El 7 de diciembre de 2022 el presidente peruano Pedro Castillo fue destituido por el Congreso. Venía siendo hostigado por la oposición de derecha en el parlamento, por los medios de comunicación hegemónicos, por buena parte del Poder Judicial, por prácticamente todo el empresariado, por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, desde antes de asumir la presidencia y durante todo su ejercicio, que duró un año y siete meses. El día de su destitución, menos de dos horas antes, emitió un mensaje al país donde anunciaba su decisión de disolver el Congreso –medida que está prevista en la Constitución Peruana y que fue utilizada por otros presidentes– y de convocar a nuevas elecciones legislativas, cuyo nuevo parlamento tendría facultades de Asamblea Constitucional. Ese día estaba previsto en el Congreso un nuevo intento de determinar su destitución –o “vacancia”–, intento que ya había fracasado dos veces. La justificación para tal hecho fueron los supuestos de “incapacidad moral” y estar vinculado a casos de “corrupción”. Sin embargo, hasta la fecha no existen pruebas fehacientes para tal acusación.
Su gobierno –que al principio era presentado como de una “izquierda radical”– pudo realizar muy pocas medidas determinantes, entre polémicos desaciertos, y estuvo signado por los esfuerzos para mantenerse en el cargo. Al momento de ser destituido, la expectativa de los sectores más poderosos del país era que no contaba con ningún apoyo considerable. Los medios de comunicación hegemónicos y limeños nunca mostraron el apoyo con el que Castillo contaba, principalmente fuera de Lima. Ante su destitución, llevada a cabo sin un debido proceso ni derecho a defensa, en las comunidades más pobres del interior del país surgió una ola de protestas. La respuesta de quienes asumieron el gobierno fue una brutal y masiva represión que causó decenas de muertes entre las y los manifestantes, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Algunas organizaciones sociales señalan que hay personas desaparecidas.
El triunfo de Castillo
José Pedro Castillo Terrones nació en 1969 en Puña, distrito Tacabamba, provincia de Chota, región de Cajamarca, en lo que denominan el “Perú profundo”, en el norte del país. De una familia campesina, trabajó con ella desde niño en las tareas del campo, pero también lo hizo como diariero, vendedor, limpiando hoteles y en los cafetales de la Amazonía, para poder estudiar. Participó en su zona en el movimiento de las Rondas Campesinas que se organizó para proteger a las comunidades rurales e indígenas de la violencia y que hoy se organizan en la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P). Pudo estudiar magisterio y graduarse en educación, para luego realizar una maestría en Psicología Educativa. Este hecho fue de amplia polémica a nivel nacional, ya que Castillo, junto con su esposa, parecen haber plagiado más del 50% de su tesis, de acuerdo con el diario La República, además de haber estudiado en una universidad “garaje” o “bamba” del precario sistema educativo superior peruano. Volvió a Puña para trabajar como maestro rural y en 2000 se casó con Lilia Paredes, otra maestra rural, con dos hijos y criando como tal a una cuñada más joven. Hicieron su casa en Chugur, donde tienen una granja con vacas, cerdos y cultivo de maíz y papa. La vinculación con el lugar de nacimiento es una característica que lo acompañó en su desenvolvimiento y su arraigo popular.
En 2002 se postuló para la Alcaldía de Anguía por Perú Posible –partido del expresidente Alejandro Toledo– pero no logró ser elegido. Fue sindicalista del magisterio, primero en Puña, para luego ocupar el cargo de secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (FENATEP) en donde se destacó en la huelga de 2017. En ella, esta organización no aceptó las ofertas del gobierno de Kuczynski, y durante el conflicto el ministro del Interior Carlos Basombrío lo acusó de estar relacionado con el MOVADEF, al que algunos consideran como heredero político de Sendero Luminoso. Los medios de comunicación hasta lo tildaron de “terrorista”.
En octubre de 2020 anunció su candidatura presidencial por Perú Libre. Lo acompañaba como vice Dina Boluarte, una abogada de origen apurimeña, conocida por ser presidenta del Club Departamental Apurimac en el distrito de Jesús María en Lima, uno de los espacios de congregación de los emigrados apurimeños en la capital. Boluarte, de una ideología difusa, se había presentado a la alcaldía de Surquillos en 2018 por Perú Libertario, antecedente de Perú Libre, presidido también por Vladimir Cerrón, luego de no haber podido inscribir su propio partido municipal. Ella se autopresenta como perteneciente a una “izquierda democrática”, a pesar de mostrar simpatías con partidos de derecha conservadora y ultraderecha en el Perú.
El gobierno de Castillo
El primer gabinete de Castillo tenía una composición más cercana a su propuesta electoral. Inmediatamente fue atacado, centrándose buena parte de los ataques en la figura del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, un ingeniero cusqueño al que se lo ligaba a la figura de Vladimir Cerrón y que había sido acusado por la Fiscalía de apología del delito por expresiones consideradas favorables a Sendero Luminoso. Vladimir Cerrón es un médico neurocirujano recibido en Cuba y casado con una cubana, que fue gobernador de Junín en 2011-2014 y que es el principal referente de Perú Libre, partido político definido ideológicamente como marxista-leninista-mariateguista. Cerrón había sido propuesto como segundo vicepresidente en la fórmula –segundo en la línea de sucesión– pero su postulación fue declarada improcedente por el Juzgado Electoral de Lima por tener una sentencia firme en su contra. El parlamento peruano comenzó con la pugna y con ataques tales como el practicado contra el exministro de Relaciones Exteriores, el profesor, exguerrillero y académico de izquierda Héctor Bejar, quien fue el primero en ser forzado a renunciar por representar una “amenaza terrorista”, según parlamentarios de la derecha peruana.
Después de la renuncia del gabinete de Bellido, el segundo gabinete incorporó algunos protagonistas valorados por tener tendencias de izquierda, entre ellos a Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros, aunque este cambio estuvo marcado por una toma de distancia de la figura de Vladimir Cerrón, lo que le costó el distanciamiento parcial de buena parte de la bancada de Perú Libre, el mayor bloque –en números– en el Congreso.
El gobierno de Castillo quedó prácticamente reducido a la pelea para sostenerse en el cargo, casi sin posibilidad de realizar las políticas públicas que formaban parte de su propuesta. Así, “mientras la derecha lo seguía considerando una suerte de comunista a la espera del zarpazo, la izquierda se decepcionaba de la falta de políticas transformadoras” (Stefanoni, 2022). Cambió tres veces más su gabinete, y la inestabilidad fue otro de los factores que afectó cualquier intento de una política de gobierno sostenida y coherente. En 19 meses de gobierno, Castillo tuvo cinco gabinetes y más de cien ministros y ministras. ¿Es posible la gobernabilidad entre tanta inestabilidad?
El ataque a Castillo
El Congreso, la institución más desprestigiada del país, había intentado “vacarlo” –producir su vacancia o destitución– en dos ocasiones, sin éxito. También fue el lugar de numerosas denuncias cuyo contenido fue, por lo menos, falto de contundencia. Allí se agruparon las fuerzas del fujimorismo (Fuerza Popular); una derecha que se autopresenta como “cristiana” y está precedida por el alcalde de Lima, empresario y miembro del Opus Dei, Rafael López Aliaga (Renovación Popular); una derecha más exclusivamente empresarial, dirigida por el magnate de la educación privada César Acuña, dueño de la Universidad César Vallejo; y de seguidores del ubicuo Johny Lescano, que es ubicado al centro por su posición más pragmática.
El Poder Judicial, especialmente desde la Fiscalía que terminó presidiendo Patricia Benavides, tuvo una actitud fuertemente persecutoria y destituyente frente a la figura de Castillo. Apuntó –como es repetido por las tácticas de lawfare de los poderes concentrados– a supuestos hechos de corrupción.
El poder de los medios hegemónicos, unánimemente encuadrados en el ataque destituyente al presidente y totalmente armónicos –para no decir sometidos y cómplices– con el gran empresariado, enarbolan, junto a la bandera de la anticorrupción, la de un rabioso “anticomunismo” que inevitablemente relacionan con el fantasma de Sendero Luminoso, a la manera de las derechas que sostuvieron a Bolsonaro, a Duque y a otros personajes tristemente actuantes en la región.
Todo lo que pasó, todo lo que se volcó como acusación a Castillo parece haber estado diseñado con bastante antelación. Incluso, desde la imposición de la Constitución de 1993 por el autogolpe de Alberto Fujimori: en ella se defiende el modelo económico neoliberal y puntos controversiales tales como la “moción de confianza” que el Congreso tiene que aprobar a cualquier gabinete, y la categoría de “incapacidad moral” para la destitución de presidentes, la cual se maneja de acuerdo con los intereses de los grupos de poder unidos al poder económico y mediático del país, además de atentar contra los derechos de pueblos indígenas, mujeres, LGBTIQA+, etcétera. Es una constitución preparada para permitir la ingobernabilidad de la izquierda y desequilibrar los tres poderes, al darle mayores facultades al poder legislativo.
El 15 de agosto de 2022, el columnista del diario El Comercio Juan Paredes Castro (2022) anticipaba que Castillo preparaba “disolver el Congreso”, y que esto lo haría porque, si caía del poder, tendría “una inevitable prisión preventiva que alcanzaría, como se sabe, a su más cercano entorno familiar”. Parece que el oficio de profeta tiene cumplimiento asegurado en Perú para la derecha.
Los militares, que en su momento apoyaron fuertemente a Fujimori cuando disolvió el Congreso y ahora se pusieron del lado del parlamento, ya habían dado muestras de que el reconocimiento de la autoridad de Castillo estaba lejos de sus convicciones. Uno de los hechos más claros en este sentido fue la llamada Operación Patriota contra el grupo conocido como Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro): una operación sumamente delicada –que terminó en fracaso, como la Operación Libertad en tiempos de Humala– que ocultaron al presidente y que aprovecharon para hacer una manifestación en que dejaban ver su postura de desconocer el mandato presidencial de Castillo.
La izquierda peruana, que sería su apoyo para poder gobernar, viene atravesando un proceso cambiante. En general, acompañó el proceso de la candidatura de Ollanta Humala, aunque éste terminó decepcionando. Después siguió con el surgimiento del Frente Amplio. En él predominaban dos figuras: Marco Arana –que fuera sacerdote en Cajamarca y se embarcó en la defensa de comunidades rurales afectadas por la minería y desde allí comenzó a organizar una composición política– y Verónika Mendoza –profesora universitaria más ligada a una pauta urbana y de clase media, pero que logró una importante repercusión electoral. Ambos sectores se distanciaron en 2017. Para estas últimas elecciones, tres candidaturas más claramente de izquierda se presentaron: Arana, Mendoza y Castillo. Llamativamente, la que menos historia tenía fue la que se fue posicionando hasta un crecimiento vertiginoso al final de la campaña, y posibilitó que Castillo ganara la primera vuelta y el derecho a disputar la segunda, enfrentando a Keiko Fujimori. Mendoza y Arana apoyaron a Castillo en la segunda vuelta y en los inicios de su gobierno. Hoy suele distinguirse –sobre todo por la derecha, pero también por algunos que se autoproclaman de izquierda– que hay una “izquierda democrática” y otra a la que denominan “izquierda autoritaria”, en la que ubican a Pedro Castillo.
El 7 de diciembre Castillo pronunció su mensaje, donde anunciaba la medida de disolución del Congreso. Dos horas después, el Congreso ya lo había destituido del cargo presidencial. Algunos hablan de “salto al vacío” (Paredes, 2022; Stefanoni, 2022) y sostienen que la actitud de Castillo fue equivocada, porque el Congreso no alcanzaba los votos para destituirlo antes de ese anuncio. De todas formas, la disolución del Congreso no es una medida tan excéntrica como se la presenta: está prevista en la Constitución y, recientemente, en 2020, el expresidente Vizcarra hizo uso de esa medida. Si lo que pretendía hacer Castillo era o no constitucional es, más bien, un tema de interpretación. Pero si la interpretación la tenían que hacer los poderes antedichos –Congreso, Poder Judicial, medios de comunicación concentrados, altos mandos militares, alta jerarquía de la iglesia católica– no hubo dudas: solo esperaban una excusa más clara para terminar de dar el golpe que venían intentando hambrientamente.
La respuesta popular y la represión
Los medios se cansaron de repetir que Castillo no tenía apoyo popular. Por eso, consumada su destitución e inmediata prisión, se dedicaron a celebrar. Sin embargo, en pocos días las manifestaciones tomaron decididamente gran parte del país. La respuesta de los poderes de la derecha, a los que se sumó sin vacilar la misma Dina Boluarte, que había acompañado a Castillo en la fórmula presidencial, fue la brutalidad y el ensañamiento, argumentando la defensa de la democracia. Con su actitud pasó a formar parte de la lista de exvicepresidentes que se oponen a todo lo que habían apoyado, adhiriendo a los poderes fácticos, en la que podemos contar a Federico Franco, Lenin Moreno y Michel Temer.
Los primeros muertos por la represión fueron el día 11 en Apurimac. El día 19 de diciembre, los muertos por la represión ascendían a 28, entre los que se encontraban tres menores. Nueve eran de Ayacucho; seis de Apurimac; tres de Junín; tres de La Libertad; tres de Cusco y dos de Arequipa. ¿Qué democracia puede matar impunemente a veintiocho personas pobres? ¿Qué “enfrentamientos” resultan en veintiocho muertos por un lado y ninguno por el otro? ¿Y encima, “los violentos”, “los vándalos”, son los manifestantes, las víctimas? Todo indica una represión sangrienta deliberada, y totalmente innecesaria si se hubiera tratado de defender un orden democrático. Lo que parece defenderse es un “orden” de los grandes poderes económicos, oligárquico y claramente mucho menos democrático que el gobierno de Castillo. El contenido de las protestas tiene cinco elementos fundamentales: la libertad de Castillo; la renuncia de Boluarte; la disolución del Congreso; el inmediato llamado a elecciones; y la convocatoria a una Asamblea Constitucional.
¿No era que había perdido totalmente el apoyo? ¿No era que la izquierda estaba decepcionada con él? Sin embargo, a pesar de ciertos rasgos de realidad en estas afirmaciones, desde el mismo “Perú profundo” del que provenía Castillo apareció –casi inesperadamente para derechas e izquierdas urbanas– una respuesta contundente. “Muchos de los aún hoy partidarios de Castillo carecen del abolengo o de los títulos universitarios que ostentan la conductora del dominical [Cuarto Poder], el ministro [de Defensa] y los congresistas antidemocráticos. Sin embargo, a diferencia de estos, ellos sí descifran con académica sofisticación que la defensa del expresidente está vinculada a su experiencia personal de discriminación y, sobre todo, a su futuro. Olvidar que el trágico destino de Castillo está enlazado a las diversas formas de racismo de las que han sido víctimas sería negar su propia historia de opresión. Permitir la pulverización del símbolo de ‘maestro rural elegido presidente’ prevendría que otros peruanos de origen humilde y provinciano intenten tal travesía. El temor a recibir el mismo trato alimentaría la ausencia de políticos de origen humilde y provinciano. Y sin ellos será menos probable romper con el centralismo limeño y con las condiciones de exclusión, características del Perú moderno. Las perspectivas de un futuro gris se suman a un intenso sentimiento de empatía. Y es que, durante su corta presidencia, Castillo estuvo sujeto a diversas formas de estigma racial, desencadenando un ‘efecto espejo’ en sus simpatizantes. A él lo tildaron de burro, de ‘cholo de mierda’; y a su esposa la avergonzaron por su vestimenta y por su manera de hablar” (Emanuele, 2022).
La muerte de estas personas inocentes provenientes de regiones fuera de Lima y la indolencia por parte del gobierno ilegítimo –pero que se autodenomina constitucional– de Boluarte remite a la reflexión de la “necropolítica” planteada por el académico camerunés Achille Mbmbe: las vidas racializadas valen o importan mucho menos que las vidas blancas. En el escenario peruano no hay dolor, ni clemencia, ni investigación debida, frente a tanto atropello por parte del gobierno actual. Si hubieran sido manifestaciones en contra de Castillo que cobraban vidas blancas pertenecientes a los sectores de poder o de alta influencia, Boluarte ya habría sido depuesta y enjuiciada. El día de la masacre en Ayacucho –cuyo nombre en quechua significa “rincón de los muertos”– y Apurímac las madres recordaban cómo las Fuerzas Armadas arremetían en contra de unas vidas más que de otras. Aún no se conoce el paradero de tres personas que fueron a protestar y nunca más volvieron a su casa. La indolencia no termina después de las declaraciones de Boluarte, señalando que el fuero militar será el encargado de investigar lo sucedido. ¿Dónde está la política de reparación, verdad, memoria y justicia? ¿Un fuero militar puede juzgarse a sí mismo?
Boluarte respondió nombrando al ministro de Defensa Luis Alberto Otárola Peñaranda como presidente del Consejo de Ministros. La dirigente Verónika Mendoza protestó –desde su cuenta de Twitter– contra ese nombramiento, sosteniendo que se trataba del “responsable político directo de la militarización y las muertes”, e Indira Huilca sostuvo que se trataba de “uno de los responsables de la brutal represión y de las muertes ocurridas en estos trágicos días”.
En cambio, Boluarte recibió el apoyo del ultraderechista alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien la calificó como “una persona demócrata”, cuyo gabinete es “muy distinto a lo que nos tenía acostumbrado el golpista Castillo” y “es técnico”, recomendando además “apoyarla” (Zegarra, 2022). Su vocero en el Congreso, Jorge Montoya, sostuvo que llamar a elecciones “es obedecer a Castillo”. Lo cual demuestra que existe un tremendo miedo de las oligarquías a que el escenario electoral reciente pueda repetirse de alguna manera, y el poder se les vuelva a escapar de las manos. Prefieren sostener a Boluarte, que ya les dio todas las muestras de sujetarse a su poder.
¿Puede seguir en el gobierno Dina Boluarte con tantos muertos y sin punición ninguna para los ejecutantes de los asesinatos por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas? Si Boluarte renuncia, significa, por un lado, que el poder pasa a las manos del Congreso –que tiene un enorme rechazo popular– el cual tiene que elegir un presidente interino. En la fórmula Castillo-Boluarte existía como vicepresidente segundo Vladimir Cerrón, que fue inhabilitado por la Junta Electoral. El congreso es presidido por José Williams, un militar retirado del partido de Hernando de Soto, que es conocido por su actuación en la Operación Chavín de Huántar, donde atacó la embajada japonesa tomada por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en 1997, pero que entre sus antecedentes tiene la responsabilidad de mando y de un probable encubrimiento de una de las masacres más terribles realizadas por el Ejército, la Masacre de Accomarca, en Ayacucho, donde un comando que estaba bajo su responsabilidad ejecutó a 69 campesinos, luego de violar a las mujeres, matando entre ellos a 30 niños (Wayka, 2021).
Si se diera la renuncia de Boluarte y la disolución del Congreso, quedaría una vacancia que exigiría –no es la primera vez que pasa– un presidente o una presidenta de consenso, hecho que en este violento clima político aparece difícil de conseguir. Pero también significa que las elecciones deberían realizarse a la brevedad, lo cual significaría que se impondría el pedido de las protestas. En el medio han surgido “explicaciones” escudadas en el procedimentalismo burocrático, que sostienen que es imposible llamar a elecciones antes de finales de 2023. Un acuerdo político en semejante situación es difícil de obtener, pero no imposible, si se quiere lograr un mínimo de paz, estabilidad y concreción democrática. Es un “consenso” que solo puede obtenerse desde la presión de las luchas populares y quizás con la mediación de otros líderes latinoamericanos.
Consideraciones finales
Es cierto que Sendero Luminoso constituyó una de las experiencias más fuertemente contradictorias entre las que se identifican como de izquierda. Pero hoy sobre todo se lo invoca como un fantasma para descalificar cualquier iniciativa popular. El abuso de esta relación funciona como elemento principal de ataque de las derechas y tiene considerable éxito.
Se puede decir que hay errores y limitaciones en la habilidad política de Castillo. Desde otros contextos –que no sean el ataque rabioso de las oligarquías racistas del complejo empresarial, político, judicial y mediático que lo atacó desde antes de ganar las elecciones hasta el golpe final– se podrá ver si los casos de corrupción apuntados tienen elementos verdaderos y en qué dimensión. Pero lo que es indudable es que, nuevamente, el llamado lawfare ha sido un instrumento para derrocar un gobierno de origen popular en nuestra región.
Una característica central en el lawfare que designa a la experiencia peruana es el racismo y la sobrevivencia de la colonialidad del poder (Aníbal Quijano) como resquicio del colonialismo en una sociedad como la peruana y su desencuentro innegable entre Lima y el resto del país. Esa irreconciliación lleva a sentir una profunda desconexión entre el pueblo de españoles –Lima– y el pueblo de indios –fuera de Lima– que remite a la época colonial, que no está superada.
También, la experiencia peruana alerta en América Latina sobre lo desafiante que implica permitir gobernar al primer gobierno de izquierda elegido democráticamente en la historia de ese país y que hoy sea escenario del laboratorio del golpe perfecto, ya que todo comenzó al no reconocer que la derecha fujimorista había perdido en las elecciones. Es una alerta para todos los gobiernos de izquierda en el mundo, que solo pueden permanecer en el poder sobre la base de una fuerte movilización y la construcción popular.
Es muy importante la unidad y la articulación de los movimientos populares y sus dirigentes y dirigentas en defensa de los pueblos que no se resignan a aceptar sin más el atropello constante. También es importante la solidaridad regional para poder ayudar a un encaminamiento de una reconstrucción democrática. La reacción de los gobiernos latinoamericanos tiene que ser lo suficientemente firme como para poder obrar como elemento de defensa de las poblaciones violentadas por semejante represión y para ayudar a que el Perú pueda encontrar un camino de retorno a la democracia, otra vez demolida por los poderes fácticos y por sus colaboradores dentro y fuera del aparato estatal.
Referencias
CNDH (2022): Muertes y desaparecidos en Perú. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Emanuele F (2022): “Lo que está detrás del apoyo a Pedro Castillo y que Lima no quiere entender”. Wayka, 20 de diciembre.
Mbembe A (2016): Necropolítica. www.procomum.org.
Paredes C (2022): “El soplo que derribó al Sombrero”. Caretas, 23 de diciembre.
Paredes Castro J (2022): “El golpe final que prepara Castillo”. El Comercio, 15 de agosto.
Stefanoni P (2022): “Que se vayan todos, otra vez, en Perú”. Viento Sur, 23 de diciembre.
Wayka (2021): “La masacre de Accomarca guarda el nombre del congresista José Williams Zapata”. https://wayka.pe, 28 de octubre.
Zegarra P (2022): “Rafael López Aliaga asegura que Dina Boluarte es democrata: Es distinta al golpista Castillo”. La República, 18 de diciembre.
Share this content: