Ciudadanía, federalismo e innovación

Presentación

En el marco de movilización de la militancia peronista del ámbito técnico profesional de todo el país en apoyo al gobierno popular, nos convocamos para compartir prioridades, debatir alternativas y elaborar propuestas de transformación del funcionamiento estatal.

Nuestro desafío es contribuir, desde un ámbito de confianza, compromiso y pensamiento, a la elaboración de propuestas que aumenten la eficiencia y el impacto de las políticas estatales.

El diagnóstico básico de la coyuntura incluye necesidades sociales urgentes, desequilibrios macroeconómicos profundos, capacidades estatales deterioradas y la crisis sanitaria por el COVID-19.

El presente documento reúne los análisis, reflexiones y síntesis preliminares, elaborados en una serie de reuniones realizadas entre los meses de julio y septiembre con un conjunto de compañeras y compañeros.

Militancia

La administración del Estado es el territorio de nuestra práctica política. Somos trabajadores, trabajadoras, funcionarios, funcionarias, representantes de organizaciones sindicales, investigadoras e investigadores académicos o expertos comprometidos con el servicio público y la causa del pueblo argentino.

Ciudadanía

El 2 de abril de 2013, en Puerto Madryn, durante la conmemoración del día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la patria es el otro, retomando así la reformulación de la sexta verdad justicialista que hiciera Juan Domingo Perón en 1973: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino.

Estas definiciones son fundantes de nuestras reflexiones sobre las funciones estatales, toda vez que la finalidad del gobierno popular es la felicidad de todos y cada uno de los hijos e hijas de la patria en su condición de ciudadanas y ciudadanos,[1] titulares del amplio repertorio de derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional.

Así, el pueblo es la fuente de poder de nuestro gobierno,[2] mientras que la ciudadanía es el objetivo de las políticas estatales. En esta tensión se despliega nuestra práctica política en la administración del Estado.[3]

 

Federalismo

La forma federal de organización del Estado es un mandato constitucional y un imperativo doctrinario funcional a la libre organización de la comunidad y a la satisfacción de las demandas ciudadanas de desarrollo humano.[4]

Así, nuestra práctica política en la administración del Estado es federal,[5] en la medida que realiza una articulación complementaria y cooperativa entre los niveles de gobierno, las organizaciones libres de la comunidad y la ciudadanía, con el propósito de alcanzar un desarrollo equilibrado en todo el territorio nacional, fortaleciendo las identidades, garantizando las autonomías y promoviendo la diversidad.

 

Innovación

El interés popular, las demandas ciudadanas y las deudas del federalismo nos exigen que transformemos los aparatos estatales de opresión y despojo en un conjunto de capacidades al servicio de la comunidad organizada.[6] Nuestra agenda de innovación comprende:

  1. el mejoramiento de los mecanismos de articulación de responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno y las organizaciones de la comunidad;
  2. el aumento de los niveles de transparencia, calidad y eficiencia de los servicios que brinda la administración;
  3. el fortalecimiento de las capacidades técnicas para la formulación de las políticas estatales.

 

Propuestas en desarrollo

  1. Mejoramiento de los mecanismos de articulación de responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno y las organizaciones de la comunidad.

1.1. Promover y fortalecer mecanismos de planificación concertada, tales como: los Consejos Federales, los acuerdos sociales sectoriales, los gabinetes federales y el régimen de capitales alternas,[7] agencias metropolitanas o regionales de planificación sectorial, los planes estratégicos municipales, sectoriales o ministeriales[8] que permitan motivar y focalizar a las y los agentes, funcionarias y funcionarios públicos en las prioridades en diálogo con las y los destinatarios, usuarios o regulados por su servicio, para mejorar el diseño, la implementación y la gestión de políticas públicas, programas y proyectos.

1.2. Promover las redes horizontales de intercambio de experiencias entre funcionarias y funcionarios electos y designados con expertas, expertos, investigadoras e investigadores académicos.

1.3. Formular políticas orientadas al equilibrio sociodemográfico multirregional.

1.4. Elaborar propuestas de adecuación del régimen tributario federal a las disposiciones del artículo 75 inciso 2 y la cláusula transitoria sexta de la Constitución Nacional.

1.5. Fortalecer el régimen municipal.[9]

1.6. Elaborar propuestas legislativas de organización del Banco Federal establecido por el artículo 75 inciso 6 de la Constitución Nacional.

1.7. Elaborar propuestas para el uso estratégico del financiamiento y la cooperación internacional.

  1. Aumento de los niveles de transparencia, calidad y eficiencia de los servicios que brinda la administración.

2.1. Desarrollar herramientas de comunicación de la acción de gobierno, de las políticas estatales y de los servicios que presta la administración nacional, provincial y municipal.

2.2. Simplificar los trámites de la administración, combinando procedimientos presenciales y virtuales. Fortalecer las áreas de atención a la ciudadanía, implementando puntos de acceso a la plataforma de Trámites a Distancia en las sedes de los organismos y actualizando el nomenclador de trámites disponibles. Brindar a la ciudadanía asesoramiento permanente para el uso de las herramientas de acceso remoto a la administración y promover el derecho al acceso remoto a la administración mediante la universalización de la conectividad.

2.3. Elaborar propuestas de rediseño de organizaciones y procedimientos, estableciendo normas de calidad e impulsando procesos de mejora continua y de eficiencia en el uso de los recursos.

2.4. Fortalecer las capacidades de provincias y municipios para la prestación de servicios, en función a sus propias necesidades y respetando su identidad y autonomía.

2.5. Impulsar la desconcentración territorial del Estado nacional, relocalizando organismos en las poblaciones que son su área de influencia, y mejorando la capilaridad de las políticas estatales.

2.6. Promover el protagonismo de las trabajadoras y los trabajadores estatales y de las organizaciones de la comunidad en la provisión de servicios de la administración mediante mecanismos participativos y autogestionarios.[10]

2.7. Profundizar la democratización de las relaciones laborales a nivel nacional, provincial y municipal, fortaleciendo la negociación colectiva, la celebración de Convenios Colectivos de Trabajo y los órganos paritarios de articulación y la participación de las trabajadoras y los trabajadores en la definición y gestión de las políticas estatales.

2.8. Fortalecer el servicio civil profesional, en el marco de la negociación colectiva y la celebración de Convenios Colectivos de Trabajo, contemplando procedimientos competitivos de regularización del empleo y de selección para el ingreso, que garanticen la equidad de género, valoren la formación y el compromiso ético con lo público; la estabilidad en el empleo; condiciones de trabajo dignas y decentes; remuneraciones adecuadas que permitan exigir desempeños competentes, austeros, ajustados a derecho, honestos y comprometidos con el servicio público.

2.9. Promover modalidades mixtas de trabajo que combinen el desempeño presencial y virtual, garantizando los vínculos de sociabilidad, los derechos laborales y sindicales.

2.10. Impulsar el Consenso por una Función Pública Profesional para la Argentina del siglo XXI.

2.11. Implementar políticas transversales de integridad y transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, acceso a la información y prevención de la corrupción mediante el control interno integral y concomitante.

2.12. Fortalecer las capacidades regulatorias del Estado mediante el análisis, actualización y mejora de las regulaciones vigentes y adopción de estándares regulatorios ágiles e inclusivos.

2.13. Promover mecanismos participativos de control ciudadano de la administración.

  1. Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la formulación de las políticas estatales.

3.1. Fortalecer la capacidad de recopilación, producción y análisis de datos necesarios para la formulación y evaluación de políticas públicas.

3.2. Desarrollar evaluaciones sistemáticas de impacto de políticas, programas y proyectos, incluyendo auditorías de satisfacción de las demandas de la ciudadanía.

 

Equipo de Administración del Estado

Coordinación: Pablo Belardinelli, Horacio Cao, Pablo Guevara, Mario Krieger, Héctor Mazzei, Mercedes Rivolta, Eduardo Salas y Lautaro Vicario.

Se realizaron seis reuniones: 23 de julio, 12 y 25 de agosto, 8, 16 y 23 de septiembre.

La apertura estuvo a cargo del presidente del Consejo Nacional de Partido Justicialista, José Luis Gioja.

Participaron en las reuniones: Paula Amaya, directora nacional del SIEMPRO; Julio Aralde, secretario general de la Federación del Personal de Vialidad; Roberto Arias, secretario de Políticas Tributarias; Cristian Asinelli, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales; Gustavo Badía, Universidad Nacional de San Martín; Adán Bahl, intendente municipal de Paraná, Entre Ríos; Fernando Barrera, presidente de la Agrupación Gremial Blanca UPCN; Juan Bauso, secretario general adjunto PECIFA; Rosana Bertone, diputada nacional; Iván Budassi, director de Análisis Estratégico; Mercedes Cabezas, secretaria de Organización ATE; Silvina Cailly, Universidad Nacional de Cuyo; Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones; Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público; Luis Castellano, intendente municipal de Rafaela, Santa Fe; Esteban Ceballos, secretario de Prensa de la UTINSSJyP; Stella Clerici, intendente municipal de Cañada de Gómez, Santa Fe; Hugo Cormick, secretario académico de la Universidad Nacional de Moreno; Fernando Cotillo, intendente municipal de Caleta Olivia, Santa Cruz; Daniel Cravacuore, presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local; Guido Croxatto, director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado; Antonio Curciarello, ministro de Conectividad y Modernización, La Pampa; Federico Dávila, vicepresidente de la Internacional de Servicios Públicos; Beatriz de Anchorena, subsecretaria de Fortalecimiento Institucional; Sergio De Piero, Universidad Nacional Arturo Jauretche; Daniel Deramo, director general de Estadísticas y Censos, Tierra del Fuego; Claudio Di Gianantonio, secretario gremial del SUPARA; Luciano Di Napoli, intendente municipal de Santa Rosa, La Pampa; Nerina Di Salvo, secretaria de Formación del SUPARA; Gonzalo Diéguez, director de Gestión Pública CIPPEC; Lucrecia Escandón, secretaria de Modernización, Entre Ríos; Nadia Fadic, delegada ATE INADI; Carina Farah, docente e investigadora; Luciano Fernández, secretario gremial ATE seccional Capital; Albana Filipo, secretaria de Prensa PECIFA; Daniel Flores, jefe Distrito Corrientes de la Dirección Nacional de Vialidad; Pablo Fontdevila, subsecretario de Interior; Rubén García, intendente municipal de Rawson, San Juan; Guido Giacosa, asesor ENACOM; Eduardo Giambagno, secretario gremial APOPS; Liliana González, secretaria gremial SECASFPI; Anahí Grasso, secretaria de Igualdad, Oportunidad y Género STV; Melina Guardamagna, directora Centro de Estudios de Innovación Institucional UNCUYO; María Higonet, asesora del Senado de la Nación; Jorge Jofré, intendente municipal de la Ciudad de Formosa, Formosa; Andrés Kreiner, secretario general APCNEA; Arturo Laguado, Universidad Nacional de La Matanza; Diego Ignacio Latrónico, secretario de Prensa de SITRAJU seccional CABA; Federico Ledesma, secretario de Organización AEFIP; Héctor Leineker, intendente municipal de General Conesa, Río Negro; Marcelo Leiras, asesor del Ministerio del Interior; Javier Liaño, coordinador de la Secretaría de Profesionales UPCN; Virginia López, intendenta municipal de Arauco, La Rioja; Juan Pablo Luque, intendente municipal de Comodoro Rivadavia, Chubut; Alejandra Martín, prosecretaria de Prensa PECIFA; Gladis Mazza, subsecretaria de Recursos Humanos, Formosa; Darío Menna, intendente municipal de Río Turbio, Santa Cruz; Pablo Molina, vocal titular de la APOPS; Javier Moreira, Universidad Nacional de Córdoba; Laura Mugnaini, Universidad Nacional de Río Cuarto; Leonardo Nardini, intendente municipal de Malvinas Argentinas, Buenos Aires; Claudia Neira, legisladora CABA; Nerio Neirotti, vicerrector Universidad Nacional de Lanús; Pedro Nievas, secretario gremial PECIFA seccional Capital Federal; Javier Noguera, intendente municipal de Tafí Viejo, Tucumán; Esteban Oliver, prosecretario gremial interior SECASFPI; Juan Olmos, director general de Sistemas Informáticos, Secretaría Legal y Técnica; Kelly Olmos, directora Banco de Inversión y Comercio Exterior; Martín Olmos, subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Diego Pando, presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública; Darío Peralta, diputado provincial Neuquén; Elsa Pereyra, Universidad Nacional de General Sarmiento; Carlos Pereyra, Unidad de Coordinación del Consejo Federal de la Función Pública; Maritza Ramos, directora ejecutiva del Instituto de Formación para la Gestión Pública; Maximiliano Rey, director nacional de Procesos, Calidad y Eficiencia de Gestión; Raúl Rigo, secretario de Hacienda; Patricia Rodrigo, Instituto Patria; Enrique Rodríguez, asesor legal APOC; Micaela Rodríguez, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular; Mario Romero, secretario general Asociación del Personal del INTA; Mariela Rosas, secretaria adjunta STV seccional casa central; Gonzalo Ruanova, exsubsecretario Técnico; Julio Saguir, secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Tucumán; Felipe Sanz, secretario gremial Asociación del Personal Legislativo; Guillermo Snopek, senador nacional; Rubén Spedaletti, Partido Justicialista Mendoza; Luciana Tito, jefa de asesores del Jefe de Gabinete de Ministros; Cecilia Todesca Bocco, secretaria de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y PPP; Roberto Tomasino, vicepresidente Asociación de Administradores Gubernamentales; Gastón Tomatis, intendente municipal de Las Acequias, Córdoba; Arturo Urrea, asesor de la Cámara de Diputados de la Nación; Javier Vaca, director de Tecnología Aplicada, Santa Cruz; Ariel Velázquez, secretario administrativo de FOETRA; Flavio Vergara, director de Negociación Colectiva CDN ATE; Carolina Von Oertel, Asociación del Personal Legislativo.

[1] En su discurso de asunción como presidenta de la Nación en el año 2007, Cristina Fernández de Kirchner convocó a “los ciudadanos y las ciudadanas, a los que nos votaron y a los que no lo hicieron, porque hoy estamos representando los intereses de todos”.

[2] La primera “verdad justicialista” dice que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.

[3] En su discurso de asunción del año 2019, Alberto Fernández sostuvo: “vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social. Un contrato social que sea fraterno y solidario. Fraterno, porque ha llegado la hora de abrazar al diferente. Solidario, porque en esta emergencia social, es tiempo de comenzar por los últimos, para después poder llegar a todos”.

[4] “Lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus individualidades y el sentido con que se disponen a engendrar en lo colectivo. A este sentido de comunidad se llega desde abajo, no desde arriba; se alcanza por el equilibrio, no por la imposición”. Juan Domingo Perón, La Comunidad Organizada (1949: 140), Buenos Aires, Biblioteca del Congreso de la Nación (a cargo de Oscar Castellucci), 2016.

[5] Ver el concepto de democracia social en Modelo Argentino para el Proyecto Nacional (Juan Perón, 1974) en las páginas 268 a 275 de la edición de la Biblioteca del Congreso de la Nación a cargo de Oscar Castellucci, Buenos Aires, 2015.

[6] “Liberación significa tener una nación con suficiente capacidad de decisión propia” (Perón, 1974: 229). “Necesitamos más gobierno y más eficiencia en el mismo, puesto que lo concebimos como un verdadero proveedor de servicios a la comunidad” (Perón, 1974: 251).

[7] Un proyecto con media sanción del Senado de la Nación propone la organización mensual de jornadas de trabajo conjunto en la segunda ciudad de cada provincia, con la presencia de los gabinetes nacional y de la provincia en cuestión, con la participación municipal que se acuerde en cada caso.

[8] Ejemplos: el Plan Agroindustrial y Agroalimentario Nacional, el plan estratégico del SENASA, el de la Superintendencia de Seguros de Salud, el Plan Estratégico Territorial y el Plan Estratégico del Ministerio de Trabajo 2012-2015, en los que se definieron la misión, la visión, los valores, los ejes estratégicos y los programas sustantivos vinculados con la programación presupuestaria.

[9] “Concebimos al municipio como una comunidad de vida con un gobierno propio, cuyos problemas han de enfocarse, plantearse y resolverse teniendo en cuenta la naturaleza de su propia comunidad, sus necesidades, sus fines, su situación y sus recursos. Los municipios, por su calidad de entidades primigenias de la vida política de la Nación, recogen las más leves vibraciones del sentimiento popular y son el fiel trasunto de las reacciones espirituales del ciudadano, del núcleo familiar y del sector profesional. El individuo aislado e inerme ha de encontrar en el municipio la primera institución política que actúe como tutelar y amparador de la vida civil” (Juan Perón, Doctrina Revolucionaria, 1946).

[10] “La autogestión, en el más amplio y profundo sentido de la palabra, debe servir para preparar ciudadanos capaces de autogobernarse, con espíritu de capacidad y responsabilidad sociales, y con ayuda de las conquistas de la cultura, la ciencia y la técnica contemporáneas. En cada actividad y en cada institución, se aplicará la democracia directa o la democracia representativa, según los ámbitos y niveles y según el tipo de decisiones de que se trate. (…) El país podrá así reconstituirse y desarrollarse a través de una escala de fuerzas y estructuras autogestionadas y federativas ascendentes desde lo local a lo regional y a lo nacional. Cada ser humano y cada grupo podrá desplegar sus capacidades fundamentales para la autonomía, la diversidad, la libre manifestación y la satisfacción de sus necesidades y posibilidades en la colectividad” (Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital Federal: Pautas para una política nacional 1972, citado en la página 72 de la edición del Modelo Argentino para el Proyecto Nacional de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 2015).

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