Finalizó el 31 de octubre en Roma la Cumbre del G-20. La presidencia italiana optó por centrarse en los tres pilares de la Agenda 2030: las personas, el planeta y la prosperidad. Seis años después de la adopción de la Agenda y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en medio de una pandemia, la elección italiana fue la acertada.
Los orígenes del G-20 se remontan a los años 90,[1] como resultado de una serie de crisis económicas, para propiciar el diálogo entre las autoridades económicas y de los bancos centrales de las principales economías del mundo, considerando el peso que muchos de los países tenían, en la medida que representaban el 90% del PIB mundial, el 80% del comercio y dos tercios de la población global. La importancia de los países del G-20 sobre la economía global le confería una fuerte oportunidad para el diálogo y promover la estabilidad financiera internacional, además de otros temas de relieve en el plan global. De Latinoamérica solo participan Argentina, Brasil y México.
Como recordarán, en el ya lejano 2015 los líderes mundiales, reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobaron la resolución Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En ese momento recordaron que 70 años antes una generación se había unido para crear las Naciones Unidas, y decidieron “hacer un futuro mejor para todos”.[2] Para ello, establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), que deberían cumplirse hasta el año 2030, entre los que cabe destacar la erradicación de la pobreza y el hambre. Cada año, las comisiones creadas con el propósito de monitorear la implementación nacional de los ODS se comprometen a realizar informes de seguimiento, con miras a facilitar eventuales correcciones de rumbo. 2030 fue el norte de políticas y acciones gubernamentales comprometidas con la Agenda y sus ODS. La esperanza parecía irresistible.
Luego vino la pandemia, y su impacto sobre la salud y la situación económica y social fue tremendo. Han surgido enormes desigualdades e injusticias. Meses después, cuando el polvo se asentó, expertos comprometidos se apresuraron a medir el daño causado a la Agenda 2030 y sus ODS: fueron severos. La pobreza, que previamente se había reducido progresivamente, con la pandemia aumentó, al igual que el hambre. Asimismo, los otros ODS también se vieron afectados. Todo el esfuerzo para alcanzar las metas para el año 2030 parece estar comprometido.
Los expertos venían diciendo que los ODS estaban desactualizados, pero nadie los escuchó. La pandemia, decían, solo acentuaba las inequidades, no las producía. Era necesario volver al camino. Esto es lo que hizo la presidencia italiana del G-20 al centrar la atención en los mismos tres pilares de la Agenda 2030. El telón de fondo actual es el de un mundo dominado por la desconfianza, la negación, la sobrevaloración del individualismo y el debilitamiento del multilateralismo. En la cumbre del G-20 sobre Salud Global celebrada el 21 de mayo de 2021, los y las líderes reconocieron que la inmunización extensiva es un bien público mundial y que la pandemia solo terminará cuando todos los países la hayan controlado efectivamente. Vacunas equitativas, inversiones sostenibles en bienes públicos, con énfasis en la salud, promoción del concepto Una salud (One Health) que une la salud humana, la salud animal y la salud planetaria, son algunos de los elementos presentes en la Declaración de Roma, el documento final de esa cumbre sobre Salud Global. Habría merecido un aplauso si hubiera dado lugar a acciones concretas. Para lograr una vacunación equitativa, por ejemplo, es necesario abordar la falta de financiamiento que dificulta el funcionamiento exitoso del Acelerador de Herramientas de Acceso a COVID-19 (ACT-A) y su componente de vacuna, la instalación COVAX, una iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El ACT-A abarca una amplia gama de productos necesarios para combatir el COVID-19 que incluye, entre otros, medicamentos, diagnósticos y válvulas para respiradores. La instalación COVAX se centra en el acceso a las vacunas. Ambos están gravemente subfinanciados.
Según el documento del Fondo Monetario Internacional A proposal to end the COVID-19 pandemic, se necesitarían 50.000 millones de dólares para inmunizar al menos al 40% de la población mundial para fines de 2021 y al menos 60% para fines del primer semestre de 2022. Los recursos –que deberían provenir de gobiernos y donaciones de fondos privados, con el apoyo de agencias multilaterales– financiarían la compra de vacunas, diagnósticos, mapeo, mantenimiento de existencias adecuadas de medicamentos y otros insumos, así como la implementación de medidas de salud pública donde la cobertura de vacunación es baja. Según los autores, los 50.000 millones de dólares palidecerían en comparación con los 9.000 trillones de dólares en pérdidas para la economía mundial si no se hiciera nada. Como todo el mundo sabe, se ha hecho poco, ya que no solo el Fondo ACT-A y COVAX siguen sin recibir fondos suficientes, sino que la inmunización extensiva se ha limitado a un puñado de países. Según el secretario general de Naciones Unidas, a finales de septiembre de este año diez países habían utilizado más del 75% de todas las vacunas producidas en el mundo. Los ODS no solo están desactualizados y fuera de alcance, sino que la inmunización universal se vio comprometida por nacionalismos obscenos de las vacunas. Sin embargo, el G-20, al menos retóricamente, no se desanimó.
El 15 de junio, casi un mes después de la Cumbre de Salud Global, un distinguido grupo de expertos, compuesto por ministros y ministras de economía o finanzas y presidentes de bancos centrales de los países miembros del G-20, se reunió en Venecia, con el objetivo de continuar las discusiones sobre cómo recuperar la economía global y cómo prepararse para la próxima pandemia, lo cual es curioso, ya que se admite que hemos entrado en una era de pandemias y no hay nada que se pueda hacer. El calentamiento global y la pérdida de biodiversidad podrían provocar pandemias. Sin embargo, las políticas para revertir estas tendencias parecen estar fuera de alcance, como los ODS.
No obstante, el G-20 sabe que sin un sistema de financiación sólido el mundo no podrá gestionar las pandemias futuras. Con el fin de encontrar soluciones para financiar bienes públicos globales y sistemas resilientes, en enero de 2021 estableció un Panel Independiente de Alto Nivel, que elaboró un informe para ser tenido en cuenta en las deliberaciones de los líderes. El trabajo del panel se guió por la premisa que establece el financiamiento de la prevención, la preparación y la respuesta a las pandemias como un bien público global, así como por otra que establece que el acceso universal y equitativo a ese bien público es una necesidad científica y económica para lograr el compromiso de no dejar a nadie atrás. Sabíamos y sabemos lo que hay que hacer. Ahora es necesario hacerlo.
Del 5 al 6 de septiembre, los ministros de Salud del G-20 se reunieron en Roma para repetir lo que, en grandes líneas, había sido dicho por los líderes en mayo y por los miembros del Panel Independiente en su informe. La Declaración de los Ministros de Salud del G-20, que puede ser leída por aquellos que tienen curiosidad, demuestra que no hay nada nuevo que no se haya dicho antes, a pesar de su gran extensión. El entusiasmo de los primeros días con la presidencia, que había recordado la importancia de enfatizar los tres pilares de la Agenda 2030, comenzaba a decaer.
El 12 de octubre, los ministros de comercio del G-20 se reunieron en Sorrento para promover el debate sobre el financiamiento de la tríada: personas, planeta y prosperidad. En cuanto al tema de salud y comercio, los ministros reiteraron lo que los mandatarios ya habían dicho en mayo, como lo habían hecho anteriormente las ministras y los ministros de salud. Destacaron, por ejemplo, que cualquier medida de emergencia debe ser compatible con las reglas de la Organización Mundial del Comercio, léase con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Destacaron también la importancia de la XII Conferencia Ministerial de esa Organización, a realizarse del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Ginebra, que abordará la propuesta de suspensión (waiver) de los derechos de propiedad intelectual sobre vacunas (Estados Unidos), y sobre una amplia gama de productos para COVID-19, que incluye medicamentos, diagnósticos y válvulas para respiradores, entre otros, además de vacunas (Sudáfrica e India), así como el tema de posibilitar la producción de esos productos por parte de terceros, a través de la creación regional de hubs. Nada nuevo para alentar exploraciones heroicas.
En cuanto a la exención de patentes de vacunas, es necesario aclarar que la producción de vacunas avanzadas para COVID-19 es complicada. No existe una linealidad mecánica entre lo que viene antes y lo que sigue. La biología se encarga de producir resultados sorprendentes que complican y dificultan el control necesario para producir los efectos deseados. Solo los fabricantes actuales de vacunas sofisticadas tendrían las condiciones científicas, tecnológicas y financieras necesarias para producirlas. Por lo tanto, la complejidad en sí actuaría como una protección natural de los derechos de propiedad intelectual. En este contexto, la renuncia no produciría efectos prácticos, así como en la novela singular de Giuseppi Tomasi di Lampedusa, donde todo cambia para que todo se mantenga como está. La famosa renuncia a la patente se anunciaría con pompa y circunstancia como la nueva piedra filosofal, capaz de convertir la codicia obscena en virtud.
En vísperas de la cumbre del G-20 tuvo lugar una reunión conjunta de ministros y ministras de Salud y de Economía. El objetivo era encontrar financiamiento para los compromisos asumidos por los líderes. Lo que se ha logrado es el establecimiento de una Task Force conjunta, con el propósito de incrementar el diálogo y la cooperación. En lugar de dinero, nuevamente un grupo de trabajo. Más prometedor, quizás, es el Acuerdo alcanzado entre los ministros de Economía y los directores de los Bancos Centrales con miras a abordar de manera coordinada los desafíos globales, como el cambio climático, la protección del medio ambiente y la transición hacia una economía más eficiente, verde y sostenible.
El viernes 29 de octubre, los directores generales de la OMS, la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) enviaron una carta conjunta al G-20, mediante la cual hacen un llamado a los líderes para que se sensibilicen sobre la necesidad de vacunar a las personas menos favorecidas, especialmente a las de riesgo, como inmigrantes, desplazadas y refugiadas.
El sábado 30, el director general de la OMS se dirigió a los líderes en la sesión inaugural del G-20. Hizo una intervención breve y directa, basada en cinco solicitudes: a) resolver la crisis de las vacunas para acabar con la pandemia; b) financiar completamente ACT-A, que en los próximos doce meses necesita 23,4 mil millones de dólares; c) apoyar al Grupo de Trabajo Conjunto Economía y Finanzas-Salud, con miras a obtener fondos adicionales para prepararse y responder a otras posibles pandemias; d) adoptar un instrumento internacional basado en la constitución de la OMS; e) fortalecer y financiar de manera sostenible la OMS.
El domingo 31, el G-20 adoptó la Declaración Final, cuyos puntos más importantes, desde la perspectiva de la diplomacia sanitaria, son los siguientes: a) compromiso de no seguir las restricciones inconsistentes de la OMC con respecto a las exportaciones: es una dura crítica a un aspecto de la concesión de licencias obligatorias, cuya explicación, lamentablemente, está fuera del alcance de este artículo; b) establecimiento del Grupo de Trabajo Multilateral sobre COVID-19, con la participación del sector privado y agencias multilaterales; c) establecimiento de un grupo de trabajo sobre economía, finanzas y salud; d) reafirmación del compromiso con los ODS; e) apoyo a los esfuerzos para desarrollar un instrumento internacional sobre preparación y respuesta ante una pandemia; f) compromiso para abordar la amenaza global del cambio climático y cooperar colectivamente para lograr una COP-26 exitosa.
Es poco, muy poco, para la escala del desafío que enfrentan las y los líderes de los países más ricos del mundo. Hay distintas reiteraciones, pero no se dice cómo se llevarán a cabo. ¿Cómo podemos creer que el llamamiento de los directores generales de la OMS, la OIM y el ACNUR será escuchado y llevado a cabo? ¿Cómo podemos creer que las cinco solicitudes del director general de la OMS serán atendidas? Peor aún, deberían haber hecho un puente con la COP-26 en Glasgow, pero no lo hicieron: simplemente dijeron que el desafío es grande.
¿Hay razones para ser optimistas respecto a los resultados de la Cumbre del G-20? ¡No! El optimismo es producto de un pensamiento mágico que no se sustenta con ningún argumento causal. Para el optimista, las cosas mejorarán porque siempre mejoran. Sin embargo, no es el caso de estar de pie con los brazos caídos. Podemos tener esperanza, que es otra cosa: consiste en aferrarse a una promesa. En nuestro caso, la promesa que nos hicieron en 2015 de transformar el mundo en beneficio de las generaciones futuras.
Santiago Alcázar es diplomático, asesor e investigador del Centro de Relaciones Internacionales en Salud, Fundación Oswaldo Cruz, Brasil (CRIS-Fiocruz). Paulo Marchiori Buss es doctor en Ciencias, profesor emérito de la FIOCRUZ, director de CRIS-Fiocruz y miembro titular de la Academia Nacional de Medicina de Brasil. Sebastián Tobar es magíster y doctor en Salud Pública (ENSP-FIOCRUZ), asesor e investigador del CRIS-Fiocruz. Pedro Burger es máster en Economía Política Internacional y vicecoordinador de CRIS-Fiocruz.
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[1] El G-20 fue creado en Colonia, Alemania, en junio de 1999, y a la vez es substitución de otros grupos anteriores como el G-33, el G-22 y el G-7. Es un foro para la cooperación y consultas en materias pertinentes al sistema financiero internacional. Estudia, revisa y promueve la discusión entre los principales países desarrollados y emergentes, y está integrado por los ministros y las ministras de finanzas y presidentes de los bancos centrales del G-7 y de otros 13 países, incluyendo el Banco Central Europeo. En la actualidad está compuesto por Arabia Saudita, Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido, Rusia y Unión Europea.
[2] Ver párrafos 50 y 51: https://sdgs.un.org/2030agenda.
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