La política pública de vacunación

La pandemia global y, en nuestro caso, la tragedia sanitaria más importante de nuestra historia,  ha obligado a innovar al Estado, a ponerlo en el centro de la escena en su rol de Estado presente, y en particular, en sus políticas públicas, a crear nuevos instrumentos –como IFE, ATP, Procrear– para sostener y contener a los sectores vulnerables en situación de precariedad,  hambre y desempleo, para sostener su aparato productivo –con una ética pública del cuidado– y fundamentalmente para encarar una política de vacunación apoyada en dos alas: la obtención de vacunas y su producción. Asimismo, el sector público ha estimulado fuertemente las agencias de ciencia y técnica, la fabricación de ventiladores, ropa sanitaria adecuada, kits de testeo y medicamentos que refuerzan anticuerpos, para producir localmente y aumentar la cantidad de salas intensivas. Lo estratégico que mencionamos aquí refiere a aquellos acuerdos que van más allá de una coyuntura y un gobierno, que se trasladan en el tiempo por la significación y el impacto que alcanzan en la salud de la población y que tienen que ver con el cumplimiento de un objetivo central: tener vacunas suficientes para vacunar al sector vulnerable de la población y, en lo posible, producirlas localmente. En lo que sigue evaluaremos esto.

 

Tres acuerdos estratégicos

El acuerdo con la Federación Rusa y, particularmente, con el Instituto Gamaleya para la provisión y producción de vacunas Sputnik V, 1 y 2: por él ya han llegado a la Argentina más de ocho millones de vacunas en vuelos directos, y también para su producción en nuestro país por el Instituto Richmond, que empieza este mes. Este fue el primer acuerdo que empezó a funcionar en la provisión de vacunas en un momento particularmente crítico para el país, porque la apuesta inicial con AstraZeneca para producir localmente estaba trabada, con detención de partidas en Estados Unidos, y el país se había quedado sin opciones razonables para proveerse. En el marco de una geopolítica de las vacunas en que los países desarrollados han mostrado una voluntad de acaparamiento y de falta de solidaridad con el resto del mundo –se han quedado ocho de cada diez vacunas– este acuerdo fue muy significativo, básicamente por la situación límite en que se realizó. Cuando el país se quedó sin política de provisión de vacunas por el retraso de AstraZeneca, no cedió a las negociaciones leoninas que pretendía Pfizer, y esto fue un salto cualitativo para la gestión de la vacunación: poder contar con una vacuna confiable, testeada por la ANMAT y que continúa hasta hoy. Con contratos con Rusia que exasperan a la derecha argentina, hoy en día la Sputnik V es aceptada en casi 70 países, pese al hostigamiento geopolítico y a la guerra desatada por las otras vacunas. La realidad es que sus niveles de protección con una sola dosis superan a la de Johnson & Johnson, y en el próximo mes comenzará la producción local de vacunas Sputnik V mediante procesos de transferencia tecnológica hacia el Instituto Richmond de Pilar.  El Instituto Gamaleya ha confirmado a su vez el control de calidad satisfactorio de tres lotes de cada uno de los componentes de la vacuna Sputnik local. En un comunicado, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se importarían antígenos de los componentes 1 y 2 de esta vacuna para avanzar en su fabricación local.

El acuerdo Argentina-México para la producción de vacunas AstraZeneca, que ya cumplió con un primer envío, comenzó a fines del año pasado como gran promesa –que sufrió retrasos por diversas razones– de producción conjunta entre Argentina y México del componente activo que se fabrica en el laboratorio mAbxience de Garín. Al mismo tiempo, las alternativas caprichosas de la pandemia afectan el mercado concentrado de producción de vacunas y lo hacen inestable, con contratos que se firman hoy y que no se cumplen, o se retrasan las entregas, y las negociaciones se mantienen en permanente movimiento. A fines de mayo llegaron al país 2.148.600 vacunas de AstraZeneca, cuyo componente activo se produjo en la Argentina y se terminó de procesar y envasar en México. Es estratégico este acuerdo, en la medida que tiene elementos de producción nacional, junto con el acuerdo AstraZeneca-Oxford y con México, en una relación de integración regional que va del norte hasta el sur del continente. Constituye un elemento emancipatorio: empezar a producir una vacuna contra el virus, contar con tecnología propia y vacunas destinadas no solo para Argentina y México, sino también para los países de la región con más carencias.

El acuerdo con la vacuna china Sinopharm y la cubana Soberana. Con la primera, el gobierno está cerrando un nuevo contrato que implica otros cuatro millones de vacunas en julio. Con el laboratorio que produce la vacuna Sinopharm ya llegaron cuatro millones y hay conversaciones avanzadas en conjunto con la empresa argentina Sinergium para también hacer parte del proceso productivo final del principio activo en el país. Esto, sin contar con posibles envíos de COVAX de la OMS, por donde llegaron 199.000 y del que restan unos siete millones de dosis. Con estos aportes y la llegada de las últimas partidas de esta semana, la Argentina supera los 20 millones de vacunas. Finalmente, se está ya en los últimos acuerdos de confidencialidad con la vacuna Soberana 02 y Abdala, que ya terminó la fase 3 de ensayos clínicos y que se empezará a producir en el país. Cuba es el único país latinoamericano en desarrollar completamente una vacuna, y tiene un sistema de Ciencia y Tecnología de investigadores e investigadoras que cierra el círculo virtuoso de lo que significa la investigación básica, el desarrollo de ensayos clínicos, la producción a gran escala de productos y la aplicación a la población. Asimismo, a pesar del alto índice de contagios y letalidad que todavía registra nuestro país, en el pico de la segunda ola, los efectos de la vacunación ya se hacen notar, ya que la edad promedio en terapia intensiva bajó de 67 a 57 años desde febrero. Estamos en el pico de la segunda ola, y al mismo tiempo en el récord de vacunados por día: más de 300.000.

 

Liberen las patentes

Hasta ahora, en Argentina se vacunó al 20% de la población con al menos una dosis, lo que le tomó al país cinco meses por los avances y retrocesos en la provisión. Ahora, están dadas las condiciones para que la Argentina duplique la cantidad de inoculados e inoculadas en los próximos dos meses. La experiencia inglesa muestra que una vez que se pasa el 45 % de la población vacunada se llegaría a la inmunidad de rebaño y, en ese sentido, el mes de agosto podría ser el principio del fin para la amenaza pandémica. El gobierno impulsa la posibilidad de tener a fin de junio cerca del 40% de la población vacunada, lo que incluye al 100% de las personadas consideradas de riesgo de acuerdo al Plan de Vacunación: personal de salud, mayores de 60 años, parte del personal estratégico o esencial, y mayores de 18 años con ciertas enfermedades preexistentes.

Es importante consignar que en este proceso se está configurando en Argentina un sistema médico y científico y tecnológico de alta calidad y de ciencia aplicada, constituyendo una importante cadena de valor para una estrategia de desarrollo con valor agregado. La activa colaboración entre distintos actores públicos y privados, nacionales y del exterior, ya está encarando la producción y la distribución masiva de vacunas y medicamentes, no solamente para enfrentar la actual pandemia, sino para establecer un proceso productivo inteligente, sólido y continuo.

Asimismo, una pandemia es un problema global, y como tal hay que buscar soluciones a ese nivel. En ese sentido, cabe destacar la posición del país de buscar lograr un acuerdo en la OMC, con diferentes países en favor de un waiver sobre las patentes que rigen estas vacunas: la declaración universal de la vacuna contra la COVID-19 como bien global de la humanidad. Esta política busca liberar las patentes y es una movida en que intervienen múltiples actores contra los laboratorios y países que se oponen. Además, esta posición de rechazo a este acuerdo genera diversos interrogantes: ¿a quién pertenece la ciencia y la tecnología? Como señala Jeffrey D. Sachs (Proyect Syndicate, 29-4-2021), “La propiedad intelectual debe servir al bien mundial, en lugar de que la humanidad sirva a los intereses de unas pocas empresas privadas. Y en el caso del COVID-19, el bien global no está en duda: una rápida inmunización mundial, para salvar vidas, prevenir la aparición de nuevas variantes y acabar con la pandemia”.

Ahora bien, ni bien se supo la intención de Estados Unidos de apoyar el waiver, las empresas farmacéuticas –cuyos principales accionistas son fondos de inversión como BalckRock y The Vanguard Group– comenzaron a manifestar su oposición. “El waiver debería aprobarse porque es la única respuesta que se reconoce como eficaz en el contexto actual. Los sistemas de desarrollo y producción alternativos al ADPIC han sido progresivamente devastados en todo el mundo, afectando gravemente las capacidades para responder de manera efectiva y colaborativa a esta pandemia”, afirmó Di Giano y subrayó que, por eso, en paralelo a la resolución de la emergencia, que es la prioridad en este momento, también es necesario que se generen debates en todos los niveles, incluso en la OMS, sobre los posibles modelos de innovación tecnológica en materia de salud que no estén vinculados con el lucro de empresas, sino en preservar la vida de toda la población.

 

El papel de la oposición en el plan de vacunación

En esta evaluación de la política sanitaria y de vacunación de nuestro país no puede dejarse de lado el rol jugado por la oposición. No ha sido menor el rol de Juntos por el Cambio en este sentido, y parece paradojal que un tema tan central como la campaña de vacunación contra una pandemia –en que está en juego la vida de millones– haya sido elegido por la oposición como eje para oponerse al gobierno nacional, para no cooperar con la campaña y hasta judicializar decisiones de índole política y epidemiológica. La Corte Suprema se sumó a ello con todo su enorme poder jurídico. El punto de inflexión para esta posición adversativa fue el momento en que la Argentina, con el acuerdo con AstraZeneca obturado por razones de filtros no proporcionados por Estados Unidos al laboratorio de México, y las inaceptables condiciones que proponía Pfizer para acceder a vender –como lo hiciera con Brasil–, se optó por acceder a la vacuna Sputnik V. Ese escenario fue el exacto momento en que la oposición optó por ser lobista de Pfizer, jugando un rol que es expresión de los intereses de ese laboratorio y de la agenda de Estados Unidos para la región. Esta vacuna es transformada en un emblema de crítica al gobierno por una supuesta negativa a adquirirla, y por razones geopolíticas, apoyando a Estados Unidos contra toda intromisión o competencia de China o Rusia que pudiera cuestionarle su poder blando sobre la región y su rol salvador en última instancia.

Si primero para la oposición fue la acusación de envenenamiento sobre la vacuna Sputnik, asistimos luego a una cantidad de mentiras secuenciadas, apoyadas por la prensa hegemónica. A fines del año 2020, la vacuna era “una gran estafa nacional” que resultaba “un negocio entre Cristina Fernández de Kirchner y los rusos”. También se realizó un alegato para no aplicarse ninguna vacuna que no viniera de un país democrático. Después la oposición se centró sobre la falta de vacunas; la imaginaria falta de voluntad de acordar con este laboratorio y la denuncia al presidente y al exministro de Salud de intentar generar un cohecho en la relación con Pfizer.

En los primeros días de junio los titulares de los grandes medios anunciaron que el Fondo COVAX aseguraba que el gobierno no había aceptado el envío de vacunas Pfizer. El director de este Fondo para América Latina, Santiago Cornejo, rectificó sus dichos en torno a esa vacuna, afirmando que “La Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer”.

 

Fake news e inmunidad de rebaño

Vacunarse contra las fake news sería casi tan importante como vacunarse contra el virus. Ya en Francia están creando agencias que controlan la infodemia y la mentira en los medios. Lo primero sería prevenirse contra la mentira serial de la oposición que genera confusión, desentendimiento y una crítica a todo lo que realiza el gobierno en términos de salud pública. Es falso que Argentina rechazó la compra de 14 millones de dosis de Pfizer, y es falso que rechazó cuatro millones del fondo Covax, cuando en realidad toda la disponibilidad que puso ese laboratorio para América Latina fue poco más de un millón de dosis.

Por último, podemos señalar los usos políticos de la pandemia, que en el coqueteo de la derecha argentina con el extremismo discursivo se puede explicar en términos de estrategia electoral o marketing, y puede ser por lo tanto coyuntural, pero no es ético, sobre todo cuando se está jugando con la salud de la población. Asimismo, “conviene prestar atención a estos flirteos de los usos electorales de la pandemia, porque van corriendo el marco de los decibeles: Lo que era vergonzante se expone a plena luz, lo que era descartado de plano adquiere un lugar relevante” (Sergio Morresi, “La pandemia como arma de la derecha”, Le Monde Diplomatique, 264, junio 2021).

Lo cierto es que, a pesar de todos estos obstáculos y dificultades de los laboratorios de los países desarrollados y de la derecha opositora, en la lucha contra la pandemia la Argentina está desarrollado una política pública ágil y eficaz con la obtención de 20 millones de dosis, y se encamina a lograr la inmunidad de rebaño y a tener capacidad de producción propia. No es poco. Es un hito de una política pública que forma parte esencial de la reconstrucción del país, porque es parte de la lucha central a favor de la vida en la que el Estado y la sociedad están empeñados.

 

Daniel García Delgado es director del Área Estado y Políticas Públicas de FLACSO Argentina.

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