La Argentina es un país ubicado en “el fin del mundo”, con una superficie de casi tres millones de kilómetros cuadrados y una base socioeconómica históricamente agroexportadora. En una cuarta parte del territorio se concentran desde los inicios del siglo XX las tres cuartas partes de la población, la agricultura, la ganadería y la infraestructura direccionada a la ciudad-puerto de Buenos Aires. El ordenamiento del territorio enlazado al poder y las políticas públicas –como expresión para regir los asuntos de gobierno–, así como el funcionamiento de las instituciones y la generación de conocimiento, se convierten en protagonistas a la hora de explicar la desigualdad regional. Quien aspire a diseñar un plan estratégico de gobierno –más allá de su militancia partidaria– debe hacerlo, entonces, a partir de un diagnóstico construido de cara a estos asuntos centrales, para intentar superar las crisis cíclicas que hemos vivido y seguimos viviendo los argentinos, independientemente de los perfiles ideológicos y gubernativos de la dirigencia de turno.
El territorio es un espacio construido socialmente. Su gobierno adecuado es una cuestión política, pero también ecológica, social y económica. La organización del mismo es un desafío que suele enfrentarse a una escasa cultura social y jurídica capaz de incidir en el ordenamiento del territorio. Trasciende el plano del propio del suelo. “Es el espacio físico efectivo de la comunidad política”, un elemento constitutivo del Estado y –al mismo tiempo– es “un bien jurídico ideal y complejo” (Vaquer Caballería, 2018: 18). Una gestión de los recursos naturales de modo responsable que incluye la protección del medio ambiente y de la agrobiodiversidad (Soluri, 2013) es condición necesaria para usar racionalmente el territorio. Al mismo tiempo, “significa el espacio en que el poder del Estado puede desenvolver su actividad específica, o sea la del poder público” (Jellinek, 2000: 385), vale decir, un modo de enunciar conceptualmente el territorio y que sea capaz de articular esta Argentina desigual.
Los vínculos entre el territorio y el Estado –entendido en su dualidad de expresar a la sociedad en su conjunto y ser instrumento de los sectores dominantes– se expresan tanto en la organización y gobernanza como en el ejercicio del poder, mientras la cultura opera como agente mediador entre la sociedad y la naturaleza (Santos, 1996). Así “el territorio delimita el ámbito de aplicación de las normas y de las competencias” (Vaquer Caballería, 2018: 41). El territorio conforma el Estado y éste gobierna el territorio. Entonces el ordenamiento resulta un concepto capaz de integrar las políticas públicas que lo definen y modifican en toda su complejidad. El desarrollo territorial sostenible es el principio que se proponen vertebrar las políticas que lo gobiernan, protegiéndolo y transformándolo. Los principios éticos y la evaluación se convierten en componentes sustantivos cuando se trata de ponderar el impacto de las políticas públicas.
También existe entonces un “desgobierno del territorio”, asociado al crecimiento económico sin objetivos precisos, la degradación ambiental, la distribución inequitativa de la población en el espacio, el desequilibrio entre política territorial e infraestructura, la concentración del ingreso, la privatización del espacio público, las trabas a la planificación del territorio, la discrecionalidad administrativa y la corrupción (Vaquer Caballería, 2018). Hoy la territorialidad se presenta como un fenómeno poroso y complejo, por la importancia que cobra la política de gobierno del territorio, las tecnologías vinculadas a factores biogeográficos y sus vínculos con la cohesión del mismo (Daniele y Di Ruggiero, 2017). En este contexto, el poder como una relación social asimétrica –que en clave weberiana trasciende la autoridad– asume un papel central para conocer las economías regionales, sus desigualdades y crisis, sus redes agrícolas, de innovación y sus diferencias, más allá del perfil agroindustrial que las caracteriza (Zapata, 2005). Si el poder es más que una institución y una expresión jurídica, si configura una relación desigual de fuerzas móviles y de distinto rango, coherente y contradictorio a la vez, y también es expresión de las hegemonías sociales, puede afirmarse que donde hay poder hay resistencia, que alimenta la denominada por Michel Foucault: polivalencia táctica de los discursos.
Poder y saber se articulan en el discurso, como “una serie de segmentos discontinuos cuya función táctica no es uniforme ni estable”, sino resultado de una multiplicidad de elementos argumentativos que actúan diferente ante estrategias diversas. El proceso es complejo y el discurso puede –a la vez– ser instrumento y efecto del poder, pero también resulta punto de inicio para elaborar una estrategia opuesta. “El discurso transporta y produce poder”, pero además lo expone, lo torna frágil y le fija límites. Le impone tolerancias, aunque no siempre sean nítidas. Los discursos actúan como “bloques tácticos” en el campo de las relaciones de fuerzas e integran la estrategia que se propone (Foucault, 1985; Blacha, 2015). Quienes pretenden ser parte de la dirigencia política no pueden ignorarlo y las instituciones son el canal adecuado para darles cuerpo. Los hechos no se imponen por sí mismos. Un discurso los acompaña, los legitima o los descalifica y los impregna, en tanto conjunto de procedimientos intelectuales. Un estudio que analice el poder debe tener en cuenta –dice el lingüista Teun Van Dijk– un recurso de control social como el discurso público. En tal sentido, su análisis y su estilo retórico aportan algunas claves para desentrañar los rasgos de una gestión gubernativa especialmente en relación con el ordenamiento del territorio, la acción social y el diseño de las políticas públicas (De Ipola, 1999; Lechner, 1997).
Por otra parte, las políticas públicas inciden en la legitimidad del sistema político y son parte de una burocracia técnica y política –como reguladoras institucionales– imbricadas en la acción estatal. Implican establecer acuerdos. Hacen referencia a la parte operativa de las decisiones políticas. Son acciones estructuradas del Estado, con desempeño nacional, territorial y sectorial. Se vinculan a “la construcción y el fortalecimiento del Estado” (Otalora Buitrago y Vivas Cortés, 2011).
Las instituciones entendidas como una “configuración social”, en tanto conjunto de normas y pautas de comportamiento aceptadas por la sociedad, pero también como entidades organizadoras de la realidad (partidos políticos, sindicatos, Iglesia, organizaciones no gubernamentales) y cuya crisis se torna manifiesta desde hace décadas, merecen ser recreadas y fortalecidas en la Argentina, trascendiendo las diferencias ideológicas y de partido. Por otra parte, la “sociedad en redes” exige reorientar el análisis de las relaciones sociales, tanto en el orden jerárquico como institucional o de autoridad y sus vínculos con el Estado, sabiendo que historia, memoria y olvido forman parte de las representaciones del pasado que deben recrearse en favor de la identidad nacional, teniendo en cuenta que siempre se construyen desde el presente.
Respecto de la importancia de la producción del conocimiento es preciso recordar que el lenguaje científico que le da consistencia cumple funciones científicas, pero también políticas. Desde la argumentación racional se construye un campo de comunicación que involucra al lenguaje, la palabra y el discurso. Constituye “una construcción humana, histórica y cultural, que se manifiesta en el capital intelectual, cultural y tecnológico” con el que cuenta una sociedad. Es la forma en que “se propicia la construcción del saber y su desarrollo, su circulación y distribución” entre los actores sociales para ser recreado y reformulado en nuevas instancias del saber (Fainholc, 2009: 107-108). Las ciencias deben establecer entonces un nuevo contrato con la sociedad, para revalorizar su función en términos del bienestar general que propone la Constitución de la Nación Argentina y para avanzar más allá de “los índices de impacto” de las publicaciones que recogen los resultados científicos.
El conocimiento generado debe ser puesto al servicio de la formulación de las políticas públicas, los diagnósticos sociales, económicos y ambientales, de los organismos del Estado, organizaciones no gubernamentales y de la innovación tecnológica, sin adscribirse a modelos y verdades únicas. La urgencia de estas acciones queda expuesta en el informe de coyuntura de junio de 2019 elaborado por el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, cuando sus cifras muestran –por ejemplo, mediante las encuestas de percepción pública– el bajo nivel de conocimiento que los latinoamericanos tenemos sobre las instituciones científicas. “Los datos alertan sobre la necesidad de profundizar en políticas más efectivas, estables y de largo alcance, en las que se identifique con mayor precisión las necesidades de los diferentes públicos en su relación con la ciencia y la tecnología” (OCTS-OEI, 2019).
Exclusión, pobreza, concentración del ingreso y del poder en instituciones que pierden su calidad democrática y olvidan el compromiso republicano, son hoy algunas características primordiales de gran parte de la fisonomía regional argentina que, al ser cuestionadas por la sociedad en su interpelación a la dirigencia política, devuelven una imagen de realidades largamente postergadas. Ser parte de una misma historia da sentido de pertenencia, de identidad, acerca de las cuales –en estos tiempos– se hace necesario reflexionar, porque la historia de la cual formamos parte teje una trama argumental para distinguir y confrontar lo simbólico y lo fáctico del pasado y su uso político. En tiempos de incertidumbre como el que estamos viviendo se torna necesario construir certezas y para lograrlo se requiere de un buen diagnóstico, concertación, consensos mínimos y objetivos amplios y precisos acerca del país que queremos.
Bibliografía
Blacha L (2015): La clase política argentina, 1930-1943. La oposición ausente y la pérdida de poder. Bernal, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.
Daniele V y A Di Ruggiero (2017): “Las raíces de la desigualdad global: el papel de la biogeografía y la diversidad genética”. La Revista de Estudios del Desarrollo, diciembre.
De Ipola E (1999): “El hecho peronista”. En La Argentina en el siglo XX. Buenos Aires, Ariel.
Fainholc B (2009): Diccionario práctico de tecnología educativa. Buenos Aires, Alfagrama.
Foucault M (1985): Un diálogo sobre el poder. Madrid, Alianza.
Jellinek G (2000): Teoría general del Estado. Granada, Comares.
Lechner N (1997): “Intelectuales y política”. En Los intelectuales y los dilemas políticos en el siglo XX. México, FLACSO/Triana.
OCTS-OEI (2019): Los latinoamericanos tienen un bajo nivel de conocimiento sobre las instituciones científicas. En http://octs-oei.org/coyuntura/coyuntura04.html.
Otalora Buitrago A y OA Vivas Cortes (2011): “Aproximación cultural a las políticas públicas: burocracia, descentralización y ciudadanía”. Equidad y Desarrollo, 15, enero-junio.
Santos M (1996): Metamorfosis del espacio habitado. Vilassar de Mar, Oikos Tau.
Soluri J (2013): “Los campesinos y la historia oculta de la biodiversidad”. RCC Perspectives, 7, Munich, Rachel Carson Center.
Vaquer Caballería M (2018): Derecho del territorio. Valencia, Tirant lo Blanch.
Zapata F (2005): “Procesos sociales”. En Cuestiones de Teoría Sociológica, México, Colegio de México.
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