Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos nos referimos, en el primer caso, a la capacidad que tienen todas las personas de disfrutar una vida sexual libremente elegida, satisfactoria, sin violencias ni riesgos; y en el segundo, a la posibilidad de decidir, de forma autónoma y sin discriminación, si tener o no hijos o hijas, con quién, cuántos y cada cuánto tiempo, disponiendo de información suficiente y de los medios adecuados.
Los derechos sexuales y reproductivos forman parte de los derechos humanos. En Argentina están establecidos en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994. Sin embargo, recién desde el año 2002, con la sanción de la Ley nacional 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, comenzaron a desarrollarse en nuestro país políticas sostenidas en la materia. En primer lugar, mediante el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se implementaron una serie de acciones orientadas a garantizar el derecho de todas las personas a una vida sexual saludable y placentera, incluyendo el libre ejercicio de la preferencia y orientación sexual, la elección de tener o no hijos o hijas, el acceso gratuito al método anticonceptivo elegido, a la prevención y atención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y a la atención integral de la salud sexual y reproductiva, con información clara, completa y oportuna, en un ambiente de respeto y preservación de la intimidad donde se garantice la confidencialidad, la igualdad, la autonomía y la no discriminación.
A partir de ese momento fundacional se inició un ciclo en el cual el Estado impulsó nuevas leyes y generó un conjunto de políticas públicas dirigidas a la ampliación de estos derechos. En el proceso merecen mencionarse algunos hitos, como la Ley 25.929 de Parto Humanizado (2004) para garantizar los derechos de las personas gestantes, niños, niñas y familias en el momento del nacimiento; la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, ESI (2006), que dio lugar al programa homónimo; la Ley 26.485 para prevenir, asistir y eliminar todas las violencias contra las mujeres (2009); la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario (2010) que permitió constituirse jurídicamente a muchas familias; y la Ley 26.743 de Identidad de Género (2012). En el año 2020 se agrega a este listado la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En los últimos meses también se destacaron otros avances relativos a la promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero con la Ley 27.636 “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, y el reconocimiento de las identidades no binarias en el DNI y el pasaporte con la ampliación de la Ley de Identidad de Género mediante el decreto 476/2021, visibilizando de esta manera a un sector de la población cuyos derechos estaban vulnerados.
Como se planteó anteriormente, el amplio marco legal se vio reflejado en múltiples políticas públicas instaladas a partir de 2003, desarrolladas desde distintas áreas de gobierno, desde la ESI en el sistema educativo hasta el acceso gratuito a una amplia canasta de métodos anticonceptivos, con opciones tales como preservativos, anticoncepción oral, DIU, implantes o anticoncepción quirúrgica –esta última garantizada en la Ley 26.130– y el acceso a hormonización o cirugías de modificación corporal; desde la confección del DNI respetando la identidad autopercibida hasta el cupo laboral que destina un 1% de las vacantes de la Administración Pública Nacional a las personas trans; o desde la interrupción voluntaria y legal del embarazo con la orientación y la asistencia adecuada cubierta por el sistema de salud, hasta los tratamientos de reproducción asistida en el sistema de salud y el Plan Qunita, destinado a evitar la mortalidad infantil por colecho.[1]
Sin dudas, los avances en la ampliación de derechos sexuales y reproductivos son contundentes, pero aún queda mucho camino por recorrer en términos de cambios sociales y culturales que disminuyan la discriminación y otras manifestaciones de violencias, ejercidas incluso por las propias instituciones del Estado. Para garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos necesitamos deconstruir un sistema de creencias y prácticas muy arraigadas en el modelo de sociedad patriarcal. Ejemplo de esto –que por lejos no es el más importante, pero sí cercano, porque ocurrió en estos días– fue el debate generado alrededor de la circulación mediática de una noticia sobre la compra de penes de madera realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, como parte de los kits utilizados en actividades de prevención en el marco de la ESI. Más allá de lo insólito de la situación –porque son materiales distribuidos desde hace años– se pusieron de manifiesto la falta de información y las falencias que persisten en cuanto a educación sexual, y las resistencias de algunos sectores frente a la ampliación de derechos sexuales y reproductivos, incluso con expresiones de violencia simbólica de género.
Estudios recientes indican que muchas y muchos adolescentes y jóvenes no han recibido una educación sexual integral e inclusiva que responda a sus intereses y preocupaciones. De la misma manera, aún hoy existe un gran desconocimiento sobre el uso correcto del preservativo y aparecen diversas limitaciones y obstáculos para tener sexo seguro. Por otra parte, en nuestra sociedad persisten múltiples situaciones de estigma y discriminación que padecen especialmente algunos sectores de la población, como mujeres migrantes, integrantes del colectivo LGTBI+ y personas que viven con VIH, entre otras.
¿Con qué herramientas contamos hoy para enfrentar tales desafíos? El bagaje de leyes y políticas mencionadas constituye la base sobre la cual tenemos la oportunidad de construir nuevos sentidos. Una condición necesaria es la instalación de políticas de Estado, es decir, acciones estratégicas que se desarrollen de manera continuada y sostenida durante distintas gestiones de gobierno. Para lograr los cambios culturales que permitan transformar la experiencia cotidiana de la gente, es fundamental el rol del Estado como articulador de las relaciones sociales. En palabras de Oszlak (2012), es “la capilaridad social del rol del Estado” –su presencia celular en todas las esferas de la vida social– lo que sostiene la organización social y le impone una dinámica para su funcionamiento. Solo con un Estado presente podremos lograr una sociedad más inclusiva y con justicia social en la cual todas, todos y todes gocemos del pleno ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Bibliografía
Adissi G (2017): Jóvenes con diagnóstico reciente de VIH en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Caracterización, itinerarios, experiencias y vida cotidiana. Buenos Aires, Ministerio de Salud de la Nación.
Capicua Diversidad (2014): Informe sobre acoso escolar en Argentina, la lógica de la discriminación a través de las voces de lxs estudiantes en escuelas medias. http://capicuadiversidad.com.
Fundación Juan Vives Suriá (2010): Lentes de género: lecturas para desarmar el patriarcado. Caracas, El perro y la rana.
INADI (2020): “Género e interseccionalidad”. Inclusive, 2.
Oszlak O (2012): “La capilaridad social del rol del Estado”. Voces en el Fénix, 17.
Pawlowicz MP, Y Abal y D Rossi (2019): Persistencias en la epidemia de VIH. Estigma y acceso a la atención hospitalaria de personas con VIH y otras poblaciones clave. Buenos Aires, Intercambios Asociación Civil.
Sotelo J, M Vázquez y V Zalazar, coordinadores (2021): Adolescentes y jóvenes varones que tienen sexo con otros varones. Estudio sobre su salud sexual en AMBA, Santa Fe y Mendoza. Buenos Aires, Ministerio de Salud de la Nación.
Vázquez M, L Wang, A Duran y M Ravalli, coordinadores (2011): Conocimientos, actitudes y prácticas en VIH y salud sexual y reproductiva (SSR) y uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre adolescentes de Argentina. Buenos Aires, Fundación Huésped.
Zas M, coordinadora (2021): Índice de Estigma y Discriminación hacia las personas con VIH en Argentina 2.0. Buenos Aires, Ministerio de Salud de la Nación.
Mariana Vázquez es docente e investigadora ICS-UNAJ.
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[1] El Plan Qunita fue desactivado y judicializado durante la gestión de Mauricio Macri.
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