Este escrito de revisión y reflexión se focaliza en América del Sur, donde será retomado lo elaborado por la región en cuanto a la conformación de la UNASUR. Intentaremos realizar una comparación entre la época de consolidación de dicha institución y sus momentos menos activos por la oleada conservadora que se hizo presente en muchos países de la región. Finalmente, se plantearán desafíos venideros que se enmarcan en un mundo que ha sufrido cambios definitivos.
Se torna pertinente remontarnos a un período anterior al de la “era” progresista en la región para contextualizar el camino por el que transitaba América Latina y contemplar lo que acontecía en el mundo. En la posguerra el marco era un mundo bipolar, un mundo no solo en disputa entre dos grandes potencias, sino entre dos modelos económicos, políticos y sociales: capitalismo y comunismo. El ocaso de la Unión Soviética daría por terminada esa batalla. En la región, la ebullición de la ideología revolucionaria fue enfrentada con golpes de Estado a los cuales Estados Unidos mostró su ferviente apoyo para diluir lo que llamaban el enemigo interno. Las derechas de cada país también prestaron una significativa colaboración. Con la caída del muro de Berlín el capitalismo quedó como sistema supremo y Estados Unidos como gendarme planetario (Morgenfeld, 2018). Los países latinoamericanos fueron recuperando poco a poco sus democracias –en la mayoría de los casos durante la década de 1980– y se alinearon o adhirieron a las políticas económicas que se establecían desde Estados Unidos, por su poder hegemónico y por las graves consecuencias socioeconómicas y las deudas que dejaron las dictaduras, sumadas a las presiones de los organismos internacionales de crédito. El Consenso de Washington y sus fórmulas neoliberales de apertura económica fueron para los países latinoamericanos la forma de recuperar el acceso a los flujos financieros internacionales. Las deudas desmesuradas tomadas por las dictaduras se habían traducido en pérdidas de autonomía. A cambio de “alivios de deuda” se fijaron nuevas reglas de juego para la región y se impulsó una integración regional de tipo “abierta”, con Estados débiles y mercados desregulados para facilitar los negocios de las empresas multinacionales (Riggirozzi y Tussie, 2018). Si bien el paquete de reformas que incluía el Consenso de Washington pretendía apuntar al crecimiento económico y a una distribución más equitativa, lo cierto es que en los países latinoamericanos sucedió todo lo contrario: un fuerte empobrecimiento de los pueblos, altas tasas de desocupación, incremento de la precarización laboral, agudización de las desigualdades y disminución de la calidad de vida de la mayoría de las personas, que generaron estallidos sociales y dieron lugar a la oleada progresista en la región con la llegada del nuevo milenio.
Los gobiernos progresistas se pusieron al hombro la tarea de levantar las economías, reconstruir la política y devolver la dignidad a las personas. Tal como la caracteriza Álvaro García Linera (2017), “la década virtuosa” va a dejar su huella mediante la ejecución de cuatro hitos: a) la democracia se transformó en una democracia de derechos, ampliando la participación en ella de las fuerzas populares y dándoles lugar en el control del Estado, lo que trajo como consecuencia inmediata el robustecimiento de la sociedad civil y su politización; b) los Estados progresistas se focalizaron en lograr una distribución de la riqueza más justa, conjuntamente con la reducción de desigualdades sociales y una mejora significativa en la calidad de vida de la clase trabajadora; c) hubo un viraje en la gestión de las economías, con una mayor importancia del mercado interno, procesos de nacionalización de empresas estratégicas, participación activa del Estado en el mercado y una administración del excedente destinado a los sectores más vulnerables; d) se formó una internacional latinoamericana progresista, soberana y autodeterminativa (García Linera, 2017) que influyó sobre la política externa, produciendo un pasaje de una política trazada por los intereses geopolíticos de Estados Unidos a otra que prioriza los intereses de la región: una política exterior delineada desde la región y para la región. Este proceso de integración se fundó en la oportunidad de generar nuevos consensos, ya no solo netamente económicos, sino ampliándolos a la esfera de los derechos sociales. Consensos que responderán a lo que varios autores llamaron “regionalismo post-hegemónico, post-comercial, post-liberal”, que nace desde lo nacional y se extiende hacia la región, con una inserción diferente en el contexto internacional.
La intención de una articulación latinoamericana fluida y desvinculada de las decisiones norteamericanas implicaba la constitución de una institucionalidad que fuera por fuera de la OEA, organización cuyas decisiones se encontraron siempre permeadas por la impronta estadounidense. Se consideraba por ello fundamental excluir a Estados Unidos de esa nueva institución regional. Con esta idea central surgen la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
El modelo neoliberal se había mostrado incapaz de sortear las crisis económicas y sociales que él mismo generaba. Como lo remarca Mariano Nascone (2020), el debilitamiento del Consenso de Washington, el fracaso de “la teoría del derrame” y el agotamiento de los mecanismos de integración fueron los elementos que dieron origen e impulso a la etapa progresista y a esta nueva concepción de la región. En ese marco, la UNASUR pretendió establecer una mirada y una posición conjuntas desde el cono sur del continente, con un denominador común: la búsqueda de una autonomía lo suficientemente robusta como para poder resolver los conflictos propios de esta parte de América sin la interferencia de Estados Unidos. El antecedente más nítido y contundente de rechazo a los Estados Unidos fue el “No al ALCA” en la VI Cumbre de las Américas, en Mar del Plata en 2005: marcó un hito en la historia de América del Sur.
Había además un antecedente previo: el nacimiento en 2004 de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Para evitar extendernos demasiado, no vamos a enumerar aquí las conferencias que desde esa fecha en adelante fueron necesarias para llegar finalmente a la firma del Tratado Constitutivo en el año 2008 en Brasilia, ni tampoco sus objetivos específicos o sus órganos constitutivos. Sí resaltaré en este texto algunas de sus intervenciones más relevantes relacionadas con la salvaguarda de la democracia.
Tres fueron los elementos fundantes de la UNASUR: a) fuertes liderazgos positivos progresistas en la región –Chávez, Lula, Evo, Néstor Kirchner y Correa– que, con una nueva forma de hacer política, de gestionar la economía y de priorizar los derechos sociales, también buscaron establecer una agenda común para la región; b) incorporación de todos los países en un único bloque estratégico, respetando sus independencias, pero dirigiendo la mirada a la reducción de sus asimetrías y a la disminución de sus desigualdades; c) la existencia de “consensos” exitosos con países de distinta ideología, lo que no llama la atención, debido a que estos últimos también obtenían beneficios de esta unión regional. Los principios rectores de la UNASUR fueron la soberanía, los derechos humanos y el respeto por la integridad territorial y la autodeterminación de los países.
La UNASUR fue planificada como una Segunda Independencia de los Pueblos de la Patria Grande. Fue una integración orientada a promover la inclusión social y política de los pueblos, lograr una autonomía que no solamente fuera económica, sino que también abarcara aspectos que hacen a la vida cotidiana, desde cuestiones materiales, como la infraestructura o los equipamientos indispensables y necesarios para el desarrollo de la vida, hasta problemas sociales, cuestiones culturales, científico-tecnológicas o de derechos humanos. Una “integración integral”, valga la redundancia.
En cuanto al interés por la preservación de las democracias y sus intervenciones cuando esta se vio amenazada, la Cláusula Democrática plasmada en el Tratado Constitutivo habilita a los países miembros a intervenir ante cualquier inconveniente de tinte antidemocrático o intentos de golpes de Estado de cualquier índole. Bajo esta cláusula, la UNASUR participó de manera expeditiva, manifestando repudio y rechazo a los varios intentos golpistas que se suscitaron en la región para desestabilizar gobiernos progresistas: entre ellos, el intento de golpe de Estado a Evo Morales y el levantamiento en la “Media Luna” boliviana en 2008; el golpe contra el presidente Zelaya en Honduras en 2009; la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia en 2009; el intento de golpe a Rafael Correa en Ecuador en 2010 y a Fernando Lugo en Paraguay en 2012; y los dos intentos de desestabilización y golpe en Venezuela en 2013 y 2015.
Luego de 2015 ocurrió en la región un nuevo viraje que colocó a las líneas más conservadoras en el gobierno. Mauricio Macri, Michel Temer y su sucesor Jair Bolsonaro en Brasil, Jeanine Áñez como presidenta de facto de Bolivia, y el revés ideológico de Lenin Moreno, fueron los grandes protagonistas, mientras Trump llegó a la Casa Blanca en 2017. La alineación a las políticas y estrategias estadounidenses se dio de manera rápida. La vuelta al conservadurismo en la región implicó el desmantelamiento de los logros alcanzados en materia de igualdad, de inclusión y de ampliación de derechos. El regreso a las lógicas neoliberales y el sometimiento a Estados Unidos y los organismos financieros trajeron como consecuencia directa una pérdida de autonomía y de autodeterminación. La idea de fortalecer la región se desdibujaba a cada paso que daban estos gobiernos: se debilitaron instituciones regionales ya formadas y se volvió a darle entidad, por ejemplo, a la OEA, cuyo apego a los principios democráticos está en entredicho. Surgieron además nuevos acuerdos y tratados cuyo fundamento era netamente económico o comercial, y una serie de acuerdos bilaterales que desintegraron aún más los lazos de solidaridad entre los países y ampliaron las asimetrías en la región. En este contexto, la UNASUR quedó virtualmente suspendida. Si bien no fue disuelta, tampoco tuvo un funcionamiento activo. A pesar de que varios países efectuaron las denuncias correspondientes para dejar de ser miembros, la mayoría no cumple con las condiciones legales para dejar de ser parte. Por ejemplo, varios países adeudan sus aportes obligatorios, y otros no han efectuado su denuncia por vía parlamentaria, como es necesario para que sea válida.
En los últimos dos años, buenos nuevos aires resurgieron en algunos países de América Latina: Argentina, México, Bolivia y hace muy poco Perú, más la salida de Trump. Ellos reavivan la esperanza de una nueva oportunidad para erguir otra vez los bloques que supieron darle una entidad propia a esta parte sur del continente. La UNASUR es un ejemplo. No es posible ignorar la pandemia y sus severas consecuencias a nivel mundial, por la mortandad que causó y sigue causando, y por la crisis sanitaria, económica y social que trajo aparejada. La pandemia encuentra a la región desmantelada como tal y con gobiernos que no tenían como objetivo la preservación de la vida de sus pueblos. Las medidas sanitarias fueron tomadas por cada país unilateralmente, así como toda búsqueda de recursos, tanto materiales como humanos, y aun las negociaciones por el acceso a las vacunas. La pandemia explicitó el valor central que tienen el Estado y la ejecución de adecuadas políticas públicas para la vida de las personas y el bienestar de las comunidades. La novedad de la situación y la desidia de los poderosos dejaron a la luz la vulnerabilidad intimidante de quienes nos encontramos en los escalafones medios y bajos de las sociedades. La integración de los países de la región habría permitido el diálogo y la unificación de criterios para la ejecución de políticas públicas y de medidas sanitarias, ayudando a la organización y la distribución igualitaria de los recursos disponibles y a mejores negociaciones en materia de insumos y vacunas.
Néstor Kirchner decía que “era necesario construir, a partir de la realidad relativa de cada uno de los países, una realidad superadora que nos contenga a todos”. Era una frase esclarecedora acerca de lo que se entendía por unidad y hermandad latinoamericana en aquellos tiempos progresistas. Pero, tal como dice su frase, es necesario construir a partir de cada país, y para ello es necesario el compromiso de los pueblos con la política, las necesidades del otro, la igualdad de derechos, la empatía con quien sufre, la solidaridad para con las y los más vulnerables, en cualquier aspecto de la vida. Mientras los cambios radicales no se den desde lo más profundo de los sentires de los habitantes de cada país, mientras no nos sintamos parte de nuestra América, ni nos identifiquemos con su cultura y con su historia, la idea de Patria Grande Bolivariana infelizmente se desdibuja. La mirada regional se oscurece cada vez que nos miramos solos, cuando nos alejamos de lo nuestro.
El neoliberalismo y sus fervientes representantes hacen bien su trabajo. El desafío es nuestro: tener memoria, pensar, tener una mirada crítica propia y constructiva puede ser el inicio del camino que marcaba Néstor. Una vez ganada la batalla cultural dentro de los límites de cada país, expandirse será una apuesta más accesible. De esa manera, organismos como la UNASUR se verán robustecidos y serán indispensables.
Referencias
García Linera A (2017): “¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?”. Rebelión, 24-6-2017.
Morgenfeld LA (2018): “Nuestra América frente a la reactualización de la Doctrina Monroe”. En Estados Unidos contra el mundo: Trump y la nueva geopolítica. Buenos Aires, CLACSO.
Nascone M (2020): “Reimpulsar la UNASUR para poner la Patria Grande de pie”. Tiempo Argentino, 25-10-2020.
Riggirozzi P y D Tussie (2018): “Claves para leer al regionalismo sudamericano: fortaleciendo el Estado, regulando el mercado, gestionando autonomía”. Perspectivas, 5.
Secretaría General de UNASUR (sf): Doce Naciones una Región: la Historia de UNASUR. Documento institucional.
Laura E. Donadío es licenciada en Sociología (UBA), especialista en Políticas Públicas para América Latina (CLACSO), diplomando sobre Desarrollo e Integración Regional (FLACSO) y profesora de Psicología Social (Universidad de Morón).
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