El arte de judicializar derechos de las derechas provinciales

Celebro nuestra Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 27.610, pero no bajo los brazos. Detrás de la supuesta independencia y constitucionalidad se esconden magistrados antiderechos, a quienes hay que hacerles entender que nosotras no olvidaremos los obituarios de las que ya no están. La militancia y la articulación políticas deberán centrar su atención en la implementación de la ley, con un fuerte entendimiento de nuestro sistema federal de gobierno, en donde las derechas asociadas al sistema judicial se encuentran al acecho de manera muy diversa en cada provincia.

La Argentina peronista ha sido un país de vanguardia en el acceso a los derechos. Tenemos, entre otras, leyes como la de identidad sexual y la de matrimonio igualitario, que fueron antecedentes clave para dar este salto cualitativo que nos hizo conquistar el derecho al aborto de manera voluntaria.

Las particularidades provinciales muestran que en algunas regiones existían redes de profesionales que practicaban la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando existían causales, o que habían aprobado un protocolo para ello, y donde se presume una aplicación de la interrupción voluntaria más efectiva. Y hay otras provincias en donde se apresuraron a declarase “pro-vida”, a no aprobar los protocolos, a prohibir la venta de Misoprostol y a judicializar cada conflicto existente, torturando incluso a niñas de 10 años a cesáreas y partos. Es decir, hay una continuidad del mismo desafío que hemos tenido a lo largo de la historia del feminismo, en donde el conflicto con las y los antiderechos ahora se lee en clave federal. Si habitamos en una provincia de matriz reaccionaria y conservadora, las judicializaciones serán continuas, los jueces y las juezas que esperan su oportunidad para plasmar su pensamiento “moral” en nuestros cuerpos volverán a sus viejas prácticas, sentenciando sus conservadurismos religiosos o sus neo-conservadurismos políticos.

Las derechas provinciales tienen una vasta trayectoria en el arte de judicializar derechos. Es común que recurran al sistema judicial para desarticular la legitimidad de leyes aprobadas democráticamente en el Congreso, cuando consideran que no les son “favorables”, y esto no es nuevo, porque está arraigado en nuestro propio sistema democrático, republicano y federal de gobierno. Incluso la corte se expidió en el año 2012 con el famoso fallo F.A.L.,[1] validando su constitucionalidad. Aquí no se trata de la constitucionalidad, ni de la garantía de los jueces “de independencia”, ya que ésta no puede primar sobre los intereses colectivos de la población. Más bien se trata de la soberbia de algunos magistrados y magistradas que desde un sillón definen sobre la vida, la muerte y las disposiciones del gobierno, con el apoyo de derechas regionales que auspician demandas previamente convenidas. Donde existía la necesidad nació un derecho. Pero este es otro tramo de nuestro recorrido, porque –como en todas las conquistas que garantizan la ampliación de derechos sociales– surge una nueva etapa para defenderlos y ejercerlos para sacarlos en forma definitiva de la clandestinidad.

Hasta ahora –y según las fuentes periodísticas y las redes feministas en las cuales articulamos los intentos– comenzaron por grupos conocidos e incluso pertenecientes a nuestra coalición, como es el caso de la diputada provincial y presidenta del Partido Renovador de Salta, Cristina Fiore Viñuales, quien en 2018 lideró el lobby contra el proyecto, junto a Silvia Elías de Pérez, quien incluso se adelantó y –durante el mes de diciembre, con la inminencia del tratamiento legislativo del proyecto– solicitó evaluar la inconstitucionalidad del protocolo para abortos no punibles. Después del 18 de enero –fecha de promulgación de la ley– solicitaron una medida cautelar que suspendiera la nueva normativa. No tuvieron éxito y se rechazó el recurso colectivo, por considerarlo “improcedente”. El pedido implicaba, además, la elaboración de un nuevo protocolo, en el que era condición para solicitar un aborto una audiencia en el que se le informara a la solicitante lo que significaría terminar “la vida de una persona humana”.

También en enero el diputado sanjuanino Marcelo Orrego –no ya de nuestra fuerza, sino acompañado de otros 17 legisladores de su bloque de Juntos por el Cambio– presentó un proyecto para derogar la Ley de IVE, por considerarla “inconstitucional” y “permitir el derecho al aborto en cualquier momento de la gestación”, reiterando nuevamente la mala interpretación aclarada por la Corte –como mencioné arriba– en el fallo F.A.L. Asimismo, Juan José Gómez Centurión, titular del Partido NOS, quien se considera “la opción celeste que lucha por la familia y la patria”, presentó una demanda contra el Poder Ejecutivo y en su cuenta de Twitter dijo: “Vamos a defender la vida hasta las últimas consecuencias, tal como manda nuestra carta orgánica y el año que viene en el Congreso derogaremos la ley”.

Fundaciones y organizaciones de la sociedad civil también realizaron sus movidas. Por ejemplo, la Fundación “Más Vida” introdujo una “demanda penal por genocidio y cohecho contra el presidente Alberto Fernández y los legisladores que adhirieron”, a lo que denominó en sus redes sociales como “Genocidio Universal”.

Acá me parece importante destacar que desde la política siempre vimos al aborto como un problema de salud pública.[2] En ningún planteo –al menos legal– la discusión es sobre cómo garantir la salud, sino que se desliza hacia cuestiones de orden religioso o moral. Es importante aclararlo, porque lo que cumple con nuestra ley son las condiciones de seguridad sanitaria para aquellas mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir la gestación, sin que esa decisión implique consecuencias para su vida. Hay que entender que en ninguno de los planteos comentados el fin último ha sido el de eliminar la muerte materna por causa de aborto en nuestro país.

Nuestra ley es un el respaldo normativo por el que se luchó durante demasiado tiempo y para el que no hay vuelta atrás. Viene a resolver la injusticia que fueron y son los embarazos forzados, la imposibilidad de decidir sobre nuestro deseo de maternidad y la disposición de nuestro propio cuerpo. Donde exista la injusticia debe primar la organización feminista y peronista, porque este avance de libertad y emancipación fue bajo la bandera de la justicia social: por la salud, la vida, la educación y los derechos humanos. Es legítimo que como peronistas empecemos la reconfiguración de nuestra lucha, para que ningún o ninguna antiderechos provinciales, ni juez o jueza inquisidoras pretendan sentenciar sobre nosotras.

También resulta legítimo y oportuno abrir el debate sobre la eutanasia. Porque legítimo es el derecho que supimos conseguir, y porque legítimos serán los que, por nosotras, las que nos siguen alcanzarán.

 

Mariana Amaya Cáceres es abogada, maestranda en Partidos Políticos (UNC) y especialista en Derecho Electoral y Géneros. Trabajadora de la Justicia Electoral y docente de Derecho Procesal Constitucional (UNC).

 

[1] http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires–medida-autosatisfactiva-fa12000021-2012-03-13/123456789-120-0002-1ots-eupmocsollaf.

[2] Salud pública, tomada desde la visión de salud poblacional. En este sentido, toda la población, sin exclusiones, tiene derecho a la salud, y es rol del Estado garantizarlo, independientemente del subsector prestador de servicios de salud: público, seguridad social o privado.

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