Es de singular importancia, especialmente en la actualidad, reflexionar acerca de los desafíos que es capaz de asumir la ciencia y la tecnología en tanto bien social. Pertenezco desde hace más de cuatro décadas a los científicos que nos dedicamos a las Ciencias Sociales y las Humanidades desde y para el sistema universitario y científico de financiamiento público. Cómo no plantear, entonces, la utilidad del conocimiento y la cultura científica para la inclusión y el bienestar social.
Resulta necesario aclarar desde el inicio que es mejor transgredir los límites disciplinares y de las grandes áreas del conocimiento, que no franquearlos. Sólo así la ciencia, la tecnología y la innovación resultan un patrimonio capaz de beneficiar y llegar a la sociedad en su conjunto.
¿Cuál es la utilidad del conocimiento?
Como historiadora me interesa recordar que cuando se piensa en todo el ámbito de las ciencias y sus objetos de estudio, a principios del siglo XIX, se asimila ese pensamiento a una enciclopedia (Hegel, 2009: 15). Aunque no hay límites absolutos para lo particular de una ciencia. Las ciencias pueden ser empíricas o puramente racionales, pero siempre son o deben ser asumidas como concepto.
La idea se presenta entonces como un concepto adecuado que pondera equitativamente la objetividad y la subjetividad (Hegel). De allí se deriva el conocimiento y el saber que se expresa a través del lenguaje. Desde este punto de vista el conocimiento es utilitario en sí mismo y no exclusivamente por su finalidad práctica, sino por agregar valor y tener objetivos que, si bien –a mi juicio– no siempre son comerciales, pueden transformase en mercantiles, aunque el consumidor se reduzca a un simple actor social que consume ese conocimiento por gusto.
En la actualidad –más que en el pasado– hay que poder gestionar en la diversidad, sabiendo que el orden político no puede ser autónomo del mundo social. La comunicación y la alteridad (como lo expusiera Jürgen Habermas) son esenciales para afirmar el conocimiento, en términos de igualdad y diversidad.
Los desafíos del conocimiento y la cultura científica
Hoy el conocimiento aparece asociado –más que nunca– a la utilidad. La pregunta es, desde esta perspectiva: ¿en qué medida este sentido utilitario del conocimiento en un mundo globalizado se diferencia de la utilidad ética de todo conocimiento? No cabe duda de que las transformaciones tecnológicas influyen en la ciencia y a su vez la propia ciencia auspicia nuevas tecnologías e innovaciones dinamizadoras. Si desde una postura hegeliana la ciencia es conocimiento, resulta su transferencia, en tanto innovación, un elemento clave en pro de la igualdad (Hegel), toda vez que agrega valor al conocimiento.
No es posible eludir el desafío tecnológico, ni dejar de pensar en la economía (en tanto Ciencia Social) y sus vínculos con la sociedad del conocimiento. Es necesario, entonces, colocar en el escenario: la ciencia básica, la ciencia aplicada y la divulgación, junto a la formación de profesionales idóneos, y contando con la acción eficaz del Estado para asegurar la equidad social y contrarrestar los efectos de la concentración del ingreso.
Los actores de la generación y consumo de conocimiento no son sólo las universidades, sino las empresas, el propio Estado y hasta los medios de comunicación. En tal sentido, a la hora de plantear la gobernanza de la ciencia como un instrumento capaz de contribuir a su organización, el asunto fundamental es conciliar los intereses de sus actores principales: a) los investigadores, en tanto productores y transmisores del conocimiento; b) el Estado, como principal orientador de la política y proveedor de recursos financieros para el desarrollo del sistema científico y tecnológico de la Nación; c) las empresas, como receptoras de la transferencia de la producción científica y tecnológica y como demandantes de sus logros concretos y aplicables, aunque poco dispuestas a invertir en dicha producción; d) la sociedad, en tanto receptora de los avances científico tecnológicos.
En términos humanísticos es preciso recrear lo que Max Weber llamara “la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad” (Dri, 2009: 228). Vale decir, que lo ético pasa a ser fundamental en el marco de los desafíos actuales del conocimiento para nuestras sociedades profundamente desiguales. El quehacer científico tecnológico, la innovación y las políticas públicas deben atender a estas condiciones. No pueden gestionarse de espaldas a ellas.
El Estado refiere diferentes poderes. El centro activo de todos ellos es el gobierno. Los estamentos estatales encierran desigualdad en la distribución de la riqueza, de la educación y de la formación, que alcanza a los individuos. Siguiendo los argumentos hegelianos mencionados, el conocimiento tiene valores intrínsecos, que van más allá del tenor económico absoluto de su transferencia y trasciende el mercado, o debiera trascenderlo. Se trata de socializar sus beneficios con pragmatismo tanto ético como social.
La expresión “política científica” manifiesta ciertos problemas relacionados con los juegos de poder que atañen a la ciencia. Grandes equipamientos y concentraciones significativas de científicos adquieren relieve, otorgan poder y jerarquía que la comunidad de generadores de conocimiento saben construir. La llamada “ciencia grande” toma posesión de la escena desde hace varias décadas, y con ella las mayores inversiones y los grandes emprendimientos (De Solla Price, 1973). Junto con los mismos y en períodos más recientes, la cooperación internacional aparece respaldando los llamados “megaproyectos”, como ocurriera con el del Genoma Humano, por ejemplo. La propuesta es –ahora– una “nueva forma de producción del conocimiento científico”, con actores heterogéneos, atendiendo a contextos desiguales (Pestre, 2005). Son éstos los desafíos que debe enfrentar la ciencia, prestando atención a las necesidades sociales. El conocimiento científico adquiere así responsabilidad política (Coicaud, 2000).
Para toda América Latina, la cuestión es “el uso socialmente útil del conocimiento a partir de un campo específico de acción y de política pública y, desde allí, converger a la interacción con empresas ampliando progresivamente los horizontes de la vinculación” (Sutz, 2007: 113). Pero para socializar el conocimiento y apostar a una sociedad inclusiva, con menor concentración del ingreso y mayor equidad social, debe pensarse en un “régimen de saberes” capaz de remitir a una articulación con la realidad social, con sus efectos sistémicos (Pestre, 2005: 41). El debate cultural y científico no está disociado del espacio de las confrontaciones políticas (Quiroga, 2009), porque el lenguaje de la ciencia es cognitivo pero también político.
La “sociedad global de la información” y “la economía basada en el conocimiento” son los conceptos que se imponen (OCDE) en los países desarrollados, influyendo indefectiblemente en América Latina a la hora de plantear la naturaleza de la política científica como instrumento activo de alcance social. Es necesario establecer un “nuevo contrato social entre la ciencia y la sociedad” (Albornoz, 1999; Licha, 2007). En este contexto resulta significativo el papel que juegan los indicadores (Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, RICYT) desde 1995, especialmente cuando se trata de medir el desarrollo y diagnosticar si resulta posible elaborar e instrumentar una política para la llamada tecno-ciencia y más allá de ella (Pestre, 2005).
Los indicadores deben ser soportes de la realidad para ser útiles, porque lo técnico y lo político son parte sustantiva de sus funciones. Los observatorios en ciencia y tecnología procuran, precisamente, dar solvencia en materia de ecuanimidad a esos indicadores, para que no aparezcan manipulados y los gobiernos deben hacerse cargo de esta situación y tenerlos en cuenta a la hora de formular políticas públicas de mediano y largo plazo.
El carácter instrumental y utilitario de la ciencia es funcional a una determinada estructura de poder y hasta forma parte de la agenda política, porque “el conocimiento es un bien en sí mismo: más es siempre mejor”, aunque reconociendo que no se puede equiparar descubrimiento con tecnología, especialmente cuando –como ocurre en gran parte de América Latina– la ciencia es y debe ser de subvención pública y muy eficiente, al ser sometida a una competencia casi permanente y de alto nivel (Sulston y Ferry, 2003: 260).
No menos cierto es que el conocimiento es visto también como una mercancía. Para Patricia Gascón Muro “la economía del conocimiento abre un dilema entre dos objetivos incompatibles: garantizar el uso social del conocimiento, que es fuente de riqueza y desarrollo individual y social, o incentivar y proteger a los productores privados del conocimiento” (Gascón Muro, 2008: 7). Porque la llamada sociedad de la información supone también un funcionamiento del mercado de la información. Información y conocimiento son factores estratégicos. El camino que elija el Estado marcará la suerte de las sociedades.
El Banco Mundial es quien, apenas iniciado el siglo actual, se refiere al conocimiento como factor preponderante del desarrollo económico en un mundo globalizado (Gascón Muro, 2008), dado que las tecnologías de información y comunicación (TICs) permiten la acumulación del saber y se convierten en insumos para la innovación, como una auténtica red de conocimientos al servicio de la sociedad, o al servicio de la desigualdad social si no se garantiza su uso equitativo.
Es indispensable –por lo tanto– que la ética de la ciencia esté presente para “afirmar la propiedad común de un cuerpo de conocimientos en continuo crecimiento y la necesidad de que esté a libre disposición de todos”. Porque “la buena ciencia es una empresa de mercado libre y de personas libres”, arraigándose –como sostenía Hegel un siglo atrás– “tanto en la industria como en la filosofía” (Sulston y Ferry, 2003: 268), para que el “espiral de la cultura científica”, vuelva enriquecido al punto inicial con la participación ciudadana.
Hoy, las plataformas virtuales se han convertido en una herramienta de vital importancia para la comunicación de la ciencia. “Dentro de ese fenómeno se inscribe el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC)”, sostiene la especialista Verónica Fuentes en una encuesta efectuada recientemente por la OEI. Lo hace para destacar la importancia de esta plataforma digital en tanto agencia pública de noticias, inaugurada en febrero del 2008 por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que a su vez depende del Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Un ejemplo que la Argentina también puede desplegar al amparo de sus leyes y contando con la asignación presupuestaria pertinente y orientada a tales fines. No se trata de una cuestión presupuestaria que el Estado pueda soslayar, si quiere perdurabilidad en los cambios que propone a favor de una sociedad inclusiva.
En síntesis, hemos pasado de la ciencia a la tecnociencia, y las naciones deben recoger los beneficios de este recorrido científico tecnológico, sin desconocer “el eje científico y productivo” (Guadagni, 2010) basado en la formación de recursos humanos de alto nivel, de quienes hoy se hace depender la innovación y la competitividad, y a los que apela el último informe de la UNESCO.
Si el Estado pretende utilizar ajustadamente sus recursos, de ningún modo puede soslayar las partidas destinadas a ciencia y tecnología, cuando pretende disminuir los índices de pobreza, desempleo, analfabetismo o desnutrición. La producción de conocimiento debe ser irreductible, y es preciso retroalimentar socialmente el nexo entre Conocimiento, Ciencia y Tecnología. Sabiendo que la ciencia forma parte del bienestar cultural de una sociedad y es patrimonio de la Nación.
La cultura científica ocupa un lugar sustantivo para el desarrollo económico y social. Aunque The New York Times, al analizar la evolución de los medios de comunicación e información, se refiera a “una Internet darwiniana” como una forma de explicitar que “las especies digitales deben adaptarse o morir” (Lohr, 2010), lo cierto es que el consumo de la información científica ha pasado a ser una necesidad social.
Es preciso, entonces, que no sólo la dirigencia, sino esencialmente la sociedad, entiendan al conocimiento como una inversión a largo plazo y no como un gasto superfluo o prescindible. Ese es el respaldo fundamental que se requiere para reclamar un presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología que pueda alcanzar –como se propusiera en varias oportunidades– el 1% del PBI. Al mismo tiempo, es preciso advertir que para la formulación y aplicación de adecuadas políticas públicas que aspiren a fortalecer la función social de la ciencia y la tecnología, resultan imprescindibles buenos y certeros diagnósticos de la realidad imperante, que requieren –sin lugar a dudas– de la participación activa de la Ciencias Sociales, como una de las grandes áreas del conocimiento capaces de contribuir a la construcción de certezas en una sociedad jaqueada por la incertidumbre.
Bibliografía
Albornoz M (1999): Política científica. Buenos Aires, módulo para el dictado de un curso.
Coicaud JM (2000): Legitimidad y política. Contribución al estudio del derecho y de la responsabilidad política. Rosario, HomoSapiens.
De Solla Price D (1973): Hacia una ciencia de la ciencia. Madrid, Ariel.
Dri R (2009): La rosa en la cruz. La filosofía política hegeliana. Buenos Aires, Biblos.
Gascon Muro P (2008): “La economía del conocimiento o la reinvención del capitalismo”. Veredas. Revista del pensamiento sociológico, 17-9, México, UAM.
Guadagni A (2010): Alieto Aldo Guadagni, miembro de la Academia Nacional de Educación. Clarín, Buenos Aires, 6-2-2010, Sección Rural.
Hegel GWF (2009): Enciclopedia filosófica para el curso superior. Buenos Aires, Biblos.
Licha I (2007): “Investigación científica y desarrollo social en América Latina”. En Claves del desarrollo científico y tecnológico de América Latina, Madrid, Fundación Carolina-Siglo XXI.
Lohr S (2010): “Una Internet darviniana. La evolución de los medios se acelera y las especies digitales deben adaptarse o morir”. The New York Times, 28-8-2010.
Pestre D (2005): Ciencia, dinero y política. Buenos Aires, Nueva Visión.
Quiroga H (2009): “Crítica y responsabilidad pública. A propósito de los intelectuales”. En El político y el científico. Ensayos en homenaje a Juan Carlos Portantiero, Buenos Aires, Siglo XXI-UBA.
Sulston J y G Ferry (2003): El hilo común de la humanidad. Una historia sobre la ciencia, la política, la ética y el genoma humano. Madrid, Siglo XX.
Sutz J (2007): “Relaciones Universidad-Empresa en América Latina”. En Claves del desarrollo científico y tecnológico de América Latina, obra citada.
Noemí M. Girbal-Blacha es doctora en Historia (UNLP), investigadora superior emérita del CONICET y profesora emérita de la UNQ.
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