Este año tendremos un acto electoral en el marco del peor contexto económico y social de los últimos 20 años. La diferencia que tiene este gobierno con respecto a los que se midieron en escenarios similares anteriormente –el de la Alianza en 2001 y el de Juntos por el Cambio en 2019– es que no es el responsable de la situación. Sin embargo, esto no lo exime de tener que responder y mostrar cuáles son los instrumentos que despliega desde el Estado para dar respuesta a esta situación.
En esta oportunidad, resulta fundamental plantear la discusión sobre el rol que debe cumplir la política de protección social, entendida en un sentido amplio. Desde la AUE, la AUH, Asignaciones Familiares, Progresar, Potenciar Trabajo, seguros de desempleo, jubilaciones y pensiones, hasta los más recientes IFE y Tarjeta Alimentar, dan cuenta de la variedad de instrumentos que conforman esta red. A esto se incorpora una discusión que ya lleva varias décadas sobre la posibilidad de implementar un Ingreso Básico Universal (IBU). En definitiva, el debate a plantear es qué protección social necesita el pueblo argentino. En una segunda instancia surge la pregunta: ¿con qué medidas se sale de la crítica situación económica y social? Aquí hay un debate que involucra las cuestiones de largo y corto plazo, en simultáneo.
Para organizar el debate debe tenerse presente una diferencia fundamental. Por un lado, podemos discutir sobre la conveniencia o no de transferencias universales, como el IBU. En una segunda instancia, podemos debatir sobre sus características, alcance, financiamiento y otras cuestiones que no son nada menores. Pero que existan limitaciones presupuestarias no puede utilizarse como argumento definitivo en contra de una determinada política. La cuestión del financiamiento está ligada a la magnitud y el alcance del IBU. Como muestran distintos trabajos, no es un monto imposible de manejar, dado que se estima entre el 1% y el 3% del PBI.
Mientras los sectores ligados al poder económico insisten en señalar a los impuestos como la causa del estancamiento de largo plazo de la Argentina –obviando los límites estructurales que tenemos como país dependiente del centro económico– debemos considerar cuáles son las razones que hacen necesario contar con amplias políticas de protección social. En las economías centrales, y más aún en las periféricas, se evidencia que el mercado de trabajo desregulado no garantiza que las personas puedan contar con medios de vida mínimamente dignos. En las épocas de pleno empleo y baja informalidad, esos riesgos estaban asociados principalmente a la invalidez física: accidentes y vejez. Sin embargo, el proceso de segmentación y diferenciación al interior de la masa trabajadora durante las últimas cinco décadas viene introduciendo dificultades adicionales. La posibilidad de acceder al mercado de trabajo formal o informal ya marca una desigualdad en la cobertura que no hace falta detallar. Ante esta realidad cabe preguntarse: ¿es realizable la promesa de trabajo formal para todas las personas? Si la respuesta es negativa, el esquema de protección social deberá ser ampliado para no seguir acumulando situaciones de pobreza crónica. Es en ese escenario que el IBU puede ser un instrumento para garantizar lo que antes garantizaba el famoso circuito virtuoso de consumo-producción-inversión-consumo.
La sociedad argentina recién termina de asimilar el golpe de dos hechos históricos: un fuerte programa de ajuste y redistribución regresiva del ingreso durante el gobierno de Cambiemos –hoy Juntos por el Cambio– y la pandemia. Sobre esta realidad, es indudable que el gasto público fue un amortiguador del impacto económico que tuvo la actividad privada. Las transferencias que se hicieron desde el Estado hacia millones de hogares lograron compensar, parcialmente, los ingresos que no se generaban en el mercado.
Ya en 2019, desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) advertíamos sobre el catastrófico escenario social. En ese momento elaboramos una serie de propuestas que contemplaban una rápida movilización de los recursos públicos para dar respuesta a demandas sociales concretas: las recopilamos en el Plan Hornero. Hoy, varias de esas circunstancias se mantienen. Los programas de transferencias cumplen un rol fundamental en recomponer rápidamente la capacidad de consumo.
Los movimientos populares son los únicos que pueden elevar el piso de derechos sociales y tienen la responsabilidad de ofrecer una alternativa solidaria con la justicia social en el centro de las decisiones económicas. Frente a ellos están las alternativas que buscan sacarse de encima a la parte de la sociedad que no pretenden representar.
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