Acercándonos a los tres años de gestión del gobierno de Cambiemos, resulta oportuno repasar cuál fue el impacto de sus políticas en la cadena agroalimentaria, especialmente teniendo en cuenta que el sector agropecuario se mostró como un importante aliado en las elecciones de 2015 que llevaron a la presidencia de la Nación a Mauricio Macri. Sintéticamente, hubo tres grandes medidas de alto impacto para la producción agropecuaria: a) la eliminación de los derechos de exportación para todos los productos, excepto para los del complejo soja, cuya alícuota se bajó inicialmente del 35 al 30 por ciento, con la idea de ir reduciéndola progresivamente; b) la devaluación del peso, que inicialmente pasó de los 9 a los 16 pesos por dólar y, tras permanecer sin mayores cambios durante 2017, sufre en 2018 una nueva depreciación que lo lleva a la banda de los 40 pesos por dólar; y c) la liberalización o el retiro del Estado de la administración del comercio exterior.
Estas medidas tuvieron importantes consecuencias para el sector agrario argentino, a saber:
- La supresión de los derechos de exportación –que para el maíz y el trigo rondaban entre el 20 y el 23 por ciento– y la devaluación de la moneda produjeron un fuerte incremento de los ingresos de los agricultores, expresados en moneda nacional. Si bien buena parte de la economía agrícola está dolarizada –por ejemplo, insumos (semillas, agroquímicos y fertilizantes), algunas labores (cosecha, que se realiza a porcentaje) y alquileres (que se hace en quintales de soja)–, no resulta menos cierto que el aumento del valor de los granos superó inicialmente a los costos en pesos, mejorando la rentabilidad de la operación agrícola.
- Al mantener una alícuota de derechos de exportación para la soja en el 30 por ciento y del cero por ciento para el maíz, se alteraron los márgenes económicos de ambos cultivos, generando una transferencia de superficie dedicada a la soja hacia el maíz, cultivos que compiten entre sí por el uso de la tierra.
- El desmantelamiento del sistema de registros de exportación agilizó la comercialización de las cosechas, particularmente en el caso del trigo y del maíz, donde una buena proporción es consumida en el mercado interno.
Todas estas medidas fueron bienvenidas por los productores agropecuarios, que a través de distintos mecanismos –redes sociales u organizaciones de productores– redoblaron su apoyo al nuevo gobierno.
Ahora bien, la contracara se dio en el sector agroindustrial. Como consecuencia de la devaluación y la eliminación de los derechos de exportación, el costo de los granos –materia prima de la industria– aumentó considerablemente, alterando la ecuación económica de aquellas industrias de transformación, como la láctea, la avicultura, la porcina, el feedlot (engorde a corral) o la molinería. A la suba de las materias primas se sumó el fuerte incremento de la energía y de los costos atados a la inflación, que en 2016 treparon al 40 por ciento. Esto, sumado a un creciente debilitamiento del consumo interno, generó un efecto de pinzas sobre la sustentabilidad de la agroindustria. Así, en 2016 se registra un retroceso en los indicadores agroindustriales, que se revierte parcialmente en 2017, para volver a caer durante 2018, de la mano de una inflación que se dispara por encima del 40 por ciento, una devaluación por arriba del 100 por ciento y un consumo interno que acelera su retroceso.
Evaluando el desempeño
Pero, ¿qué tan positivos son los indicadores económicos del agro en la gestión Cambiemos? Tal vez el dato más fuerte sea que las duras medidas económicas tomadas por la administración nacional no generaron un boom en las exportaciones sectoriales. Veamos el siguiente cuadro (ver en el pdf de Movimiento, 5), armado a partir de los datos del INDEC sobre comercio exterior: entre 2015 y 2017 las exportaciones vinculadas al agro apenas se expanden un 4 por ciento, lo que da una tasa de 2 por ciento anual promedio, básicamente a partir de un aumento en las exportaciones de materias primas, es decir granos sin agregado de valor industrial.
Si tenemos en cuenta la fuerte sequía ocurrida durante el verano de 2018, que hizo caer la producción granaria en no menos de 25 millones de toneladas, seguramente los datos de este año mostrarán valores similares a los de 2017, ya que hubo un mejor precio promedio para los granos, que de alguna manera compensó la menor producción.
El segundo dato de relevancia es que la mayor producción de trigo y maíz generó mayores saldos exportables. Para no abrumar con cuadros y gráficos, simplifiquemos diciendo que las exportaciones de maíz crecieron en torno a las 8 millones de toneladas respecto de 2015 y las de trigo en unas 7 millones, como promedio de 2016 y 2017. Sin embargo, tanto la industria de la molienda de trigo como la de industrialización del maíz siguieron procesando el mismo volumen entre 2015 y 2017. Dicho de otro modo: la mayor producción de ambos cultivos no pudo ser captada por la industria local y se fue directamente a los puertos para ser exportada, sin más valor agregado que el flete desde el campo o el acopio hasta la terminal portuaria.
Es en definitiva una vuelta al modelo del Granero del Mundo, en el cual la Argentina proveía a los países avanzados de materias primas, un modelo en las antípodas del pretendido “Supermercado del Mundo”.
Si tomamos por ejemplo el caso del vino fraccionado, vemos que durante 2015 se exportaron algo menos de 190.000 toneladas y que en 2017 se exportaron 186.684 toneladas, con una proyección similar para este año. No hubo en esta economía un efecto positivo de las políticas de Cambiemos. Si consideramos las exportaciones de una economía regional como las manzanas, de 106.000 toneladas exportadas en 2015 caímos a 77.000 en 2017. Tampoco acá se observa reacción alguna. Por otra parte, hubo crisis en la industria de la lechería, con la quiebra de la gran cooperativa SanCor y el cierre de más de 600 tambos en un solo año. También hubo crisis en la industria avícola, con situaciones delicadas en empresas como Rasic, BRF (ex Avex) y Criave (en Roque Pérez).
En líneas generales, podemos decir que solo la exportación de carne bovina muestra un crecimiento sostenido en estos dos años y medio, en buena medida gracias a que el consumo interno es reemplazado por cerdo y pollo.
Mirando al año 2019
Con la economía argentina sumergida en una profunda crisis, los datos finales del sector agropecuario en 2018 serán iguales o peores que los de 2017. La decisión de la administración Macri de recortar reintegros a la exportación, reimponer derechos de exportación, eliminar el Fondo Federal Solidario –que distribuía las retenciones del complejo sojero– y suspender la reducción de las retenciones a la soja, hablan de las urgencias financieras del gobierno, directamente ligadas al fenomenal endeudamiento externo de estos dos años y medio, y la necesidad de generar fondos para pagar a los acreedores externos.
Ahora bien, de cara a un recambio gubernamental en 2019, el peronismo debería llevar una propuesta para lo que comúnmente denominamos “el campo”. Está claro que un movimiento se construye sumando y no restando, y que la Argentina rural es un elemento clave en la construcción de un modelo político de justicia social, soberanía política e independencia económica. Hay que pensar en cómo se vuelve a dinamizar la industria agroalimentaria, generadora de empleo y divisas. Un solo dato: cuando la industria molinera (de trigo) crea un puesto de trabajo, en el resto de la economía se generan dos y medio. Cuando una tonelada de harina se convierte en galletitas, el valor de la harina en la economía se multiplica por diez.
Hay que pensar cómo se fortalece el entramado social rural, cómo se vuelve a dinamizar y expandir el sistema cooperativo y cómo se reorganiza la red de la agricultura familiar, para que ser agricultor no sea una desgracia sino una forma de realización. Hay que llevar una propuesta clara para la gran agricultura pampeana o extensiva, que termina generando seis de cada diez dólares que se exportan. Hay que tender puentes con las organizaciones rurales y agroindustriales, bajo el paradigma de que “nadie se realiza en una sociedad que no se realiza”. Llevar adelante una explotación agropecuaria en una sociedad con crecientes índices de pobreza, indigencia y marginalidad no resulta sustentable. Abrir los brazos y sumar: la fórmula para llevar adelante un proyecto de recuperación de la dignidad nacional en 2019.
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