Análisis de los datos de pobreza, indigencia y un bono para terminar con la indigencia en la Argentina: viabilidad y desafíos

Solo la estabilidad macro podrá recomponer los mercados financieros, la planificación productiva y la sinergia entre los esfuerzos de la organización del trabajo y el aumento real del salario. Si bien el objetivo principal es pensar cómo generar esa estabilidad sin seguir aumentando las desigualdades al interior de nuestra sociedad, hoy urge una solución de corto plazo para el problema de la indigencia y es preciso que el Estado genere un nuevo salto en sus políticas integrales. No alcanza con mejorar la AUH en sus valores monetarios, sino que se precisa un salto de derechos o asistencias sociales para encarar de modo completo al sector más vulnerable. Sobre el panorama –con algunos números para visibilizar el esfuerzo de las políticas– trata este informe.

¿Cómo se vienen comportando la pobreza y la indigencia? La pobreza en el primer semestre de 2022 alcanzó al 36,5% de las personas y al 27,7% de los hogares en el primer semestre de 2022, según informó el INDEC. Es una caída de 4 puntos porcentuales respecto del 40,6% del primer semestre de 2021, pero solo 0,8 puntos menos que la del segundo semestre de 2021 (37,3%). La indigencia por su parte midió 8,8% durante el primer semestre de 2022, lo que implica un aumento respecto del 8,2% del segundo semestre de 2021 y una caída respecto del mismo período del año pasado, cuando fue de 10,7%. Por grupos de edad, los mayores niveles de pobreza se verifican entre niños de 0 a 14 años, con el 50,9% bajo la línea de la canasta básica total. La indigencia en este estrato de edad es 12,7%, más de un pibe cada 10. Muy grave.

Desde la devaluación de 2018 se registró un incremento sostenido de la pobreza, aplacado en el segundo semestre de 2019, pero revitalizado por la pandemia. Con la llegada de las vacunas y la vuelta a cierta normalidad en la actividad productiva cambió la tendencia. Sin embargo, el descenso de la pobreza todavía está lejos de alcanzar los niveles previos a la devaluación de 2018. Y los problemas macroeconómicos que atraviesa la economía argentina, por lo menos desde el segundo trimestre de 2022, y profundizados en el tercer trimestre, están mostrando la clara posibilidad de un rebote.

La reducción de la brecha monetaria –en términos reales– de la pobreza es un dato alentador. Esta variable muestra el porcentaje que separa el ingreso medio de los hogares pobres del valor monetario de la canasta básica total –la que marca la línea de pobreza. Los hogares pobres están menos alejados del umbral que los mantiene en situación de vulnerabilidad. Esta dinámica también se puede ver para la indigencia: desde el segundo semestre de 2020 se ha reducido la brecha de indigencia. Y este es un dato que permite que no sea todo pesimismo en materia de indigencia.

Estos datos confirman que un aumento de suma fija permitiría mejorar estas variables considerablemente. Con el anuncio reciente de la nueva reducción de la desocupación, desde FUNDUS consideramos que el problema de corto plazo es de nivel de ingresos y no de tasa de desempleo. El problema de largo plazo sí puede enmarcarse en el trabajo asociado a la producción, y no en el mero “no desempleo”.

 

Corto y largo plazo

La solución estructural debe resolverse desde la formalidad, la actividad, el empleo, la productividad, la tecnología, las exportaciones, el salario y la estabilidad. Sin embargo, las soluciones sociales no pueden esperar, porque estamos hablando de personas que las necesitan. Por eso analizamos el esfuerzo que podría significar para el Estado bajar un bono contra la indigencia. Tomando en cuenta la información aquí presentada; que se pueden estimar aproximadamente 15 millones de hogares en la Argentina, teniendo en cuenta datos del censo 2022 y de la EPH; y considerando que la indigencia llega a 1,02 millones de hogares; un bono monetario promedio para sacar a todos estos hogares de la indigencia demandaría 174.506 millones de pesos por año, a precios del primer semestre de 2022. Dato que ya merece un nuevo análisis, por la dinámica de precios.

El valor no es alto, pero el costo para llegar con eficacia y eficiencia a los hogares que más lo necesitan en todo el país puede incrementar considerablemente el monto. Dicha bajada en términos federales debería poder realizarse coordinando agencias del Estado con las provincias y los municipios desde ANSES y BNA, que tienen una importante llegada en todo el país gracias a sus dependencias locales. Por último, el efecto inflacionario por el descalce inicial entre oferta y demanda de esa inyección monetaria –que se consumiría principalmente en el sector alimentos– debería ser neutralizado con un seguimiento sobre esta dinámica y medidas concretas que promuevan el aumento del volumen producido de ese sector.

 

Esteban Ackerman y Hernán Herrera son miembros de la Fundación para el Desarrollo Urbano Sustentable (fundus.ar).

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