de Presupuesto.
En la urgencia y la carencia en que vamos a recibir la Argentina, debemos pensar que las primeras obras serán las que han sido paralizadas y están con pocos puntos para terminarlas, y en aquellas de infraestructura de viviendas que urge acelerar. Pero lo más destacable es sincerar quién las va a construir, tanto esas como las que deberán empezar. Si queremos poner en marcha la economía del país, tenemos que pensar en las Empresas Constructoras Medianas de las Cámaras Provinciales que siempre han construido viviendas de interés social, no han paralizado sus obras a pesar de los pagos a destiempo y que –como todas las Pymes– son las que más mano de obra contratan, pagan sus impuestos y tienen todo en regla. También deben contratar la mano de obra que será capacitada, como se viene haciendo en la Fundación de Capacitación de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) según la Ley 22.250 de la Industria de la Construcción y que lleva la certificación del Instituto de Estadística y Registro de Industria de la Construcción (IERIC) que queda grabada en la tarjeta inteligente de cada obrero constructor,
Si lo pensamos en forma integral, rápidamente se pondrá en movimiento una maquinaria que, sumada a la de las fábricas proveedoras de insumos que también toman mano de obra y crean puestos de trabajo nuevos –ya que tendrían seguridad en la continuidad de las obras–, al pagar sus impuestos le estarían dando a la Nación fondos para utilizarlos en los temas que le competen. La salud, la educación, el trabajo, la vivienda y la seguridad estarían funcionando en el ámbito de la construcción. Esta es la misión que siempre tuvo el peronismo desde su creación y lo es para el nuevo candidato para la Presidencia, Alberto Fernández.
En todos estos años y ante tanta injusticia provocada por los gobiernos neoliberales y conservadores, ha surgido en la sociedad una red de tejido solidario en los barrios más pobres de todo el país, pero sobre todo alrededor de las grandes urbes como el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza y la CABA. Estos movimientos sociales se han formado a modo de cooperativas como pudieron en la urgencia y han logrado en muchos casos transformarse en Pymes, como es el caso de empresas recuperadas –tales como SIAM, Alé Alé o Bauen–, y por otro lado se han creado recicladores de residuos domiciliarios, mal llamados cartoneros, que se preocupan por la ciudad sustentable más que varios gobiernos municipales. También hay ejemplos de municipios que han creado cooperativas de huertas que se transforman en dadores de alimentos para las comunidades. También hay cooperativas textiles que nacieron en algunos casos de empresas abandonadas por los dueños o de iniciativas de mujeres con telares en las provincias del Noroeste. Por supuesto que en esta instancia deberían ser ayudadas a perfeccionarse, para que se transformen en cooperativas con ganancias en blanco y repartidas equitativamente entre las y los cooperativistas.
Pero también han surgido –en la urgencia provocada por la ausencia del Estado– cooperativas de construcción de viviendas llamadas “de la economía familiar”, lo que significa que una familia de una villa o un barrio muy humilde tiene que construirse su vivienda, porque no podría acceder a ella por otra vía: niños, mujeres y hombres, que en muchos casos provienen de otros trabajos ajenos a la construcción, se suman en busca de algún plan que les dé sustento para alimentar a su familia y a la vez tener un lote o un techo. Esto es precariedad laboral, porque sus salarios valen como “un plan”, se tienen que transformar en monotributistas y por ende se condenan a jubilarse con la mínima, carecen de obra social y de todo beneficio de la seguridad social. En definitiva, los estamos condenando a jamás poder ascender en la escala social, que es justamente la génesis del peronismo: que un trabajador tenga un gremio que lo represente, le dé una Obra Social, le brinde capacitación y también le asegure que su familia pueda terminar sus estudios… y se reciban en alguna universidad pública. En definitiva, que puedan acceder a todo lo que las trabajadoras y los trabajadores incluidos pueden acceder, hasta que le construyan sus viviendas empresas constructoras y puedan pagarla en los institutos provinciales con cuotas que signifiquen un 30% del salario del grupo familiar.
¿Parece un sueño? No, es pura realidad de justicia social. De lo contrario, los estamos condenando al olvido, a la marginalidad, a vivir de changas o a no poder salir jamás de una villa. Los peronistas tenemos la obligación de hacer valer la justicia social que se logra con la independencia económica y la soberanía política. Tres banderas a las que no podemos renunciar.
María Cristina Nieto Suanno es arquitecta, directora ejecutiva del Instituto de Vivienda de los Trabajadores, Red Social UOCRA.
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