La palabra griega “democracia” –que no significa ni más ni menos que el poder del pueblo– fue inventada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la polis en el cual las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos. Si tuviésemos que caracterizarla hoy a través de un adjetivo, encajaría perfecto “participativa”. La cosa pública era discutida y resuelta en los foros o asambleas de las cuales participaban los ciudadanos –hombres libres– en el ágora. Luego de muchos siglos de estructuras políticas autoritarias que arrebataron a los pueblos la posibilidad de decidir sobre su propio destino, llegó la “Modernidad” –eurocéntrica y construida sobre las riquezas de América Latina y las sabidurías del Magreb. De su mano los hombres –siempre varones–, a través de sus reflexiones y recuperando aquella tradición, proponen un retorno a la práctica impulsada por los griegos en la época clásica –Europa conoció a Aristóteles y Platón gracias al Magreb–: la “democracia”. Entre aquellos varones se destacó Alexis de Tocqueville, quien en su análisis de la democracia de lo que hoy se conoce como Estados Unidos señala dos vertientes: la democracia como régimen político, que representaría el ejercicio de la soberanía popular; y como régimen social, que se caracterizaría por la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas.
Esta breve e incompleta introducción viene a cuento de la supuesta necesidad de defender la democracia en Argentina en los tiempos que corren. Se vienen observando desde hace tiempo llamados públicos de ciudadanos que, en nombre propio como también de organizaciones sociales, elevan ese mensaje al conjunto de la ciudadanía. Incluso muchos de quienes se manifiestan en este sentido se ocupan de señalar que en la defensa de la democracia se deben superar las grietas. Es decir, hacen referencia a su carácter instrumental, en tanto reglas del juego que –haciendo eje en el ejercicio político del diálogo– operarían la superación de los conflictos entre quienes están a un lado u otro de aquella línea divisoria.
La hipótesis –arriesgada y muy discutible– que se plantea en este escrito es la siguiente: la democracia que se busca defender ya no existe, y el primero que ha tomado conciencia de esa situación es el Pueblo.
La democracia ha muerto
Se propone ir por partes. ¿Por qué la democracia ya no existe? En principio, se puede señalar que las reglas del juego democrático –a las cuales se refería Tocqueville– han sido trocadas por otras que ubican el interés particular por encima del interés general. Es decir, se han invertido los horizontes del Estado de Derecho y, para decirlo sintéticamente, la lógica del mercado –interés particular por maximizar la renta– se impuso frente a la lógica política –interés colectivo por alcanzar el bien común. Cuando en el año 2015 fue elegido un representante del mercado –empresario– al frente del Ejecutivo se procedió al reemplazo de una lógica por la otra. Todas aquellas políticas públicas que fueron pensadas alguna vez para mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas se transformaron en un negocio para unos pocos. Sobran los ejemplos y no se va a desarrollar en profundidad ninguno de ellos por razones de economía argumentativa, pero sí pueden ser señaladas algunas perlas en esa dirección: por ejemplo, las concesiones al capital privado del manejo de las autopistas urbanas –si alguien desea conocerlo en profundidad puede acceder en YouTube al fenomenal estudio del caso hecho por Alejandro Bercovich– o los parques eólicos que fueron presentados como un avance en la gestión de energías limpias, cuando en realidad solo se erigieron como un negociado de quienes se hicieron cargo de la administración del Estado.
Ahora bien, todo este proceso no se llevó adelante sin resistencias. Si bien estas últimas acciones no fueron todo lo contundentes que se podían esperar, existieron: “Sin licitación, el Grupo Macri compró y luego revendió seis parques eólicos. A través de un contador, adquirió los contratos a la española Isolux en 2016. Meses más tarde, los traspasó a Genneia y a los chinos, haciendo una diferencia de al menos US$15 millones” (Perfil, 7-1-2018). Por ello, el poder el mercado estimó necesario desmontar cualquier procedimiento a través del cual las resistencias fuesen operativas, y el nudo gordiano por donde decidieron cortar fue el Estado de Derecho. En diciembre del año 2015, apenas asumidos los nuevos gobernantes, se produjeron dos hechos políticos que dieron inicio al procedimiento orientado a la destrucción de la institucionalidad anclada en la Constitución Nacional: “Macri nombra por decreto dos jueces de la Corte Suprema de Argentina. La polémica designación provoca el rechazo del kirchnerismo y de juristas de prestigio” (El País, 15-12-2015); “En su primera semana como gobernador de Jujuy, en diciembre de 2015, Gerardo Morales (Cambiemos) consiguió que la Legislatura provincial aprobara la ampliación del número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de cinco a nueve miembros. En cuestión de días designó entre los nuevos jueces a dos de los diputados radicales que acababan de votar la reforma: Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Ambos alzaron la mano en una sesión de madrugada, entre discursos sobre la independencia judicial, y 72 horas después ya tenían la toga puesta en el tribunal más alto de la provincia” (Chequeado.com, 16-12-2015).
Estos dos primeros hechos abrieron la posibilidad de instalar definitivamente la discrecionalidad en el ejercicio de las funciones del Poder Judicial y de comenzar a recorrer un sendero que dinamitó principios básicos del Estado de Derecho, y con ello de la propia Constitución Nacional. Se pulverizó el principio de inocencia de las personas imputadas por un delito hasta que se demuestre su culpabilidad; se instaló la denominada “doctrina Irurzun” para llevar adelante la persecución política de opositores a través de la privación preventiva de la libertad por meses o años y someterlos al escarnio público sin pruebas; y finalmente se alteró el procedimiento penal con fiscales y tribunales que condenan a exfuncionarias y exfuncionarios públicos y empresarios enfrentados al poder sin ninguna prueba, o peor, con pruebas que indican la inocencia de los imputados, todo ello avalado por la Corte Suprema.
El resultado de todo este proceso fue la destrucción de las reglas del juego y como correlato y consecuencia de la misma democracia. ¿Por qué? Simplificadamente, se puede afirmar que estas reformas políticas culminaron en la alteración del equilibrio de poderes que caracteriza a un Estado republicano, al menos según lo explicó en su momento Tocqueville al analizar la democracia en Estados Unidos. La consecuencia directa de este fenómeno fue el traslado de funciones específicas de los poderes Ejecutivo y Legislativo al Poder Judicial: este último pasó a legislar –puso en funcionamiento una ley que fue derogada por otra en el parlamento, desoyendo la voluntad popular que se expresa en el Congreso de la Nación– y a decidir la ejecución de políticas públicas –por ejemplo, cuánto se debe pagar por los servicios públicos o cuántos dólares debe vender el BCRA a los importadores. En este momento de la vida política Argentina, el único poder del Estado que no es validado por la elección del Pueblo asume la conducción política total –juzga, legisla y decide sobre las políticas públicas– haciendo trizas aquello de que: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución” (artículo 22, Constitución Nacional). Democratia mortuus est.
Populus sapit
El segundo elemento de la hipótesis planteada en este breve escrito señala que existe un actor que ha tomado atenta nota de la muerte de la democracia. Ese actor es el Pueblo, que en general observa atónito la parálisis en la cual se encuentran sumidos los poderes Ejecutivo –denuncia estas situaciones, pero no ejecuta– y Legislativo –paralizado por un empate de representantes del pueblo con visiones totalmente opuestas en los temas sobre los cuales deben legislar– mientras el Poder Judicial –no votado por el Pueblo– ejerce la suma del poder público. ¿Sería muy arriesgado pensar en una dictadura –de fondo, no de formas– de la Corte Suprema?
Claro que se debe reconocer que el descrédito respecto de los poderes del Estado se fue amasando lentamente desde hace algún tiempo. En una nota publicada en el año 2018 en el sitio web del diario Ámbito se lee lo siguiente: “En 2017 la imagen de los políticos empeoró: el 80% de los argentinos hicieron una evaluación desfavorable de ellos, según un informe de la Universidad del Siglo 21. Esa imagen se vincula a que 3 de cada 4 encuestados creen que los políticos, por lo general, están involucrados en hechos de corrupción y el enriquecimiento ilícito” (Ambito.com, 10-1-2018). Como se puede apreciar, ya en ese momento –recién se había puesto en marcha el mecanismo para la destrucción del Estado de Derecho– las personas consultadas descreían de los políticos –toda generalización es injusta, pero de ello no sabe el sentido común– en lo que fue un paso más hacia la construcción de la imagen negativa que hoy existe sobre el propio sistema: en los últimos años se avanzó un casillero, marcado por el pasaje del descreimiento sobre los políticos hacia el descreimiento sobre el mismo sistema democrático. Un ejemplo en esa dirección es el siguiente: hasta hoy era impensable escuchar voces que reivindicaran públicamente a la última dictadura cívico militar con frases del tipo: acá tienen que volver los milicos a poner orden –no son cuantitativamente significativos, pero hasta hoy no se habían animado a expresarse de esa manera, y si lo hacen en este momento es porque perciben que existen quienes pueden escucharlos sin cuestionarlos, y algún tiempo atrás se habría definido este fenómeno como el “huevo de la serpiente”– o intentando rescatar la teoría de los dos demonios para avanzar en el intento de lavarle la cara al terrorismo de Estado. En estos tiempos, frases así son escuchadas cotidianamente en la calle y también en medios de comunicación masiva.
El Pueblo en general, de ambos lados de la línea divisoria que marca la presencia de dos modelos antinómicos de país, siente a las instituciones de la democracia a millones de kilómetros de distancia de sus problemas cotidianos. Allí está el origen de la baja estima que los ciudadanos y las ciudadanas sienten por el sistema y la percepción de que democratia mortuus est.
Reflexiones finales
En principio, este breve escrito que parte de una hipótesis arriesgada, a toda luz discutible, tiene por objetivo no solo reflexionar sobre cuestiones de orden institucional que afectan la vida de nuestro Pueblo, sino poner en diálogo posibles vías colectivas de resolución. Si se aceptara como contrastada empíricamente la aventurada aseveración que le da origen, la idea de defender la democracia sería un intento reducido a garantizar la más mínima expresión institucional de un sistema al que se ha vaciado de contenido: votar cada dos años. La democracia ha muerto, salvemos la democracia. Para ello hay que resignificarla o, como lo proponen Noam Chomsky y Nancy Fraser, se la debe radicalizar. ¿Cómo? Pues bien, se proponen en este escueto texto dos ¿ideas? ¿vías? para lograrlo, que no son excluyentes de ninguna otra, sino adicionales a otras que se puedan ofrecer.
La primera de ellas es construir capital político para producir una reforma constitucional que avance en un pasaje de una democracia representativa –que acaba de morir– hacia una democracia participativa. Claro que, como ello llevará tiempo, las Organizaciones Libres del Pueblo pueden comenzar con el ejercicio participativo en pos de aquel horizonte con las herramientas que hoy ofrece nuestra Constitución Nacional: iniciativa popular y referéndum. Y si el poder político no habilita ninguno de dichos mecanismos de participación, nada impide que sea el propio Pueblo quien tome la decisión de llevarlo adelante por su cuenta. Existen experiencias muy ricas en tal sentido que podrían ser rescatadas desde nuestra memoria, como la del Frenapo (Frente Nacional contra la Pobreza) que en una consulta popular logró que 2.700.000 ciudadanos y ciudadanas se expresaran a favor de la implementación de un salario básico universal como instrumento de combate a la pobreza en el año 2001. ¿El Pueblo en su conjunto no tiene nada para decir sobre la impactante deuda externa y el acuerdo con FMI que nos desangra día a día y nos lleva a este escenario de frustración y miseria?
La segunda vía es propiciar e impulsar desde las Organizaciones Libres del Pueblo espacios de participación de ciudadanos y ciudadanas a nivel territorial para construir comunidad. No espacios de resistencia, sino de resolución colectiva de problemas comunes. También en este sentido se puede echar mano a la memoria colectiva y rescatar prácticas de este tipo que fueron tan útiles en el pasado. Las sociedades de fomento en los barrios que representaron un instrumento favorable al desarrollo local, los centros de estudiantes en las escuelas medias, y así se podrían nombrar cientos de ejemplos. Es justo en este sentido señalar que ya existen en marcha experiencias de este tipo, para citar solo un ejemplo: ahí están los almacenes populares de la UTT en muchos barrios del conurbano bonaerense y también en CABA, pero al mismo tiempo es necesario trabajar para fortalecer y hacer crecer esas prácticas.
En fin, ya no se trata de salvar una democracia que está muerta, sino de recrearla bajo nuevas formas, nutriéndose de lo mejor del pasado y adecuándose a los nuevos tiempos. Se trata de que aquellos que aún no lo han hecho se pongan en movimiento para producir desde lo microsocial hacia lo macrosocial nuevas y mejores formas de vida, sin pedir permiso y apostando a lo mejor que aún tenemos como Pueblo. ¿Qué democracia? Una en la cual el Pueblo sea el protagonista de su destino. Porque, como lo señaló el general Perón, “solo el Pueblo salvará al Pueblo”.
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