La percepción de la responsabilidad estatal como producto de la aplicación de la estrategia clientelar: Fuerte Apache

El análisis del presente escrito tiene como eje central el estudio del Barrio Ejército de los Andes. Abordaremos también la cuestión estatal en cuanto a sus formas de representación política y articulación, basándonos en las reflexiones de Bob Jessop (2017). Se pretende poner el ojo en la situación de deterioro del complejo y cómo las prácticas estatales en materia de clientelismo –entendiendo este último como la falta de generación de soluciones estructurales– desencadenó la formación de una percepción de quienes acceden a cierto tipo de políticas. Se pretende dar cuenta de las consecuencias en materia de representación social que traen aparejadas las intervenciones estatales de tipo asistencialista en barrios vulnerables, políticas asistenciales y clientelares que quedaron involucradas en mejoramientos dentro de la propiedad privada y que generaron una visión ambigua en cuanto a los límites estatales, en tanto dicotomía público-privado. Ese asistencialismo tuvo una seria injerencia en una idea que cala hondo, que se enraíza en lo discursivo de las y los habitantes y que sostiene que “es el Estado el que debe resolver no solo las problemáticas de los espacios públicos, sino también las de las propias unidades habitacionales”. Esta idea cuenta con un andamiaje de experiencias de obras que la sostienen y la refuerzan, que se presentan como un problema al plantear el alcance o los límites de las intervenciones gubernamentales.

El Proyecto Nacional de Revitalización Socio-Urbana (2016) para el barrio contó con la propuesta de conformación de un equipo territorial –del cual formé parte– que tuvo como tarea la realización del acompañamiento social y la inspección técnica de las obras de mejoramiento. Como pilar fundamental del inicio y el avance de las obras se llevaron adelante reuniones participativas que convocaron a toda la comunidad, y no solo a las y los referentes por sector del barrio. De esas reuniones se retomaron los discursos de las vecinas y los vecinos, quienes exponían no solo sus necesidades, sino también sus percepciones y sus miradas del accionar estatal.

Ejército de Los Andes, si bien se corresponde con la lógica eficientista de construcción de vivienda social, también posee al menos dos diferencias con otros barrios. En primer lugar, la materialidad: si bien esa lógica habla de una utilización mínima de recursos, las construcciones del barrio son de calidad, duraderas y resistentes. El hormigón y el hierro son los materiales principales. Por otro lado, presenta un carácter diverso en cuanto a la capacidad de las unidades habitacionales, que tienen entre dos y seis ambientes. Poniendo la mirada en el barrio por completo, puede verse que, en contradicción con lo que suele suceder con este tipo de planes de vivienda, el barrio no se ubica en la periferia de la ciudad. Respecto a su composición poblacional, albergó a empleados municipales, efectivos de la Policía Bonaerense y la Gendarmería, habitantes que fueron erradicados de varias villas capitalinas, migrantes de provincias del interior e inmigrantes, en su mayoría bolivianos, peruanos y paraguayos, pero también hay provenientes de Laos y Corea del Sur, y hasta fue habitado por comunidades tobas. Se estima que el barrio aloja a 55.000 habitantes.

Desde el nacimiento del barrio, el tipo de intervenciones, acercamientos y políticas públicas se han direccionado de acuerdo a las consideraciones de los gobiernos de turno. La suerte del barrio ha ido desde el abandono completo hasta una cantidad de obras que terminaron desdibujando las responsabilidades y los alcances en cuanto a diferenciación entre espacio público y privado.  Tal como sostiene Jessop (2017), la representatividad para los estados es el medio mediante el cual abren sus puertas a las fuerzas sociales existentes, habilitan el acceso a sus instituciones y ponen a disposición sus capacidades. El fin de este mecanismo es evitar las crisis de representatividad tan temidas por quienes gobiernan, independientemente de en qué nivel lo hagan. Hablar de los modos reales de representación política en los distintos ámbitos y escalas de acción nos pone ante la identificación de distintos modelos, unos más dignos y otros más eficientes, más allá de cómo operen, en la formalidad o en la informalidad. Dentro de estos modos de representación se encuentra lo que se identifica con el clientelismo político, también conocido como asistencialismo. “Está basado en la concesión de apoyo político, a cambio de una asignación favorable de recursos mediados políticamente. Se trata de una relación jerárquica entre clientes dependientes y patrones superiores” (Jessop, 2017: 107). Esta forma de encarar la representación trae aparejada efectos que se relacionan con las maneras en las que se terminan constituyendo las fuerzas de base y la capacidad que adquieren para el acceso al sistema estatal. Como contrapartida, este mecanismo tiene la peligrosidad de llevar a las partes a una arena de tensiones, a propiciar estancamientos, callejones sin salida, y de generar alianzas interesadas.

Son esas fuerzas en desacuerdo las que imponen los modos de representación más funcionales en un momento dado. La relación entre la representación y la intervención es muy estrecha. Como menciona Adamovsky (Levalle, 2016: 36), “no debe olvidarse que el clientelismo es un tipo de relación que refuerza las jerarquías de poder existentes, al hacer aparecer como dádivas personales lo que son, de hecho, recursos estatales cuyo origen es el trabajo de la sociedad y no el bolsillo de quien se pretende un benefactor”. Esta idea se contrapone a muchos otros trabajos que abordan la cuestión clientelar sin hacer mención a este factor.

La materialización de obras de infraestructura es la gran protagonista de la estrategia clientelista. La falta de uniformidad de criterio para su ejecución es la coprotagonista. Es ahí donde queda expuesta la lógica clientelar. La crítica más ferviente que esbozan las vecinas y los vecinos del barrio se centra en un punto clave: los criterios de selección de las intervenciones, las cuales no se corresponden directamente con la criticidad de cada situación, sino con la relación de aproximación –clientelar– entre punteros y líderes de las agrupaciones con algunos sectores del gobierno.

La asistencia se efectivizó durante mucho tiempo mediante la entrega de materiales de construcción de una manera indiscriminada. En un barrio con una extensión de 26 hectáreas terminó ocurriendo un “beneficio colateral”: algunos habitantes del barrio se vieron afectados por las obras de manera positiva, por habitar un espacio dominado por algún representante de porte.

Si bien muchos autores atribuyen el origen de la estrategia clientelista al peronismo, lo cierto es que la misma ha sido utilizada a lo largo de tiempo por las distintas corrientes ideológicas que pujan de cara a ganar elecciones y tomar el mando, o bien para sostenerse en el poder. En el Municipio de Tres de Febrero, después de 28 años de intendentes peronistas, en el año 2015 arribó al poder un gobierno de oposición, de la afiliación partidaria Cambiemos. La modalidad de aproximación al barrio fue la misma que la precedente, mediante referentes barriales, quienes siempre están dispuestos a relacionarse con las y los representantes de turno. Y si bien es verdad que al principio de la gestión se suscitaron intentos de ampliar la representatividad en el barrio convocando a más vecinas y vecinos particulares –es decir, por fuera de las agrupaciones, abriendo la comunicación a la comunidad en cada sector– lo cierto es que en la campaña previa a las elecciones de 2019 se visualizó una vuelta de lleno a la estrategia clientelar por parte del nuevo oficialismo.

Tal como sostiene Levalle (2016: 37), “no todas las personas que participan en las relaciones clientelares en tanto clientes perciben a las mismas como una manera activa de hacer política para resolver problemas ni, menos aún, para superar las condiciones de vida en que se encuentran”. Pero la percepción es un proceso interpretativo de la realidad social y de los comportamientos que en ella se suscitan. La realidad social es socialmente aprendida y se encuentra íntimamente vinculada a la estructura social (Schutz, 1990). Mediante estos conceptos se pretende tender un puente entre lo que interpretan las y los habitantes del barrio sobre las funciones del Estado: la percepción que tienen de él y de las funciones estatales formalizadas en normas. La experiencia estatal dentro del barrio Ejército de los Andes fue condicionante de esas percepciones. La estrategia del clientelismo como modo de representación influenció esa mirada, y el tipo de intervenciones modificó la percepción sobre las funciones que corresponden a cada uno de los actores: Estado y vecinos o vecinas. La lógica asistencialista se apoderó de las y los habitantes, sin distinción al menos formal de sus posibilidades económicas reales. Es ahí donde entra en juego la mirada que se tiene sobre el Estado y se entiende que el desmejoramiento barrial se debe exclusivamente al abandono estatal, como si la comunidad no tuviera papel alguno en él. Pero, a su vez, es ese mismo Estado quien promueve y reproduce esa idea, desde el mismo momento en que interviene con obras efectivas y no con una promoción de la organización popular.

El análisis de los discursos de las y los vecinos establece que el nivel de deterioro es tan grande que no pueden afrontarlo, aunque, por otro lado, tampoco se hacen efectivas mejoras básicas que podrían llevar adelante, tales como la limpieza de los espacios comunes. A su vez, reclaman el acondicionamiento de algunos servicios básicos, pero, cuando son informados acerca de que eso traería aparejada su regularización, desisten del pedido. Por otro lado, solicitan obras que implican un mantenimiento riguroso posterior, algo que tampoco pueden asegurar. Estas cuestiones hacen eclosión en el momento en que sostienen querer tener “los mismos derechos que cualquier ciudadano” en materia de bienestar, pero no asumen que ese derecho trae consigo la contrapartida de cumplir con ciertas obligaciones ciudadanas, tales como el pago de impuestos provinciales y municipales, por citar una sola. En tiempos en que empoderar pareciera ser una salida, muchos y muchas habitantes del barrio prefieren apropiarse de los procesos y los conceptos negativizados que los y las definen en función del espacio que ocupan.

La revictimización por vivir en un espacio segregado, estigmatizado, pasa a ser la estrategia del barrio para conseguir una serie de respuestas estatales que se renuevan constantemente y parecen no tener fin. Cabe destacar además que el complejo no se ubica dentro de los registros de barrios vulnerables: ni RENABAP ni RPPVAP lo consideran como tal. La heterogeneidad de condiciones económicas y de propiedad hacen la diferencia. La paradoja que se esconde atrás de esta dinámica es que, si bien en lo discursivo no están a gusto con los espacios donde desarrollan sus vidas y su cotidianeidad, tampoco tienen como proyección mudarse del barrio. Los desplazamientos se producen en su mayoría internamente, con lo que resulta llamativo el insuficiente compromiso y apropiación que tienen para los espacios donde recaen obras de revitalización. Como ya se dijo, las prácticas estatales de intervención en su modalidad clientelista dejan huellas indelebles en aquellos espacios en donde se materializan, generando como consecuencia no sólo una percepción embrollada de las obligaciones y responsabilidades del Estado, sino que además provoca la volatilización de los deberes y las responsabilidades ciudadanas.

La experiencia estatal dentro del barrio es cuestionable, si nos remitimos a las formas de encarar las intervenciones, a los criterios de selección, a los modos de pisar en el territorio y a la toma de decisiones unívocas que muchos gobiernos han llevado adelante. La encrucijada de la estrategia clientelar lleva a la imposibilidad de marcar fronteras y delimitaciones. La estrategia asistencialista o clientelar tiñe las intervenciones, y el Estado parece no encontrar ninguna salida airosa a los reclamos sin fin. Y es allí donde el límite entre lo público y lo privado se desdibuja, donde toma cuerpo la presencia del Estado como único actor con la obligación de resolver todos los problemas que tengan relación con las condiciones de habitabilidad de un espacio dado. Un Estado que, en el mejor de los casos, atiende y adquiere cierto compromiso con estas problemáticas, más allá de cuál sea su plan de acción, y que, en el peor de los casos, se alinea con lógicas de tinte neoliberal y libra a estos espacios a su propia suerte, dando como resultado una erosión, un desgaste y un deterioro aún mayores.

Hace un año, Olga Waistein, quien fuera parte del equipo que diseñó el barrio Ejército de Los Andes, entre otros de similares características, realizó un mea culpa en nombre del estudio de arquitectura al cual pertenecía (Staff), sosteniendo que el barrio, en tanto tipo de diseño de vivienda social, había sido un gran error. Desde el estudio, tal como lo sostiene Olga, “la gente era una preocupación, mientras que desde el Estado solo apuraban la entrega de viviendas”. Los números siempre primaron por sobre las condiciones, las calidades, las funcionalidades, los usos y la gente. Analizar si el diseño arquitectónico del barrio fue realmente un desatino será parte de una futura investigación.

 

Referencias

Adamovsky E (2012): Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1880 hasta 2003. Buenos Aires, Sudamericana.

Jessop B (2017): El Estado. Pasado, presente y futuro. Madrid, Los libros de la Catarata.

Levalle L (2016): El proyecto neoliberal en Argentina durante los años noventa. Cambios estructurales y abordajes interpretativos. Tesis de grado, UNLP.

Schutz A (1990): El problema de la realidad social. México, Gedisa.

Waistein O (2019): “Fuerte Apache y Soldati. El diseño de ese tipo de vivienda social fue un error”. La Nación, 17-6-2019.

 

Laura E. Donadío es licenciada en Sociología (UBA), especialista en Políticas Públicas para la Igualdad (CLACSO-FLACSO Brasil) y jefa de Trabajos Prácticos de Psicología Social en la Universidad de Morón.

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