- La democracia. Abraham Lincoln, decimosexto presidente de los Estados Unidos, definió a la democracia como el “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, el 19 de noviembre de 1863, en el Cementerio Nacional de los Soldados de Gettysburg, al pronunciar el discurso que es conocido como el Discurso de Gettysburg, en recordación de los hombres que murieron en la batalla de la Guerra Civil Estadounidense que se desarrolló del 1 al 3 de julio de ese año, en las proximidades de ese lugar. Al decir eso dejó en claro que el pueblo es quien detenta el poder, quien ejerce el poder y quien aprovecha los beneficios del ejercicio del poder. Por su parte, Juan Domingo Perón, fundador del Movimiento Nacional Justicialista y presidente de la República Argentina en tres oportunidades, expresó que la “verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere, y defiende un solo interés: el del pueblo”, el 17 de octubre de 1950, en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, al enunciar las Veinte verdades fundamentales de Justicialismo, más conocidas como las Veinte verdades peronistas. Con ello ratificó lo expresado por Abraham Lincoln un siglo antes: la actividad gubernativa consiste en el cumplimiento de la voluntad del pueblo –porque el pueblo es quien detenta el poder–; el ejercicio de la actividad gubernativa está en las manos de los y las representantes del pueblo –porque el pueblo es quien ejerce el poder–; y la finalidad de la actividad gubernativa apunta a la satisfacción del interés del pueblo –porque el pueblo es quien aprovecha los beneficios del ejercicio del poder.
- La democracia y el pueblo. La Real Academia Española define al término “pueblo” como el “conjunto de personas de un lugar, región o país” –definición que coincide con la de “población”: “conjunto de personas que habitan en un determinado lugar”. También define a dicho término como la “gente común y humilde de una población”. La primera definición recupera la palabra populus –que alude a la totalidad de la comunidad. Es una definición de contenido amplio. En cambio, la segunda recupera el vocablo plebe –que alude al conjunto de los plebeyos: individuos que constituían la gente común de la ciudad de Roma y que, por lo tanto, no conformaban el patriciado o, expresado de otra forma, no descendían de los fundadores de la ciudad. A diferencia de la anterior, es una definición de contenido restringido. Por lo común, quien concibe a la democracia como el gobierno del pueblo y, en consecuencia, entiende que ese gobierno es el de la totalidad de la comunidad, también presupone que la mayoría de la comunidad –que no vive como la minoría que ocupa la cima de la pirámide social– está con los políticos que defienden sus intereses –lo cual convierte al gobierno del pueblo en el gobierno de la gente común, por una cuestión puramente numérica. Esto no implica una contradicción, ni un sinsentido. La democracia consiste en el gobierno de la totalidad de la comunidad cuando la comunidad interviene en un acto electoral. Y consiste en el gobierno de la gente común cuando el gobierno –por la circunstancia de reunir a los y las representantes de la mayoría– prioriza los intereses de quienes lo apoyaron con su voto. Pero esto no sucede en la totalidad de los casos. Llamativamente, en muchas ocasiones, la gente común no apoya a quienes defienden sus intereses, sino a quienes defienden los intereses de la minoría que vive bien a costa del resto de la comunidad. Dicho de otro modo, en muchas ocasiones la democracia –que da a la totalidad de la comunidad la posibilidad de expresar su voluntad y a la mayoría de ella la posibilidad de gobernar– termina siendo el gobierno de la minoría y, además, convirtiendo a esa minoría en un sinónimo del término “pueblo”. Esto, sin duda alguna, constituye una paradoja.
- La democracia y las equivocaciones del pueblo. El pueblo puede votar por individuos que no están dispuestos a defender sus intereses, por varias razones: por desgaste, equivocaciones, limitaciones o inactividad de un gobierno popular; por el descrédito de sus integrantes; por la postulación de candidatos de orientación popular que carecen de atractivo; por ataques de los medios de comunicación masiva; por los méritos de los opositores; por la necesidad colectiva de un cambio que impida la continuidad de las personas, el partido político o la ideología que definen las acciones gubernamentales; etcétera. La determinación de esas razones ayuda a entender conductas que en un primer momento resultan paradójicas. Y esto, por su lado, logra que esas conductas paradójicas pierdan ese carácter. Quien dijo que los pueblos no se equivocan no dijo la verdad. Los pueblos, por la circunstancia de estar formados por personas, incurren con frecuencia en equivocaciones. Mas, la democracia, cuando funciona plenamente, permite corregirlas. Entonces, ¿qué provoca que un pueblo no lo haga? Eso es algo que la política debe investigar, analizar y contestar en cada caso. La persona que pertenece a la gente común y, no obstante, cree en un gobernante que no tiene nada en común con ella, incurre en un gravísimo error. O, como suele decirse por ahí, se “dispara en el pie”. Y esto es así –y, por ende, no es de otra manera– porque la actuación de un gobernante que no se identifica con los problemas de la gente común siempre perjudica a esta última. Lo hace cuando su gestión constituye un fracaso –porque el peso de ese fracaso siempre cae sobre el grueso de la comunidad. Y también lo hace cuando su gestión constituye un éxito –porque los beneficios de ese éxito nunca alcanzan a la totalidad de la comunidad, sino a la minoría que está representada por él. En otras palabras, quienes forman parte de la gente común siempre pierden. Nunca dejan de hacerlo.
- La democracia ideal y la democracia real. Simón Bolívar, uno de los “Libertadores” de América, expresó que la formación de un gobierno estable requiere la base de un espíritu nacional que modere la “voluntad general” y limite la “autoridad pública”. Lo hizo el 15 de febrero de 1819, en la ciudad de Angostura, al pronunciar el discurso que es conocido como el Discurso de Angostura, con motivo de la apertura del congreso que tenía la misión de actualizar la constitución venezolana. Al expresarse así explicitó que la democracia ideal consiste en la convivencia de un gobierno que limita su autoridad para no maltratar a su pueblo, y de un pueblo que modera su voluntad para no acosar al gobierno con reclamos desmedidos. Pero la democracia ideal es una democracia inexistente. En la práctica, la democracia real exterioriza el predominio del pueblo –lo cual puede producir el endurecimiento o la caída del gobierno– o el predominio del gobierno –lo cual puede producir la reacción o el sometimiento del pueblo. Esto no es grave en la medida que el predominio de uno u otro no altere el citado equilibrio de un modo pronunciado. Mas resulta preocupante –e incluso peligroso– cuando esa alteración adquiere una dimensión que puede conducir a una anarquía o una autocracia, si el protagonista del desborde es el pueblo o el gobierno. La anarquía implica un riesgo: el de la desintegración de la sociedad. Y la autocracia implica otro: el de la transformación de la sociedad en una forma de organización que no es democrática en el sentido estricto de la palabra o que, en el mejor de los supuestos, tiende a no serlo.
- La democracia de baja intensidad. Una democracia que sólo constituye el gobierno del pueblo desde una perspectiva formal es una democracia de baja intensidad. Y un pueblo que es regido por esta clase de democracia es un pueblo que está obligado a tolerar y –en más de un caso– a padecer la acción o la inacción de unas autoridades que no lo representan, a fin de respetar las normas que determinan la elección y el funcionamiento de su gobierno. A veces, la democracia es responsable de esta situación. Y a veces lo es el pueblo. Una democracia que no ofrece alternativas válidas en los procesos electorales, o no admite mecanismos de participación ciudadana, no otorga al pueblo la posibilidad de optar por candidatas o candidatos representativos, ni la posibilidad de presentar e impulsar el tratamiento de proyectos de normas jurídicas que no son presentados o impulsados por sus supuestos representantes –iniciativa popular–, ni la posibilidad de exteriorizar su voluntad respecto de algunos asuntos que le atañen –consulta popular–, ni la posibilidad de revocar el mandato de una autoridad electa cuando considera que no ha cumplido sus promesas electorales, o no ha ejercido adecuadamente sus funciones gubernamentales –revocatoria popular. Y un pueblo que no utiliza las elecciones o los mecanismos descritos –cuando ellos están contemplados en su ordenamiento jurídico– renuncia a ejercer la porción de poder que reservó para sí mismo, en circunstancias extraordinarias que están preestablecidas con precisión.
- La ausencia de una democracia plena. La Constitución Nacional, la ley de leyes, establece que el pueblo argentino elige directa y libremente a sus representantes: un presidente –que encarna al Poder Ejecutivo– y senadores y diputados –que encarnan al Poder Legislativo. Sin embargo, nuestro pueblo no tuvo la posibilidad de hacer eso durante los sesenta y tres años que transcurrieron desde la elección de Justo José de Urquiza, en 1853, hasta la de Hipólito Yrigoyen, en 1916; ni durante los dieciséis años que transcurrieron desde el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, en 1930, hasta la elección de Juan Domingo Perón, en 1946; ni durante los dieciocho años que transcurrieron desde el derrocamiento de Juan Domingo Perón, en 1955, hasta la elección de Héctor José Cámpora, en 1973; ni durante los siete años que transcurrieron desde el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, en 1976, hasta la elección de Raúl Ricardo Alfonsín, en 1983. En otros términos, no tuvo la posibilidad de ejercer uno de sus derechos fundamentales de una manera plena, durante ciento cuatro años en total. En algunos supuestos, esto fue la consecuencia de la implementación del fraude; en otros, la consecuencia de la proscripción de la fuerza mayoritaria del momento –la Unión Cívica Radical o el Movimiento Nacional Justicialista–; y en los restantes, la consecuencia de la prohibición lisa y llana de los procesos electorales.
- La insatisfacción democrática. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación en dos oportunidades y actual vicepresidenta, abordó, entre otros, el tema de la “insatisfacción democrática”, el 6 de mayo de 2022, en la Universidad Nacional del Chaco Austral, al brindar la conferencia titulada Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática, a raíz de la entrega del Doctorado Honoris Causa. Explicó que esa “insatisfacción” –mezcla de desilusión y bronca que caracteriza a la parte de la ciudadanía que siente que la democracia no la representa– tiene su origen en la pérdida de la democracia en lo económico, en la degradación de la democracia en lo social y en el rompimiento de la democracia en lo político e institucional. Lo reafirmó el 16 de mayo del año en curso, en las redes, al difundir la carta titulada A los compañeros y compañeras, con el propósito de manifestar que no iba a competir por la presidencia de la Nación. Por cierto, esta insatisfacción –propia de una democracia que tiene más de una falencia– no resulta extraña en una sociedad que no respetó las reglas de las democracias reales durante más de cien años. Evidentemente, la democracia argentina sufre los efectos adversos de las democracias que atraviesan la adolescencia. Es una democracia joven y, por ende, inhábil. No tiene la experiencia de las que alcanzaron la madurez a costa de sus equivocaciones, sus tropiezos y sus contramarchas. Por esa razón, nuestro pueblo –el responsable de su existencia y de sus características distintivas– debe reconocer, aprender y preservar las lecciones de su pasado. Y, como agregado, debe hacerlo aunque no resulte sencillo, ni rápido, ni cómodo. El ejercicio de la mayoría de edad nunca es gratuito. Siempre tiene un costo. Siempre tiene un precio. No obstante, los beneficios justifican plenamente su pago.
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